julio 23, 2010

'IFE' por Paco Calderón

Terrorismo a debate

José Antonio Crespo
Horizonte político
Excélsior

El problema con el coche bomba es que representa un escalamiento del nivel de violencia utilizada por los capos.

Se entiende que el gobierno mexicano busque minimizar el estallido del coche bomba en Ciudad Juárez, porque quiere evitar la percepción de que las cosas se le están yendo de control. De ahí el debate sobre cómo tipificar e interpretar dicho ataque. Tiene que ver también con la correcta ubicación de la etapa en la que se halla el "combate por la seguridad", y de la proyección que de ello surge a nivel internacional. Y es que, mientras crece la escalada de violencia, Estados Unidos toma medidas cada vez más severas contra la migración, que terminan por afectar a nuestros ciudadanos y a todo el país (para no hablar del comercio y del turismo fronterizos).

De ahí que nuestro embajador en Washington, Arturo Sarukhan, se esfuerce por reducir el impacto político y mediático de ese ataque en Estados Unidos. Dijo en el Congreso norteamericano que no se quiere "esconder bajo la alfombra el tema de la violencia (sino) poner en contexto la violencia, mostrar que es focalizada" (20/VII/10). Es racional poner las cosas en su justa proporción, pues la magnificación de la violencia es frecuente, y el daño político de ello, considerable. Dice el diplomático que para definir el terrorismo debe considerarse contra quién se dirige el ataque: sólo si va contra los ciudadanos se puede hablar de terrorismo, afirma él. Quizás el coche bomba en efecto no haya sido dirigido contra los ciudadanos, sino contra policías federales. Pero otros actos, como los granadazos en Morelia o las ejecuciones de menores en las afueras de su escuela en varias ciudades del norte o los recientes granadazos en Nuevo Laredo y en Guadalajara, esos sí contra ciudadanos, serían terroristas. Dice por su parte Carlos Pascual, contraparte de Sarukhan, que tampoco es terrorismo pues los atacantes no pretenden adueñarse del gobierno. Ese tampoco es un criterio válido en la definición. Y el subsecretario de Gobernación, Roberto Gil, agrega otro criterio más: la frecuencia y sistematicidad de los ataques, por lo cual considera lo de Juárez como un incidente aislado.

El problema con el coche bomba es que representa un escalamiento del nivel de violencia utilizada por los capos. Coches bomba se utilizaron en Colombia en el pináculo de la narcoviolencia, y también en la resistencia patriótica y terrorista de Irak. De seguirse por ahí, el pánico ciudadano (sea o no el propósito de los capos) irá al alza. Como lo señala, Alfredo Rangel, experto colombiano en el tema: "En Colombia esas primeras explosiones fueron el inicio de una oleada de narcoterrorismo que provocó mucha conmoción e impacto en la sociedad y ocasionó una dinámica política muy preocupante para el Estado. Los ciudadanos reclamaban cada vez más airadamente protección al Estado o, en caso de no poder garantizarla, un diálogo con los narcotraficantes a efecto de otorgarles concesiones, con tal de que cesara esa violencia homicida que de manera indiscriminada estaba afectando a la población. Con lo cual pusieron en un dilema muy complicado a las autoridades, que no podían ni controlar el narcoterrorismo ni ceder a las exigencias de los criminales" (17/VIIl/10). Eso, me parece, es lo más relevante del hecho.

Al negarse las autoridades mexicanas a llamarle a lo sucedido en Ciudad Juárez "terrorismo", dicen apegarse estrictamente a la definición legal. Y algunos legisladores afirman que debe tipificarse el terrorismo, pues al no estarlo en nuestra normatividad no puede penalizarse ese tipo de acciones que podrían serán más frecuentes a partir de ahora. Pero bastaría con que gobernantes y legisladores leyeran la legislación vigente para que se percatasen de que la figura ya existe, y despeja las dudas sobre cómo caracterizar el estallido en Juárez (y otros actos terroristas que no quieren ser reconocidos como tales). El Código Penal Federal, en su artículo 139 tipifica como "terrorismo" los actos que utilicen "explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio, cosas o servicios al público, que produzcan alarma, temor, terror en la población. (sean) para perturbar la paz pública o tratar de menoscabar la autoridad del Estado, o presionar a la autoridad para que tome una determinación". Como puede verse, en la definición legal de terrorismo no se considera si el ataque va dirigido sólo a ciudadanos, si los perpetradores quieren acceder al poder o si son ataques múltiples y sistemáticos. No hay duda, pues, de lo que el coche bomba significa, ni de lo que enfrentamos. El problema radica en definir cómo enfrentarlo eficazmente.


