julio 31, 2010

¿Legalizar la marihuana?

Edurne Uriarte
Con ánimo de faltar
ABC

¿Legalizar la marihuana? Hace algunos años habría votado no a esa cuestión. Ahora, votaría probablemente que sí. Si fuera ciudadana de California, claro está, pues es el estado de California el que va a someter esta pregunta a referéndum el próximo mes de noviembre. Y tal como está la intención de voto en estos momentos, el No algo por encima del 50% y el Sí cerca del 50%, California podría sentar un precedente revolucionario este otoño, convirtiéndose en el primer lugar del mundo en legalizar el consumo, la producción y la distribución de marihuana. Porque la pregunta no se refiere únicamente al consumo sino también a la producción y a la venta. Por lo que va muchísimo más allá que la aprobación, conocida esta semana, por parte de la Sanidad española del primer fármaco de cannabis (Sativex).

Y digo que votaría que sí por una razón fundamentalmente. Porque hace años que sigo atentamente la publicación de estudios sobre los efectos de la marihuana y he llegado a la conclusión, en el estado de investigación actual, al menos, de que sus efectos no son peores que los del tabaco y el alcohol. O que si el tabaco y el alcohol son legales, no encuentro razones de peso para que la marihuana no lo sea.

Y lo cierto es que hay una creciente tendencia en esa dirección. No hay más que ver los últimos artículos publicados, por ejemplo, en dos medios de gran influencia como son The Economist y Newsweek. The Economist (The law of the weed) no sólo recuerda lo ajustada que está la intención de voto en este momento, sino que destaca los efectos positivos en el terreno de la criminalidad de los jóvenes (muchos arrestados en asuntos relacionados con la marihuana) y en el fisco de California. Newsweek (Legal Weed Gets a Reality Check in California) apunta otra ventaja, el enorme daño que esta legalización inflingiría a los sangrientos cárteles de la droga mexicana. Algunos analistas estiman que entre un 20 y un 50% de los beneficios de estos cárteles están relacionados con la marihuana, con lo que una legalización en California los dejaría obviamente sin el mercado estadounidense.

Si los medios americanos insisten en estos enfoques, es muy posible que el Sí avance más allá del 50%. Y que, a partir de noviembre, los jardines californianos se parezcan al “jardín de la alegría” de aquella divertida película inglesa de Nigel Cole. Con amas de casa como la interpretada por la estupenda Brenda Blethyn cultivando marihuana para afrontar sus deudas, pero a la vista de todo el pueblo.

Diagnóstico

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

La advertencia es generalizada. La desaparición de Nacho Coronel abrirá una disputa por el control de la plaza, es decir, la ciudad de Guadalajara, y los niveles de violencia se dispararán

1. La escalada continúa. El asesinato de Rodolfo Torre Cantú, gobernador virtual de Tamaulipas, fue un punto de inflexión. Nadie, ningún integrante de la clase política, puede considerarse a salvo. La pregunta no es si ocurrirá un nuevo asesinato, sino dónde y quién será la próxima víctima.

Amén de la incertidumbre y el temor que esto genera en todos los niveles de gobierno. Baste imaginar las amenazas y las presiones que se pueden ejercer sobre gobernadores, legisladores, presidentes municipales y regidores en todo el país.

2. Otro tanto puede decirse del secuestro de cuatro reporteros en Durango vinculados con medios electrónicos. Lo nuevo, sin embargo, no son los atentados contra periodistas ni la intimidación a periódicos y televisoras. Todo eso ya había ocurrido en Nuevo León y Michoacán. Y es la regla en estados, como Tamaulipas, con fuerte presencia del crimen organizado.

Lo nuevo es que el chantaje se hace desde Durango contra dos empresas que elaboran y transmiten programas de difusión nacional situadas en la Ciudad de México. La pregunta es: ¿qué sigue? Y la respuesta es simple: nadie, ninguna región o medio de información, está a salvo.

3. Lo ocurrido en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Gómez Palacio, Durango, confirma la crisis de los aparatos de seguridad y del sistema penitenciario. Los reos salían de noche armados en vehículos oficiales a consumar ejecuciones masivas en Torreón.

La historia tiene antecedentes importantes. Todo el mundo sabe que desde las cárceles de la Ciudad de México se planean y organizan secuestros. Y hace apenas nueve años El Chapo Guzmán se fugó de Puente Grande -cárcel federal de alta seguridad.

