Las íes y los puntos

Rafael Cardona
racarsa@hotmail.com
El cristalazo
La Crónica de Hoy

Y como también era obvio, el arma comenzó a ser utilizada por quienes ven en Peña un riesgo para sus ambiciones. Juicio político es lo menos a lo cual han llamado en Santa Alianza el PRD y el PAN. En el caso de este partido es notable y digno de consignarse, cómo en su desaforada búsqueda de parar a Peña puede llegar al extremo de llamar a juicio contra uno de los suyos... Bazbaz está afiliado al PAN

El sábado de la semana anterior, 72 horas antes del anuncio de Alberto Bazbaz sobre su renuncia al cargo desde el cual arrastró la cobija durante un tiempo demasiado largo, en esta columna se escribieron los motivos y el desenlace.

No se necesitaba demasiado para anticipar la solución. Era tan fácil como pronosticar el papel de México contra Holanda. Los “ratones” ni probaron el quesito Gouda.

“Cercado por la suspicacia y disminuido en su autoridad —decía la columna publicada el domingo 23 de mayo—, el procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, llegó quizá al fin del calvario construido por su novel imprudencia: presentó el informe del “caso Paulete” y al final del preciso y exhaustivo documento pronunció 226 palabras en las cuales defiende su proceder jurídico, lo cual por desgracia para su causa no cambia su circunstancia política.

“Como se le quiera ver, a partir de hoy Bazbaz es un lastre para el gobernador del estado y un arma en manos de los recurrentes enemigos del ‘candidato’ Enrique Peña Nieto”.

Y como también era obvio, el arma comenzó a ser utilizada por quienes ven en Peña un riesgo para sus ambiciones. Juicio político es lo menos a lo cual han llamado en Santa Alianza el PRD y el PAN. En el caso de este partido es notable y digno de consignarse, cómo en su desaforada búsqueda de parar a Peña puede llegar al extremo de llamar a juicio contra uno de los suyos... Bazbaz está afiliado al PAN.

“Los presidentes nacionales del Partido Acción Nacional, César Nava, y de la Revolución Democrática, Jesús Ortega, demandaron juicio político contra el ex procurador del Estado de México, Alberto Bazbaz, tras su fallida investigación en la muerte de la niña Paulette Gebara Farah.

“Entrevistados al participar en el segundo foro Seguridad y justicia, aseguraron que con su renuncia no acaba el escándalo que generó la procuraduría a su cargo en el caso de la menor, por lo que exigieron una nueva investigación para dar con los responsables. Nava dijo que la renuncia de Bazbaz es un acto necesario, pero insuficiente”.

Por eso, en el mismo foro, donde el presidente Felipe Calderón aceleró la ocupación del ataúd de Bazbaz (cuando dijo así nomás sobre la justicia dispuesta al mejor postor) no le quedó más remedio al propio Peña Nieto sino salir al paso de los ataques.

“...Sobre este tema en particular —dijo el gobernador cuando confirmó la aceptación de la renuncia de su procurador—, sí he de lamentar la actitud que partidos políticos y que algunos de sus actores han tomado frente a esta tragedia que es la muerte de una niña, para procurar o lucrar políticamente, llevar ganancia política sin que en ello se observe el más mínimo interés siquiera, de saber qué ocurrió realmente.

“No han tenido, ni de cerca siquiera, las pruebas que valoró la Procuraduría ni (conocen) cuál fue el fundamento que le llevó a la Procuraduría a tomar esta determinación. Más bien se aprecia un interés lamentablemente en esta tragedia humana, por llevar ganancia política hacia su terreno”.

Lo primero en una estrategia de control de daños es reconocer las afectaciones sufridas. Objetividad y serenidad, primero. Contraataque después.

TERRORISMO RELIGIOSO

El atentado en contra de la imagen guadalupana en Los Ángeles, cuya culminación fue un pestilente detritus de “zorrero” en medio del templo, no puede sino ser inscrito en el progresivo aumento del racismo y la xenofobia. Hoy el desprecio a los “latinos” llega hasta las alturas celestiales.

Los atacantes dejaron escrito el número apocalíptico “666”, pero también pudieron escribir SB1070, pues tal es el número de la ley Arizona, como se llama en términos generales al mecanismo legal de persecución étnica instaurado por los gringos y respaldado desde anteayer con mil 200 efectivos de la Guardia Nacional.

Eso para seguirse sintiendo infantilmente orgullosos de cómo le aplaudieron a Calderón en Washington. Sí, Chucha.

