junio 29, 2010

Tamaulipas: el voto de la muerte

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

En Tamaulipas no manda el gobernador Ismael Hernández. Tampoco el Congreso estatal. El control político no lo tiene el PRI, y menos el PAN o el PRD. No, el Tamaulipas manda el crimen.

En realidad Tamaulipas es territorio de uno de los más violentos poderes fácticos, conocido por todos como crimen organizado y tipificado como narcotráfico. Y, faltaba más, ese poder fáctico también está presente en los procesos electorales locales; poder que, como ya vimos, amaga con la más cuestionable de las gemelas; la plata o el plomo.

En Tamaulipas los verdaderos votantes, los que hacen valer su peso en plomo son esos poderes fácticos; el crimen y el narcotráfico. Poderes que decidieron adelantar su voto. Y el suyo es —para vergüenza de todos—, el voto de la muerte. ¿Por qué llegar al extremo de matar a un político, candidato al gobierno de Tamaulipas, que tenía el triunfo en la bolsa?

Por eso, porque en Tamaulipas no hay más ley que “la ley de cuerno de chivo”. Y todo aquel político, aspirante a un puesto de elección popular que comete el pecado de oponerse al dictado de los barones de la droga, no tiene otra respuesta que el grito de las balas. Y es que en Tamaulipas el lenguaje del poder es el tableteo de las AR-15 y los cuernos de chivo.

¿Qué van a decir ahora todos aquellos que han emprendido una campaña en contra de la sola idea de que el narcotráfico y el crimen organizado son poderes fácticos que han rebasado al Estado?; sea el Estado nación, sea tal o cual entidad, éste o aquel municipio. En efecto, la estrategia contra las bandas criminales no es la mejor. ¿Pero alguien sabe dónde está la mejor estrategia, en qué país se ha aplicado con eficacia?

Lo cierto es que por doloroso que resulte, en Tamaulipas la novedad no es que el crimen organizado y el narcotráfico hayan matado al candidato Rodolfo Torre Cantú. No, lo verdaderamente novedoso, indignante e imperdonable es que ni los partidos políticos, sus líderes y menos los gobernantes de los tres órdenes hayan querido tomar en serio una amenaza que ha estado ahí —en Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Michoacán— desde hace años.

Resulta indignante, imperdonable que sigan cayendo políticos, civiles inocentes, periodistas, policías, a manos de un poder criminal creciente, mientras que intelectuales, opinantes, aspirantes a poderes estatales o federales, pretenden esconder la realidad del poder de las bandas criminales, bajo la alfombra de sus miserables intereses.

¿Qué nivel quieren que alcance la criminalidad, como para entender que ya es imposible permanecer indiferente al avance de los poderes fácticos que día a día alzan la mira de sus misiles? ¿A quién tienen que matar los barones de la droga y el crimen para que la sociedad toda, las instituciones, perciban el riesgo de un Estado vencido?

Y la mejor evidencia de ese riesgo latente es que todos los políticos tamaulipecos sabían que, por ejemplo, Valle Hermoso es un poderoso asiento del crimen organizado y el narcotráfico, donde fue asesinado apenas hace semanas un candidato a alcalde, y a donde la mañana de ayer se dirigía el candidato Rodolfo Torre Cantú, asesinado.

¿Quién se atrevió a reconocer ese riesgo? Nadie. ¿Por qué? Por miopía política, por mezquindad electoral; porque los políticos y los gobernantes —y uno que otro opinante—, son incapaces de reconocer la realidad, a pesar de que están parados en esa bomba de tiempo que de tanto en tanto estalla bajo sus pies. Y si alguien tiene dudas, basta mirar lo que pasó con el candidato Rodolfo Torre Cantú, y antes con el candidato a alcalde de Valle Hermoso y antes… una lista larga de asesinados.

Hoy todos son dolientes, todos condenan el crimen, todos se dicen indignados, pero mañana todos olvidan. Por lo pronto, en el más vergonzoso ridículo, el Instituto Electoral dice que continúan las elecciones, a pesar de que mataron al que iba a ganar. ¿Quiere decir eso que todos los demás fueron palomeados por los criminales? La clase política mexicana.

EN EL CAMINO

Luego de una borrachera y un escándalo en Sudáfrica, fue echado de Fonatur, Miguel Gómez Mont, hermano de Fernando, secretario de Gobernación. Dicen los mal pensados que es un “escucha Juan, para que entiendas Pedro. ¿Será?

Tamaulipas: asesinatos 'in crescendo'

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

Seis días antes de la jornada electoral de la que muy probablemente emergería como gobernador de Tamaulipas fue asesinado el doctor Rodolfo Torre Cantú. Como principal candidato a la gubernatura su homicidio sacude a esa entidad y pone en cuestión la pertinencia de realizar los comicios el próximo domingo. Pero más allá de ese estado, donde han menudeado las muestras del poderío delincuencial que aterroriza a la gente común, aquel acontecimiento es un nuevo desafío de un poder fáctico, sobrado de armas y de dinero, al Estado mexicano, que estupefacto no acierta más que a enviar condolencias a la familia de la víctima, a su partido y al gobernador tamaulipeco.

Conocida la fragilidad de la procuración de justicia en esa entidad, ya ingobernable, lo menos que puede hacer el gobierno de la República es que la PGR se encargue de la averiguación previa. No es que de suyo la procuración federal de justicia garantice una indagación que concluya en resultados, pero cuenta en este caso con la presunción de que sus recursos de investigación sean más efectivos y no enfrenten los lastres que podían inhibir al Ministerio Público local.

