junio 07, 2010

Por una sociedad con vergüenza

Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal

Es sintomático que vivamos en una sociedad donde el único verdadero castigo pareciera ser la cárcel. Cualquier otra condena es percibida por las víctimas y por la opinión como insuficiente. Y es que la reputación y el prestigio parece no importarle a nadie. Así no se puede.

Nunca habrá cárceles suficientes para todos los que por corrupción, incompetencia, irresponsabilidad, omisión o borrachez, dañan, a veces irremediablemente, la vida de otros. Lo que se necesita es generar una cultura de la vergüenza. Si una guardería se incendia y provoca la muerte de 49 niños y deja a otros 104 lastimados de por vida no debería hacer falta que ningún tribunal se pronunciara para que quienes estaban directa o indirectamente relacionados con su buen funcionamiento contritos presentaran su renuncia reflejando en su rostro el dolor y la vergüenza que semejante desenlace les provoca. Sabemos que eso no ocurre. Por eso el ministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Zaldívar especifica en su dictamen sobre la tragedia de la guardería ABC que aunque la decisión de la Corte no implique la condena de ningún funcionario en el ámbito penal, civil o administrativo eso no debería restarle impacto e importancia porque: “Las tiene en el terreno de la ética y de la legitimidad democrática. Las tiene como censura de la gravedad de las violaciones a los derechos fundamentales constatadas, como mensaje a todas las autoridades del país para que sucesos de esta índole no vuelvan a acontecer”.

Arturo Zaldívar le propone a la Corte contribuir al cambio cultural para que la decisión que tome finalmente el pleno, más allá de ser una “censura constitucional, política y ética” de los catorce funcionarios públicos concretamente señalados, lance un “llamado a la sociedad y a las autoridades de todo el país en el sentido de que es necesario un nuevo paradigma en la cultura política, a efecto de entender en la vida práctica y no sólo en el discurso que ostentar un alto cargo público es, más que un privilegio, una responsabilidad que debe honrarse todos los días, que para el respeto pleno de los derechos fundamentales en México no hay excusas ni pretextos, por lo que toda acción u omisión grave deben ser señalada y tener consecuencias”. De entrada, y como mínimo, la inmediata pérdida del puesto.

Ojalá los otros diez ministros lo sigan y su decisión contribuya a construir una cultura de la responsabilidad y la vergüenza, y no el cinismo que hoy impera y que demuestran quienes son señalados tratando de aventarse entre ellos la responsabilidad –jugando incluso con los sentimientos de los deudos insinuando que los otros pudieron haber voluntariamente provocado el incendio– o tratando de minimizar la importancia del dictamen, del ministro y de la Suprema Corte.

Los altos mandos sólo pueden ser intocables en un régimen autoritario. Y desde el poder judicial Arturo Zaldívar les recuerda que: “En un Estado democrático diluir la responsabilidad de los altos funcionarios públicos es vaciar de contenido la rendición de cuentas y, por ende, la esencia de la representación democrática”.

Termodinámica del entusiasmo

Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma

Las máquinas no esperaron a la ciencia. Barcos y ferrocarriles empezaron a desplazarse por el mundo empleando la fuerza del vapor antes de que se entendiera su mecánica. Los ingenieros le ganaron la carrera a los científicos. Cuando, allá por 1854, explotó un calentador de agua en una fábrica de Connecticut matando a más de 25 personas, se llegaba a decir todavía que el demonio controlaba los humores del calor. Entonces eran prácticamente desconocidos los trabajos de Sadi Carnot, un físico francés que, a los 28 años publicó sus Reflexiones sobre la fuerza motriz del fuego. La vida de Carnot estuvo marcada por la inestabilidad política y la curiosidad científica. Su padre, Lazare, fue matemático y político, uno de los hombres más cercanos a Napoleón: dos veces su ministro. Sadi conoció el poder y sufrió el exilio. Su vocación era la ciencia. Estudió en el Politécnico y en la Sorbona. Se distrajo con algunos asuntos políticos y llegó a perder el tiempo con los enredos de la legislación fiscal pero pronto se entregó a la tarea de descifrar el comportamiento de los gases (no, por cierto, en la vertiente que un siglo antes había explorado Jonathan Swift).