La agencia Notimex, como todos sabemos, divulgó este despacho el pasado martes:

“Al menos dos hombres dañaron la imagen de la Virgen de Guadalupe en la Iglesia de Santa Rosa de Lima en Maywood, California, y causaron destrozos en el recinto, un acto que es investigado como delito basado en diferencias raciales o religiosas.

El sacerdote David Velázquez dijo que los agresores “entraron por la noche (del domingo al templo católico) y rompieron las imágenes de Jesús y la Virgen de Guadalupe. A la virgen de Guadalupe le dejaron clavado un cuchillo en pleno rostro. Es inaudito”, señaló.

“Nos sentimos muy entristecidos por lo que pasó, pero más que el daño que causaron nos preocupa el daño que esas gentes (sic) tengan en su corazón. Lo que hicieron es un reflejo de lo que tienen en su corazón”, consideró el religioso”.

El secuestro

José Woldenberg
Reforma

Se ha dicho y escrito pero resulta ineludible repetirlo: el secuestro de Diego Fernández de Cevallos es una nueva y más que potente inyección de terror a la de por sí envenenada convivencia social. Que un ex candidato a la Presidencia de la República, ex diputado, ex senador, político más que destacado, haya sido secuestrado, resulta preocupante y traumático. No es como dicen algunos que unos secuestros "valgan" más que otros, sino que la visibilidad pública y la centralidad política de la víctima multiplican el impacto de la acción delincuencial.

La terrible y dolorosa fotografía de Diego Fernández de Cevallos con los ojos vendados, sin camisa, humillado, debería servir para recordar lo elemental que es lo fundamental: cualquier secuestro es inaceptable. Se trata de una violación a los derechos que le dan sentido a la vida y de la pretensión de una banda que cree y actúa por encima de las frágiles reglas que intentan ofrecerle cauce y sentido a la convivencia humana. El secuestrado pasa de ser un hombre con garantías a convertirse en una mercancía que tiene un valor de cambio. Y el Estado y sus instituciones, que son tales porque su primera misión es la de ofrecer seguridad a los integrantes de la sociedad, se ven retados en su misión y erosionados en su prestigio.

Pocos delitos resultan más repulsivos que el secuestro: a través de la violencia un pequeño grupo captura, maltrata y domina a una persona para transformarla en un bien de cambio y coloca o intenta colocar la responsabilidad del desenlace en los familiares o amigos del plagiado. Se trata de un chantaje con una singularidad atroz: el rehén -su vida, su integridad, su libertad- es convertido en una mercadería. La lógica de la eventual negociación es estrictamente comercial y la integridad del secuestrado es el artículo que se pone a remate.

El secuestro de Fernández de Cevallos desvela además un buen número de nuestras debilidades como sociedad y Estado. Si entre los políticos la reacción fue casi de unánime repudio a lo que no puede sino calificarse como un acto criminal (lo cual no deja de ser un signo alentador); entre los opinadores espontáneos que todos los días mandan sus comentarios a los diarios on line se pudieron leer las más descarnadas y delirantes muestras de incomprensión, tontería y apetitos de venganza, hasta el extremo de que no faltaron quienes convertían a la víctima en el responsable. Ante la moda de cantar loas interminables a las supuestas virtudes de la sociedad en contraposición a las taras de nuestra "clase política", bien vale la pena revisar las pulsiones de una y otra ante situaciones límite, para repensar qué tan civil es nuestra sociedad y qué tan inciviles son nuestros políticos. Porque todos los días nos topamos con evidencias de que la sociedad reproduce y alimenta resortes intolerantes, impermeables a los derechos de las personas.

Que la principal televisora del país, además, en aras de no perturbar la posible negociación con los plagiarios y a petición de la familia, decline de su obligación de informar, sorprende y preocupa. Porque más allá o más acá del juicio que esa decisión nos merezca, estamos ante la constatación palmaria de que un acto criminal tiene la capacidad de acallar a una institución básica en el complejo circuito de información y deliberación públicas.

Que además la Procuraduría General de la República declare que suspenderá las investigaciones otra vez a solicitud de la familia nos coloca en un escenario inquietante: el de la autoanulación de la autoridad, el de su dilución en aras de encontrar una salida negociada. (Es comprensible la intención de los allegados de Diego Fernández de Cevallos de llegar a un acuerdo para rescatar con vida a su padre-hermano, no resulta tan entendible la desaparición fáctica de la PGR).