Se da por descontado que el homicidio del candidato y de sus acompañantes fue cometido por la delincuencia organizada. Autorizan a pensarlo los modos de la agresión y los antecedentes. El crimen organizado ha roto la gobernabilidad en todo Tamaulipas. Solemos detener nuestra atención en la frontera, pero en el sur de la entidad, y en el centro; así en los límites con Nuevo León como en la costa, ha habido en los meses recientes matanzas múltiples, asesinatos de alto impacto (como se llama a los que ultiman a personas notorias), campañas de rumores que paralizan a ciudades enteras. Si el asesinato de Torre fuera puramente una agresión delincuencial para desazonar a la población y sacar de quicio a las autoridades, sería un acontecimiento grave. Pero se inscribe en la ya no breve cadena de homicidios de carácter político, que ha inaugurado una nueva forma de interferencia ilícita en la política. El crimen organizado desalienta o de plano aparta del camino a ciudadanos que han sido convencidos de participar en la lucha electoral. Pero hacerlo en vísperas de las elecciones implica la pretensión de influir también en quién sea el candidato priista al gobierno estatal.

Es posible sustituirlo pues el código electoral tamaulipeco, como lo hacen en general las leyes del caso en todas las entidades y la de orden federal, permiten el registro de un nuevo candidato para reemplazar a uno que muera. Pero la persona que designe el PRI no tendrá identidad propia. Hará apenas, hoy y mañana si hay la premura necesaria, dos días de campaña, y el domingo obtendrá votos no a su nombre sino dedicados a Torre. Se produce así, y ése pudiera ser uno de los propósitos del atentado en este momento, un fraude a la democracia, pues los priistas y sus simpatizantes sufragarán por un desconocido o por lo menos por alguien a quien el partido no consideró idóneo en el momento adecuado. Los tamaulipecos ignorarán a quién escogen para gobernador.

La respuesta a esta situación anómala es el aplazamiento de los comicios, por lo menos los de gobernador (ya que se eligen también ayuntamientos y diputados), a fin de que haya una contienda que permita contrastar la personalidad de los aspirantes. La diferición de la jornada electoral no causaría perjuicio al PRI, que según las varias mediciones obtendría el domingo más del 50 por ciento de los votos, en proporción que deja muy atrás a sus contrincantes, pues su ventaja es estructural, viene de su implantación en el estado y de los modos de condicionar el voto que el gobierno estatal ha practicado desde siempre.

La inclinación natural a atribuir al crimen organizado el asesinato de Torre no debería eliminar otras líneas de investigación, como las rivalidades internas. Es cierto que la contienda por la candidatura se resolvió con tersura y que los aspirantes se ciñeron a la decisión del gobernador Eugenio Hernández para hacer de su secretario de Salud (elegido diputado federal para satisfacer los requisitos estatutarios del PRI) el candidato de unidad. El reconocimiento de que esa decisión era inmutable no sólo impidió escisiones (como en Sinaloa y Durango, en que precandidatos priistas abanderan hoy a la oposición), sino que llevó a gestos como el siguiente: uno de los principales aspirantes, el alcalde de Reynosa, Óscar Luebbert, pidió licencia por 36 horas, que se extenderían la tarde ayer y el día de hoy martes, para acompañar a su amigo el senador Manlio Fabio Beltrones, que a su vez haría campaña con Torre Cantú. Pero eliminando a éste a última hora se abriría la posibilidad de que un precandidato preterido a la hora de escoger a quien postularía el PRI fuera finalmente elegido gobernador.

Como quiera que sea, el atentado que cobró la vida del candidato priista y de sus acompañantes cimbra al país entero, aunque sus habitantes en mala hora vayan acostumbrándose a la violencia homicida, ya sea porque la vivan de cerca o porque tengan noticia de ella a través de los medios informativos. No es extravagante el temor, basado en el orden jerárquico que lleva a suponer posible que así como ya se ultimó a un candidato a alcalde y no pasó nada, y se asesinó a un candidato a gobernador y no pasa nada, se alce la mira y en pleno 2012, o con motivo de la contienda de ese año, se atente contra un candidato presidencial.

Cajón de Sastre

Al cumplirse ayer 14 años de la aparición en público del Ejército Popular Revolucionario, esa organización guerrillera y su brazo partidario, el Partido Democrático Popular Revolucionario emitieron un comunicado que no debe ser pasado por alto. Reiteraron su convicción de que no es "la vía pacífica la que conduzca al pueblo de México a restituir derechos ...perdidos durante esta larga noche del neoliberalismo, a pesar de los invaluables esfuerzos que realizan quienes están seguros de poder conseguirlos". Y recordando que comprometieron con la Comisión de mediación una tregua mientras se logra la presentación con vida de dos de sus militantes, advirtieron que ésa no puede "ser una tregua indefinida (pues) aunque hemos cumplido esa petición de la Comed, no se sabe en qué momento el Estado quiera romper la delgada línea de la tregua...".

¿Hasta dónde podría llegar la violencia?

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

Un gran desasosiego se apoderó ayer del país. Existía mucha preocupación por el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, para efectos prácticos el próximo gobernador de Tamaulipas, y seis personas más. Varias personas me preguntaron: ¿Qué va a pasar con México? ¿Hasta dónde va a llegar la violencia?

