agosto 04, 2010

'Teatro fantástico' por Paco Calderón



Puerta abierta para legalizar las drogas

José Contreras
expedientepolitico@yahoo.com.mx
Expediente político
La Crónica de Hoy

La declaración del presidente Felipe Calderón en el sentido de que se debe dar un debate sobre la legalización de las drogas en un marco de pluralidad es una buena noticia.

Esta aceptación del debate representa un cambio en la postura inicial del gobierno encabezado por Calderón, de no aceptar ni siquiera que el tema fuera discutido.

Es positivo que el gobierno federal no esté cerrado a la posibilidad de debatir la legalización de las drogas como una de las alternativas para combatir y desarticular al crimen organizado.

Ayer, el empresario Eduardo Gallo, víctima de la delincuencia organizada y de la ineficacia del Estado para hacer justicia, planteó ante el presidente Calderón la legalización de las drogas como un plan B “ante el fracaso de la estrategia actual de lucha contra el narcotráfico”.

Y aunque la legalización de las drogas no es la panacea, sí podría ser determinante para desarticular al crimen organizado, pues terminaría con un mercado ilícito multimillonario que genera violencia extrema.

La estrategia actual del gobierno federal no ha arrojado los resultados esperados, como fue expuesto ayer durante el segundo día del Diálogo por la Seguridad. Evaluación y Fortalecimiento.

No se puede hablar de buenos resultados cuando, de acuerdo con el director general del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, esta guerra ha dejado 28 mil muertos en lo que va del sexenio.

Han sido detenidos decenas de narcotraficantes y han sido ubicados y eliminados importantes capos, como Arturo Beltrán Leyva y Nacho Coronel, pero las mafias del crimen organizado siguen operando como si nada hubiera ocurrido, pues el gran negocio no ha sido tocado.

Ayer, el presidente Felipe Calderón reconoció que muchas veces las instituciones del Estado operan sin reflexión y análisis ante la premura de actuar cuando la gente es víctima de extorsión, secuestro, asesinato o violencia.

El momento de la reflexión y del análisis ha llegado y qué saludable que llegue con la disposición del presidente de la república para que se someta a debate el tema de la legalización de las drogas.

En el Congreso también hay disposición para discutir el tema. El pasado 24 de marzo, los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores de las dos cámaras recibieron a una delegación de funcionarios de Estados Unidos con sendas declaraciones a favor de la legalización de las drogas.

Ese día, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Rosario Green, afirmó que el clima de violencia que se vive en la frontera obliga a los gobiernos de Barack Obama y de Felipe Calderón a trazar la ruta hacia la despenalización del consumo de la mariguana.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, habló ese día de la necesidad de legalizar las drogas en general, no sólo la marihuana.

Quienes se oponen a que el tema de la legalización de las drogas sea por lo menos discutido nos deben explicar por qué hay unas drogas legales, como el alcohol y el tabaco, que producen adicciones y muertes, y porqué hay drogas ilegales que producen adicciones, muertes y además violencia extrema.

Ayer, el presidente Calderón sostuvo que la lucha contra la delincuencia no puede ser producto ni de la improvisación ni del azar, sino resultado de un proceso ordenado de diagnóstico y planeación.

Precisamente es en un proceso de este tipo en donde entraría la conveniencia de discutir de manera seria y sin dogmas, la posibilidad de legalizar las drogas.

OFF THE RECORD

**¿CISEN O PGR?

Apenas el pasado 17 de julio, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, afirmó que la guerra contra al crimen organizado había provocado 24 mil muertos.

Pero ayer, el director general del Cisen, Guillermo Valdés, sostuvo que la cifra es de 28 mil.

Una de dos: o alguno de los funcionarios tiene la cifra incorrecta o de plano hubo cuatro mil muertos en tan solo dos semanas.

Por cierto, el titular del Cisen aportó cifras sobre decomiso de drogas y comportamiento de los cárteles.

¿El Cisen es un órgano de seguridad nacional o de seguridad pública?

Ya no entendemos.

**PAN SE QUEDA SOLO

El PAN se quedó solo en la impugnación de los comicios de Veracruz que le dieron el triunfo a Javier Duarte.