Tenemos que hacer entonces un esfuerzo consistente para tratar de poner de pie lo que al parecer se encuentra de cabeza: el repudio absoluto y sin mediaciones de cualquier secuestro -independientemente que la víctima sea o no "santo de nuestra devoción"- parece ser la condición primera para que la coexistencia social no se convierta en la ley de la selva; tiene que construirse o reconstruirse un consenso social sin coartadas que no contemporice con actos delincuenciales. Por su parte, los medios están obligados a informar por supuesto de manera responsable y no especulativa no solamente en casos delicados, sino sobre todos y cada uno de los asuntos que merezcan su atención. Por su parte, las autoridades no pueden declinar su responsabilidad. No deben dar la impresión que sus obligaciones son opcionales, potestativas.

El clima de nuestra convivencia se encuentra seriamente lesionado. La incertidumbre y la zozobra acompañan a la sociedad mexicana. Hay una percepción generalizada de que el crimen organizado o el crimen a secas es una sombra permanente que escolta a la vida diaria. No es un tema menor. No es un tema al que se le pueda dar la espalda.

Otro de falsos redentores

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Hace dos semanas, siete diputados recurrieron a la Suprema Corte para intentar echar abajo la extinción de Luz y Fuerza.

El perredista Ramón Jiménez López aseguró haber “descubierto” que para presentar un recurso de controversia constitucional bastaba que lo quisiera “uno solo”, y antier afirmó que la Corte había “aceptado y discutido” la tramposa petición.

Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Corte aceptó (desde marzo) resolver en definitiva el amparo que promovió el Sindicato Mexicano de Electricistas (el caso está en manos del ministro Juan Silva Meza), también lo es que todos los intentos de hacer prosperar una controversia constitucional han fracasado: el que pretendió Martín Esparza, el que no reunió a la mayoría diputadil y el presentado por la Asamblea Legislativa del DF.

La verdad (que de guajes confiesan a sus defendidos) es que la pretensión de estos becarios del erario fue desechada “por notoriamente improcedente”, y que su agónica reclamación quedó en un simple trámite.

El circo de la crueldad

Lydia Cacho
Plan B
El Universal

Me llamó la atención descubrir que cuando llegan a pueblos y ciudades muchos circos hacen cacería de perros y gatos callejeros para dárselos de alimento a sus animales; a veces vivos, a veces muertos.

Recientemente el Circo de Portugal, con tigres, leones y toda suerte de animales salvajes encerrados en constreñidas jaulas, visitó Cancún. Por la noche sus empleados llegaron a una zona en que jugaba una manada de perros que se habían convertido ya en parte del inventario local; les dispararon somníferos y se los llevaron. Los testigos quedaron impresionados. Otro circo que paseaba por el sureste indignó a varios vecinos que descubrieron que sus mascotas que salían en libertad por las calles fueron carnada circense. Una mujer con siete gatos me aseguró que cuando el espectáculo llega a su pueblo, encierra a sus mascotas.

Algunos dirán que es mejor que los canes callejeros tengan un propósito alimentario a que sean aniquilados con crueldad en las perreras o mueran famélicos en las calles, y tendrán razón, al menos parcialmente. Sin embargo lo que hacen estos circos es ilegal.

Recién llegado al poder Fidel Castro decidió deshacerse de miles de perros cubanos porque les “arrebataban” alimento a las personas. Años más tarde México hizo la exportación de canes más grande de la historia hacia Cuba. La ausencia de mascotas generó problemas de socialización y depresión. Sicólogos y médicas explicaron la importancia vital que la presencia de perros tiene en la vida comunitaria, en el desarrollo de sensibilidad y compasión.

La compañía canina es medicina preventiva; acariciar a un perro o gato induce la producción de endorfinas y equilibra la presión arterial. Quienes crecen con perros aprenden a cuidar de otros y a expresar emociones; y un hogar con perro tiene 9 veces menos probabilidad de ser asaltado que uno sin guardián. Hay varias historias de comunidades que eliminaron a sus gatos sólo para repoblar la cuidad de felinos una vez que se infestaron de ratas y cucarachas.

Hay problemas en el país cuya solución está lejos de nuestras manos, pero el de la protección y tenencia responsable de mascotas es asunto en que toda la gente puede participar. México tiene leyes de protección de los animales y la unión y presión comunitaria ha demostrado ser útil en varios casos. No es casualidad que con la violencia que se vive en México se renueve el movimiento de protección a los animales. Podría parecer ocioso hablar de este tema cuando todos los días docenas de personas mueren a manos del crimen organizado. Pero la crueldad humana se nutre cuando no hacemos nada para detener las pequeñas acciones de desprecio a la vida, no importa si la víctima es una persona o un animal. Las sociedades más civilizadas han entendido que la paz se construye diariamente, creando una cultura armónica que evita conscientemente todo acto de crueldad.

