julio 30, 2010

México silenciado

Gabriela Warkentin
Directora del Depto. de Comunicación de la Ibero y de Ibero 90.9 fm.
Twitter: @warkentin
El Universal

Nada lejos el infausto día: lamentaremos la muerte del periodismo en México. ¿Habrá plañideras de la información? Un American Pie redivivo; el día en que la música murió, decía Don McLean, el día en que nosotros morimos. Ya habrá quien articule la elegía: un periodismo que se fue sin haberse acomodado del todo a los tiempos que corren, de velocidad, plataformas multiplicadas y simultáneas, audiencias participativas; sin haber tenido tiempo de voltear a ver bien a sus lectores, sus escuchas; sin sacudirse del todo la añoranza por los tiempos en que se hablaba a los iniciados, y sólo a ellos. Nuestro periodismo, al fin. Y un día se acabó; muerte prematura. La ruta parece trazada si no intervenimos al grito de ya: violencia y coacción acechan al periodismo, un apagón informativo a la vuelta de los días que quedan.

Los más recientes: cuatro periodistas privados de la libertad a su llegada a la Laguna. Con cautela se ha informado del hecho para proteger la vida de los que son; aunque en un mundo acelerado y de incontinencias declarativas, la historia salió a flote. El Comité para la Protección de los Periodistas ya se pronunció. Y tendríamos que decir: una vez más. Porque lo reciente se suma a la retahíla de muertes, atentados, amenazas que padecen muchos periodistas, comunicadores y medios en regiones del país, que se van expandiendo. De ahí el temor de que se imponga el silencio; porque habrá quienes bajen definitivamente la pluma. De ahí también la vergüenza de que se generalice la cooptación, incluso el secuestro de la pantalla: o transmites lo que yo quiero o ya no transmites. Cuentan amigos periodistas del norte del país que ésta es práctica común. Con algo de humor negro me dicen: nos hemos convertido en medios comunitarios, sí, pero de la comunidad criminal. Nada más que la pantalla seduce a todos, y ahora se busca presencia regional y, por qué no, nacional. El que esté a salvo que tire el primer control remoto.

Sugiero que comencemos por reconocer que no sabemos bien dónde estamos parados. El manazo del Ejecutivo no sirve de nada: su “dejen de hablar sólo de violencia” es un regaño que ofende. Deberíamos, en tal caso, voltear el dedo acusador: ¡que el Estado garantice la práctica informativa! Claro que la soberbia de algunos profesionales —“nadie tiene que decirnos cómo trabajar”— tampoco ayuda.

Como con toda enfermedad, hay que comenzar por reconocerla. Y luego asumir la necesidad de esfuerzos coordinados. Hay varios a niveles locales, como el Protocolo de Práctica Periodística de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, o los más recientes en el Distrito Federal. No es suficiente. Porque lo que hace falta es aquello para lo que los mexicanos, dicen, no somos tan buenos: trabajo en equipo, sí; coordinado, sí; a partir del reconocimiento de que no se resuelve solo, sí; con ganas de escuchar, escuchar, lo que otros dicen y han hecho, sí. Debatir.

¿Y si nos sentamos a la mesa? ¿Ya?

La muerte del periodismo será más que canción o elegía; será la cancelación de los derechos a la comunicación e información de nuestra democracia; será la constatación de que hubo un México barullero y hasta marrullero, en que se impuso lo segundo a expensas de lo primero. El deseo y la exigencia es que aparezcan, vivos y bien, los que hoy están desaparecidos. Vivos se los llevaron, los queremos vivos. Pero ahí no acaba. Ya es hora de que nos indignemos en colectivo, tomemos el control de nuestras pantallas, nos hagamos nuevas y mejores preguntas. Desde algunas universidades y organizaciones convocaremos; ojalá se escuche.