El PRD, el PT, el Panal y Convergencia decidieron no acompañar al PAN en su aventura de impugnar el resultado de las elecciones ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La alianza que postuló al senador Dante Delgado se disolvió y de los partidos que participaron, cada quien se fue con su cada cual.

**EL RELEVO EN FONATUR

El nombramiento de Rosa Adriana Pérez Quesnel como directora general de Fonatur es el corolario de un relevo escandaloso, que inició con el despido de Miguel Gómez Mont.

La secretaria de Turismo, Gloria Guevara, no tenía precisamente una buena relación con el anterior titular de Fonatur.

Pero no fue necesario que lo grillara ni que pidiera su cabeza.

Como se dice coloquialmente, él se puso de pechito cuando participó en un sainete en pleno Mundial de Futbol de Sudáfrica.

La llegada de Rosa Adriana, dicen quienes conocen el sector, será para bien.

En la hora de la legalización de las drogas

Jorge Javier Romero
Analista polìtico
El Universal

El discurso del presidente Calderón el 3 de agosto es de una importancia histórica. Por primera vez un jefe de Estado en funciones en México había aceptado que la legalización de las drogas es una posibilidad para enfrentar de mejor manera al crimen organizado.

Sin duda, es un giro radical a su política inicial, cuando se clamó cruzado de la guerra contra las drogas con el contundente “para que las drogas no lleguen a tus hijos”. A pesar de que adelanta su posición: “Hay quien argumenta que precisamente implicaría la legalización un aumento enorme del consumo en varias generaciones de mexicanos, en parte por el efecto económico mismo de la disminución de precio, en parte también por la disponibilidad, por la idea que se genera de que finalmente es aceptable y socialmente bueno y hasta medicinal, digamos, su uso, lo cual culturalmente tiene una incidencia importante”, y se coloca del lado del rechazo total a las drogas en paquete; abre la posibilidad de argumentar en contrario de manera democrática.

Y hay que tomarle de inmediato la palabra. Es la hora de que México y Colombia planteen en los foros internacionales un cambio internacional en la política de drogas. Y el gobierno mexicano tiene que llegar a ese momento con la fortaleza de llevar la posición de un país, una posición con amplio consenso, a pesar de no ser unánime. Hay que oír a quienes se oponen a la legalización y a quienes defendemos la posibilidad de una política de drogas diferente, que no aliente el consumo, que de plano procure eliminar los más peligrosos, pero que no lo haga a partir de la prohibición y se base en una jerarquización de las drogas por su grado de peligrosidad y adicción.

No se trata de legalizar a tontas y a locas, sino de diseñar un modelo de regulación que ponga el control de los mercados de estupefacientes en manos del Estado. Los precios se mantendrían altos a través de impuestos y no se permitiría la publicidad, mientras que se harían campañas de salud para desestimular los consumos peligrosos.

Se han hecho ya modelos de legalización que abordan la necesidad de políticas públicas eficaces para prevenir y desalentar el consumo. El más acabado es el de Transform Drug Policy Foundation (http://www.tdpf.org.uk/), que se puede resumir de la siguiente manera: es necesario desarrollar una reglamentación que diferencia a las drogas hoy ilegales en tres grupos. En uno estarían las drogas de peligrosidad baja, como la mariguana, el peyote, los hongos alucinógenos; en otra las de peligrosidad media, como la cocaína, el MDMA, conocido como éxtasis, los ácidos alucinógenos, etcétera; en la tercera estarían las drogas de peligrosidad alta, como los opiáceos inyectables. Para cada categoría, las restricciones de mercado serían diferentes.

La mariguana y otras drogas de peligrosidad baja deberían regirse por una reglamentación similar a la del tabaco y el alcohol, con altos impuestos, prohibición de proveerla a menores, lugares determinados para su venta y demás restriccciones. El modelo de cafés exclusivos que existe en Amsterdam es una posibilidad que evita que se le combine con alcohol y separa mercados, de manera que la oferta de mariguana no se junta con la de la cocaína y otras drogas más peligrosas.

