junio 16, 2010

Jugar para la tribuna

Francisco Garfias
www.elarsenal.net
Arsenal
Excélsior

Las palabras de Arturo Zaldívar le sonaban como himno a la justicia a Celia Lara Méndez, la madre de Juan Ismael, Juanito el Querendón, uno de los 49 niños muertos hace un año en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo. El novel ministro de la Corte empujaba con todo para fijar responsabilidades a Molinar, Bours, Karam y los otros 11 funcionarios públicos mencionados en su dictamen sobre la tragedia. Llegó incluso a proponer la transformación del máximo tribunal de la nación en ombudsman supremo.

Su discurso se escuchaba bien. Sus argumentos morales parecían sólidos. "Mandemos un mensaje de dónde esta la responsabilidad de los servidores públicos, de qué pueden hacer o qué no pueden hacer", decía el hombre. Su ponencia lo había catapultado ante la opinión pública como hombre valeroso, atrevido. El ministro que todos estábamos esperando.

Aplaudido por pensadores de la talla de Jesús Silva Herzog Márquez, estaba convertido en la versión masculina -y mexicana- de Temis, la diosa griega de la justicia. "Es un ministro de nuevo cuño, un hombre preparado", elogiaba Lorenzo Ramos, abogado de las víctimas de una de las tragedias más dolorosas del México contemporáneo, presente en el debate sobre las facultades de investigación que el artículo 97 de la Constitución concede a la SCJN.

Pero Zaldívar jugaba para la tribuna. Explotaba la irritación, el desasosiego que produce en la población que nadie esté en la cárcel, a un año de la tragedia. Lo hacía a sabiendas de que la SCJN carece de atribuciones para señalar "responsables". Para eso hay otras instancias en el Poder Judicial. "Hasta un MP habla de presunta responsabilidad", recordó su par, Fernando Franco.

Ocho de los 11 ministros, algunos de ellos visiblemente irritados, votaron en contra de que el máximo tribunal asigne responsabilidades por violaciones graves a las garantías individuales. Coincidieron en que lo único que puede hacer la Corte es señalar "involucrados". Los ministros saben del alto costo en credibilidad que este asunto tendrá para el máximo tribunal. La condena pública, por injusta que resulte, es inevitable.

En el receso le preguntamos a Celia su opinión sobre el resultado de la votación. Meneó de un lado a otro la cabeza y soltó, con frustración: "Claro que no me gustó."

El PRI tiene a Enrique Peña Nieto en la punta de las preferencias electorales desde hace ya muchos meses. Sus adversarios internos comienzan a admitir que su candidatura presidencial ya es "imparable". El PRD trae perfiladas dos cartas: Marcelo Ebrard y López Obrador. Pero el PAN, partido en el gobierno, sigue sin tener una carta fuerte para la candidatura presidencial. Hay cinco o seis prospectos que se mencionan, pero ninguno que descuelle en la intención de voto.

Hablamos del tema con un panista que conoce bien el partido -ocupó uno de los cargos más importantes- y juega en el equipo de Felipe Calderón. Reconoció que Ernesto Cordero es la carta que el Presidente de la República quisiera. "El problema es que no se decide."

El hombre dice que a los ojos de no pocos panistas Josefina Vázquez Mota aparece hoy como ligeramente favorita. Su condición de mujer, las buenas relaciones con los empresarios y los intelectuales, la han colocado en esa situación. En su contra juega que personas muy cercanas al Presidente nomás no la tragan.

A Santiago Creel no le concede posibilidades. "Aunque su nivel de conocimiento es alto, trae más negativos que ninguno. No tiene para dónde crecer", asevera. A Javier Lozano le reconoce aptitudes, pero tampoco le da oportunidad. "No es panista de origen", subraya. Mencionó también a Alonso Lujambio, aunque sin extenderse.

Hace 13 años, Porfirio Muñoz Ledo impulsó la creación de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, en lugar de la Gran Comisión. Eran los tiempos del bloque opositor; la primera Legislatura sin una mayoría del PRI. El hombre coordinaba entonces la fracción parlamentaria del PRD en San Lázaro.

Hoy, ya como diputado del PT, quiere desaparecer ese órgano de gobierno y reemplazarlo por una mesa directiva en la que participen los presidentes de todas las comisiones. Pretende también reestructurar los centros de investigación y comités en San Lázaro y crear una especie de consejo consultivo integrado por notables. Por lo menos es lo que le dijo al diputado del PRI Jesús María Rodríguez, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias de la Cámara baja.