Calderón y el 2012

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Comparto con muchos la preocupación y la pregunta de hasta dónde llegará el presidente Calderón para lograr que el candidato del PAN, su candidato, gane las elecciones presidenciales de 2012.

Un Presidente empeñado en ganar a toda costa es un riesgo por el que el país ha pagado costos altos en su historia remota y en la reciente.

Humana y políticamente es imposible pensar en un Presidente que no se meta en eso, que no cargue los dados y juegue a favor de su partido y su candidato.

De hecho, los presidentes no pueden gobernar hasta el final del año si no tienen candidatos creíbles de su lado. Los presidentes que no venden futuro no tienen presente.

Y un candidato creíble como ganador de las elecciones es una forma de vender futuro, de advertir a los competidores que los siguientes años también pueden ser favorables para el Presidente, aunque no esté en el poder. Los competidores tratan con un Presidente disminuido pero no acabado, un Presidente, a pesar de todo, con algo de futuro.

En el nivel federal hay suficientes candados legales e institucionales para limitar la ingerencia presidencial en las elecciones. Pero nada hay legislado sobre la razón mayor por la que el electoralismo presidencial puede costarle realmente caro a la República, a saber: la posposición de decisiones difíciles, cuya puesta en práctica lesionaría la popularidad del candidato oficial.

Para el Presidente, el camino al triunfo del 2012 tiene tres tiempos.

El primero es disminuir la posición del PRI, en particular la de Enrique Peña Nieto, el único candidato que parece invencible por ahora y cuya merma emparejaría la competencia para los otros tiradores, incluido el candidato del PAN.

El segundo tiempo es hacer ganar dentro del PAN al candidato de las preferencias presidenciales.

El tercer tiempo es hacer ganar a ese candidato las elecciones de 2012.

La pregunta es cuánto esfuerzo y cuántos recursos del gobierno está dispuesto a empeñar en esos tres tiempos el presidente Calderón y dónde pintará su raya.

Hay versiones de que no se ha detenido prácticamente en nada a la hora de apoyar las alianzas contra el PRI en las elecciones pasadas, y que eso, multiplicado, es lo que hará en el 2012. Pero éstas son versiones por su mayor parte salidas del PRI y no han dado paso a ninguna queja formal, ni siquiera a un relato circunstanciado de los excesos.

La pregunta y la preocupación siguen ahí: ¿hasta dónde llegará el Presidente en su compromiso con su candidato presidencial?

Me temo que lejos, y no soy el único.

Levanta SME huelga de hambre en el Zócalo

Martín Esparza, líder del SME, indicó que en el acuerdo firmado por el titular de Gobernación ”en los próximos días se nos deberá de entregar la toma de nota a los 26 miembros del Comité Central”.

México.- La Secretaría de Gobernación y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alcanzaron un primer acuerdo político que consiste en reconocer a la dirigencia sindical, con lo cual se levanta la huelga de hambre colectiva en el Zócalo.

Martín Esparza, líder del SME, confirmó esta madrugada que tras su encuentro con el titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, se acordó además establecer una mesa de negociación “al más alto nivel” Segob-STyPS-SME, el próximo lunes en la sede de la dependencia.

“Se logró abrir una puerta que nos permita alcanzar un acuerdo integral”, afirmó Esparza, al precisar que el acuerdo tiene como objeto “revisar y concretar las alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro”.

En el discurso que dio a los sindicalistas reunidos en el Zócalo, indicó que en el acuerdo firmado por el titular de Gobernación ”en los próximos días se nos deberá de entregar la toma de nota a los 26 miembros del Comité Central”.

Además se acordó, de acuerdo a Esparza, recuperar las cuotas sindicales y “avanzar con paso firme hacia la recuperación de nuestra fuente de trabajo. Hoy la palabra liquídense primero ya no existe”.

"Hoy la palabra liquidación quedó atrás y toda la unidad para encontrar y resolver una demanda de usuarios en el Distrito Federal y cambiar las condiciones de continuidad del servicio", dijo Esparza en alusión a su propuesta de lo que ha llamado corregir las fallas en el servicio en la zona de atención que prestaba Luz y Fuerza del Centro (LyFC)”.