El reporte de Carnot publicado en 1824 abre con un himno a la energía. "Todos saben que el calor produce movimiento. En estos tiempos en que la máquina de vapor está por todos lados, todo mundo reconoce su vastísimo poder motriz. Al calor debemos también los movimientos de la tierra. Provoca las agitaciones de la atmósfera, el ascenso de las nubes, la caída de la lluvia y de los meteoros, las corrientes del agua que surcan la faz de la tierra y de la que el hombre hasta el momento ha aprovechado apenas una pequeña porción. Hasta los terremotos y las erupciones volcánicas son producto del calor". A Carnot le maravillaban estos poderes y se disponía a comprender sus resortes. El físico quería aprovechar al máximo esa energía y evitar el derroche que la ignorancia provocaba. ¿Cómo se transporta el calor?, ¿cómo se mantiene la temperatura elevada?, ¿qué dispara la potencia del vapor?

Tal vez nos hace falta una comprensión termodinámica del comportamiento social. Uno de los grandes enigmas de la política contemporánea es precisamente la transferencia y la eficacia del calor político. ¿De qué manera podría ser activado, almacenado y canalizado el entusiasmo? Tenemos frente a nosotros tres casos para examinar en el laboratorio. Tres elecciones recientes que fueron capaces de elevar la temperatura del caldo social, que lograron suscitar emoción y que, sin embargo, desembocaron en decepción. Las aguas se calentaron en las campañas electorales de Chile, Gran Bretaña y Colombia. Emoción por la emergencia de opciones frescas y desafiantes. En los tres casos, la fuerza motriz del entusiasmo fue infinitamente menor a la anticipada. El hervidero fue sólo bullicio de burbujas. Poco movió el vapor de la excitación política, mucho menos, desde luego, que lo que se esperaba. La emoción colectiva se evaporó.

Debemos esforzarnos en entender el calor de las campañas y la frialdad de las votaciones. ¿De dónde viene el contraste entre campañas inéditas y elecciones tradicionales? Recientemente el politólogo David Runciman publicó un artículo en el London Review of Books sobre la elección británica. El texto insinúa una curva de entusiasmo: las campañas electorales calientan la cazuela mientras que el acto electoral enfría. La propaganda, los debates, las propuestas de la campaña calientan el ambiente. Cuecen un ciudadano entusiasta que se deja llevar por la excitación de lo novedoso y se contagia de audacia. Pero el sitio de votar es un refrigerador. El votante se aísla y decide. No actúa ya con exaltación sino con frialdad. En campaña gritan, brincan y chiflan los vehementes; las elecciones las deciden otros.

La termodinámica electoral tiene hoy un nuevo compartimento que agrega complejidad al cálculo del actuar político. Las campañas han dejado de estar sólo en la plaza pública y los medios impresos; escapan también al ámbito contenido de la televisión y del radio. En la red han encontrado un fogón extraordinario para encender el interés por lo público. Pero se trata, en lo básico, de un activismo de clic. En internet se calientan ollas de entusiasmo hermético. La exaltación se contagia entre los más jóvenes a ritmos desconocidos. La apatía parece desaparecer. Los símbolos de cambio se ven rodeados de huestes voluminosas, seguidores incontables que se reproducen por minuto. Pero el calor que se levanta es producto de millones dedos golpeando teclados. Ése es su recipiente y casi podría decirse que ése es su confinamiento. El activismo del clic termina siendo una derivación del deporte del zapping: una proeza de pulgares. Será que, al final del día, las frías máquinas de los partidos siguen siendo mejores canales de la decisión electoral que las parrillas de la ciudadanía virtual.

Criminalizar la protesta o protesta criminal

Luis González de Alba
La Calle
Milenio

La última moda en las voces de la corrección política es un buen hallazgo: “Criminalizar la protesta”. Una marcha se propone llegar a donde jefes de Estado tratan de alcanzar acuerdos comerciales, políticos y culturales, lo único que desean los marchistas es tundir a palos presidentes, jefes de gobierno y uno que otro rey para que entiendan que el mayor mal del siglo es la globalización: sí, el comercio mundial, los aviones, la desaparición de fronteras… Eso que pedían los socialistas utópicos en el siglo XIX y está ocurriendo, eso es el mal, dicen los nuevos defensores de fronteras.

La policía les cierra el paso en Copenhague o en Ósaka. En el cuerpo a cuerpo hay apaleados y detenidos, muchos de ellos inocentes que miraban. Se ha “criminalizado una protesta social”, gritan.

“Profesores” de la CNTE destrozaron una puerta del siglo XVIII en la Secretaría de Educación Pública. ¿Motivos? Que estaba cerrada. Encarcelarlos sería “criminalizar una protesta social”. Contra qué protestaban ni viene al caso, lo hacen varias veces al año porque reciben su paga sin estar obligados a dar clases. Lo cual es una ventaja, pues ya podemos imaginar el nivel académico de los rufianes. Pero recordemos que el 68 estalló cuando el Ejército tiró una puerta de edad y valor histórico similar: la de San Ildefonso. El rector, Javier Barrios Sierra, puso la bandera a media asta en la Rectoría y la ola de protesta cubrió al país. ¿Es menos respetable la SEP que la UNAM?

