Paco Calderón

¿Será Colombia el próximo Chile?

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

Préstenle atención a Colombia. Tras la aplastante victoria electoral del Presidente electo, Juan Manuel Santos, Colombia podría seguir los pasos de Brasil, Chile y Perú y convertirse en la próxima estrella económica de Latinoamérica.

Es verdad que muchas cosas pueden salir mal, incluyendo un resurgimiento de la violencia guerrillera, y de las tensiones con Venezuela y Ecuador. Pero varios observadores bien situados me citaron cuatro razones por las que Colombia podría despegar bajo el Gobierno de Santos.

En primer lugar, Santos, quien recientemente fue Ministro de Defensa del Presidente saliente, Alvaro Uribe, ganó con casi 70 por ciento de los votos, y con 2 millones de votos más de los que obtuvo Uribe en su última elección. Eso le dará a Santos una sólida mayoría en el Congreso, lo que le permitirá atraer inversiones con garantías de continuidad económica, y embarcarse en ambiciosas reformas en el campo energético, de la salud y la educación.

Colombia es ya el cuarto mayor receptor de inversiones extranjeras de Latinoamérica -después de Brasil, Chile y México-, según un reciente informe de las Naciones Unidas. Y muchos economistas creen que Santos logrará cumplir su promesa de campaña de llegar a un crecimiento económico de 6 por ciento en dos años, porque su primera prioridad será la economía.

A diferencia de Uribe, que es abogado de profesión, Santos es un economista graduado en la Universidad de Kansas y de la London School of Economics, que empezó su carrera gubernamental como Ministro de Comercio Exterior, y luego fue Ministro de Finanzas.

No resulta sorprendente que su primera designación haya sido la de su futuro Ministro de Finanzas, Juan Carlos Echeverry.

En segundo lugar, es posible que Santos tenga mejores posibilidades que Uribe de conseguir que el Congreso estadounidense ratifique el acuerdo de libre comercio que fue firmado por el ex Presidente George W. Bush y Uribe en el 2006.

Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos se han negado a ratificar el acuerdo por las violaciones de los derechos humanos cometidas contra los sindicalistas en Colombia.

"Santos se va a entender mejor con los demócratas porque no tiene una historia (de tensiones) con Obama y Clinton", me dijo esta semana el ex Presidente de Colombia, César Gaviria.

Sin embargo, fuentes del Congreso de Estados Unidos me dicen que la mayoría demócrata del Congreso no someterá a voto el acuerdo antes de las elecciones parlamentarias de noviembre, y que lo que ocurra después dependerá del resultado de esas elecciones.

En tercer lugar, Santos tiene una personalidad menos mercurial que Uribe y es probable que alivie las tensiones tanto a nivel nacional como con los países vecinos, afirman los observadores.

"Ya hay un nuevo clima en el país, de menos polarización", me dijo Gaviria. "La gente siente que el nuevo Gobierno no va a estar comprando los pleitos de Uribe con las organizaciones no gubernamentales (de derechos humanos). Y Santos tampoco se va a dejar aislar internacionalmente, como Uribe".

En cuarto lugar, Santos prometió en su discurso de aceptación luchar contra la impunidad y mejorar los vínculos presidenciales con el sistema judicial, para mejorar la situación de los derechos humanos.

José Miguel Vivanco, director de asuntos latinoamericanos del grupo de monitoreo Human Rights Watch y uno de los más conocidos críticos del desempeño de Uribe en el campo de los derechos humanos, me dijo que "Santos es un pragmático, que si recibe señales fuertes de la comunidad internacional con respecto al tema de derechos humanos, probablemente responda de manera más positiva que el Presidente saliente".

No obstante, Vivanco añadió que en la comunidad de derechos humanos existe preocupación por la promesa de campaña hecha por Santos de permitir que sean las cortes militares las que juzguen a miembros de las Fuerzas Armadas acusados de violaciones de los derechos humanos, y por sus declaraciones a favor de subordinar la Fiscalía General al Poder Ejecutivo.