La caída de Greg Sánchez

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

La detención de Greg Sánchez, alcalde con licencia de Benito Juárez, donde se localiza Cancún, y actual candidato del PRD, PT y Convergencia a la gubernatura de Quintana Roo, acusado de vínculos con los cárteles de Los Zetas y los Beltrán Leyva, termina de cerrar una historia que se abrió hace mucho.

Aunque nunca se hubieran podido comprobar, existían desde tiempo atrás acusaciones sobre vínculos de Sánchez con la delincuencia organizada, incluso desde antes de que Greg se afincara en Cancún, proveniente de Chiapas. Por eso, cuando fue electo alcalde, buscó reuniones con funcionarios de seguridad y militares, para tratar de deslindarse de las acusaciones. En la Secretaría de la Defensa Nacional le propusieron que se llevara al general Mauro Enrique Tello Quiñones, quien acababa de pasar a retiro y había tenido notable desempeño al frente de la Zona Militar en Michoacán durante el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, para hacerse el responsable de la muy cuestionada seguridad del municipio, permeada por el narcotráfico.

El mismo día en que el general Tello fue presentado en su nueva responsabilidad, durante una cena con los que se suponía serían sus colaboradores, el general fue asesinado. Terminando la cena, en el estacionamiento del restaurante lo abordaron policías locales y fue secuestrado y torturado. Información no confirmada oficialmente sostiene que habría sido llevado al penal de Cancún, donde lo “interrogaron” sus secuestradores. Brutalmente maltratado, el cuerpo del general, junto con dos de sus ayudantes, lo abandonaron en la carretera a Mérida.

Por el caso fueron detenidos, poco después, todos los principales colaboradores en el área de seguridad del alcalde: Boris del Valle Alonso, un ex militar cubano, que fungía como asesor en temas de seguridad del presidente municipal y estaba involucrado, además, en el tráfico de indocumentados de origen cubano y en temas de drogas; además, Francisco Velasco Delgado, de apodo El Vikingo, y quien era en ese momento el jefe de la policía del municipio de Benito Juárez y, también, Marco Antonio Mejía, un hombre que había sido jefe de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, y fue enviado por Nicolás Mollinedo (Nico, aquel chofer de AMLO que se convirtió en su jefe de logística) con Greg, para que se hiciera cargo del penal de Cancún. En retribución, la familia de Nico se quedó con el aprovisionamiento de alimentos del reclusorio. Otros elementos de seguridad fueron detenidos o dados de baja y, todos, acusados de estar colaborando con Los Zetas.

Después de esas detenciones, una tarde, Greg Sánchez me invitó a comer en Cancún. Me comentó qué estaba haciendo para reparar los daños: esa vez me dijo que dejaría la investigación en las manos federales, lo que ya había hecho, y le comenté que, si él no tenía nada que ver, debería dejar la policía local en mandos también federales, lo que no hizo. Al contrario, más tarde se le descubrió un sofisticado centro de espionaje sofisticado ligado al gobierno estatal, sitio que manejaba el teniente de navío Manuel Vera Salinas, un personaje que había trabajado para los gobiernos priistas, luego fue a laborar en Oaxaca, con José Murat y, fue uno de los grandes protagonistas, junto con Manuel Moreno Rivas, del famoso autoatentado que se organizó el entonces gobernador, aquel en el que supuestamente le dispararon 39 tiros, aunque el peritaje de la PGR descubrió que 36 los había disparado Moreno Rivas y, los tres restantes, otro de los custodios del entonces mandatario. Vera Salinas, a quien acusaban de reprimir a la APPO, terminó trabajando para el candidato del PRD en Quintana Roo.

Algo sucedió porque, después de las detenciones, las indagatorias parecieron congelarse e incluso se dijo que a El Vikingo se le estaría cambiando la acusación, para que recibiera una condena más benigna, lo que había provocado incluso fuertes molestias de la familia del general Tello. Pero, según lo que ha trascendido en las últimas horas, los tres principales detenidos, El Vikingo, Boris y Mejía, se habrían convertido en testigos protegidos de la Procuraduría y ellos habrían escalado las acusaciones hacia Greg Sánchez.

El problema es que todo se entrelazó con el expediente político del caso. Hubo una fuerte presión, a la que estuvo a punto de sucumbir el PAN, para que, en Quintana Roo, Greg se convirtiera en candidato de unidad PRD-PAN. Algo pasó porque, después de muchas negociaciones, Acción Nacional desechó esa posibilidad y, según la información que ha trascendido, Jesús Ortega, un férreo defensor de Sánchez, habría sido informado de que existían indagatorias en contra del alcalde con licencia. El martes en la noche, finalmente fue detenido. Ayer ya estaba en el reclusorio de alta seguridad en Nayarit.