EPÍLOGO: lo asesinaron mientras hacía su servicio social en la Huasteca hidalguense. Arturo Lavín, estudiante de Ingeniería Civil del ITESO. Su muerte, y la del Arturo Hernández, de Hábitat A.C., no son sólo una tragedia en sí mismas. Contribuyen a erosionar aún más la vocación solidaria que quisiéramos en los jóvenes. Reitero: es hora de que nos indignemos, ¡todos!

Colombia-Venezuela: una ruptura anunciada

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

Se supone que los periodistas no debemos bajarle el dramatismo a ninguna noticia, pero debo confesar que no me desvela la decisión de Venezuela de romper relaciones diplomáticas con Colombia, ni tampoco la amenaza del Presidente venezolano, Hugo Chávez, de suspender las exportaciones de petróleo a Estados Unidos.

Pese a los grandes titulares sobre el conflicto colombiano-venezolano, diplomáticos latinoamericanos y estadounidenses me dicen en privado que la rencilla entre Chávez y el Presidente colombiano saliente, Álvaro Uribe, probablemente se calme -al menos por un tiempo- cuando el Presidente electo colombiano, Juan Manuel Santos, asuma su cargo el 7 de agosto.

Este último choque diplomático entre Venezuela y Colombia empezó la semana pasada, cuando el Gobierno colombiano convocó una sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para presentar videos, fotos y mapas acusando al Gobierno venezolano de dar refugio en territorio venezolano a mil 500 guerrilleros colombianos, y exigir una investigación regional del caso.

Chávez, en lo que algunos críticos definen como una maniobra para desviar la atención de la presencia de guerrilleros colombianos en su país, inmediatamente rompió relaciones diplomáticas con Colombia, y alegó que Estados Unidos y Colombia están creando excusas para invadir Venezuela. También amenazó con reducir las exportaciones de petróleo venezolano a Estados Unidos, que representan el grueso de los ingresos externos de su país.

¿Qué motivó a Uribe a llevar el caso ante la OEA apenas dos semanas antes de dejar la presidencia?

Existen dos teorías: que lo hizo para atarle las manos a su sucesor y obligarlo a mantener la línea dura de Colombia en materia de seguridad, o lo hizo como parte de un acuerdo secreto con Santos para ahorrarle al nuevo Presidente el problema de una confrontación directa con Chávez desde el principio mismo de su mandato.

La revista británica The Economist y muchos otros medios internacionales apoyan la primera teoría. "Uribe intenta socavar cualquier posible reconciliación de su sucesor con el Gobierno de Venezuela", afirma un titular de esa publicación.

Aunque Santos fue Ministro de Defensa de Uribe y llevó a cabo las operaciones más audaces que emprendió Colombia contra de la guerrilla, incluyendo el ataque a los campamentos de las guerrillas colombianas en Ecuador en 2008, en los círculos políticos colombianos circulan versiones de que los dos dirigentes se han distanciado en las últimas semanas.

Uribe, quien aún goza de altos índices de popularidad en Colombia, consideró hasta último momento la posibilidad de postularse para un tercer periodo presidencial, y Santos no fue su primera elección para la candidatura de su partido cuando los tribunales dispusieron que un tercer periodo presidencial sería inconstitucional.

Después de que Santos ganó las elecciones con un 69 por ciento de los votos, un porcentaje sin precedentes en el país, el Presidente electo se sintió suficientemente fuerte como para anunciar la designación de Ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura que no fueron del agrado de Uribe, según dicen políticos colombianos cercanos a los círculos del poder.

De acuerdo con la segunda teoría, el Gobierno saliente llevó el caso a la OEA para hacerle el trabajo sucio a Santos, y evitarle tomar medidas conflictivas desde el principio de su Gobierno.

Pero la mayoría de los diplomáticos extranjeros coinciden en que Santos encontrará la manera de desactivar la crisis una vez que asuma, aun cuando Venezuela siga negándose a permitir una investigación internacional de los campamentos guerrilleros colombianos.

Ambos países son mutuamente dependientes en el ámbito económico: Venezuela sufre de escasez de alimentos debido a sus desastrosas políticas económicas, y Colombia necesita mantener sus importantes exportaciones de alimentos a Venezuela.