Quisiera dar una respuesta tranquilizadora, pero no puedo. Me temo que todavía no tocamos fondo en materia de violencia en México. Creo que la situación tiende a agravarse. Ojalá me equivoque. Lo deseo con todas mis fuerzas.

Por desgracia veo a México circulando cada vez más por el mismo camino que recorrió Colombia durante la década de los ochenta, cuando la violencia relacionada con el narcotráfico creció a niveles insospechados. En ese país, tan sólo en la ciudad de Medellín, hubo tres mil quinientos ejecutados en 1986. Los narcotraficantes asesinaron a muchos personajes de alto perfil: un ministro de Justicia, un procurador general, dos candidatos presidenciales y varios periodistas incluido el director del popular periódico El Espectador. También se dedicaron a explotar bombas por todo el país sudamericano. Las más mortíferas fueron la que detonaron a las afueras del edificio del DAS, el órgano de inteligencia colombiano, que dejó más de 70 muertos y la que explotó en un avión de pasajeros en pleno vuelo que mató a 107 personas. El modus operandi del llamado "narcoterrorismo" era claro: ejecuciones, asesinatos a personajes importantes y bombazos.

¿Qué tan lejos está México de este escenario?

En el rubro de ejecuciones, van más de cinco mil en lo que va de 2010. Todo indica que este año llegaremos a las diez mil. Por donde se vea, son números terroríficos.

En cuanto a asesinatos de personajes públicos, en México, hasta ahora, el crimen organizado había ultimado a periodistas y jefes policiacos en algunos estados. En fechas recientes crecieron las ejecuciones de policías federales y miembros de las Fuerzas Armadas.

Por lo que toca a personajes de alto perfil, hace mes y medio secuestraron a Diego Fernández de Cevallos, ex candidato presidencial, ex presidente del Senado y una de las figuras prominentes del PAN. A la fecha, el caso sigue sin resolverse. Un día antes del secuestro de este político famoso, los criminales habían asesinado a Mario Guajardo Varela, candidato del PAN a la presidencia municipal de Valle Hermoso en Tamaulipas. En el atentado, murieron también su hijo y una tercera persona.

Ayer le tocó el turno a Rodolfo Torre, candidato del PRI a gobernador del mismo estado quien, según las encuestas, iba a ganar el próximo domingo por un amplio margen. En esta emboscada perecieron otras seis personas. Se trata, hasta ahora, del asesinato del político de mayor nivel desde que comenzó la guerra en contra de la delincuencia organizada durante este sexenio.

Quedan los bombazos. Aquí hay que reconocer que ha habido casos muy menores en México, sobre todo en cajeros bancarios con artefactos de manufactura casera. Además, ni siquiera existe la evidencia de que estos hechos estén relacionados con el crimen organizado.

En fin, que el asunto de la violencia en México se pone cada día peor. Después del asesinato de Rodolfo Torre el día de ayer, nos queda una sensación de que el país llegó a un nuevo fondo en materia de violencia. La mala noticia es que podría empeorar más, como sucedió en la Colombia de los ochenta. La buena noticia es que, también como ocurrió en aquel país, eventualmente se llega a una situación tan insoportable que Estado y sociedad se juntan para combatir el flagelo de una violencia desbocada.

El descuido que le costó la vida

Francisco Garfias
www.elarsenal.net
Arsenal
Excélsior

¿No le tiene miedo al narco? Preguntamos a Rodolfo Torre Cantú, asesinado ayer en Tamaulipas, durante una cena celebrada hace semanas en la casa de una conocida columnista de la prensa nacional. El candidato del PRI al gobierno de la convulsionada entidad, terreno de disputa entre el cártel del Golfo y Los Zetas, respondió, con voz tranquila: "No"

Hasta entonces, Torre Cantú no había recibido amenazas ni mensajes encriptados. Por lo menos eso fue lo que nos dijo. Hablaba, eso sí, de la necesidad de abrir oportunidades a los jóvenes que no estudian ni trabajan -los famosos ninis- y evitar que sean reclutados por los cárteles de la droga. Pero también de programas de prevención, de multiplicar las canchas deportivas, de darles mejores perspectivas. Nada de llamar la atención.

A pesar de todo, no se excedía en la confianza. Por sus colaboradores supimos que el candidato anduvo siempre en una camioneta blindada. Le gustaba presumir que la suya tenía un blindaje más alto que la que transportaba a Minerva Bautista Gómez, subsecretaria de Seguridad Pública de Michoacán, cuando la emboscaron. Esa camioneta resistió más de 250 balas de alto calibre, y hoy es exhibida como modelo de protección.

Pero ayer tuvo un descuido. Mandó por delante el vehículo blindado. Uno de sus cierres era en Valle Hermoso. La zona es peligrosa. Allí mataron a José Mario Guajardo, candidato del PAN a la alcaldía de ese municipio, apenas en mayo pasado. El comando que lo ejecutó sabía que la camioneta que lo transportaba al aeropuerto no estaba blindada.

A las ocho de la mañana, Torre Cantú habló con una colaboradora que se encontraba en la Ciudad de México. Le avisó, entre otras cosas, que iba a Valle Hermoso. "Allí está muy feo", protestó la mujer. "Hay que ir con todos los tamaulipecos al cierre", replicó el candidato. Pero nunca llegó a su destino. Los criminales dispusieron otra cosa.