Gastos del Bicentenario y Centenario

Arturo Damm Arnal
arturodamm@prodigy.net.mx
La Crónica de Hoy

(Segunda y última parte)

En la primera parte de esta serie pregunté si el gobierno debe obligar a los contribuyentes a entregarle parte del producto de su trabajo para financiar la organización de festejos, cualesquiera que estos sean, y respondí que no, ya que el cobro de impuestos, para tales fines, no pasa de ser un robo con todas las de la ley, que, en las naciones bien ordenadas, expresión de Mirabeau, está prohibido por ley.

Armado mi alegato en contra de la organización gubernamental de los festejos del bicentenario de la Independencia y centenario de la Revolución, organización gubernamental de tales festejos que supone el cobro de impuestos para financiarla, pregunté si el mismo, y me refiero al alegato, quiere decir que estoy en contra de que se festejen los doscientos años de la Independencia y los cien de la Revolución, pregunta a la cual respondo con un rotundo no. No estoy en contra de que, quien tenga algo que festejar, organice la fiesta el 16 de septiembre y/o el 20 de noviembre, financiando de su bolsillo los gastos correspondientes. A lo que me opongo, ¡cómo si mi oposición sirviera de algo!, es a que el gobierno obligue a los contribuyentes a entregarle parte del producto de su trabajo para, con parte de esa parte, financiar la organización de los festejos oficiales del Bicentenario y Centenario, lo cual supone de los males (cobro de impuestos) el peor (para financiar fiestas).

Supongamos, para entender mejor mi posición al respecto, que su vecino, lector, va a festejar tanto el 16 de septiembre - ¡Viva la Independencia! -, como el 20 de noviembre – ¡Arriba la Revolución! -, y esos festejos le supondrán ciertos desembolsos y , para enfrentarlos, a punta de pistola, le obliga a usted todas las mañanas a entregarle parte del producto de su trabajo, digamos quinientos pesos. ¿Cómo calificaría usted la acción de su vecino? ¿Robo? Ahora dígame, ¿cuál es la diferencia entre su vecino comportándose de tal manera y el gobierno obligándolo, bajo amenaza en caso de no acceder a su imposición, ¡el no pago de impuestos se castiga con penas que van desde multas hasta cárcel!, a entregarle parte del producto de su trabajo para financiar la organización de las fiestas de los doscientos años de la Independencia y los cien de la Revolución? Dígame, por favor, ¿cuál es, más allá de las obvias, la diferencia esencial entre su vecino actuando de tal manera y el gobierno haciendo lo que hace? En esencia se trata de la misma acción: obligar a alguien, bajo amenaza, a entregar parte del producto de su trabajo. Y a esa acción, ¿cómo se la llama? ¿Robo? No encuentro otro nombre, ¿usted sí?

Estando a favor del festejo privado de los doscientos años de la Independencia y los cien de la Revolución, ¿cuántas familias festejarán, en privado, el 16 de septiembre y el 20 de noviembre? ¿Cuántas se sienten, ¡con conocimiento de causa!, y más allá de la propaganda gubernamental, realmente orgullosas de la Independencia y la Revolución?


El caso de Fernández de Cevallos

Rafael Segovia
Reforma

Uno de los hombres conocidos del PAN era o fue Fernández de Cevallos, diputado, abogado, hombre de deudas, rico, buen orador. Era o es un hombre que hubiera podido regir una carrera política hasta alcanzar los peldaños más altos. Un buen día, cuando menos se esperaba, fue raptado en uno de sus ranchos o residencias campestres. Es cierto que hasta ahora todas las personas raptadas lo fueron de manera intempestiva, sin previo aviso, pero sus amigos, allegados, conocidos y todas las personas con las que se formaba un círculo en torno a él se movilizaban, por lo menos se agitaban. Pero no, pero nada, este rapto pasó acompañado por una indiferencia total, como las 17 víctimas de Torreón, como las miles que van ya y el Presidente callaba en sus discursos donde solicita la unión de todos los mexicanos.