Mi opinión: No comparto la opinión generalizada en Colombia de que Santos será capaz de mejorar las relaciones con el Presidente venezolano, Hugo Chávez, porque este último seguirá necesitando un enfrentamiento permanente con Colombia para distraer la atención de sus problemas internos, y para poder justificar su Gobierno cada vez más autoritario.

Además, Santos me dijo en una entrevista reciente que él y Chávez son "como el agua y el aceite", y esos dos elementos no se mezclan por más que uno trate de combinarlos.

Pero creo que existe por lo menos un 50 por ciento de posibilidades de que Santos le dé un empujón a Colombia, aprovechando la estabilidad económica que heredó, el mandato que acaba de recibir en las urnas y su experiencia en el manejo de la economía.

Si le va razonablemente bien, Colombia podría ser la próxima estrella emergente de la región.

Fraude a la democracia

Emilio Álvarez Icaza
Espacio Civil
El Universal

El pasado miércoles 23 tuve la oportunidad de acudir al foro “Propuestas ciudadanas en el marco del proceso electoral en Veracruz 2010”, organizado por la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (Recive), en Xalapa. Las conclusiones no pudieron ser más contundentes. Lo que se vive en esa entidad (y otras en proceso electoral), es un fraude a la democracia por parte de gobiernos, autoridades electorales y partidos políticos. El pacto social fundado en la democracia se encuentra en crisis.

El proceso electoral en esa entidad se desarrolla bajo la compra y coacción del voto, uso ilegal de recursos públicos en las campañas; uso perverso de la pobreza; contexto de campañas negativas que superan el lodazal y evidencian ausencia de propuestas, entre otros vicios. De hecho, se reportó que el gobernador opera, ilegalmente, como jefe de campaña, lo que pone en riesgo la gobernabilidad del estado.

Para explicar parte de este fenómeno, Alberto Olvera, académico de la Universidad Veracruzana, refirió que entre 2004 y 2010 Veracruz duplicó en términos reales su presupuesto y no hay fiscalización ni rendición de cuentas eficientes, lo que ha llevado al descaro absoluto. La “plenitud del pinche poder” feudal.

Las organizaciones señalaron que en este contexto la autoridad electoral, el Instituto Electoral Veracruzano (IEV), no cumple con los principios de legalidad, equidad, transparencia e imparcialidad mínimas requeridas para la generación de certeza. De hecho, es una instancia fuertemente cuestionada por muy diversos actores; su consejera presidenta quedó también involucrada en los radio-escándalos.

El tétrico círculo lo cierra el uso clientelar de recursos por parte de los distintos partidos políticos. Francisco Canseco sintetizó así “dime quién gobierna y te diré qué programa usa electoralmente”. Lo alarmante es que estamos volviendo a ver esas prácticas de los 80 o anteriores contra las que tanto se luchó.

Se respira un ambiente de tensión en peligroso aumento y de impunidad en lo que a delitos electorales se refiere. Flota la idea, casi certeza, de que pase lo que pase, el resultado de las elecciones se resolverá en el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.

PARÉNTESIS: Alianza Cívica abrió el portal www.cuidemoselvoto.org para recibir denuncias de irregularidades en los procesos electorales estatales. También se puede denunciar por teléfono celular, enviando mensajes, fotos o videos, al número 88200 o mediante Twitter en el tag #cuidemoselvoto .