"Para ambas partes hay motivos suficientes para resolver el conflicto", dice un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de Estados Unidos. "Entre los dos países hay una relación económica simbiótica".

Mi opinión: esta última crisis diplomática pasará pronto, para volver a resurgir más tarde.

En 2008, Chávez amenazó con declararle la guerra a Colombia tras el ataque colombiano a los campamentos guerrilleros en Ecuador, y en 2009 Venezuela "congeló" las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia después de que Uribe autorizó a tropas estadounidenses el acceso a siete bases militares colombianas. Desde entonces, el comercio bilateral ha disminuido más del 70 por ciento.

Una vez que Santos asuma la presidencia, lo más probable es que veamos una tregua, y quizás una reanudación gradual del comercio bilateral. Pero la luna de miel entre ambos mandatarios difícilmente será duradera.

Santos no se quedará con los brazos cruzados mientras Chávez tolere campamentos guerrilleros colombianos en su territorio, y Chávez necesitará seguir presentándose como víctima de un supuesto complot estadounidense-colombiano para justificar sus medidas cada vez más totalitarias en el plano interno. Es una película que ya hemos visto varias veces, y nada indica que alguien cambiará el libreto.

Campañas anticipadas

José Antonio Crespo
Horizonte político
Excélsior

Para mí, en la más reciente reforma electoral hubo innovaciones positivas, aunque no sencillas de cumplir a cabalidad.

La última reforma electoral ha sido muy controvertida: muchos de sus puntos han sido calificados de ineficientes, inaplicables o atentatorios de la libertad de expresión. Para mí, hubo innovaciones positivas, aunque no sencillas de cumplir a cabalidad. Está principalmente la limitación de publicidad política a los tiempos del Estado, modelo que no inventamos aquí, sino que es aplicado en varios países con bastante éxito (de Europa y América Latina, esencialmente). La idea era buscar equidad, para que aquellos candidatos y partidos con acceso a grandes empresarios no tuvieran una ventaja decisiva, sino que todos dispusieran de tiempo en los espacios mediáticos a partir, en todo caso, de su respectiva fuerza electoral. No me parece que haya en este caso un atentado a la libertad de expresión, como muchos acusan, sino a la libertad de comercio, que no es un derecho fundamental. Por eso, a este modelo no se le ve como contrario a la democracia en los países donde se aplica. Pero cuando no hay la menor voluntad de los actores (empezando por los políticos) de acatar un acuerdo, no hay ley que valga.

Por otro lado está la prohibición radical de que se usen recursos públicos para la promoción personal de funcionarios públicos con aspiraciones electorales, lo que también provoca inequidad (pues quienes no disponen de tales recursos, están en desventaja). Eso está prescrito en el artículo 134 de la Constitución que, sin embargo, no se ha reglamentado, por lo que su aplicación es prácticamente imposible. Ahí también, quienes han incurrido en recursos públicos para comprar "gacetillas electrónicas", por ejemplo, violentan la Constitución (presuntamente Enrique Peña Nieto y, en menor medida, Marcelo Ebrard). Que no se haya regulado hasta ahora sugiere que los propios partidos políticos no estaban tan interesados en poner ese límite, y de ahí que lo hayan dejado en el limbo legal.

Por otro lado, se ha dicho que la prohibición a las campañas negativas representa también un atentado a la libertad de expresión, generando además una gran cantidad de demandas y contrademandas que sofocan a las autoridades electorales, que tratan de poner límites, inevitablemente borrosos, entre lo que se puede decir y lo que no. Me parece que, en efecto, tales disposiciones son absurdas y atentatorias a la libertad de expresión. Las campañas tienen un aspecto informativo, cuando los rivales se sacan trapos al sol que quizás el electorado desconozca o no recuerde, y ayudan a orientar el sufragio. Si se incurre en calumnia, que se vaya por las leyes civiles. Mejor que los ciudadanos decidan ante lo que oyen, que los infamados se defiendan con argumentos y hechos, y que los partidos cosechen en las urnas los saldos positivos o negativos de sus campañas negras.