De Fernández de Cevallos se publicó una fotografía, después su familia pidió que se mantuviera el silencio porque se estaba negociando el rescate. Por él pedían una suma exorbitante de dólares. Puede ser que el ciudadano de a pie cumpla con esta exigencia de la familia, pero si es de los raptores, el gobierno prueba su debilidad extrema al someterse a la obediencia de los delincuentes. Habiendo cambiado de secretario de Gobernación, poner a este hombre nuevo en su asignación, no mencionar ni el nombre de Fernández de Cevallos, ponerse de rodillas ante una exigencia del crimen organizado, nos avisa hacia dónde vamos.

No es la primera vez que una situación análoga se nos presenta. Todavía agita el pensamiento de la vida pública el caso Martí, el rapto y asesinato de un muchacho que no tenía más deber que asistir a su colegio y alguna fiesta que se le presentase. Hablar, después de esto, de conseguir la tranquilidad y seguridad de los mexicanos se asoma en un atrevimiento sin límites, cuando se habla desde Los Pinos.

En México los raptos son baratos: sólo uno de vez en cuando es aclarado por la policía. Casi siempre nos encontramos ante el "rapto exprés" que consiste en seguir a una persona, saber cómo se llama su esposa, sus hijos, encontrar su número telefónico, llamar al interesado, una vez asegurada la víctima, y empezar en ese momento la negociación. Lo bueno de este país es que como todos hemos pasado por esa experiencia ya sabemos cómo negociar con esa gente. Yo tuve una experiencia bastante divertida, sino fuera criminal y siniestra. Negocié sobre la seguridad de no mover para nada la cuenta que menos dinero tenía -60 mil pesos-, cumplí mi palabra: uno de los que me asaltaron, al reconocer mi acento español, me dijo: los españoles siempre cumplen su palabra y nos liberó, a mi amigo y a mí. Si no hubiera tenido un centavo en la cuenta, no sé cómo hubiera terminado la aventura. Eso es lo que me angustia en el caso de Fernández de Cevallos. Pongamos que tiene para pagar el rescate. Pongamos que no puede pagarlo. Entre estas dos hipótesis se asienta la verdad: es un hombre que durante ya dos meses y los que vengan estuvo privado de libertad en condiciones infernales y a eso sólo puede condenar el Estado, cuando es justo. No sabemos cuántos terminan y no sabemos si las personas involucradas en él, en mayor o menor grado, acepten esa responsabilidad, van a llevarla encima toda su vida, aunque se expliquen sin cesar que es responsabilidad del Estado y necesaria para el recto funcionamiento de la sociedad.

No estamos en el mejor de los mundos. Estamos seguros de que las catástrofes van a seguir, todo cuanto se pide es que no se repitan. Las elecciones han terminado aunque en algunos estados se sigue protestando por los resultados y esta protesta no tiene aspecto de progresar: el PRI mantiene un silencio que es a veces amenazador, al Presidente no le conviene que se vuelvan a poner en duda los resultados electorales y al señor Blake menos; bastante tiene con el caso ABC, que le ha valido al Presidente insultos públicos y a sus ministros una inseguridad que les impide poder llevar adelante una política clara, por ejemplo en materia de televisión, un campo más que peligroso en México. Quedan otros lugares donde el gobierno está pidiendo tranquilidad ante la tormenta que se avecina, por ejemplo: los electricistas.

Se puede decir que todos los gobiernos tienen ante sí problemas sin solución, ya sean sociales o políticos, que se hacen cada vez más graves porque muchos de ellos dependen de una sola persona, como son los casos de Italia, de Francia, de Estados Unidos e incluso de Alemania. El desinterés político de las poblaciones, el ataque permanente a los partidos, asimilar el funcionamiento de la maquinaria política al comportamiento de un solo hombre está en la raíz de la vida social. La televisión guía la conducta de los hombres y mujeres de todas las edades, el consumo se convierte en la única meta que todos quieren alcanzar y se ofrece a esta sociedad como la meta, el desiderátum. El colmo de la irracionalidad son los viajes sin pies ni cabeza, terminado ya el campeonato mundial, es ver en la victoria de las mexicanas en futbol un principio de salvación nacional.