Democracia sin demócratas

Carlos Tello Díaz
ctello@milenio.com
Carta de viaje
Milenio

El 2 de julio de 2000, México culminó su larga y accidentada transición a la democracia. La transición permitió, ese día, la alternancia en el poder. El PRI perdió la Presidencia: ganó el PAN. México comenzó el siglo XXI con un bono a su favor, el de la democracia. Pero le duró poco. En 2005, el presidente de la República —electo gracias a la transición— intentó sacar de la contienda, a la mala, a quien era visto entonces como el más probable ganador de las elecciones en México. En 2006, el candidato de la izquierda, el mismo que sufrió la ofensiva política, jurídica y mediática del presidente, al perder la elección por un margen estrecho, optó por no reconocer su derrota, adujo fraude, fue creído y seguido por la tercera parte de la población, la que votó por él. En 2007, en fin, el Congreso promovió una reforma electoral que significó avances muy importantes, en especial la normatividad en materia de radio y televisión, que puso fin a las transferencias millonarias de recursos públicos hacia la televisión y el radio, pero que al violar el principio de inamovilidad de los consejeros puso también en entredicho la independencia del IFE. Son los antecedentes de nuestras elecciones, que enfrentan, afuera, las nuevas amenazas del crimen organizado y, adentro, las viejas mañas de nuestra cultura política, y que en ambos casos confirman la imagen de un país que vive en la ilegalidad.

Un candidato a gobernador fue detenido en plena campaña, acusado de tener ligas con el narcotráfico en Quintana Roo; otro candidato a gobernador fue señalado por tener relaciones de compadrazgo con uno de los líderes del cártel de Sinaloa; un candidato más fue asesinado durante su campaña, sin que hasta la fecha sea conocido el responsable de ese crimen en Tamaulipas. La violencia en el país amenaza a la democracia. Así lo ven también los medios en el extranjero. “Los narcotraficantes refuerzan su dominio sobre la política mexicana”, es la cabeza de un artículo en Le Monde (17-06-2010). Pero no nada más el narcotráfico; también el fraude que parecía desterrado hace diez años.

Es ilegal que los gobernadores operen a favor de sus candidatos con recursos que son públicos. También es ilegal grabar conversaciones privadas, como lo han hecho los enemigos de los gobernadores. Y es ilegal difundir esas conversaciones en los medios. Todo es ilegal —¡incluso hacer campañas negativas para señalar esa ilegalidad! ¿Qué va a decir el Tribunal Electoral? ¿A quién va a castigar? ¿A los gobernadores de Oaxaca y Veracruz? ¿A quienes los grabaron? ¿A los dirigentes que los exhibieron? ¿A los medios que difundieron esas grabaciones? ¿A todos? El PAN y el PRD denuncian el uso electoral de los programas sociales por parte de los gobiernos dominados por el PRI. El PRI acusa al gobierno federal de manipular el programa Oportunidades para beneficiar al PAN. El gobierno federal señala la corrupción de los gobernadores del PRI, pero no hace más para no contribuir a empañar la imagen de México.

La lucha por el poder no puede ser como quieren nuestras leyes, diseñadas para santos, no para políticos. Pero los casos más recientes revelan una actitud incompatible con la democracia. Los candidatos quieren ganar como sea, por las buenas o las malas, con actos no sólo ilegales, sino incluso inconfesables en un país, el nuestro, que desprecia la legalidad. ¿Podemos tener democracia sin demócratas? ¿Podemos aspirar a mantener nuestro sistema democrático sin tener una cultura democrática? La respuesta es no, no podemos, no es posible.

La estrategia de picar el ombligo

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Los priistas, con más colmillo, al contrario que los del PAN, personalizaron el enfrentamiento, concentraron sus obuses en César Nava.

Una máxima en la política tendría que ser no picarle inútilmente el ombligo a los adversarios. Cuando, en la política y en la vida, se ataca a alguien con virulencia, se debe tener la certidumbre de la victoria, si sólo se ataca y el adversario no sale afectado, el que terminará vencido es el atacante. En El arte de la guerra Sun Tzu dice que "un ejército victorioso gana primero y entabla batalla después; un ejército derrotado lucha primero e intenta obtener la victoria después". El tema de las grabaciones telefónicas, con todo lo que han desencadenado posteriormente, parece un intento de luchar primero para tratar de obtener una victoria posterior. Y según Sun Tzu esa maniobra está destinada a la derrota.

