agosto 09, 2010

Nuevas señales de Los Pinos

Jesús Silva-Herzog Márquez
Reforma

La casa presidencial ha empezado a trasmitir nuevas señales. Algunas son alentadoras. La elección intermedia significó un duro golpe al grupo presidencial, debilitando la posición del Ejecutivo frente a la legislatura. Tras la votación del 2009, aparecía, incluso, una nueva mayoría dentro de la Cámara de Diputados. Se anticipaba entonces que el largo fin de sexenio sería simplemente el preparativo para el retorno de los antiguos propietarios de la residencia presidencial. Hay que reconocer que las cosas no han seguido el libreto del cartucho quemado. En condiciones complejas, el Presidente se aferra a las riendas.

Merece destacarse que sigue ejerciendo el mando de su partido. La consecuencia más importante de las elecciones locales fue precisamente ésa: consolidó el liderazgo de Calderón dentro del PAN. El éxito de las alianzas dio a la posición presidencial fuerza al interior del PAN. Imaginemos lo que hubiera sucedido de haber sido un fiasco. De haber fracasado las alianzas, estaríamos hablando hoy de un gobierno en extremo débil que enfrenta una oposición cruenta desde dentro de su partido. El hecho es que Felipe Calderón sigue siendo el líder indiscutible de Acción Nacional. El Presidente ha reconstruido su equipo con el mismo criterio que ha empleado: la lealtad por encima de la experiencia; la lealtad por encima de la competencia; la lealtad por encima de cualquier cosa. Si la capacidad presidencial equivale a la competencia de su equipo, Felipe Calderón es el Presidente más limitado de la historia moderna de México. Dicho esto, debe subrayarse un cambio importante en el equipo del Presidente. Durante la década panista, los presidentes han convivido con un secretario de Hacienda de larga experiencia financiera y con peso político propio. Algunos hablaban de una especie de diarquía: el ministerio de finanzas como el reino independiente de la tecnocracia. Calderón tuvo la osadía de romper con ese tabú y colocar en esa posición a un hombre suyo. El cambio le da a su gobierno un instrumento con el que no había contado a plenitud hasta ahora.

Calderón prolonga su liderazgo dentro de su partido y fortalece su posición en el manejo de la política económica. También ha dado señales de apertura que merecen ser reconocidas. Desde el asesinato del candidato priista a la gubernatura de Tamaulipas, el presidente Calderón convocó a las fuerzas políticas del país a definir una política de unidad frente al crimen organizado. No lo hizo desde la arrogancia de quien exige la aceptación total de la línea gubernamental, sino abriéndose a la crítica, disponiéndose a incorporar visiones distintas. En días recientes, Felipe Calderón ha entablado diálogo con distintos sectores de la sociedad civil con el objeto de construir unidad nacional frente al crimen. Ha escuchado a representantes de las iglesias, a periodistas y empresarios de los medios, a expertos y opinadores. Lo más relevante de estos encuentros ha sido el tono del Presidente. Si hasta hace unas semanas escuchábamos cerrazón, hoy se percibe apertura. Hace poco se decía que las muertes eran auspiciosas. Se nos decía que la sangre que bañaba al país era signo de que la guerra contra el crimen organizado avanzaba. El gobierno no solamente defendía con tenacidad su estrategia sino que invalidaba cualquier crítica como si recomendara sumisión. Cualquier crítica era tachada de inmediato como invitación a la capitulación del Estado mexicano.

No hay más ruta que la nuestra, decían los voceros oficiales, de una u otra manera. Hoy el tono -subrayo: el tono- es muy distinto. El Presidente escucha a sus críticos, los interroga para comprender su lógica, se dispone a calibrar sugerencias. No se trata de un Presidente que esté en ánimo de inflar los logros y minimizar la gravedad del reto. El diagnóstico presentado públicamente por Guillermo Valdés, director del Cisen, nos muestra a un gobierno que no tiene la intención de azucarar las cosas ni taparse los ojos. La situación es crítica y la estrategia no está dando los resultados esperados. No hay propósito de encubrimiento ni intención de autoengaño. El Presidente parece estar en disposición de dar un giro a su estrategia contra el crimen organizado.