* * *

La muerte de Torres Cantú es un parteaguas en la guerra al narco. El Estado está contra la pared. Requiere toda su fuerza para dar una respuesta contundente. El presidente Calderón lo sabe. Reunió ayer de urgencia al Consejo de Seguridad, pero también se comunicó telefónicamente con los dirigentes de los partidos y con coordinadores parlamentarios. Les pidió "cerrar filas" frente al crimen organizado.

No habló con Alejandro Encinas. El coordinador de los diputados del PRD, sin embargo, confirmó la llamada del jefe del Ejecutivo a sus pares, sabe de algunos, pero también a los jefes de los partidos. El diputado está consciente de lo delicado de la situación. Nos hizo notar que, aun cuando su partido no reconoce a Calderón, nunca ha regateado, ni lo hará, cambios a las leyes, o un mayor presupuesto, cuando de combatir al narcotráfico se trata. "No entiendo la señal ni tengo claro hasta dónde quieren llegar (los narcos). Pero esto no se puede quedar así. Hay que sentarse a discutir una estrategia. El tema requiere de la seriedad de todos", puntualizó el legislador amarillo.

* * *

"Fue un contragolpe a Beatriz Paredes", repuso Fernando Belaunzarán, delegado del PRD en Tlaxcala, al explicar las razones que llevaron a Minerva Hernández, candidata del amarillo al gobierno de la entidad, a la polémica decisión de declinar a favor de la abanderada del PAN, Adriana Dávila Fernández.

El hombre asegura que la dirigente nacional del PRI, originaria de Tlaxcala, utilizó los instrumentos a su alcance, incluida la cooptación de perredistas, para que la senadora con licencia declinara, sí, pero a favor de Mariano González Zarur, abanderado del tricolor. "Hubo ofertas muy fuertes en ese sentido", asegura el ex ceuista.

Parar en seco a Beatriz era de capital importancia para Los Chuchos. No podían permitir que se declinara a favor del candidato del PRI en Tlaxcala. Hubiese significado un grave revés a la política de alianzas de la dirigencia nacional. Simplemente quedarían en ridículo.

Fue entonces que convocaron a una "reunión de emergencia" para tomar decisiones internas. La encabezó Jesús Ortega, dirigente nacional del partido. Se realizó el pasado viernes en la casa de Minerva en Tlaxcala. La "acción grosera" de Paredes -así la calificó Belaunzarán- no dejaba otro camino.

Los perredistas pactaron al día siguiente con el PAN. El anuncio levantó mucho polvo. Belaunzarán jura que una "minoría" de perredistas quisieron aprovechar el río revuelto para llamar a votar por Mariano, pero el grueso respaldó la polémica decisión que, asegura, implica un cogobierno, en caso de que Díaz alcance el triunfo.

www.elarsenal.net

http://panchogarfias.blogspot.com

El salto

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Con el asesinato del candidato priista al gobierno de Tamaulipas, el crimen organizado puede haber dado un paso en el camino de su destrucción. Ese camino pasa por un momento decisivo de opinión pública y otro de unidad política.

El momento de opinión pública es que la gente tiene que convencerse de que el enemigo no es el Estado que falla en dar seguridad, sino los criminales que la ponen en jaque.

Esto no sucede cabalmente, sino hasta que los criminales empiezan a disparar ya no sólo contra ellos mismos o contra representantes del gobierno, sino contra representantes de la sociedad.

Antes de que la sociedad colombiana se volviera como un solo hombre contra los barones del narcotráfico, estos mataron candidatos presidenciales y pusieron bombas en lugares públicos.

El momento de unidad política se refiere a que, a fuerza de tener bajas en todos los frentes políticos, la batalla por la seguridad pública deja de ser la agenda de un gobierno o un partido y se vuelve el compromiso indiscutible de todos los gobiernos y todas las fuerzas políticas.

Ninguna de las dos cosas ha sucedido todavía en México. El atentado de Tamaulipas puede acercar ambos momentos.

La violencia criminal ha dado un salto cualitativo. La opinión pública y las autoridades del país deben darlo también, cerrando filas en el rechazo y en el combate al crimen organizado.

Es el único enemigo común que tienen hoy los mexicanos. Sociedad y gobierno deben agruparse sin titubeos contra él.

Por lo pronto, las elecciones del domingo en Tamaulipas debieran volverse un plebiscito ciudadano contra la violencia en general y contra el crimen organizado en particular.

Desconocemos lo que buscan los criminales que ejecutaron al candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, inminente triunfador de esas elecciones. Sabemos sólo que han disparado contra un bien de todos, que
es el proceso electoral.

Sin dudar un momento, autoridades, partidos y ciudadanos deben rechazar toda posibilidad de suspender o aplazar las elecciones. Por el contrario, deben cerrar filas en inducir una votación sin precedentes en defensa de sus derechos políticos.

De las elecciones del domingo deben salir gobernantes y representantes con un mandato abrumador. Es el único acto de valor que puede exigirse de los ciudadanos desafiados por el crimen: el valor cívico de votar como nunca, elegir como nunca los caminos de la ley y la democracia.

Crimen organizado; crimen político

Rafael Cardona
racarsa@hotmail.com
El cristalazo
La Crónica de Hoy

En la extraña lógica de atribuir un crimen político a quien de él se beneficia, no hay ningún beneficiario del múltiple homicidio de ayer en Tamaulipas. Todos perdemos.