El factor común en todos estos casos es la corrupción. El sistema penitenciario tiene 500 penales estatales y municipales. La pregunta es: ¿cómo evitar la compra de autoridades y el sometimiento de las mismas al crimen organizado? La respuesta es: no hay forma. Porque, además, el soborno y la complicidad se acompañan de intimidación: plata o plomo.

4. La Secretaría de la Defensa Nacional afirma que una de las estrategias fundamentales del Estado es golpear las finanzas del crimen organizado. No hay en ello secreto ni misterio alguno. Todos los especialistas y las agencias internacionales afirman lo mismo.

Por eso son interesantes los datos. A lo largo del sexenio del presidente Calderón, que va del 1o. de diciembre de 2006 al 26 de julio de 2010, la Sedena informa que decomisó 136 millones de dólares y casi 208 millones de pesos. Lo que a un tipo de cambio de 12.50 hace un total aproximado de 152 millones de dólares.

¿Cómo evaluar si esa cantidad de dinero es mucha, regular o insignificante? Muy simple. Basta con compararla con la estimación que se hace del otro lado de la frontera. Según el informe anual del Departamento de Estado de Estados Unidos (marzo de 2010), en México se lavan anualmente un promedio de 25 mil millones de dólares.

Así que si las cuentas no mienten, lo decomisado por la Sedena a lo largo tres años y medio equivale apenas al 0.6 por ciento de lo que los cárteles lavan en un año y al 0.17 por ciento de los 87 mil 500 millones de dólares que habrían lavado a lo largo de tres años y medio.

5. La muerte de Ignacio Coronel, lugarteniente de El Chapo, ¿es una buena o mala noticia? Depende cómo se observe. Si se hace desde la perspectiva del combate al crimen organizado es una buena noticia.

Fortalece, además, la imagen del gobierno de Calderón en dos registros: uno, porque se trata de un capo mayor; dos, porque contradice las denuncias -de diversa procedencia- de que había un arreglo entre instancias del gobierno federal y el Cártel del Golfo.

Pero desde otra perspectiva las cosas son diferentes. La advertencia es generalizada. La desaparición de Nacho Coronel abrirá una disputa por el control de la plaza, es decir, la ciudad de Guadalajara, y los niveles de violencia se dispararán. Esto ya había venido ocurriendo desde hacía unos meses. Pero es evidente que la espiral se acelerará.

El problema está en que no hay evidencia ni elementos para suponer que las autoridades estatales y federales tendrán la capacidad de imponer orden. Así que la segunda ciudad del país podría entrar en una dinámica similar a la de Monterrey.

6. ¿Qué se puede esperar en el corto y mediano plazo? Nada bueno. La correlación de fuerzas no es favorable al Estado. La capacidad económica y de fuego de los cárteles no ha sido tocada. Ahí están las cifras: 25 mil millones de dólares anuales y un tráfico ilegal de 2 mil armas diarias -muchas de ellas sofisticadas y de alto poder. Todo eso se traduce en una capacidad de corrupción e intimidación enorme o, para fines prácticos, ilimitada.

A lo que hay que agregar que los cárteles tienen enormes posibilidades de reclutamiento. El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que 150 mil personas están directamente implicadas en el negocio del narcotráfico y otras 300 mil en el cultivo y procesamiento del opio y la marihuana.

Pero no sólo eso. Hay una cultura del narcocorrido y una enorme cantidad de jóvenes dispuestos alistarse por un salario de 2 mil pesos semanales -tal como lo relató uno de los sicarios que ejecutaron a la subprocuradora de Chihuahua hace unas semanas.

¿Y del otro lado? Policías municipales inexistentes. Mandos estatales corrompidos. Gobernadores atemorizados o pasmados. Una Policía Federal sometida a ataques y, por supuesto, las Fuerzas Armadas, que resultan insuficientes.

No hay, pues, razón para el optimismo. Por eso urge replantear toda la estrategia.

Frente a los violentos

Carlos Puig
masalla@gmail.com
Historias del Más Acá
Milenio

¿Cómo se debe cubrir, cómo se deben contar las historias, cómo se debe hacer periodismo de un fenómeno, de un grupo de personas al margen de la ley que, si pudiera, terminaría con el periodismo que uno quiere hacer?