Calderón no está iniciando la despedida. Si bien se percibe en su política una obsesión por impedir a toda costa el retorno del PRI a la casa que habita y convertirse en el jefe de campaña de su partido, también se entreven señales de apertura y disposición autocrítica. Su legado estará ligado indefectiblemente a los resultados de su política de seguridad. Si se distrae de esa prioridad y subordina la recuperación de la tranquilidad pública a propósitos electorales, los resultados para el país pueden ser trágicos. Si, por el contrario, recupera el sentido de lo esencial y encauza al país en sendero para recuperar la paz, su Presidencia merecerá reconocimiento.

La infantería del narco

Raymundo Riva Palacio
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
www.twitter.com/rivapa
Eje Central

En muchas zonas del país, los policías municipales se han convertido en el principal apoyo de los cárteles de las drogas, a quienes les brindan protección institucional, les sirven de operadores de campos para extorsiones y les proveen seguridad e información sobre las fuerzas federales que los buscan y de los operativos que realizan. Hay casos donde toda la estructura ha estado al servicio de las bandas de narcotraficantes, realizando las acciones de desafío más grande al Estado, como asesinar a generales comisionados para encabezar tareas de seguridad pública.

En muchas zonas del país, los policías municipales se han convertido en la infantería de las organizaciones de delincuencia organizada. Realizan o coordinan secuestros de adversarios para torturarlos y en ocasiones son ellos mismos quienes los matan. Sin su participación cotidiana el trabajo de los cárteles de la droga sería más costoso y más difícil, y sus utilidades y posibilidades para mantener la logística, el reclutamiento y la adquisición de armas cada vez más poderosas, serían más estrechas.

Este fenómeno es el factor más importante en el diagnóstico de la espiral de violencia de los últimos años y, al mismo tiempo, donde más han chocado las instituciones. Hace más de dos años, decenas de presidentes municipales le pidieron al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, su apoyo en el combate a la delincuencia. Pero cuando les propuso que él les enviaba a jefes de policía, entrenados y pasados por los controles de confianza, ninguno aceptó. No querían tener a nadie que ellos no hubieran puesto, porque no confiaban en nadie ajeno para esas tareas. Ahí naufragó el viejo proyecto de una policía nacional.

La alternativa fue una policía estatal única, apoyada por la mayoría de los gobernadores del país -curiosamente la oposición más férrea viene de algunos panistas-, que García Luna volvió a presentar este viernes en un foro en Puerto Vallarta con alcaldes. No hubo sorpresas; el rechazo fue casi total. Los alcaldes del país no quieren saber nada de esa propuesta, pues afirman que una estrategia de combate a la delincuencia debe ser integral y multidisciplinaria. Es cierto, pero al no hacer nada por querer hacer todo junto, se ha perdido mucho tiempo.

Mientras la retórica ganó la batalla, durante este periodo se empalmaron los delitos del fuero común y los federales. La nueva generación de delincuentes comienza con el robo patrimonial, que es el principal delito en el país. Al no atacarse avanza la carrera criminal. Quien roba en la calle, empieza a hacerlo en casas. Si no se le frena, va a robar autos. De ahí brinca a robar valores y a secuestrar. Cuando alguien llega a esos niveles ya es un delincuente con patología criminal, cuyo siguiente paso es la delincuencia organizada.

Este camino no era mecánico hasta hace pocos años, pero en la actualidad hay zonas del país donde el tránsito de robo patrimonial a delincuencia organizada es de dos meses, aunque en ciudades como Juárez, quien hoy roba a un transeúnte puede convertirse en sicario en 48 horas. La velocidad con la cual transitan de la delincuencia del fueron común -que representa el 92 por ciento de los delitos a nivel nacional- a la delincuencia organizada -cuyo 8 por ciento del total de delitos es más focalizado, pero más violento y generador de mayores miedos- está relacionada a la ineficiencia de las policías municipales para combatir el delito en su parte primaria.

Un caso es el asesino del coordinador de la División Antidrogas de la Policía Federal en 2008, Édgar Millán, un delincuente del fuero común a quien el cártel de los Beltrán Leyva le pagó 90 mil pesos por matarlo. Otro fueron los delincuentes que contrató el cártel de Sinaloa ese mismo año para que colocaran una bomba debajo del automóvil del jefe operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que se frustró porque al no conocer de explosivos, la mala manipulación de ellos provocó que les explotara en las manos.