Veamos lo que pasó en los últimos días: todo comenzó con las grabaciones de Fidel Herrera. Fue un golpe durísimo para el mandatario veracruzano y para la campaña de Javier Duarte, que podría enviar esa elección al TEPJF, independientemente de los resultados del 4 de julio. Pero alguien no se conformó con eso: entonces comenzaron a aparecer como por arte de magia grabaciones de todo el mundo, sobre todo gobernadores priistas, distribuidas con generosidad: algunas con verdadera sustancia, otras con chismes (un saludo a Carlos Marín y mis queridos amigos de Milenio, infamados injustamente), unas terceras simplemente hechizas. El impulsor público de esta estrategia, César Nava, comete dos errores: primero, acepta haber divulgado las grabaciones, aunque luego trata de matizarlo; segundo, en vez de personalizar el hecho, de concentrarlo en una persona o un estado, trata de generalizarlo y todos los gobernadores del PRI pasan a ser sus enemigos y "virreyes" en sus entidades. Comienza la respuesta y la lluvia de demandas de procesos penales o un juicio político contra sus adversarios. Pero el PRI esgrime una carta que puede utilizar: si la Suprema Corte no involucró directamente al secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, en el caso del incendio en la guardería ABC, en un fallo que no gustó en la sociedad, los diputados priistas consideran que entonces ellos pueden avanzar con un juicio político contra el funcionario. Traducido al español: si tú me acusas de corrupto, yo te acusaré de provocar la muerte de 49 niños. No importa si es justo o no, lo importante es que se puede plantear para buscar una respuesta política que a la larga avalará el PRD, porque ya antes había pedido esa misma medida contra el mismo funcionario.

Así planteada la batalla y sin mayor parque mediático luego de que su partido generalizó el ataque en lugar de focalizarlo en el punto más débil de su adversario (Veracruz), el presidente Calderón tuvo que ir al puerto a inaugurar la regata del Bicentenario. Ahí lo recibió el gobernador Fidel Herrera: el Presidente y el mandatario se tomaron la foto juntos. Alguien invitó al gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, sin mayor explicación (¿quizá como enlace entre un buen sector del priismo y el gobierno del que Agustín formó parte?) y, al llegar al buque Papaloapan, el presidente Calderón se encuentra, además, con la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes, que fue invitada, a su vez, por el secretario de Marina, el almirante Francisco Saynes. Y nuevamente el Presidente y la líder del PRI aparecen juntos en la foto. Y todos terminan avalando lo dicho por Herrera de que no es hora para grabaciones ni juicios políticos sino de una conmemoración republicana. Es más, el gobernador aclara que el culpable del espionaje que sufrió no es ni el Presidente ni el secretario de Gobernación, sino el panista César Nava, y lo avalan los demás priistas. Y con eso descontamina el tema.

En otras palabras, los priistas, con más colmillo, hicieron lo contrario que los panistas: personalizaron el enfrentamiento, quitaron del medio al Presidente y el secretario de Gobernación y concentraron todos sus obuses en el líder del PAN, al que, siguiendo los criterios del caso de Carpinteyro, pueden terminar enjuiciando, mientras mantienen bajo la manga la carta del juicio político a Molinar, misma que jugarán de acuerdo a lo que hagan sus adversarios.

Habrá que esperar los resultados electorales, por lo pronto no creo que las grabaciones hayan cambiado en la mayoría de los casos la dinámica de los comicios estatales. Pero el ambiente político ha quedado convulsionado y a partir del 5 de julio las cosas serán mucho más difíciles. Es evidente que la estrategia panista puede haber alterado los ánimos, puesto en el debate muchos temas, pero hasta ahora ha sido neutralizada por los priistas. Dice Maquiavelo que "las armas se deben reservar para el último momento, donde y cuando los otros medios no basten". Pero ni Sun Tzu ni Maquiavelo son best sellers.