Pierde el país por la evidencia del desastre en medio de la tormenta supuestamente controlada.

El pasado día 3 de este mes, en la inauguración en la XXVIII Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el presidente Felipe Calderón dijo entre otras cosas:

“¿Qué teníamos que hacer?

“Teníamos que desplegar a las fuerzas federales para apoyar con todo el poder del Estado, como insistentemente he dicho, a las autoridades locales, precisamente, en esos lugares donde estuviesen más amenazadas por la acción de los criminales…

“Quiero subrayar, señoras y señores, que el gobierno federal ni pretende ni debe sustituir de manera permanente la tarea que en cada municipio y en cada estado debe realizarse para proteger a la población.

“…Sé que hay quienes cuestionan la participación de las fuerzas federales, y en particular de las fuerzas armadas, en estas acciones. Sin embargo, vale la pena recordar, primero, que también es responsabilidad de las fuerzas armadas no sólo salvaguardar la soberanía exterior del país, sino, constitucionalmente se establece, salvaguardar la seguridad interior de la nación.

“…que la virulencia con la que estaban actuando ya las organizaciones criminales hacía imperativo hacerles frente con determinación y con una fuerza superior a las organizaciones criminales, que sólo puede provenir, por ahora, de las fuerzas armadas. Así es como estamos combatiendo al crimen organizado en las zonas más asediadas por la delincuencia, y también lo estamos haciendo con determinación en todo el resto del país”.

Por desgracia ayer este modelo protector no fue suficiente para impedir un múltiple asesinato, el cual por la condición política del principal objetivo de la masacre, el candidato seguramente ganador, Rodolfo Torre Cantú, nos traslada de inmediato a otra circunstancia.

Si ya la violencia había llegado a la esfera política cuando en mayo pasado fue muerto a tiros Manuel Gallardo, candidato panista a la alcaldía de Valle Hermoso y antes en Guerrero, al morir asesinado Armando Chavarría Barrera, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso estatal y seguro ganador del próximo gobierno (PRD), hoy este crimen nos obliga a meditar en distintos planos.

¿Es este ominoso caso un “mensaje” del crimen organizado? Quizá, pero ¿a quién? No puede ser sino a las autoridades federales con grave daño a la autoridad moral y política del gobierno estatal. Imposible además desligar estos hechos del ambiente de “guerra sucia” y de abierta beligerancia contra el Partido Revolucionario Institucional.

No insinúo nada, planteo una hipótesis.

¿No les conviene a los delincuentes organizados cuyo imperio ha sido amenazado por el gobierno cometer este tipo de crímenes para acrecentar el odio entre los partidos, aumentar la confusión y generar la anarquía?

Si esa tesis pudiera valer, también valdría otra: en las actuales condiciones de violencia generalizada es muy sencillo cometer un crimen y adjudicárselo automáticamente a la vasta, ubicua y nunca definida “delincuencia organizada”.

Pero como sean las cosas su origen y paternidad deben quedar debidamente esclarecidos mediante una investigación suficiente y convincente. La PGR ha declarado su intención de mirar las pesquisas en las manos de la autoridad local, como si se tratara de un asesinato más entre los muchos de cada día en esa zona fronteriza.

Es un grave error y, aun más, una contradicción de las palabras presidenciales de ayer por la tarde:

“…En el caso concreto —dijo FCH— trabajaremos en plena coordinación con el Gobierno del Estado de Tamaulipas para el esclarecimiento de estos hechos y en total apoyo a lo que decidan, tanto las autoridades electorales de esa entidad como el Partido Revolucionario Institucional y los demás partidos que postulaban, precisamente, a este candidato.

“El crimen organizado nunca conseguirá sus objetivos. No conseguirá vencer nuestra fe en la democracia, ni doblegar nuestra confianza en el futuro de México”.

Por lo pronto la consabida retahíla de condolencias, pésames y acciones poslíricas, como la suspensión de las campañas panistas en Tamaulipas, no sugiere ni permite prever absolutamente nada. La investigación de estos asesinatos son una prueba de fuego para saber si en verdad se quieren hacer labores conjuntas de investigación y lucha contra el delito, o se trata nada más de una pose pasajera como todas, cuya continuidad se verá diluida cuando el gallo haya cantado tres veces.

Hoy como nunca las autoridades electorales hacen suyo aquello de continuar con la función. Hasta la hora de redactar estas línea no se había decidido cambiar la fecha de las elecciones ni hacer nuevas boletas. Los plazos legales, ¿sabe usted?

¿A quién es el mensaje?

Carlos Loret de Mola
Historias de un reportero
El Universal

Rodolfo Torre Cantú era el médico de cabecera del gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores. Atendía a él y su familia cuando una enfermedad asaltaba el hogar desde antes de que vivieran en la Casa de Gobierno de Ciudad Victoria.

Esa confianza de médico particular hizo que Hernández Flores le nombrara al frente de la Secretaría de Salud local, de ahí lo impulsara a una diputación federal y terminara dirigiendo la sucesión estatal para que él fuera no sólo el candidato del PRI sino “el tapado” al más puro estilo priísta de todos los tiempos, pues en Tamaulipas —como en no pocos estados del país— ser oposición es una labor testimonial frente al poder omnipresente, aplastante, antidemocrático del gobernador y, particularmente, de los cárteles de la droga que terminan mandando.

