junio 21, 2010

El país donde no pasa nada

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

La lamentable resolución de la SCJN también era la correcta en una lógica de minimizar los costos políticos para la Corte.

Arturo Zaldívar puso sobre la mesa de discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el papel de la responsabilidad de los altos funcionarios públicos en un incidente donde murieron 49 niños. El ministro elaboró un magnífico documento que se leerá en cursos de ciencia política en el futuro. Por primera vez en la historia, un miembro de la SCJN proponía responsabilizar de violaciones graves a los derechos humanos a un secretario de Estado y otros funcionarios de primer nivel.

Pero sus colegas rechazaron su propuesta. A lo mejor era lo jurídicamente correcto. La mayoría de los abogados así lo piensa. La pregunta es si también era lo que convenía desde el punto de vista político. Me duele decirlo, pero creo que sí: que la lamentable resolución de la SCJN también era la correcta en una lógica de minimizar los costos políticos para la Corte.

¿Cuáles van a ser los costos para la SCJN de haber rechazado el dictamen del ministro Zaldívar que responsabilizaba del incendio de la guardaría ABC de Hermosillo a altos funcionarios como Daniel Karam, director actual del IMSS, y su antecesor, Juan Molinar, actual secretario de Comunicaciones y Transportes?

Por desgracia, pocos. Muy pocos. Me parece que los ministros lo tienen calculado. Saben que pueden tomar una resolución así sin muchas consecuencias para ellos. ¿Por qué?

Porque ellos también viven en el país donde no pasa nada. Donde no hay grandes movilizaciones sociales para demandar justicia. Donde la palabra responsabilidad no existe en el diccionario de la mayoría de la población. Donde la justicia es un proceso largo y engorroso para los padres de 49 niños que murieron quemados o asfixiados en un bodegón que funcionaba como guardería. Donde la renuncia de un alto funcionario se interpreta como un acto de ignominia.

Los ministros de la SCJN saben que los costos de su decisión serán relativamente bajos. Una semana, acaso dos, de críticas en la opinión publicada. Columnas y editoriales que los tacharán de obtusos, conservadores y hasta autoritarios. De no tener altura de miras. De ser cómplices del poder. Etcétera, etcétera, etcétera.

Aparecerán, también, algunos comentarios críticos en los medios electrónicos. Pocos porque el tema de la SCJN no atrae grandes audiencias. El grueso del público no entiende de menudencias jurídicas.

Una semana, a lo máximo dos, de discusión y críticas en un círculo muy estrecho. Algunas muestras de inconformidad en las redes sociales, incluso unas cuantas mentadas de madre en Twitter.

Pero, ¿acaso no son siempre los mismos los que leen las críticas, twittean y escuchan debates en los medios electrónicos? ¿No son una minoría exquisita de citadinos informados que tienen televisión de paga, computadoras y celulares? Sí. Son el pequeño grupo que se indigna frente a una SCJN que no se pone del lado del ciudadano sino del poder. Una capilla que siente agraviada por la pusilanimidad de una Corte que tuvo en sus manos un extraordinario caso para hacer historia y lo desechó. En un país de 107 millones de habitantes son pocos, muy pocos, los que se enojan por una resolución tan ingrata de una SCJN acostumbrada a esconderse detrás de tecnicismos jurídicos a fin de no asumir un papel político de mayor responsabilidad.

Los costos hubieran sido mayores para los ministros si hubieran apoyado el dictamen de Zaldívar. Hubiera significado un enfrentamiento con el Poder Ejecutivo y el partido gobernante en el Legislativo. Otro con la comunidad médica del sector público que se movilizó en contra de un dictamen que afectaba su imagen e intereses. Otro más con la comunidad de abogados conservadores acostumbrados a una Suprema Corte de jueces de barandilla que revisan los puntos y comas de las leyes. Más importante aún, de haber apoyado el dictamen de Zaldívar, los ministros hubieran abierto la puerta a que ellos mismos fueran responsables de un Poder Judicial que también tiene una fuerte dosis de corrupción y desorden generalizado.

En suma, en un cálculo político, resultaba menos costoso para la SCJN el reprobar el dictamen de Zaldívar que aprobarlo. ¿Para qué meterse en honduras? Mejor aguantar dos semanas de críticas en los medios de los mismos de siempre. Total, no pasa nada. Máximo cuando la gente está pegada a la televisión viendo a la Selección Nacional de Futbol.

Otra hubiera sido la actitud de los ministros si hubieran recibido miles de cartas demandando responsabilidad de los altos funcionarios. O si hubiera habido una manifestación multitudinaria a las afuera de la Corte. O si los ciudadanos se hubieran cooperado para comprar spots de radio y televisión para demandar justicia (perdón, se me olvida que esta opción está prohibida en una Constitución que limita la libertad de expresión).

En fin, que mientras la SCJN no sienta presión social y sí la presión de la clase política, pues es claro hacia dónde se inclinará: hacia el lado del país donde no pasa nada.

La democracia sucia en el nombre de Peña Nieto

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

El fin de semana en que murió Carlos Monsiváis, el calderonismo-navismo y Enrique Peña Nieto intercambiaron formales y al parecer irreversibles mensajes de agresión. ¿Cuánta zozobra costará la nueva euforia belicista? ¿Cuántos acuerdos frustrados, proyectos abortados? Y en esta intemperie, ¿cuántos muertos?

La democracia sucia que Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador acaudillaron ejemplarmente entre 2004 y 2006 ha regresado. El presidente Calderón se sirvió el sábado de su heraldo César Nava para anunciar que denunciarán y vencerán a los “señores feudales nostálgicos del poder perdido”. Nava los llamó además virreyes.

Ayer en Hidalgo, Peña Nieto, líder político de la mayoría de “señores feudales”, acusó recibo. Calificó el mensaje como la advertencia de una guerra sucia y respondió que están preparados para defender los tres triunfos cantados: 4 de julio, 2011, 2012.

En nombre del PRI y Peña Nieto, los “virreyes” atrancan puertas y refuerzan murallas en espera de las catapultas de Los Pinos. En nombre de Peña Nieto justificarán sin culpas que cualquier adefesio (por ejemplo, ponerle un sobreprecio a un pedido de patrullas para ganar una gubernatura) es moralmente aceptable.

Y también en nombre de Peña Nieto, el gobierno y el PAN parece que no tendrán reparo en tensar más la sobrecargada convivencia política.

Lo vivimos hace un lustro. Comienza con una guerra de palabras y maniobras cuyo desenlace todos piensan tener bajo control. Es la democracia sucia que nada tiene que ver con la primavera democrática, sino con el grasiento choque de intransigencias que perfila llenar de inmundicia al país político, al menos de aquí a dos años.

En el nombre de Peña Nieto… no aprendemos un carajo.