Donde manda capitán no gobierna marinero

Fran Ruiz
fran@cronica.com.mx
La aldea global
La Crónica de Hoy

Habría que remontarse 59 años atrás para encontrar algo parecido a lo que ha sucedido esta semana en Estados Unidos. El presidente Barack Obama destituyó el miércoles de manera fulminante a su jefe militar en la guerra de Afganistán, el general Stanley McChrystal, de igual manera que en 1951 el presidente Harry Truman destituyó a su jefe militar en la guerra de Corea, el general Douglas MacArthur; en ambos casos por serias discrepancias públicas con la política presidencial.

Que un presidente de EU recurra a su cargo de comandante en jefe de los ejércitos para mandar a casa a su general en el campo de batalla es algo muy traumático y desmoralizante para las tropas, pero se convierte en un imperativo cuando surge un conflicto de autoridad. La cadena de mando es sagrada en la institución castrense: si un militar desafía a un superior debe ser defenestrado.

¿Qué habría pasado si Truman no hubiera tomado la decisión de destituir a su incendiario general MacArthur, o éste hubiera convencido al Presidente para que le diera permiso para lanzar una bomba nuclear sobre los comunistas en Corea del Norte, o para satisfacer su deseo de emprender una guerra total contra la China de Mao? La respuesta sería un escenario de pesadilla: habría estallado probablemente una Tercera Guerra Mundial, pero en esta ocasión con armas nucleares.

Pero volviendo a la caída en desgracia del general McChrystal, el golpe de autoridad de Obama era la única salida que le dejó tras hacerse público el bochornoso reportaje de la revista musical Rolling Stone, en el que a través de sus asesores y colaboradores cercanos el ya ex jefe de operaciones militares en Afganistán se despachaba a placer contra todo el equipo de Obama con responsabilidad en la actual campaña bélica, recurriendo además a un lenguaje vulgar y chulesco. Esto no lo puede tolerar ningún gobierno: uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia es la absoluta sumisión de las fuerzas militares al poder civil.

En América Latina tenemos demasiados ejemplos tenebrosos de militares descontentos con las autoridades civiles que acabaron dando golpes de Estado. Hugo Chávez es, de hecho, el último ejemplo de militar golpista que, tras fracasar su intentona, se quitó el uniforme castrense para ser elegido como presidente civil y, una vez en el poder, se lo volvió a poner para gobernar Venezuela como si fuera un caudillo autoritario.

Desde luego esta situación no se acerca ni de lejos a lo que acaba de pasar en Estados Unidos; ni siquiera la crisis partió de una falta grave de entendimiento entre Obama y McChrystal sobre la estrategia a seguir en el combate a los talibanes —el presidente accedió a la solicitud del general de enviar miles de tropas de refuerzo—, se trató de un acto de insubordinación consistente en expresar menosprecio a sus superiores civiles: un hecho irresponsable, ya que hablamos de quien debe cuidar y dirigir una tropa de más de cien mil soldados sobre un territorio muy peligroso.

Tan importante fue destituir al indisciplinado general al mando como lo es sustituirlo por el más disciplinado y brillante que tenga y éste no podría ser otro que el mismo que logró estabilizar la situación en Irak cuando el país se hundía en la anarquía y el caos: el general David Petraeus. Quien garantiza con su llegada la continuidad de la actual estrategia, cuyo “Día D” será este otoño, para cuando está prevista la gran ofensiva sobre el mayor feudo talibán, Kandahar, donde Washington y sus aliados esperan cambiar definitivamente la suerte de una guerra que ha durado ya nueve años. Para esta partida se necesita al mejor líder y el general Petraeus lo es.

En juego está que Afganistán tome el sendero de la democracia o se convierta de nuevo en un reino del terror integrista talibán, además de refugio seguro y campo de entrenamiento para Al Qaeda y aspirantes de todo el mundo a convertirse en terroristas suicidas.