La seguridad de todos

Macario Schettino
schettino@eluniversal.com.mx
Twitter: @mschetti
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

El miércoles, el editorial de EL UNIVERSAL describía con toda claridad el meollo del problema de la seguridad: una proporción significativa de la población no se convence de que enfrentar a la delincuencia organizada es un imperativo moral, político y jurídico. En los tres años y medio de este gobierno, la decisión de lanzar toda la fuerza del Estado contra la delincuencia ha sido calificada como una estrategia errónea, ha sido medida en miles de muertos, y ha transformado las primeras planas de los periódicos en un recuento de víctimas, sin orden ni concierto, sin contexto, sin análisis ni explicación alguna. Los medios, como bien dice el editorial, tampoco se han convencido de que la decisión sea correcta.

Hay muchas razones por las cuales puede ocurrir esto. No hay que dejar de lado la animadversión que provoca el presidente Calderón, y que al momento de tomar posesión alcanzó niveles preocupantes. Tal vez por ello, varios comentaristas insisten en que la decisión de enfrentar a la delincuencia tiene como explicación principal un intento de legitimación de Calderón. Sin embargo, esta hipótesis se sostiene más de la animadversión que de la evidencia, como ya hemos comentado en otras ocasiones.

Pero abona también en la duda de muchas personas la ausencia de explicaciones gubernamentales. La mejor que tenemos se publicó apenas hace unas semanas, como un desplegado firmado por el presidente mismo, pero con más de 40 meses de retraso, y no es totalmente clara. Y, sin duda, el elemento más importante en la incertidumbre es una violencia que, en lugar de reducirse, sólo crece, prácticamente duplicando el número de muertos cada año.

Pero el origen del descreimiento va más allá de las deficiencias de la estrategia, de su comunicación, de las interpretaciones de los comentaristas o los medios. Los mexicanos no queremos creer en la lucha contra la delincuencia organizada por dos razones fundamentales. La primera es que no creemos en las reglas ni en su cumplimiento. Parte de los costos de no entrar en la modernidad es que no consideramos necesarias las reglas, porque no queremos que se nos apliquen a todos de la misma manera. O dicho de otra forma, no queremos aceptar que todos somos iguales. Por eso no hay manera de que tengamos un estado de derecho en México, y por eso mismo, la ley nos parece algo optativo. Y por eso a muchos les parece absurdo que el Presidente haya decidido usar la fuerza legítima del Estado para obligar al cumplimiento de la ley.

La segunda razón es que la delincuencia organizada todavía no golpea a los centros demográficos más importantes del país. Hasta hace muy pocos meses, prácticamente no ocurrían eventos espectaculares asociados a la delincuencia organizada en el DF, Estado de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato, y sólo ocasionalmente en Morelos, Guerrero y Veracruz. Algo similar ocurría en el sur: Oaxaca, Chiapas, Tabasco, y la península de Yucatán entera. Y más de dos terceras partes de la población vive en esas regiones. Incluso en el norte del país, en donde la delincuencia organizada tiene una historia más larga, el modus vivendi propio de la corrupción y del rechazo a las reglas que hemos mencionado, había hecho pensar a muchos que se podía vivir con la delincuencia en la casa.

Pero la dinámica propia de los distintos grupos de la delincuencia fue elevando los niveles de violencia desde hace ya varios años, y fue borrando la poca autoridad de quienes se corrompieron con ellos, hasta dejar regiones enteras del país sin rastro del Estado. Y no es fácil imaginar lo que significa vivir en esa situación brutal.

No debemos engañarnos, la situación es muy grave. La insistencia de los mexicanos de vivir en un mundo sin reglas, lleno de grupos privilegiados que abusan unos de otros, siempre culpando a los demás de una sociedad que no funciona, nos llevan muy rápidamente a un precipicio. El fenómeno de la inseguridad no es independiente del problema económico ni éste puede entenderse por separado de la disfuncionalidad política.

En el fondo, todo surge de la incapacidad de aceptar esa modernidad que hace ya siglos transformó al resto del mundo. Pero esto no va a cambiar: seguiremos buscando culpables en los demás, seguiremos tratando de abusar de los demás, y terminaremos destruyendo el país de los demás, que es el nuestro.

No han sabido organizar la fiesta

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

Para las naciones, como para los humanos, los aniversarios son una extraordinaria oportunidad de celebrar lo que son.