Para el segundo grupo, el de las drogas como la cocaína, las llamadas tachas y los ácidos, dice Transform, su venta se haría en farmacias o expendios especializados, con receta médica y con las advertencias del caso, con estándares de pureza y dosis.

El tercer grupo, el de los opiáceos inyectables y otras drogas de alta peligrosidad como el llamado “cristal”, poderosa metanfetamina, requiere de un enfoque distinto. Lo primero que hay que decir es que hoy la mayoría de los opiáceos son legales y se usan en la industria médica. La heroína salió de las farmacias y ahí debe regresar de manera controlada. A los adictos a los opiáceos inyectables es necesario proveerles de la droga de manera gratuita en espacios sanitarios y promover entre ellos tratamientos de desintoxicación, al tiempo que se emprende una campaña de prevención seria. En la medida en la que no sean los delincuentes los que controlen las ganancias de la heroína o el “cristal”, no habrá incentivos para que existan enganchadores de niños y adolescentes para esas drogas y se podrá reducir sustancialmente el problema, que, aunque reducido en México, devasta a las personas a las que afecta.

Todo ello acompañado de una campaña informativa y educativa sobre los efectos del consumo de substancias, incluidos el tabaco y el alcohol. Pero sin argumentación paranoica, con razones y con información científica. Es la hora de pensar en después de la guerra.

Expiación

Diego Beas
ruta66@diegobeas.com
RUTA 66
Reforma

Aunque Obama ha insistido en ello desde que era candidato, el discurso de este lunes confirmando el repliegue final de Iraq marca un momento importante en la historia de Estados Unidos -y de la Administración-.

El fin, por ahora en el orden de lo simbólico, de una larga guerra que comenzó bajo circunstancias internacionales muy complicadas y que estigmatizó de manera indeleble, y como ninguna otra política a lo largo de sus ocho años, la presidencia de George W. Bush.

Una postura que, si estiramos un poco su significado, podría ser considerada la posición clave que aupó a Obama de los suburbios de Chicago y Springfield -la capital de Illinois- a la Casa Blanca. A diferencia de lo que se afirma con frecuencia, Obama no saltó a la fama con aquel discurso de la Convención Demócrata en Boston en 2004. Lo hizo dos años antes, en un parque de Chicago, en una manifestación en contra de la guerra a la que ahora le pone fin. "No estoy en contra de la guerra", dijo Obama en aquella ocasión, "estoy en contra de las guerras estúpidas".

Su fin invoca en la memoria diversas escenas, episodios y momentos críticos en los que a lo largo de los últimos siete años Estados Unidos cruzó (en varias ocasiones) el Rubicón de la responsabilidad internacional; a su perjuicio, desprestigio y a un coste altísimo, tanto en vidas humanas como en tesoro nacional.

Recuerdo, por ejemplo, aquella infame presentación de Colin Powell, Secretario de Estado en aquel momento, ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las escenas en las que mostraba pequeños tubos metálicos con los que intentaba demostrar, por medio de un discurso tramposo y parcial, la existencia irrefutable de armas de destrucción masiva. Ello sucedía a comienzos de febrero de 2003.

Apenas mes y medio después, las bombas comenzaban a llover sobre Bagdad. "Shock and awe" lo llamó el Ejército; la versión estadounidense de la Blitzkrieg que ni decapitó al régimen ni provocó el shock a partir del cual se debía comenzar a construir la estabilidad del país. Tan sólo un mes después el Ejército estadounidense marchaba triunfante en Bagdad mientras los acólitos del Presidente Bush no se cansaban de asegurar que sus soldados serían bienvenidos como liberadores. Wolfowitz, Feith, Rumsfeld, Bolton, cuánto tiempo ha transcurrido.

A partir de allí comenzaría el caos en el que se sumió Iraq: la disolución de la Guardia Republicana, los enfrentamientos tribales, los saqueos, la descomposición social, la estrategia militar errática que llevó años corregir.