Torre Cantú llevaba una amplísima ventaja en todas las mediciones —era virtual gobernador electo— y se perfilaba como siguiente gobernador de un estado en el que de manera dramática se manifestaba la debilidad institucional frente a las mafias del narcotráfico.

El 25 de noviembre de 2009, en la columna “Narcotamaulipas” de Historias de Reportero, advertíamos que el gabinete de Seguridad Nacional del presidente Calderón ubicaba a esta entidad como aquella en donde el crimen organizado había logrado más penetración: “los empresarios han huido de Tampico, en Reynosa los principales informantes del crimen organizado son taxistas, en Victoria la droga la venden amas de casa en barrios populares, en Nuevo Laredo los ciudadanos viven con miedo a hablar. En Tamaulipas más que el Presidente, el gobernador o los alcaldes, manda el narco, y no lo duda nadie”.

“Durante la gestión de Manuel Cavazos Lerma entraron, con Tomás Yarrington se expandieron y con Eugenio Hernández se adueñaron. Cuando Fox, era el sitio más violento de México. Ahora, con el presidente Felipe Calderón, no matan tanto porque ya mandan más... que a nadie le quepa duda: el dinero del narco entrará a las campañas en Tamaulipas”, se redactó entonces.

Así pues, el diagnóstico fue que un cártel manda en Tamaulipas por encima del poder político y el gobernador no representaba para estos criminales ninguna amenaza. Alguien no quiso dejar las cosas como estaban. ¿El gobernador entrante? ¿El cártel que reinaba? ¿Un cártel rival? ¿El gobernador en funciones que aún ejercía el control político a plenitud? ¿Un nuevo arreglo? ¿Un desarreglo? Lo demás fue balacear la camioneta del futuro gobernador que ni blindaje tenía.

Síntoma del desconcierto institucional fue que una vez conocida la ejecución, se multiplicaron las comparecencias ante los medios de comunicación de autoridades estatales y federales para expresar su condena, hacer llamados a la unidad, manifestar su preocupación y otras reacciones de cajón, pero sin ninguna luz para informar qué fue lo que ocurrió, en qué circunstancias, por qué.

¿El narco vota? ¿El narco veta?

SACIAMORBOS. La ejecución puede ser el desempate.

De la fiesta a la tragedia

Federico Reyes Heroles
Reforma

En el 2000 la esperada alternancia extendió un velo sobre las malformaciones del sistema electoral. Cierto embrujo y un vano orgullo hicieron pensar que la democracia mexicana se había consolidado. Hubo fiesta. Las normas y las instituciones parecieron haber sido diseñadas para tal situación que en realidad fue el mejor escenario: ganaba el opositor, Fox, por un cómodo margen. Nunca sabremos qué hubiera ocurrido si Labastida hubiera ganado por un margen muy estrecho. ¿Hubiera la decisión del IFE sido aceptada sin más miramientos? Pero la tersura en la transición no sólo se debió a las normas e instituciones, los actores políticos estuvieron a la altura, el derrotado y sobre todo Ernesto Zedillo que actuó como estadista, ellos fueron una parte central de la alternancia. Hoy sabemos que actores así fueron excepción. Las mismas normas e instituciones con actores irresponsables pueden producir el caos.

En el 2003 desde la Presidencia Fox decidió apoyar sin miramientos a su partido. La tentación de eliminar al PRI siempre estuvo presente y las elecciones intermedias eran una buena ocasión para asestarle otro golpe a ese partido. Quitarle el freno al cambio recibió un espaldarazo de millón y medio de spots que terminaron con un auténtico ultimátum del IFE, ultimátum que fue acatado poco tiempo antes de que terminara la campaña. El daño estaba hecho. Ese actor central boicoteaba el espíritu de equidad democrática. Fue el primer anuncio de que las cosas se podrían descomponer, que los amarres no eran tan fuertes como lo habíamos creído tres años antes. Llegó el tortuoso proceso de desafuero contra AMLO que polarizó a la sociedad mucho antes de las elecciones. Ya erigido en víctima y radicalizando su discurso el opositor cultivó un encono que encontró en el cerradísimo resultado electoral del 2006 el escenario ideal para impugnar a las instituciones. Un alto porcentaje de la población consideró que las elecciones habían sido fraudulentas. Los actos violentos de protesta quedaron como una imagen emblemática del fracaso de ese proceso electoral. Qué lejos se miraba la fiesta del 2000. De ahí venimos.

La contrarreforma electoral del 2007 nos mostró que los tres principales partidos políticos podían ponerse de acuerdo para mutilar a las instituciones, como ocurrió al remover a los consejeros electorales del IFE. El cinismo se había apoderado de esos actores. En su afán de revancha, la contrarreforma cercenó además libertades individuales y puso al elector como nunca a merced de los medios. La llamada "spotización" ahogó al ciudadano. La expresión "partidocracia" se volvió imprescindible para explicar la realidad mexicana. En el 2009, con movimientos como el del voto nulo, se mostró un claro agotamiento de las reglas del juego y una brutal lejanía del elector y sus representantes. La descomposición se hizo evidente, la fiesta democrática del 2000 pertenecía a la prehistoria. La crisis del sistema electoral quedó desnuda frente a los ciudadanos. Así llegamos al 2010.