La pregunta no es nueva en el mundo; para nosotros la respuesta es urgente.

En Estados Unidos se la plantearon el 11 de septiembre de 2001 y con más crudeza cinco meses después cuando el periodista Daniel Pearl, de The Wall Street Journal, fue secuestrado en Pakistán y asesinado un mes después tras una serie de demandas no cumplidas por parte del gobierno estadunidense.

Se lo plantearon también en Estados Unidos cuando Ted Kaczynski, el asesino llamado el Unabomber, exigió la publicación de un manifiesto en la prensa nacional con la amenaza de seguir matando.

Se la plantearon los periodistas en Colombia cuando los cárteles de la droga enfocaron su violencia contra periódicos y periodistas. Cuando mataron a Guillermo Cano, destrozaron El Espectador o secuestraron a Francisco Santos, por nombrar sólo algunos de los casos más relevantes.

Se la han planteado los periodistas en la España democrática, donde la violencia de ETA ha atacado e intimidado a medios de comunicación y periodistas que no le son afines, que no cuentan “su historia oficial”. Cuando el grupo separatista ha atacado a la televisión pública vasca o a la Universidad de Navarra. Cuando han enviado paquetes bomba a periodistas de medios no vascos en el País Vasco.

Los periodistas de estos tres países enfrentaron una nueva circunstancia y tenían viejos cánones; con añejas certezas y axiomas inservibles para los nuevos fenómenos. Sometieron sus verdades de manual al escrutinio de las nuevas realidades y llenos de dudas fueron construyendo nuevos paradigmas.

Convengamos lo siguiente: las acciones de violencia contra el periodismo buscan despojarlo de su más importante poder: ejercer todos los días en plena libertad su oficio, sobre todo decidir, con base en criterios profesionales, qué y cómo contar las historias de interés público. No existen para los violentos las armas cotidianas del oficio, la de la información verificable, la crítica o el escrutinio. En el México de hoy es comprobable que ahí donde reinan los violentos y sus reglas, el periodismo ha muerto.

La situación extrema que hoy viven regiones del país se ha topado, lamentablemente, con un gremio desunido y poco solidario. Confundido entre el recelo, la mezquindad y la sana competencia. Ambiente propicio para quien viene intimidando hace años con una llamada amenazante, una bombita casera, algún asesinato aislado en una población alejada, un secuestro, una extorsión.

Ante las cabezas sin cuerpo, las mantas sin autor verificable, las matanzas, las presentaciones cotidianas de presuntos “capos”, la violencia que nos invade, pues; cada medio, cada periodista, viene actuando y decidiendo sólo. A veces con argumentos de rancio academicismo, a veces por la búsqueda desesperada de audiencia disfrazada de servicio al público.

Cada uno desde su trinchera. Aislados.

El agua está llegando a los aparejos.

Hoy en día, el grupo de profesionales con el que trabajo todos los días, los colegas con los que hablo, tenemos más dudas que certezas; la única, tal vez, es que no sirven las viejas respuestas, y que es hora de pensar y repensar cómo hacemos lo que hacemos.

35 directores de medios colombianos, más cercanos a nosotros y nuestro dilema, después de muchos muertos, muchos silencios, decidieron en noviembre de 1999 firmar el Acuerdo de la Discreción que reproduzco.

Conscientes de la responsabilidad social de nuestro oficio, los profesionales de los Medios de Comunicación de Colombia nos comprometemos con este Acuerdo por la Discreción, porque queremos contribuir al logro de la paz, al respeto de la vida y a la búsqueda del bien común.

1. El cubrimiento informativo de actos violentos —ataques contra las poblaciones, masacres, secuestros y combates entre los bandos— será veraz, responsable y equilibrado. Para cumplir con este propósito, cada medio definirá normas de actuación profesional que fomenten el periodismo de calidad y beneficien a su público.

2. No presentaremos rumores como si fueran hechos. La exactitud, que implica ponerlos en contexto, debe primar sobre la rapidez.

3. Fijaremos criterios claros sobre las transmisiones en directo, con el fin de mejorar la calidad de esa información y evitar que el medio sea manipulado por los violentos.

4. Por razones éticas y de responsabilidad social no presionaremos periodísticamente a los familiares de las víctimas de hechos violentos.