El 1 de mayo de ese año tendría lugar aquella icónica imagen de Bush en ropa de aviador llegando al portaviones USS Abraham Lincoln anclado frente a las costas de California a bordo de un jet militar para pronunciar el discurso de victoria frente a una manta con la consigna "Mission Accomplished" -junto con las imágenes de las costas de Luisina devastadas en 2005, ésta fue una de las que caló más en la conciencia colectiva y marcó la percepción de Bush-.

En julio vendrían las tétricas escenas de la sangrienta persecución de Uday y Qusay. Los hijos del dictador. Perseguidos durante horas por tierra y aire por un regimiento militar en la ciudad de Mosul: se les acorraló, asesinó y, a manera de trofeo, el Ejército publicó múltiples fotografías con los cuerpos abatidos de los hermanos.

La captura del propio Hussein en diciembre, que sólo serviría para avivar los enfrentamientos tribales y dividir al país; su condena a muerte y ahorcamiento en diciembre de 2006. La bomba en la sede de Naciones Unidas en Bagdad; los linchamientos cotidianos; las miles y miles de muertes civiles. Y así podría seguir, invocando recuerdos de más de un lustro de terribles consecuencias producto de uno de los errores más graves de la política exterior de Estados Unidos.

El fin definitivo de las operaciones de combate anunciado por el Presidente el lunes es un paso importante en el proceso de expiación de un negro capítulo en las aventuras exteriores de Estados Unidos.

¿Encomendable? No realmente. Era lo mínimo que Obama podía haber hecho.

No es la estrategia, es la política

Jorge Fernández Menéndez
Razones
Excélsior

Ayer me tocó participar en los Diálogos que está realizando la Presidencia de la República con todos los sectores sociales para evaluar y analizar la estrategia de seguridad. Fueron cuatro horas de un encuentro productivo y que reflejó amplísimos puntos de vista, desde la estrategia de seguridad en sí misma hasta capítulos como la despenalización de ciertas drogas.

En mi opinión, así lo dije ahí, el problema no es la estrategia de seguridad, que fue muy bien presentada, con una adecuada visión histórica, por Guillermo Valdés, el director del Cisen, y ampliamente comentada por el presidente Calderón. Esa estrategia ha tenido problemas: las instituciones del Ejecutivo deben coordinarse más y mejor. Los operativos son imprescindibles pero su operatividad en ocasiones deja que desear porque en casi ninguno hay mandos únicos; las áreas de inteligencia deben tener también más y mejor coordinación y, como señaló en su momento Héctor Aguilar Camín, la batalla por la opinión pública está prácticamente abandonada. No se comunica bien, no hay una narrativa del conflicto ni un seguimiento detallado de la información. Historias tan importantes como la caída de Nacho Coronel no fueron presentadas, y eso no tiene por qué violar las pautas de seguridad, con la profundidad y los detalles que una gran historia requiere para que la gente comprenda, como dijimos, que una cosa es un narcotraficante histórico como Coronel y otra muy diferente, un "jefe", aunque así se le presente, de La Línea.

El problema, ya lo hemos dicho en este espacio, no es la estrategia, sino la política, y nada es más grave en este sentido que el profundo desfase que existe entre la Federación y los estados y los municipios. El problema consiste en que la estrategia es nacional por su extensión, pero no ha sido tomada como tal por los tres Poderes de la Unión y por los tres órdenes de gobierno. Y la verdad es que la mayoría de los estados y municipios, por las razones que sea, no se involucran en esta lucha.

Puse dos ejemplos. Durango, con el escándalo del penal de Gómez Palacio, donde las autoridades de la cárcel dejaban salir a los reos en la noche, para matar a sus adversarios, con las armas y los vehículos del penal, sólo motivó del gobierno de la entidad un comunicado de prensa, donde el gobernador Ismael Hernández Deras se limitó a decir que los funcionarios detenidos eran unos traidores. Nunca volvió a tratar el tema. Sí lo trató su secretario de Gobierno, quien afirmó que el problema real era que les enviaban demasiados presos acusados de delitos federales, como si eso ocasionara en automático la corrupción de sus empleados. El segundo caso, Jalisco: no hemos visto al gobierno local decir ni una palabra sobre el caso de Nacho Coronel, absolutamente nada. Y el jefe de policía de Guadalajara, interrogado sobre la probable protección que tenía el capo por las fuerzas policiacas locales aseguró que "si eso se comprobaba entonces se investigará a la policía local". Por lo menos, absurdo.