La idea de una policía estatal única tiene como propósito concentrar esfuerzos y recursos en capacitación, entrenamiento, homologación de bases de datos y hasta sistemas de comunicación, que hoy están dispersos en una especie de Torre de Babel donde abundan los problemas para sumar el trabajo de 165 mil policías municipales en poco más de dos mil corporaciones de ese tipo en el país.

Los presidentes municipales, al igual que han dicho los gobernadores, sostienen que les faltan recursos para mejorar salarios y equipamiento de sus policías. Es cierto, y en el nivel municipal es donde comienzan los problemas de seguridad pública por los problemas estructurales. Tres de cada cinco policías municipales en el país viven con menos de cuatro mil pesos al mes, lo que los hace caldo de cultivo de los cárteles de la droga que, según García Luna, gastan mil 270 millones de pesos anuales en sobornarlos.

Esto permitió, por ejemplo, que el cártel del Golfo pagara mil 500 pesos al operador de la planta de radio de la policía de Monterrey, sólo para que cuando trasladaran un cargamento de droga por esa capital, enviara a las patrullas a direcciones lejanas de esa ruta para evitar enfrentamiento. O que por 300 pesos se pueda contar con la gracia de un policía municipal en Baja California Sur o Tlaxcala, por tres mil a uno del Estado de México, o por seis mil a otro en el Distrito Federal.

El que sirvan policías municipales como mercenarios de cárteles de la droga, no es un asunto simplemente de corrupción, que sí existe, sino también de cómo cubrir sus niveles mínimos de subsistencia cuando sólo 29 entidades del país tienen salarios por encima de esos rangos, la mayoría cubre apenas dos terceras partes del mínimo establecido a partir del per cápita de cada entidad, y en el resto no alcanzan salvo para el 40 por ciento de lo que necesita un policía para vivir.

Los alcaldes están en una lógica que no termina de comprenderse. Van a contracorriente de la mayoría de los gobernadores, que han visto posibilidades de frenar la espiral de inseguridad pública a partir de un nuevo modelo. La discusión debe profundizarse para que expliquen por qué quieren la atomización policial, y que otros críticos del modelo propuesto argumenten técnicamente y sin prejuicios. Si no es la policía estatal única, que se proponga la opción, porque las discusiones políticas no han frenado la delincuencia. La realidad es que lo que existe, bueno o malo, no ha funcionado, y hay que cambiarlo.

Creo en México

Antonio Navalón
Cuenta atrás
El Universal

“México es un gran país”, dijo el secretario de Educación, Alonso Lujambio, cuando presentó el programa de actividades por los festejos del 15 de septiembre, con un mensaje que no era fácil de creer porque podría ser perfectamente una moralina sin sentido, una huida, ganas de ocultar la realidad apoyado en lo que alguna vez fuimos y en lo que podríamos ser, pero no en lo que somos hoy.

Yo me lo creí. Me creo que México es un gran país. Es más, estoy tan convencido de ello que, pese a que no me tocó ser mexicano de nacimiento, yo elegí estar aquí y renací como mexicano.

Esa declaración de Lujambio hay que situarla directamente en el corazón del país, a pesar del momento que vive, porque, efectivamente, pese a la ineptitud de la dirigencia política, a la inequidad social, a que hay más mexicanos en pobreza extrema, a la lamentable imposibilidad de los medios de comunicación para cumplir con informar, pese al río de sangre y la cadena de desgracias que han logrado minar el sentimiento nacionalista, pese a la poca esperanza de nuestros jóvenes, y a nuestra incapacidad de pensar en grande sobre el futuro de México, seguimos siendo un gran país, una gran nación, un gran pueblo.
No basta con creérselo, es cierto, pero por algo hay que empezar. Por eso, estoy de acuerdo con que, con todo y todo, la fuerza creativa —que en este país abunda— en manos de una docena de artistas y con la ayuda del espíritu del pueblo mexicano en la carne y sangre de más de 7 mil voluntarios, sea la que tenga la tarea de conmemorar un momento único e irrepetible: los 200 años de independencia. Y también de recordar gestas heroicas como sacudirnos la invasión francesa y la saga libertaria que hizo de Benito Juárez el Benemérito de las Américas, o el sacrificio de la revolución maderista en la Decena Trágica y que después de millones de muertos nos trajo un país nuevo con una revolución hecha instituciones.