Viene finalmente la prohibición de actos anticipados de campaña, de lo cual se acusa ahora a Andrés Manuel López Obrador, a raíz de su acto en el Zócalo donde reitera su pretensión de participar en 2012. El Cofipe en su artículo 228 define como acto de campaña "las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos (actos) en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas". El acto obradorista en el Zócalo cae en esa definición, sin duda. ¿Está prohibido hacerlo ahora? Dice el artículo 211-3, de la ley electoral: "Los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna, convocados por cada partido, no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas". Aplica. La sanción correspondiente es severísima: "La negativa de registro como precandidato". El IFE ha dicho que actos de campaña anticipada son considerados como tales si son sistemáticos, y no aislados. Depende, como siempre, de cómo se interprete la ley. Aunque tales preceptos estén pensados en términos de equidad, me parece excesivo que nadie pueda ventilar, en el momento que considere adecuado, que aspira a un cargo de elección, sea en entrevista, en un artículo o frente a sus simpatizantes. La ley electoral hace agua por varios lados: tenemos a un presunto infractor, como López Obrador, pero por otro lado a Enrique Peña Nieto, haciendo en los medios una promoción -esa sí sistemática- pero disfrazada de notas informativas. Basta con que él no diga literalmente (ni hace falta) que aspira a la Presidencia en 2012 para librarse de las sanciones. Es absurdo.

Tomo nota de la toma de nota

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

En México nos da por adoptar expresiones lingüísticas muy extrañas y las incorporamos alegremente al habla cotidiana y, sobre todo, a la corrompida jerga periodística. Decimos así que un juez “obsequió una orden de aprehensión” (madre mía, el refrán popular sentencia que al caballo regalado no se le examinan los dientes pero un obsequio así, de merecerlo yo algún día, no me gustaría aceptarlo por ningún motivo), bramamos también que los coches corren por la “carpeta asfáltica”, mascullamos que la “mancha urbana” está invadiendo suelos de sufridos campesinos (terminará, en efecto, por penetrar, la tal mácula, los territorios libres y soberanos de San Salvador Atenco, aunque sus pobladores esgriman machetes para que la comarca “siga en pie de lucha”), farfullamos que “la carga vehicular” es muy alta —o muy intensa o muy “pesada” (pues sí, como suelen ser habitualmente las cargas)—, balbuceamos que hay una “contingencia ambiental” (un disparate del tamaño de una mansión de líder sindical porque, digo, una contingencia, según estipulan legalmente los diccionarios del castellano que nos impuso el conquistador, es, primeramente, la “posibilidad de que suceda algo” o, mira tú, de que “no suceda” y, en otra acepción muy cercana a la anterior, una contingencia es una “cosa que puede suceder o no suceder”; ustedes dirán, entonces, si las susodichas “contingencias ambientales” ocurren cuando suceden o si dejan de ocurrir porque se da la posibilidad de que “no sucedan” y, de paso, me explican lo que son) y gruñimos, sobre todo en estos últimos tiempos, una locución incomprensible pero que, por lo visto, está plenamente entendida, y sobreentendida, en los ámbitos laborales-sindicales: hablo, ya se habrán ustedes dado cuenta, de la famosa “toma de nota”, esa manzana de la discordia que intentan mordisquear a la vez los acojonados negociadores del supremo Gobierno y los avispados pandilleros de la camarilla que lidera el señor Martín Esparza.