El hecho es que estos dos gobiernos, uno, priista, el otro, panista, han actuado de la misma forma ante hechos relevantes de la lucha contra la delincuencia y pareciera que ninguno de los dos tiene responsabilidad alguna en los hechos. Y sin esa participación de los tres órdenes de gobierno y los tres Poderes de la Unión, no hay estrategia posible para detener el fenómeno de la inseguridad. Y encontrar esa operatividad es, debe ser, parte de un profundo trabajo político y de asumir una corresponsabilidad que en buena medida no existe.

Los temas ahí están: no cabe duda de que se necesita centralizar policías, pero no sólo no vamos hacia una policía única, pese a que casi todos los participantes destacaron los enormes esfuerzos realizados en la construcción de la Policía Federal, sino que la reforma para integrar 32 policías estatales está a la espera de quién sabe qué ocasión legislativa y muchos presidentes municipales, sobre todo panistas, se oponen por razones eminentemente políticas. Y sin esa reforma, sin fuerzas locales poderosas, no se pueden atacar los delitos que más lastiman a la gente, que son la extorsión y los secuestros. La reforma a la justicia apenas registra avances en siete estados: han pasado dos años de su aprobación y faltan aún seis para su plena implementación y el objetivo se ve, por lo menos, más que lejano: 98% de los delitos quedan impunes y, de todos los detenidos relacionados con el narcotráfico, 63% terminan siendo dejados en libertad supuestamente por falta de pruebas.

El problema es de política y requiere decisiones y soluciones políticas. La estrategia, con sus insuficiencias, es correcta, pero sin corresponsabilidad es imposible imponerla en todo el territorio nacional y en todos los ámbitos. Hay un elemento que puede ser positivo: si bien en el Congreso será difícil tener avances, en los próximos meses la mayoría de los gobernadores estarán comenzando o han comenzado hace muy poco su periodo. No pueden darse el lujo de nadar seis años de muertito.

¿Para qué “dialoga” Esparza?

Carlos Marín
cmarin@milenio.com
El asalto a la razón
Milenio

Martín Esparza no acudió ayer a la Procuraduría General de Justicia del DF para responder por el medio centenar de seguidores que a patadas y rocazos abolló la camioneta sin blindaje en que tuvo que ser puesto a salvo el secretario federal del Trabajo, Javier Lozano, al término de una premiación.

Si se presentó en la Fiscalía de Asuntos Especiales fue para seguir capoteando la denuncia en su contra por falsificación de un poder notarial que le permitiría disponer de 21 millones de pesos de cuotas sindicales.

La agresión de ayer se dio mientras Gobernación mantiene una tercera mesa “de diálogo” que, si bien ya sirvió para terminar con el ayuno en el Zócalo, ha sido inútil frente a los bloqueos de calles y parece alentar la realización de más actos de vandalismo.

Tanto avión se le ha dado a Esparza que la tercera etapa de liquidación de los ex trabajadores de Luz y Fuerza fue prácticamente desactivada.

Para el dirigente, no hay más camino que el del chantaje y las presiones intimidatorias.

Legalizar las drogas, ¿propuesta electoral?

Ricardo Alemán
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

Ante la sorpresa de todos, el presidente Felipe Calderón reconoció el martes las críticas a la estrategia de seguridad de su gobierno. Dijo “estar dispuesto a revisarla, fortalecerla y perfeccionarla”, y reconoció que los ciudadanos “exigen resultados y esos resultados todavía son un saldo pendiente”.

El insólito reconocimiento no sólo sorprendió a los malquerientes del Presidente sino que les arrebató un estandarte que había cobrado carta de naturalización en los meses recientes: que la estrategia contra el crimen no era la adecuada, que había que revisarla, fortalecerla y perfeccionarla. Bien, pues Calderón ya aceptó esa posibilidad.