Y es que, como pasa en las familias, siempre hay algo que reclamarle a alguien, pero incluido lo que no nos gusta la familia de uno es lo que tenemos, lo que somos. No conmemorar un cumpleaños significa negar aquello a lo que uno pertenece y lo que uno es. Cómo celebrarlo, o qué hay que conmemorar o recordar, es otra historia. Pero tenemos una identidad hecha de una cultura milenaria. Y sobre ella hay que reconstruir el tejido social.

Yo creo en México y en todos aquellos que por creer en este país están dispuestos a ser mexicanos, por un largo rato y por encima de sus intereses personales. Como un ideal que deseo rumbo a la tercera centuria me creo que somos un gran país convencido desde el corazón —como sonó en el secretario— y que por eso podremos volver a tener un pasado brillante, un futuro seguramente prometedor, y un presente con el que podamos convivir, reconociendo los errores, cambiando lo que tengamos que cambiar y echando fuera a los que se tenga que echar.

Insiste el PRI en volver al pasado

José Contreras
expedientepolitico@yahoo.com.mx
Expediente político
La Crónica de Hoy

Inexplicable, la actitud de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, de pedir que el presidente Felipe Calderón acuda a San Lázaro a entregar su cuarto informe de gobierno.

No se trata de una simple ocurrencia del diputado Jesús María Rodríguez Hernández, sino de toda una estrategia de los diputados del PRI para abrir el debate sobre el cambio de formato de la presentación del Informe Presidencial.

El cambio de formato para obligar al presidente de la República a que acuda cada 1 de septiembre a San Lázaro forma parte de la propuesta de reforma política de los diputados del PRI, que no es compartida por los senadores.

El buscapiés del diputado Jesús María Rodríguez fue lanzado unos cuantos días después de que el senador Fernando Castro Trenti emitiera un comunicado en el que llama a que se retomen los trabajos de la reforma política. La de los senadores, claro.

El presidente Felipe Calderón no acudirá a San Lázaro a presentar su cuarto informe de gobierno, en primera, porque no está obligado a hacerlo y en segunda, porque no se expondrá a convertirse en rehén de los diputados obradoristas.

Pero la cercanía del 1 de septiembre representa una excelente coyuntura para que los diputados del PRI revivan el debate en torno a reinstaurar el Día del Presidente.

Cuando intentan dar esta vuelta al pasado, los diputados priistas en realidad no piensan en Felipe Calderón, sino en quien ellos creen que podría ser el próximo presidente de la república.

En la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se discute —aunque no de manera pública— un dictamen de reformas al artículo 69 de la Constitución que contempla reinstaurar el formato del Informe Presidencial con la asistencia del jefe del Ejecutivo a San Lázaro.

Y aunque la propuesta priista pasaba por establecer un diálogo entre el primer mandatario y los legisladores, ahora los diputados tricolores intentan empujar un formato muy parecido al que predominó durante todo el priato, en que el presidente leía su informe, recibía una respuesta del presidente de la Cámara de Diputados y se retiraba.

Los diputados del PRD y del PT que forman parte de la Comisión de Puntos Constitucionales no están de acuerdo con este intento del PRI de regresar al formato rígido que prevaleció durante varias décadas y piden que se promueva en auténtico diálogo entre poderes.

Los diputados incondicionales de Andrés Manuel López Obrador piden que ya se dictamine esa iniciativa, para obligar al presidente Felipe Calderón a asistir a la trampa de San Lázaro.

A los priistas no les urge tanto que se dictamine, pues tienen la mira puesta en el futuro cercano.

El formato del informe presidencial que obligaba al primer mandatario a estar presente en la sesión de Congreso general de cada 1 de septiembre fue eliminado en julio del 2008, cuando fueron reformados los artículos 69 y 93 de la Constitución.