5. Estableceremos criterios de difusión y publicación de imágenes y fotografías que puedan generar repulsión en el público, contagio con la violencia o indiferencia ante ésta.

6.Respetaremos y fomentaremos el pluralismo ideológico, doctrinario y político. Utilizaremos expresiones que contribuyan a la convivencia entre los colombianos.

Preferimos perder una noticia antes que una vida.


Aquí ¿qué hacemos? ¿Quién convoca? ¿Cómo debatimos? ¿Qué firmamos? ¿Cómo aseguramos que nuestro oficio siga siendo nuestro?

Mantener firme una buena decisión

Julio Faesler
Consultor
juliofelipefaesler@yahoo.com
Excélsior

Como resultado de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el SME no es ya sino un fantasma.

Pocas acciones del gobierno de Felipe Calderón han merecido un aplauso tan generalizado como fue la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. El gobierno no debe vacilar en completar la obra iniciada.

Mantener a Martín Esparza Flores como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sería confirmarle su control sobre los cuantiosos bienes patrimoniales y los dineros en efectivo del sindicato y sostenerle su poder político en una fase particularmente importante en la historia nacional como es la de los comicios de 2011 y del año siguiente.

Como resultado de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el SME no es ya sino un fantasma, cascarón legal, pero es titular de un patrimonio que según datos oficiales tiene un valor en libros de 8 mil millones de pesos. El Sindicato es propietario de al menos 22 inmuebles en el DF, los estados de México, Morelos e Hidalgo, ahí están la sede central del Sindicato en la Avenida Insurgentes, las oficinas en Antonio Caso, con su gran mural de David Alfaro Siqueiros, los gimnasios, canchas de baloncesto, deportivos en Villa Coapa, Azcapozalco, Cuernavaca y Pachuca, una escuela técnica y predios en Toluca, DF y Pachuca. Más las cuotas, fondos de pensiones y de vivienda y cuentas bancarias congeladas.

El secretario general y el tesorero administran los bienes del sindicato. Para venderlos se requiere un poder notarial avalado por los secretarios del Interior y del Trabajo del gremio, previa aprobación de una asamblea extraordinaria. El producto se repartirá entre los miembros con derechos pudiendo recibir cada uno 90 mil pesos en promedio.

Esto es lo que está en juego. Es evidente que en la mesa de diálogo de alto nivel convocada por el nuevo secretario de Gobernación, Martín Esparza usará todos los medios a su alcance, movilizaciones y bloqueos, para obtener de la Secretaría del Trabajo la "toma de nota" que lo reconozca como secretario general. Esto le permitiría manejar a su arbitrio una asamblea extraordinaria, dominada por su grupo, que le autorizase a disponer del patrimonio sindical. Tantos millones de pesos antes mencionados, bien vale la pena hacer de su ambición un asunto de dimensión nacional.

Sería un grave retroceso que el gobierno, por cualquiera circunstancia o pasajera conveniencia, cediera a las amenazas de un líder reconocidamente corrupto y manipulador. De hacerlo, el presidente Calderón avalaría un caso más manipulación sindical que tanto atraso le ha costado al país en términos de desarrollo económico y competitividad.

Hay bases más que firmes para seguir de frente en el caso de Luz y Fuerza del Centro. Está primero el Decreto de Extinción perfectamente convalidado por la Suprema Corte, en segundo lugar, la generosa liquidación de los trabajadores que así lo solicitaron, y en tercer lugar, el ofrecimiento de incorporar a la CFE a los trabajadores liquidados que acrediten su capacidad laboral.

Es conocida la identidad de objetivos que ligan a Martín Esparza y a Andrés Manuel López Obrador desde que éste era el Jefe de Gobierno del DF. Confirmar a Martín Esparza como secretario general del SME y con ello su plena autoridad sobre el patrimonio del sindicato, es dotarle una determinante fuente financiera a AMLO al inicio mismo de su campaña presidencial recién lanzada en el Zócalo de la Ciudad de México el domingo pasado.

No hay razón que pudiera justificar que la Secretaría de Trabajo expida la "toma de nota" a la directiva encabezada por Martín Esparza Flores por mucho que el gobierno federal quisiera mantener para los agitados tiempos que vienen el muy precario entendimiento con alguna de las fluctuantes fuerzas de la izquierda actual.