Hay miles y miles de culpables

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

¿Qué vemos? Pues, que en un país de gente notoriamente desorganizada y flagrantemente irresponsable alguien, de pronto, quiere manejar las cosas como si esto fuera Escandinavia.

La intención es buena, ciertamente. Pero sería mejor comenzar por el comienzo, es decir, estudiar primeramente el campo de batalla, registrar las condiciones climáticas, conocer el terreno e inventariar los suministros para, ya bien pertrechados y con una idea más o menos clara de lo que queremos hacer, lanzar la ofensiva.

Hablo de la tragedia de la guardería ABC y de la imperiosa necesidad —muy entendible, desde todos los puntos de vista— de encontrar a los culpables para administrarles el castigo que merecen. La impunidad de los criminales es un auténtico agravio para los ciudadanos de México. Pero, señoras y señores, un director de un ente público gigantesco como el Seguro Social no puede ser responsable de todo lo que ocurre en la institución porque, de entrada, no puede estar todo el tiempo en todas partes. Otros funcionarios, por más que nos parezcan antipáticos o desaforadamente incapaces, no son tampoco culpables directos de estos hechos terroríficos. El problema, con perdón, es mucho más complicado y elusivo. Estamos hablando de una triste realidad nacional: en este país, millones de personas no respetan los reglamentos, otros cientos de miles se despreocupan de aplicarlos y otros más, los que redactan torpes leyes, se desentienden de su posterior ejecución. Somos un territorio de puras consignas y eslóganes que, en los hechos, figuran como letra muerta o, en el mejor de los casos, como un mero catálogo de buenas intenciones. Somos corruptos, además. De tal manera, cuando se construyen carreteras, por ejemplo, no se levantan barras para evitar las colisiones de los vehículos que se cruzan y cuando se edifican puentes se caen (Colima). Y así, la gente muere: fallece todos los días en accidentes estúpidos y evitables. ¿La Tremenda Corte, entonces, va a castigar a todos los integrantes de la administración?

La vergüenza no se decreta

Denise Maerker
Atando Cabos
El Universal

No se trata de linchar a nadie ni de aventarse como turba contra unos cuantos para saciar una supuesta sed de venganza por las múltiples y repetidas deficiencias de nuestro sistema de justicia y por los largos años de impunidad y cinismo que traemos en las espaldas. No se trata de eso. Es simple sed de justicia. Por eso cité aquí esperanzada, como muchos otros, el dictamen que el ministro Arturo Zaldívar le presentó a sus pares la semana pasada en torno la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo. Porque en su texto Zaldívar plantea un cambio cultural para que las autoridades asuman responsabilidades y rindan cuentas, y ofrece a la Corte como sumo garante de que así sea. Lo reiteró el lunes al inicio de las discusiones: “No basta con el lamento y el pésame a los padres de los pequeños, es necesario determinar si esta tragedia pudo ser evitada; si ella implica violaciones graves a las garantías individuales y si, en su caso, los servidores públicos responsables. (…) Esta Suprema Corte es la última esperanza para las víctimas de la arbitrariedad, la negligencia y el abuso del poder”.

La mayoría de los otros ministros no han estado de acuerdo con Zaldívar. En esencia no consideran que ellos se puedan erigir en un tribunal que pueda censurar constitucional, ética y políticamente a los funcionarios que hayan vulnerado derechos fundamentales. El ministro Salvador Aguirre Anguiano resumió el parecer de muchos al decir: “si lo que se quiso decir es que por vergüenza en otros países renuncian primeros ministros y otros altos funcionarios cuando fracasan, según ellos, en su misión, eso no se puede imponer por resolución jurídica o por dictamen jurídico, y desde luego hacerlo así, a mi juicio, resulta reprochable por ausencia de atribuciones”. Dicho de otro modo, la vergüenza no se decreta y la Suprema Corte no tiene atribuciones para imponérsela a aquellos funcionarios que encabezaban las dependencias que por sus fallas sistémicas hicieron posible que 49 bebés murieran. Eso parecen pensar la mayoría de los ministros y aquí no les vamos a discutir a ellos sobre derecho. Pero me pregunto: ¿quién podrá defender a los padres de los niños? ¿Quién podrá defendernos a todos? La justicia la hacen los jueces, dijeron en la sesión; quedará entonces esperar las sentencias administrativas, civiles, quizá penales, en contra del guardián del archivo, del inspector fulano, del encargado de protección civil del municipio. Pero, ¿quién nos va a defender del cinismo de funcionarios que no sólo no renunciaron en su momento sino que ahora se han dedicado a hacer campaña, ultrajados porque alguien osó señalarlos como política y moralmente responsables?