Independientemente de los resultados, las elecciones del 2010 son ya un fracaso. En el amasijo hay de todo. Candidatos asesinados (me entero en este momento de lo ocurrido en Tamaulipas), otros amenazados de muerte; atentados en contra de instalaciones partidarias y electorales; subordinación grosera de ciertos institutos electorales estatales a los gobernadores con las consecuentes decisiones parciales e injustas; uso burdo de recursos públicos estatales; imputaciones de programas federales con sesgos políticos; un candidato a gobernador detenido durante la campaña por posibles ligas con el narcotráfico. Por si fuera poco vemos al presidente del PAN haciendo uso de grabaciones ilegales sin consecuencias jurídicas. También la muy loable desaparición de la tenencia usada por el presidente de la República para impactar en la elección. Un ambiente saturado de maledicencias y sospechas; irresponsables imputaciones de contubernios entre ciertos medios y los partidos, el desfile de desfiguros no tiene fin.

Habrá quien afirme desde la comodidad del escepticismo que todo esto es normal pero, ¿de verdad lo es? Varios aspectos resaltan. El primero es la violencia, asesinatos, amenazas, atentados y agresiones. El segundo es la presencia del narco en la vida política del país. Cuesta trabajo creer que el PRD no supiera de los antecedentes de su candidato en Quintana Roo. Se trata de un enemigo común que, sin embargo, no recibe ese trato. México está amenazado, no es metáfora. Tercero, el evidente desfase entre la calidad de la democracia federal con todas sus carencias y la verdadera mofa de algunos procesos estatales. Habría que pensar en la federalización, no hay margen. Cuarto, el desvanecimiento de los principios, el travestismo es ya generalizado. Quinto, la falta de ética de los actores sin la cual ninguna institución es viable. Última llamada antes del 2012. Que rápido pasamos de la fiesta a la tragedia democrática.

El asesinato de la desestabilización

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

El candidato del PRI en Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, fue asesinado en una emboscada a seis días de los comicios estatales mismos que, según las encuestas, ganaría con mucha amplitud. En la emboscada también fallecieron varios de sus colaboradores. El asesinato del candidato abre una crisis política, institucional y de seguridad en un ámbito que no conocíamos en tiempos recientes, volvemos a estar ante el espectro de 1994, quizás con otros actores pero con un escenario que resulta muy similar aunque ahora mucho más violento y generalizado.

Rodolfo Torre Cantú era un político local con fuerte presencia, había sido coordinador de los diputados de su estado pero era médico de profesión y había sido un reconocido secretario de Salud del gabinete de Eugenio Hernández. No se le conocían, no había información oficial ni extraoficial de relaciones de Torre Cantú con el narcotráfico. Se le consideraba en ese ámbito un candidato limpio en un estado plagado de sospechas y acusaciones. Tamaulipas está en medio de una feroz batalla entre cárteles que hasta hace unos meses eran aliados.

Desde que Osiel Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos comenzaron las versiones de que el ex jefe del cártel del Golfo podría estar colaborando con las autoridades del otro lado de la frontera. Su proceso en Houston, que fue cerrado, sin testigos, y la condena que se le aplicó, relativamente leve, de 25 años de cárcel, sumado al hecho de que no está registrado su ingreso a ningún reclusorio en la Unión Americana, alimentaron esa versión. Lo cierto es que, desde la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre, se desató una feroz lucha entre los sucesores de Osiel Cárdenas, identificados con el cártel del Golfo, quienes habrían realizado una alianza con el cártel del Pacífico que encabeza JoaquínEl ChapoGuzmán, con Los Zetas, que encabeza Heriberto Lazcano, y que se habían quedado con el control de la organización luego de la extradición de Cárdenas. La lucha ha sido increíblemente violenta en un estado donde, en particular Los Zetas, pero no sólo ellos, han jugado siempre muy fuerte sus cartas políticas. En esta ocasión, hayan sido ellos o sus adversarios los autores del atentado contra el candidato priista, saben que están generando un proceso de desestabilización inocultable.

En estos comicios la intervención y las denuncias de involucramiento del narcotráfico han sido más intensas que nunca antes. Pero lo que sigue llamando profundamente la atención es que los actores políticos denuncian a sus adversarios por sus reales o supuestas relaciones con esos grupos, pero ninguno de esos actores asume que se requiere una estrategia común para combatir el crimen organizado y frenar su penetración en la política, la economía, los ámbitos de poder. Por eso no hay respuestas, por eso no se pasa, del lamento por lo sucedido, a acciones concretas.

No nos extrañemos, porque no es la primera vez que ocurre. En los hechos que se dieron en 1993 y 1994, el proceso desestabilizador fue llevado de la mano por los grupos criminales, pero la vertiente del narcotráfico nunca quiso ser investigada ni en el asesinato de Luis Donaldo Colosio ni en la de José Francisco Ruiz Massieu. Y en ambos casos había datos que establecían una relación de esas muertes con el crimen organizado en Tamaulipas, en aquellos años con un cártel del Golfo encabezado por Javier García Abrego. En el caso de Colosio,nunca se investigó a fondo lo que ocurrió cuando el entonces candidato priista hizo retirar de una cena de apoyo en Monterrey a Humberto García Abrego, hermano y operador del jefe del cártel; tampoco se investigó la relación que podría tener Mario Aburto con una banda entonces muy poderosa en esa zona de la frontera, Los Texas, y ni siquiera el dato, que no dejaba de ser extraño, de que el revólver Taurus, con el que Aburto mató a Colosio, había sido registrado por última vez precisamente en Tamaulipas, de donde había desaparecido, para aparecer en Tijuana casi dos años después.