En esta ocasión no fueron soldados, sino “profesores” los que destruyeron la puerta sin que autoridad alguna hiciera al menos el intento de impedirlo. La CNTE es un grupo de estafadores que viven del “movimientismo”: van de aquí para allá vendiendo protección, apoyando “movimientos populares” mientras conservan salarios y prestaciones íntegros. Resulta vergonzoso que la misma dueña del sindicato, Elba Esther Gordillo, admita en entrevista con Leo Zuckermann que no sabe cuántos profesores se dedican a la grilla con plazas pagadas por la SEP… O sea, por usted y yo. Nadie sabe cuántos están “comisionados”. Quien debe tener esa información es el secretario de Educación, responde la que recibe las cuotas descontadas directamente de la nómina, y se queda tan oronda. Pero no es sólo la SEP: la burocracia se desborda desde tiempos de Fox. ¿Esto es la derecha?

Los movimientistas son parte interesada en la confusión actual entre aplicación de la ley y represión. Pero tampoco las autoridades desean admitir que destruir una puerta de valor histórico es un delito por el que deben pagar los vándalos. ¿No exigíamos, hace 42 años, juzgar al oficial que ordenó romper la puerta y al soldado que obedeció? Y no es que la autoridad no lo entienda, es que en el DF el gobierno citadino perredista y el federal panista piden siempre que la acción de la ley esté a cargo del otro. Y así vemos al gobierno del PRD clamar que la destrucción es culpa de la SEP… que cerró la puerta. Mismo alegato del gobierno de Díaz Ordaz: la de San Ildefonso debió ser derribada porque los estudiantes la habían cerrado.

Si en el DF la ausencia de policía se debe al tironeo entre el viejo PRI, hoy llamado PRD, y el PAN, en buena parte del territorio nacional ni siquiera hay policía. Los números proporcionados por Jaime Sánchez Susarrey en Reforma este sábado son escalofriantes: “Apenas en enero, el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, advertía que el 68 por ciento de los 160 mil policías municipales sólo tiene educación primaria y hay elementos que ni siquiera cuentan con ella.

“Pero no sólo eso. Más de la mitad de las 2 mil 22 corporaciones municipales que operan en el país tienen menos de 20 elementos, mal capacitados y peor equipados. Sobra señalar que los sueldos son extremadamente bajos: el 40 por ciento percibe entre mil y 4 mil pesos y el 20 por ciento menos de mil pesos. A lo que hay que agregar que 400 municipios en el país no cuentan con policía propia.”

¿Menos de mil pesos un policía? Gana más el aparta-lugares con su cajón de madera y su franela colorada, el que echa lumbre, el limpia parabrisas. Y los gobernadores apenas comienzan a vislumbrar la urgencia de policías estatales coordinadas y tecnificadas: bases de datos con registro de delincuentes, de policías despedidos por su alianza con el crimen, rostros, huellas, fechorías y datos cruzados que se consiguen con redes de sencillas computadoras de escritorio, y ganas de hacerlo.
Federico Döring
Excésior

Esta semana se acordó en el seno del Sistema Nacional de Seguridad Pública impulsar la idea de la creación de una policía estatal que aglutine un único mando policiaco y que absorba las policías municipales, tal y como sucede en nuestra ciudad. La idea viene de la ingeniosa Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que no tiene llenadera en cuanto a pedir recursos y poder se refiere.

No resulta irónico que el principal dique político para la transición de nuestro país haga una propuesta regresiva y centralista contraria al espíritu de la modernización del país que ha sido la descentralización y el fortalecimiento del federalismo.

Se supone que la fortaleza del argumento reside en la capacidad de rotación que tendrían dichos organismos que hoy resulta inviable en el plano municipal. Se pretende justificar que con la rotación se complicaría para el crimen organizado el cooptar a los mandos policiacos, pero se equivocan pues la debilidad estructural de las policías municipales NO es su falta de rotación, sino la escasez de recursos fiscales que las hace muy mal pagadas y equipadas.