Pero cuando en el imaginario colectivo aún no se procesaba el gesto inédito de autocrítica presidencial, el propio Calderón le arrebató a sus críticos otra bandera, aún de mayor repercusión. Dio la bienvenida al debate sobre la legalización de las drogas en México, que no pocos actores políticos y sociales han propuesto como “plan B” a la lucha contra bandas criminales.

¿Y ahora qué argumentarán críticos y malquerientes de Calderón? Seguramente muy pronto se les ocurrirá otra cosa, mientras tanto queda claro que el Presidente está en campaña. Es decir, que son muchos los indicios de que Felipe Calderón dio por terminada la etapa de su gobierno de “lanzar cohetes”, y que ahora está en la fase de “recoger varas”. ¿Y qué quiere decir lo anterior? Elemental, que Calderón ya está en campaña, que hará suyas todas las banderas y estandartes de sus críticos, y que convertirá en proyectos electorales —de una campaña presidencial sin candidato— las críticas de sus detractores.

Y es que no se entiende de otro modo —que el electorero— que, a meses de entrar al quinto año de su gobierno y luego de casi 30 mil muertos producto de la guerra contra el crimen, Calderón reconozca la necesidad de “revisar, fortalecer y perfeccionar” su estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico, y que hacia el final de su gobierno —cuando todos los partidos y los grupos políticos trabajan en sus aspiraciones presidenciales—, de la bienvenida al debate sobre la legalización de la droga.

En política, dicen los viejos maestros de ese arte, “no hay sorpresas, sino sorprendidos”. Por eso, a nadie debe sorprender que Felipe Calderón reconozca fallas en lo que ha sido el corazón de su gestión —la lucha contra el narcotráfico— y que acepte el debate de la legalización de las drogas. Total, hacia el final del gobierno, y una vez que la disputa político-electoral rompió toda posibilidad de una alianza legislativa PRI-PAN, lo de menos es poner en marcha la temporada de “recoger varas”.

Hoy es más rentable para el Presidente, para su gobierno y la imagen de su partido el discurso de la tolerancia y la comprensión que el de la terquedad que le caracterizó a Felipe Calderón. Lo curioso es que en tiempos electorales nadie le entrará a la revisión, fortalecimiento y perfección de la estrategia presidencial contra el crimen, y menos al debate sobre la legalización de las drogas. Por si no se habían dado cuenta, esos ya son temas electorales, de campaña. Por eso vale decir que Calderón “está en campaña”.

LA CORTE Y EL FUERO MILITAR

En donde también se agitan las aguas por “la otra sucesión” es en la Suprema Corte, donde también habrá cambio de presidente. Mientras tanto, el máximo tribunal es noticia porque ratificará la constitucionalidad de los matrimonios de personas de mismo sexo y la adopción de hijos por esas parejas. Sin embargo, en los próximos días podría sorprender a propios y extraños con otra noticia también histórica. ¿De qué estamos hablando?

Poca cosa, que es posible que el pleno de la Corte entre al tema del “fuero militar” y que, con ello, logre establecer jurisprudencia para que —conforme a estándares internacionales— dicho “fuero” esté destinado exclusivamente a juzgar militares por delitos militares, que solo tenga competencia para conocer de delitos y fallas militares, a no tener jurisdicción sobre civiles, bajo ninguna circunstancia, a no tener competencia para conocer de asuntos en los que la víctima u ofendido sea un civil, aunque el delito sea cometido por un militar, y no tener competencia para juzgar violaciones a los derechos humanos.

¿Y de dónde saldrá esa maravilla?

Resulta que la Corte responderá a la sanción que impuso a México la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el llamado “Caso Radilla” —de un civil desaparecido en un retén militar en 1974 en Atoyac de Álvarez—, y para ello someterá al pleno un proyecto en el que se establece que un civil en ningún caso puede ser sometido a la jurisdicción militar o fuero de guerra y que si hay un civil complicado en un delito o falta quien debe conocer es la autoridad civil, sea como sujeto activo o pasivo. Si le entra la Corte al tema, podría significar un cambio radical a la interpretación del artículo 13 constitucional, en cuanto a abusos militares.