Cuando el dictamen fue aprobado en el Senado, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de este órgano, Pedro Joaquín Coldwell, celebró el que se diera fin al “evento faraónico” en que se había convertido la ceremonia del Informe Presidencial.

Los diputados del PRI intentan revivir ese “evento faraónico” y reinstaurar la cláusula de gobernabilidad, para garantizar que quien ellos creen será el próximo presidente de la República, cuente con la mayoría absoluta en el Congreso.

Buscan con ello volver al presidencialismo imperial, volver, pues, al pasado.

OFF THE RECORD

**ESPINOSO ASUNTO

Este lunes se reúne el CEN del PAN y uno de los puntos en la agenda es la posible expulsión del ex dirigente nacional, Manuel Espino Barrientos.

César Nava apoya la idea de que Espino sea expulsado, sobre todo a raíz de que comparó al presidente Felipe Calderón con Hugo Chávez.

El asunto no es tan sencillo, pues descalificar al presidente de la república no está entre las causales de expulsión contempladas en los estatutos del PAN.

Un proceso de expulsión mal encauzado podría provocar la intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Espinoso, muy espinoso, el asunto.

**DROGAS…EL DEBATE

Del 2007 a la fecha se registraron 322 mil 572 muertes por consumo de tabaco y alcohol.

Con esta cifra, la presidenta de los Centros de Integración Juvenil, Carmen Fernández Cáceres, fundamentó su posición en contra de la legalización de las drogas.

Dice la funcionaria que una legalización incrementaría las muertes por consumo de estupefacientes.

Su postura coincide con la del secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, quien sostiene que legalizar las drogas iría en detrimento de la salud de los mexicanos.

El debate sigue y eso es saludable.

**REFORMA DEL DF, YA

No hay que despegar la vista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

En los próximos días habrá un importante anuncio relacionado con la Reforma Política del Distrito Federal.

Quienes conocen las negociaciones aseguran que la reforma será aprobada por consenso.

Se habla de impulsar la creación de la Ciudad Capital, con autonomía y derechos ciudadanos y políticos plenos.

Este tema ha hecho trabajar horas extra a los operadores políticos de Alejandra Barrales y Marcelo Ebrard.

El resultado, al parecer, será positivo.

La letra 'L'

Denise Dresser
Reforma

Diez razones para legalizar la mariguana en México:

1. La "guerra contra las drogas" ha acentuado los problemas que buscaba combatir. Fenómenos como la corrupción, la violencia, la disputa por el control territorial, la infiltración gubernamental y el poder de los cárteles mexicanos -a nivel nacional y global- no han disminuido. Al contrario, han aumentado. México debería comprender, como lo hizo Estados Unidos cuando legalizó el consumo del alcohol, que la prohibición no disminuyó su uso, sino generó otra serie de daños sociales como los que nuestro país enfrenta ahora: el crimen organizado, el "boom" de los mercados ilegales y la violación cotidiana de la ley.

2. Todos los decomisos, todos los arrestos y todas las extradiciones no han hecho mella en un negocio calculado entre 25 y 30 mil millones de dólares anuales. Según Edgardo Buscaglia del ITAM, en los últimos cuatro años, los cárteles mexicanos han ascendido para ocupar el tercer lugar en presencia y poderío a nivel global. En México han infiltrado cada vez más a la economía legal, al Estado, al Ejército, a las policías. La política punitiva de los últimos años no ha funcionado para debilitar a las fuerzas que combate.

3. La "guerra contra las drogas" está construida sobre premisas que parecen incuestionables e inamovibles: la batalla puede ser ganada, Estados Unidos puede reducir su propia demanda interna, "ahora sí" las cosas cambiarán cuando la Iniciativa Mérida incorpore la atención integral a las comunidades fronterizas. Pero estas premisas merecen ser cuestionadas porque en realidad han sido usadas para justificar que la política antidrogas de Estados Unidos se haya vuelto la política antidrogas de México, cuando no necesariamente debería ser el caso.