He logrado deducir que esta combinación de vocablos significa, en cristiano, que se debe reconocer, oficialmente, al antedicho don Esparza como jefazo indiscutible del Sindicato Mexicano de Electricistas. Ahora bien, ya puestos a descifrar enigmas y a disecar terminajos, que me aclaren, también, cómo es que un tipo que no ganó las elecciones internas en su organización obrera a pesar de las trampas que hizo (y que, justamente por no conseguir ser elegido en buena ley, no obtuvo el reconocimiento de las autoridades laborales) puede ahora usar la referida “toma de nota” como moneda de cambio y, peor aún, cómo es que los representantes del Gobierno le confieren siquiera la condición de interlocutor válido. Pero expónganmelo con palabras claras, simples, fáciles y sencillas, por favor. Gracias.

Se ganó una escaramuza, perdiendo la guerra

Ana María Salazar
amsalazar@post.harvard.edu
Twitter: @amsalazar
Analista política
El Universal

Se ganó una escaramuza esta semana, pero se perderá la guerra a largo plazo. Llego a esta conclusión al analizar todos los eventos relacionados con la ley SB1070 de Arizona. Y es que, aunque sin respaldado legal, el espíritu y los objetivos de la SB1070 no sólo siguen vivos, además crecen cada día: Se incrementa el hostigamiento abierto en contra de los indocumentados, sus familiares y amigos buscando que se reduzca dramáticamente el flujo de personas buscando vivir y trabajar en los EU.

No debemos subestimar la importancia de la decisión de la juez federal Susan Bolton de suspender temporalmente la implementación de tres de los artículos más controversiales de la llamada ley “anti migrante” de Arizona; recordemos que hubo aspectos importantes y preocupantes de esta ley que entraron en vigencia este jueves, incluyendo considerar un delito que se transporte o refugie a indocumentados o se les aliente a vivir en Arizona. Este artículo en particular es catastrófico para familias y comunidades donde algunos de sus integrantes tienen documentos para vivir en EU y otros no. Todos los empresarios que contratan a indocumentados también podrían estar corriendo el riesgo de enfrentar un proceso penal por transportar a sus trabajadores.

También debemos recordar que la decisión de la juez es sólo el inicio de un prolongado debate legal que pasará por varias instancias y muy probablemente será revisada en algunos años. Sí, la batalla legal podría durar años sin tener claridad si al final del camino los jueces de la Suprema Corte encuentren constitucional esta ley SB1070.

En México, es importante entender que la válvula de escape que representaba la migración de mexicanos a los EU se cerró. No se puede pensar que en los siguientes años, aunque mejore dramáticamente la economía de los EU, podría regresarse al esquema actual que podríamos calificar de hipócrita en lo que respecta a ambos países.

En este momento, la política de empleo y de desarrollo estaba basada, en buena medida, en que, por lo menos, medio millón de mexicanos se cruzarían anualmente a buscar trabajo en EU, y la economía de los vecinos del norte se beneficiaría ampliamente de los salarios bajos y escasas prestaciones para estos trabajadores “ilegales”.

Durante la administración Obama, las redadas antiinmigrantes se han multiplicado sin publicidad. Según el Buró de Inmigración y Aduanas (BIA), más de 400 mil extranjeros fueron o están en camino de ser repatriados en lo que va del año. La debilitada ley SB 1070 incrementó la presión de deportar aún más personas por el ambiente político que se vive en EU.

La decisión de la juez Bolton se espera reduzca la aprobación de legislaciones como la SB 1070, no obstante la verdad es que, desde el 2006, las legislaturas locales han aumentado en un 50% el número de iniciativas para regular la migración, muchas abiertamente anti-migrantes.

Las posiciones de ambos países no se han prestado para hallar una solución jurídica viable, que sería legalizar un porcentaje importante de los 16 millones de indocumentados que están en EU y crear un esquema de visas de trabajo. Las actuales tendencias anti-migrantes en EU están enfocadas a representar a los indocumentados como “criminales” por ser “ilegales”. En México seguimos insistiendo en un “derecho” de trabajar, porque para la economía de EU “somos indispensables”.

La verdad es que tanto peca el que mata a la vaca como el que detiene la pata. Son igualmente culpables los que contratan a los indocumentados y, por lo tanto, deberían de recibir el mismo tratamiento de “criminales.” Desafortunadamente, en México no hemos querido entender que simple y llanamente no quieren más mexicanos.