Alguna vez le pregunté al historiador Javier Garciadiego por qué creía que Porfirio Díaz había incumplido su promesa de no reelegirse como presidente en 1910, tal y como se lo había dicho al periodista estadunidense James Creelman en 1908. A Díaz le costó muy caro recular. Por un lado, abrió la Caja de Pandora de su sucesión pero, al echarse para atrás, ya no pudo controlar los ángeles y demonios que destapó al anunciar su intención de retirarse. Mucho hubiera cambiado la historia mexicana si Díaz efectivamente no se hubiera presentado a la elección presidencial de 1910. Pero, de acuerdo a Garciadiego, Díaz incumplió porque "de ninguna manera se hubiera perdido la oportunidad de ser Presidente de México durante las fiestas del centenario de la Independencia en 1910". Sería un momento culminante para la historia patria y para el mismísimo dictador.

Y vaya que Díaz "echó la casa por la ventana" para festejar el centenario de la Independencia. La Historia gráfica de la Revolución Mexicana de Casasola muestra la pompa y circunstancias de los diversos actos conmemorativos incluida, desde luego, la inauguración de la bellísima Columna de la Independencia sobre el magnífico Paseo de la Reforma el 16 de septiembre de 1910.

Uno de los grandes atractivos de ser Presidente de México durante este sexenio (2006-2012) era presidir los festejos del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución. A López Obrador le hubiera encantado. Pero Felipe Calderón resultó ser el afortunado. Sin embargo, tengo la impresión de que este gobierno no ha sabido organizar la magna fiesta.

Para empezar, ha habido muchos encargados de los festejos. Cinco en total desde 2006: Cuauhtémoc Cárdenas, Sergio Vela, Bernardo de la Garza, Rafael Tovar y de Teresa y José Manuel Villalpando. Luego está todo el tema del dinero donde recientemente han aparecido historias de contratos muy sospechosos, con comisiones injustificadas, del Fideicomiso del Bicentenario a través del Turissste. En las columnas de chismes políticos se dice que una de las razones de la salida de Patricia Flores como jefa de la Oficina de la Presidencia tiene que ver con la asignación de contratos de los festejos a "familiares de algunos funcionarios públicos".

El último capítulo de esta historia fallida en la organización de las fiestas lo tuvimos esta semana cuando se anunció que el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, relevará a Villalpando como vocero de los festejos. El Presidente así lo ordenó ya que considera "que la difusión de las fiestas ha sido dispersa y desordenada".

En fin, que estamos a 54 días del Bicentenario de la Independencia y 89 del Centenario de la Revolución y, hasta ahora, los festejos han dejado mucho que desear, comenzando, por cierto, con la absurda ceremonia de sacar los huesos de los héroes independentistas de sus tumbas para hacerles exámenes de ADN y comprobar que efectivamente son ellos. Yo no entiendo este evento necrofílico de andar paseando calacas. Soy de los que piensan que a los muertos, como reza el dicho, hay que dejarlos descansar en paz.

Para las naciones, como para los humanos, los aniversarios son una extraordinaria oportunidad de celebrar lo que son. A Felipe Calderón le ha tocado la enorme fortuna de ser el Presidente de México en una fecha histórica. Debe aprovecharlo. Es cierto que tiene mil y un problemas que resolver, pero valdría la pena que le dedicara tiempo este verano a la organización de una buena fiesta en un país que, si algo sabe hacer, son buenos reventones.

Vacaciones

Este columnista se tomará unas vacaciones por lo que Juegos de Poder volverá a aparecer el martes 10 de agosto.


Ayuno del SME y Declaración de Malta

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Un lector escribe desde Salamanca, Guanajuato, para hace notar que los huelguistas de hambre del SME “ni son perseguidos políticos ni lo son por algún delito” que se les haya imputado, sino que fueron al ayuno en demanda de que la CFE se asuma como “patrón sustituto” de los 44 mil ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

La inquietud, sin embargo, permite pasar al costo lo que dice y entraña el Tratado de Malta, invocado en estos días para sostener que debe respetarse la voluntad de Cayetano y los demás dispuestos a morir por su causa mediante la inanición.

Se trata de la Declaración de la 43 Asamblea Médica Mundial de 1991 en aquel país insular del Mediterráneo (revisada en dos reuniones posteriores, la más reciente en 2006, en Sudáfrica).

Aunque en el texto se reconoce que las huelgas de hambre “se producen en diversos contextos”, en particular se refiere a “dilemas en establecimientos donde la gente está detenida: prisiones, cárceles y centros de detención de inmigrantes”, o sea, “presos políticos” o “prisioneros de conciencia…”.