Alfonso ZáratePresidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal
Transitar de la angustia por la desaparición de una pequeña dulce, tierna e indefensa —más aún por las discapacidades que le dejó su condición de prematura—, para enfrentar, finalmente, la certeza de su muerte y, aún más, el hallazgo de su cuerpecito en su propia cama, es dejarse penetrar por la tristeza, pero también por dudas que se multiplican.
El caso Paulette exhibe muchos aspectos que deben permanecer en la privacidad de una familia como tantas, con sus encuentros y desencuentros, pero lo que verdaderamente importa, desde una perspectiva social y aún política, es la ineptitud y falta de profesionalismo de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y, sobre todo, de su titular, Alberto Bazbaz Sacal.
No obstante el despliegue de peritos y perros entrenados, el cuerpo de Paulette fue encontrado ocho días después de su desaparición, en su propia cama. ¿Cómo justificar la omisión cuando los peritos tenían que revisar las sábanas, las almohadas, el edredón, buscando localizar sangre, saliva, etc., que les dieran indicios?
La “escena del delito” fue un espacio invadido y contaminado por múltiples presencias mientras se realizaban diligencias ministeriales. Para colmo, las autoridades filtraron parcialmente el contenido de grabaciones ilegales a la madre, e infringieron el Código de Procedimientos Penales al divulgar elementos de una averiguación en curso, que reclama reserva.
El procurador Bazbaz —“responsable directo de una afrentosa cadena de dislates, barbaridad e insensatez donde lo único cierto, inequívocamente cierto, es la manipulación política del ministerio público”, escribe Cosme Ornelas en la entrega más reciente de Lectura Política— ha mostrado su incompetencia y su ignorancia. Llegó a la titularidad de la Procuraduría del Estado de México recomendado por Eduardo Medina Mora, entonces procurador general de la República. Bazbaz parecía mostrar una cara limpia, joven —lo que reclama la “cosmetología política”— como titular de una institución oscura y cuestionada.
Importa destacar aquella conferencia de prensa en la que Bazbaz descartó un accidente: “Yo no tengo duda de que se trata de una investigación por el delito de homicidio…”. Allí mismo cedió la voz a una “experta”, la siquiatra Sandra Ydeum Angulo, quien hizo una descripción del perfil sicológico de la madre de Paulette: “Estamos frente a una abogada inteligente, audaz, astuta, fría; siempre se ha mantenido muy distante en la parte afectiva, sin apego, ha mentido”. Con todo eso y el arraigo de la madre en calidad de indiciada, no se necesitaba más para inducir el linchamiento mediático.
La ausencia de esta pequeña deja una herida abierta y muchas interrogantes que, quizás, nunca se aclaren. ¿Quién va a creer ahora en las conclusiones que nos presenten las autoridades?; siempre serán una verdad sospechosa.
Pero más allá de las dudas en torno a la averiguación, quedan otros pendientes: ¿qué será de su hermanita, Lisette?, ¿quiénes sanarán sus heridas, las de antes, las de ahora y las que vienen? Y si se concluye que fue un doloroso accidente, ¿qué será de su madre, ofendida, calumniada?
Por lo pronto, lo que es evidente es que Alberto Bazbaz no puede continuar como procurador por su notoria incompetencia; porque ha dejado de ser útil a un gobierno y porque ha perdido toda credibilidad sobre el desempeño de su responsabilidad: la de procurar justicia.
Los temas que competen a la Procuraduría de Justicia del Estado de México son muchos y, algunos, de extrema gravedad: más allá de las denuncias en torno al enriquecimiento indebido del ex gobernador Arturo Montiel y su parentela, están los feminicidios que alcanzan niveles de extrema gravedad en el estado, los asesinados de La Marquesa, el incremento del robo de autos…
Hay otra lección de estos hechos: si en un caso de “alto impacto” por la visibilidad de las familias involucradas, las autoridades sólo dan “palos de ciego”, qué se puede esperar en el abordaje de cientos y miles de casos que involucran a ciudadanos comunes. Por esto tenía razón aquel procurador de Justicia que hace muchos años me dijo: “La justicia siempre es la misma para todos, menos cuando no”.
Si las reformas a la Ley General de Salud limitan o impiden la venta de alimentos chatarra en las escuelas, los diputados federales habrán contribuido a frenar el problema de la obesidad infantil.
Breve y remilgoso pero es un paso adelante la declaración del Episcopado Mexicano sobre la pederastia, expresada anteayer. Es tardía e insuficiente, y habrá que comprobar la correspondencia de las palabras y las conductas, pero tiene valor ético y social que los obispos reconozcan su responsabilidad en esta materia.
Joaquín Sabina logró, con una declaración en una conferencia de prensa, colocar sobre la mesa de debates un tema que muchos especialistas han abordado en forma infructuosa: la lucha contra el narcotráfico, la estrategia diseñada por la administración de Felipe Calderón y la posibilidad de legalizar el consumo de drogas.