Lamentablemente México no tiene en este momento mucha autoridad moral para argumentar la protección de derechos de sus connacionales en el exterior, ante la realidad de que estos mismos derechos no se respetan en México. Que le pregunten a los indocumentados centroamericanos. Es más, siendo más claros ¿Alguien quiere hablar a favor de cómo la policía mexicana respeta los derechos de los ciudadanos en general?

La relación entre México y EU en estos momentos me recuerda a una pareja que quiere divorciarse, en donde se conocen muy bien, pero parecería que son incompatibles como pareja. Los dos se están peleando por la casa y los bienes, pero también es imposible que se separen por los intereses económicos y familiares que los unen.

No se ve una “reconciliación” en corto plazo.

El secuestro de Diego

Carmen Aristegui F.
Reforma

Del conjunto de hipótesis que se podían plantear en torno al secuestro de Diego Fernández de Cevallos, la mayoría se han desechado. De entre las dos más fuertes, prevalece la de un secuestro, sí económico, pero con trasfondo ideológico-político. La otra línea hipotética abierta es la de un secuestro con fines de intercambio de personas. Esta línea se ha debilitado por las más recientes informaciones. Hay que decir, sin embargo, que los supuestos de la hipótesis ahora debilitada no han quedado clarificados con suficiencia por las autoridades. Se llegó a pensar que a Fernández de Cevallos se le había llevado en respuesta a la detención de Ignacio Coronel, uno de los principales capos del cártel de Sinaloa, en un operativo realizado en Jalisco horas antes del secuestro de Fernández de Cevallos. Se pensó que podrían los delincuentes plantear al gobierno un intercambio de rehenes. En esos mismos días se detuvo y liberó -también en cuestión de horas- a la ex esposa de El Chapo Guzmán en medio de un enorme operativo realizado en Culiacán, mismo que terminó con un brevísimo comunicado oficial en el que se anunciaba la liberación de la señora, simple y llanamente "con las reservas de la ley". Detener a la madre de los hijos de El Chapo para liberarla en sólo algunas horas lo único que dejó tras de sí fue una espesa estela de dudas. Era la misma semana en que Felipe Calderón hacía la primera y única visita de Estado que tendrá con el gobierno de Obama. Calderón fue recibido con severas críticas de la prensa estadounidense -que incluyeron reportajes de la Radio Pública Nacional- que lo acusaban de instrumentar una estrategia con claro sesgo a favor del cártel de El Chapo Guzmán. Las fechas, el contexto y la simultaneidad de estos elementos -amén del hermetis- mo oficial- hicieron posible imaginar que el gobierno mexicano, necesitado para su visita de demostrar que no tenía tal sesgo, pudo haber realizado estas acciones para intentar sacudirse la sombra de la acusación.

Hasta ahora ninguna voz oficial ha confirmado ni desmentido esta versión de ese operativo. Sólo el secretario de Gobierno de Jalisco habló del suceso, sin después confirmar pero tampoco desmen- tir el sentido de sus declaraciones. Apenas hace unos días, Proceso dedicó su portada precisamente a Nacho Coronel, a quien ubicó como un "capo en ascenso". El artículo de Ricardo Ravelo daba cuenta de informaciones sobre el poder adquirido por el capo, lo que hace suponer a la DEA y al FBI que podría crear su propio cártel en corto tiempo. En 20 años, informan las fuentes de Ravelo, se convirtió en el cuarto hombre más importante del cártel de Sinaloa (el más poderoso del país y de Latinoamérica). Es claro que las críticas al gobierno de Calderón sobre su presunta inacción y protección a este cártel lo han sometido a una presión internacional cada vez mayor.