Si el mando único fuese garantía de menor corrupción debido a la rotación entonces nuestra flamante policía capitalina sería la más honesta y confiable del país y, por ende, la menos corrupta y no existirían enclaves de poder dentro de ella aun más fuertes que el propio poder político como La Hermandad que por años ha controlado el sistema interno de ascensos y rotación de la policía capitalina y ha inclusive logrado sortear los obstáculos del centro de control de confianza establecido por Ebrard en la administración anterior como herramienta anticorrupción a través de acuerdos económicos y presión política a los laboratorios contratados por éste.

¿Cómo sostener que una policía centralizada es más eficaz después de los fiascos que nos brinda la SSPDF, primero en el barrio bravo de Tepito, que como siempre terminó en una negociación política, y en la más plena y grosera impunidad y, días después, en el vandalismo de la CNTE en la sede de la SEP?

Parece una propuesta equivocada que va en la dirección equivocada y que se basa en un principio de autoridad equivocado. Fue en esta ciudad de mando único donde se dieron los linchamientos de Tláhuac y Tlalpan; nuestra policía no hizo nada, seguramente de haber sido descentralizada los entonces jefes delegacionales no hubiesen sido espectadores impotentes ante la falta de decisión o línea política contraria de AMLO.

Lo que la Conago quiere no es una policía mejor, sino una policía política bajo su control. No están pensando en cómo cuidarnos mejor sino cómo controlarnos o vigilarnos. Se equivocan quienes apoyan esta idea, NO es centralizando sino federalizando como se solucionan estos dilemas; el mejor control y contralor de las policías somos los ciudadanos: entre más cerca de nosotros menos corrupta, entre más cercana al poder político mayor será el riesgo de ser infiltrada. En su cierre de campaña en 1997, Carlos Castillo Peraza q.e.p.d. dijo: “queremos una ciudad segura porque es nuestra, y nuestra porque es segura”.

Control cambiario: ¿sí o no?

Arturo Damm Arnal
arturodamm@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy

¿Es correcto que el gobierno regule las operaciones bancarias relacionadas con la compra–venta de dólares? La pregunta llama la atención porque la respuesta es indudable: No, no es correcto que el gobierno regule el mercado cambiario, señalando quién sí y quién no debe participar en él, y con cuánto sí y con cuánto no se puede participar, como tampoco es correcto que prohíba cualquier participación, independientemente del monto de divisas involucrado, y todo ello por una razón muy sencilla: la compra-venta de divisas no es una actividad delictiva por su propia naturaleza (siendo delictivas por su propia naturaleza las actividades que atentan contra la vida, la integridad física, la libertad y la propiedad de los demás), razón por la cual no debe ser ni regulada, ni mucho menos impedida, por el gobierno, cuya tarea es prohibir que nos hagamos daño los unos a los otros y, de fracasar, castigar a quien dañe a otro y, en la medida de lo posible, resarcir a quien resultó dañado.

Lo que hay que tener muy claro es que la compra-venta de dólares, independientemente del origen de los mismos, ¡asunto muy distinto!, no es una actividad delictiva por su propia naturaleza, razón por la cual su regulación o prohibición, de parte del gobierno, resulta arbitraria, ¡viola la libertad para intercambiar de las personas!, teniendo como consecuencia, ¡como que dos más dos son cuatro!, el surgimiento de mercados informales, tal y como sucede cada vez que el gobierno, cualquiera que éste sea, intenta regular, eligiendo quién sí y quién no debe participar, y escogiendo con cuánto sí y con cuánto no se puede participar, los mercados, que no son otra cosa más que la relación de intercambio entre oferentes y demandantes, mismos que, al no poder actuar dentro de los marcos de la formalidad, y al no poder hacerlo porque el gobierno limita o prohíbe dicha actuación, lo hacen en los terrenos más libres de la informalidad. Todo ello, insisto, como que dos más dos son cuatro y, si no, al tiempo…, al tiempo.

¿Que la intención del gobierno al regular las operaciones bancarias con dólares es evitar el lavado del dinero mal habido, producto del tráfico de drogas? Puede ser, pero no hay que olvidar que del plato a la boca se cae la sopa, o, dicho de otra manera, que una es la intención del legislador y otra la consecuencia que, una vez promulgada, tendrá la regla, gran lección ésta que nos deja el análisis económico del Derecho, que se pregunta, no por las intenciones del legislador, sino por las consecuencias de la regla.

Limitar las operaciones bancarias con dólares, ¿pondrá fin al lavado de dinero mal habido? Y, suponiendo que se ponga fin a dicho lavado, mismo que, por su propia naturaleza, no es una actividad delictiva, ¿se terminará por ello con el narcotráfico (que, dicho sea de paso, tampoco es una actividad delictiva por su propia naturaleza)? La respuesta a las dos preguntas es ¡Sí, cómo no!