En el caso Ruiz Massieu las relaciones eran más evidentes. El entonces coordinador de los diputados del PRI fue asesinado por Daniel Treviño, un hombre tamaulipeco que se quiso hacer pasar como de Guerrero, fue contratado por personas cercanas a Manuel Muñoz Rocha, aquel diputado del que nunca se ha vuelto a saber, desde septiembre de 1994. Nunca quedó en claro el porqué de ese asesinato y la investigación que en su momento realizó Pablo Chapa Bezanilla buscó alejarla todo lo posible de la vertiente del crimen organizado, como aquel tristemente célebre fiscal hizo también con el caso Colosio.

Estamos, con todas las diferencias históricas, pese al tiempo transcurrido, en un contexto similar, de violencia y desestabilización, al que vivimos en 1994, pero ahora mucho más radicalizado. Entonces no se tomaron ni las previsiones ni se asumieron las enseñanzas. Tropezamos otra vez con la misma piedra, que siempre ha estado ahí y siempre hemos querido ignorarla: se llama narcopolítica.

Democracia moribunda

León Krauze
leon@wradio.com.mx
Epicentro
Milenio

Uno puede darle todas las vueltas retóricas que quiera, pero los mexicanos debemos enfrentar una verdad incontrovertible: nuestra democracia está muriendo. El proceso electoral de 2010 no deja lugar a dudas. La violencia (que ayer lo cambió todo), el cinismo político-electoral de los gobiernos estatales, la complicidad de muchos medios locales, el surgimiento de la forma más virulenta de las campañas de desprestigio y la falta absoluta de reglas que realmente persiga estos excesos están llevando nuestra democracia a su agonía.

¿Qué tan grave es el problema? Basta darle una vuelta a los estados donde el domingo se disputará la silla del gobernador. La campaña en Sinaloa ha sido una vergüenza. El gobierno priista de Jesús Aguilar ha inclinado los dados a favor de su delfín Jesús Vizcarra, un hombre sospechoso de tener vínculos con el narco en un estado asolado por la presencia criminal. El instituto electoral sinaloense ha jugado el papel de cómplice con gran pericia, haciéndole la vida imposible al candidato de la oposición, metiéndose hasta con su nombre y protegiendo al candidato del PRI de un debate público que podría haberlo dañado. Todo, en contubernio con los medios locales, que ni ven ni oyen lo que para la sociedad es evidente. Algo parecido ha ocurrido en Hidalgo, donde Xóchitl Gálvez ha enfrentado un evidente boicot en los medios de comunicación (eso, y no otras versiones absurdas, es un cerco mediático). Entre groserías, descalificaciones e injusticias, Gálvez ha tenido que nadar contra la corriente. Algo similar se ha visto en Puebla con el candidato opositor Rafael Moreno Valle. Fiel a su acostumbrada desfachatez, Mario Marín ha volcado toda su maquinaria para inclinar el tablero a favor de su candidato. Desde el principio de la campaña, el gobierno poblano ha amenazado e intimidado a la oposición mientras seduce, a punta de despensas y favores, al más puro estilo del dinosaurio, a los votantes. ¿Y qué decir de Oaxaca y Veracruz? Las grabaciones dadas a conocer hace unos días son reprobables y quizá, pero también son de agradecerse: ofrecieron una invaluable radiografía del México donde la transición democrática es sólo promesa. Los dichos de Fidel Herrera y Ulises Ruiz merecen un sitio en los anales del deshonor mexicano. El calibre de soberbia e impudor que despliega Herrera se explica sólo desde la presunción a priori de impunidad: se siente “en la plenitud del pinche poder” porque sabe que nadie puede, realmente, llamarlo a cuentas. Lo mismo ocurre con el procaz gobernador oaxaqueño, quien se da la libertad de planear sucia estrategia electoral y hasta negociar “pendientes”, porque supone que, en este México donde la democracia está muriendo, nadie se atreverá a perseguirlo. Y de ahí el asombroso cinismo priista después de conocerse las grabaciones. Lejos de manifestar una genuina preocupación por el asalto a la democracia mexicana evidente en las grabaciones, la cúpula priista optó por descalificar el método, y mucho pero mucho peor, sugerir que la divulgación del cochinero de su partido era sólo una distracción. “Que se investigue, que se investigue”, dicen con una mezcla de prepotencia y hartazgo que, a mí entender, revela la misma suficiencia que todos escuchamos en las voces de los gobernadores de Oaxaca y Veracruz.

Evidentemente, este no es un asunto exclusivo del PRI. El PAN y el gobierno han degradado el discurso político, poniendo en riesgo, gracias a su violenta estrategia electoral, cualquier posibilidad de negociación en los dos años que quedan de calderonismo. La culpa, en suma, es de todos. La persecución del poder se ha convertido en un auténtico agujero negro en nuestro país, capaz de engullir aquello mismo que le da vida: la sociedad mexicana. Lo ideal sería que los votantes castigaran esta porquería. Probablemente no lo harán. Tocará a la clase política verse al espejo y plantearse un cambio profundo que incluya maneras de embridarse. Si no lo hace, el riesgo del autoritarismo, nuestro gran fantasma, volverá a rondar las calles mexicanas. Esta vez será difícil hallarle un antídoto.