La hipótesis fortalecida de un secuestro económico pero realizado por motivaciones político-ideológicas contó en estos días con mayores elementos para sostenerse. El periodista José Cárdenas publicó el viernes pasado, en El Universal, información de alto nivel, donde informaba que los plagiarios son un grupo guerrillero extremista asentado en la zona del Bajío y dependiente del ERPI. Un fin de semana después, Cárdenas recibió en su cuenta "el boletín #2" cuyo remitente dice "misteriosos desaparecedores", una carta por Fernández de Cevallos -fechada el 10 de junio, aniversario de la matanza de estudiantes de 1971- y una segunda fotografía sosteniendo el número 1751 de Proceso del 23 de mayo de 2010. La portada muestra la foto del "jefe Diego", y el contenido se refiere a la "historia negra" del ex legislador. La carga crítica de la revista, implacable, parece haber sido utilizada como una señal -sin responsabilidad para Proceso- del signo político e ideológico de esta acción.

De último momento, justo al terminar este artículo, la noche de ayer, el Ejército anunció la muerte de Ignacio Coronel en un operativo militar realizado en Zapopan, mismo lugar donde habría ocurrido el operativo nunca confirmado ni desmentido horas antes del secuestro del ex legislador.

La caída de Nacho Coronel

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Hablamos de uno de los principales capos del narcotráfico en el país desde hace muchos años: su nombre ya era conocido en los 90.

La caída de Ignacio Nacho Coronel es un golpe durísimo para el cártel de Sinaloa. Estamos hablando de uno de los principales capos del narcotráfico en el país desde hace muchos años: su nombre ya era conocido a principios de los 90, cuando se convirtió en uno de los principales operadores de Amado Carrillo Fuentes, el llamado Señor de los Cielos, en Ciudad Juárez. Desde entonces, Nacho Coronel, nacido en Durango, había controlado la ruta que llega de Sinaloa a Ciudad Juárez cruzando por el triángulo dorado, donde confluyen Chihuahua, Durango y Sinaloa. Esa capacidad operativa le otorgó rápidamente preeminencia en la organización que encabezaba Carrillo Fuentes.

A la muerte de éste, Nacho Coronel fue uno de los encargados de realizar un profundo ajuste de cuentas en la organización y de establecer los nuevos mandos y los repartos de territorio. En ese camino fue cuando se afianzó en la plaza de Guadalajara, desde donde controlaba Jalisco, pero también toda la zona del Pacífico, incluidos Colima y Nayarit, plazas clave del cártel en la producción de marihuana, pero sobre todo para el nuevo negocio de la introducción de metanfetaminas y otros productos destinados a hacer drogas sintéticas, el mejor negocio de esa organización desde hace años.

Luego de la fuga del ChapoGuzmán y en la medida en que se iba dando el distanciamiento entre los herederos directos de Amado Carrillo con los nuevos jefes de la organización, Coronel fue parte de esos nuevos mandos: El ChapoGuzmán, IsmaelEl MayoZambada, Coronel y Juan JoséEl AzulEsparragoza tomaron una suerte de control colegiado del cártel al que aspiró a sumarse plenamente Héctor Beltrán Leyva, quien controlaba Sonora y buena parte de la seguridad y la operación de todo el grupo. No hubo ese espacio para los Beltrán y comenzó, hace casi tres años, el enfrentamiento entre el cártel de Sinaloa, con todos sus aliados en buena parte del país, y la alianza que formaron los Beltrán Leyva, Los Zetas y el cártel de Juárez, de Vicente Carrillo, con la organización que ahora conocemos como La Línea. Buena parte de los más de 20 mil muertos que se han dado en estos años han sido producto de los ajustes de cuentas de estos grupos.

Paradójicamente, Jalisco, y la ciudad de Guadalajara en particular, se habían mantenido ajenos a estos enfrentamientos, a la violencia que azotaba otras regiones del país. Para muchos la razón estaba en el férreo control que tenía Coronel sobre esa plaza. Adicionalmente, Coronel se había encargado, también desde tiempo atrás, del control financiero de buena parte de los recursos de la organización. Esa suma de control territorial, así como el acceso a los puertos de entrada de buena parte de la droga que comercializaba el cártel, y de los recursos, le otorgaron un enorme poder.

Pero ese control comenzó a resquebrajarse tanto en Nayarit como en Colima, se reflejó cada vez más en Jalisco y comenzaron no sólo los enfrentamientos sino también la pérdida relativa de control de Nacho Coronel en su territorio.

Simultáneamente, la inteligencia militar (el Ejército Mexicano ha asumido desde hace ya tiempo la tarea de combatir en forma directa al cártel de Sinaloa) comenzó a presionar a Coronel y se resquebrajó también su esquema de seguridad. Hace unas semanas fue asesinado uno de sus hijos en Nayarit y él mismo comenzó una serie de ajustes de cuentas que hicieron mucho más evidente su presencia.

La Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido no hacer públicos los procedimientos operacionales que le permitieron llegar hasta Coronel, pero ha destacado, primero, que desde hace tiempo venían realizando un seguimiento riguroso de inteligencia contra el capo; también, que su localización e intento de captura (Coronel murió cuando intentaba escapar de una de las dos casas de Zapopan que utilizaba como su base de operaciones) fue una obra exclusiva de la inteligencia militar: en el operativo no participó ninguna otra fuerza federal y mucho menos de los estados, y tampoco hubo, en este caso, ningún tipo de colaboración con alguna fuerza de inteligencia externa, internacional.

A diferencia de otros capos, Nacho Coronel no utilizaba fuertes dispositivos de seguridad para preservar su integridad. Solía estar, como lo estaba cuando ocurrió el enfrentamiento que llevó a su muerte, sólo con un custodio y prefería manejarse con un bajo perfil, hasta ayer a las 13:30 horas, cuando las fuerzas militares se aprestaron a detenerlo: con su muerte el cártel de Sinaloa sufría el golpe más fuerte del sexenio.

A la misma hora, si usted cree en las casualidades, llegaba el presidente Calderón a Guadalajara, para una reunión con empresarios y a inaugurar, en la noche, el estadio de las Chivas.

¿Nos toca resolver nuestra crisis de los rehenes?

Ciro Gómez Leyva
gomezleyva@milenio.com
La historia en breve
Milenio

Han sido 72 horas extenuantes. Ayer al mediodía nos informaron que uno de los periodistas tomados como rehenes por un grupo de narcotraficantes de la Comarca Lagunera acababa de ser liberado. Lloramos de alegría, un minuto. Un minuto nada más, porque el resto del grupo sigue retenido. Además, no podemos dar la noticia. Salir, gritar que ya está libre, que está bien. Hay que esperar a que “otro medio” lo haga, porque hay notas que uno no puede dar.

La tarde es de señales cruzadas. ¿Por qué quedamos en medio de una situación así? ¿Qué es esto de que si transmitimos una imagen liberan a nuestro compañero rehén; pero si no lo hacemos, lo matan; o si lo hicimos, no lo sueltan; o si lo volvemos a hacer, quién sabe qué carajos pasará?

Esa no puede ser una tarea nuestra. Un medio de comunicación no está diseñado ni equipado para negociar una toma de rehenes.

Con Carlos Marín coincidimos en que el Estado mexicano tendría que asumir al cien el manejo de esta crisis, que no es de televisión, sino de seguridad nacional. Tendría que intervenir nuestra señal en este tema. Y anunciar que ha intervenido nuestra señal en este tema y sólo en este tema.

Y que sea el Estado, no nosotros, el que resuelva si se transmite o no una imagen que vale la vida de uno, dos, tres, cuatro periodistas, y que puede desencadenar quién sabe qué violencia. Que el Estado asuma esa responsabilidad: no sólo la policiaca, también la política. Y que cuando haya un desenlace, el Estado regrese a lo suyo.

Sirva la crisis de La Laguna para sentar un precedente. Nunca más un dueño, o un director de periódico o de un canal de televisión, en el centro de la negociación de una toma de rehenes.