4. El costo social y económico para el país -mientras el poder del adversario crece- ha sido inmenso. Más de 10 mil millones de dólares invertidos en balas, tanques y helicópteros que podrían haber sido canalizados a escuelas, pupitres y computadoras. Veintiocho mil muertos tan sólo en los últimos cuatro años. Miles de familias desplazadas en el norte del país, obligadas a huir ante la violencia. El deterioro de la imagen de México a nivel internacional y el impacto sobre la inversión extranjera que eso entraña. Instituciones gubernamentales cada vez más desacreditadas ante el crimen que no logran contener. Todo ello legitimado con el lema "para que la droga no llegue a tus hijos", cuando sigue llegando.

5. La "guerra contra las drogas" desde un perspectiva puramente punitiva se ha vuelto el gran distractor. Ha desviado la atención de los cuatro rubros donde debería estar y que la legalización necesitaría incluir: a) el combate a la corrupción de alto nivel; b) la instrumentación efectiva de un programa de desmantelamiento patrimonial a los criminales; c) una política de prevención de las adicciones y disminución del daño; d) un programa de coordinación interinstitucional de combate a la delincuencia.

6. La delincuencia común es la que más afecta al ciudadano, pero por el énfasis en la "guerra contra las drogas" es la que menos se combate. La legalización de la mariguana liberaría recursos y permitiría el fortalecimiento institucional de los cuerpos policiacos para enfrentar crímenes del fuero común que padecen tantos mexicanos y actualmente permanecen impunes.

7. La legalización de la mariguana -como lo han argumentado los ex presidentes latinoamericanos Gaviria, Zedillo y Cardoso- sería la manera de reducir los precios de las drogas y así proveer el único remedio a las múltiples plagas que provocan: los asesinatos, los descabezamientos, la luchas encarnizadas por el territorio, y el colapso del andamiaje del gobierno en ciudades como Ciudad Juárez y Monterrey.

8. La legalización sería la forma inteligente de enfrentar una contradicción obvia. Mientras México libra una guerra cruenta contra las drogas, Estados Unidos está optando por despenalizar su uso. Sitios como California se encaminan hacia allí porque han entendido que los costos de la criminalización exceden a los costos de la despenalización. Han comprendido que es mejor enfatizar la prevención de las drogas que incrementar la violencia criminal al tratar de combatirlas.

9. Legalizar implicaría repensar para qué se está librando la "guerra". Si el objetivo es proteger a la sociedad de las consecuencias dañinas de la droga, valen las siguientes preguntas: ¿La política actual realmente defiende a los mexicanos o acaba dañándolos? ¿No será que la guerra para exterminarla está produciendo más daño que la mariguana misma?

10. Felipe Calderón ha dicho que la legalización dejaría en riesgo a varias generaciones de jóvenes. Pero en realidad ése sería el resultado de la política actual: persistir con una estrategia fallida, en aras de anunciar la victoria en una "guerra" que nadie ha podido ganar. El verdadero peligro para México es seguir librando las batallas equivocadas, seguir mal utilizando los recursos escasos, seguir creyendo que la mariguana es peor que la guerra fútil, violenta y desgastante para arrancarla de raíz.

La legalización de las drogas y las libertades

Mario Luis Fuentes
Director del CEIDAS
Excélsior

El consumo de cocaína es el de más rápido crecimiento en nuestro país.

El reciente debate aceptado públicamente por el Presidente de la República en torno a la legalización o no de la mariguana, y quizá de otras drogas, tiene aristas que, desde mi punto de vista, no han sido suficientemente abordadas y deberían considerarse a fin de evitar tomar decisiones que pueden traer consecuencias que pudieran agravar el clima de violencia que pretenden resolver.

Quienes proponen la legalización de la mariguana centran su argumento en una estricta lógica de mercado: se asume que la producción y distribución de las drogas es un gran negocio debido a su prohibición, por lo que al legalizarlas el negocio se vendría abajo y, con ello, la disputa por los territorios.

Tal argumento parece razonable: si se reducen los costos de producción y distribución, entonces la lógica de la violencia para los cárteles se reduciría considerablemente en tanto que quienes deseen consumir mariguana podrían producirla en casa o adquirirla a un costo tan bajo que el mantenimiento de las poderosas redes de corrupción y control violento de autoridades, medios de comunicación y sociedad en general se volvería incosteable.

Este argumento, sin embargo, no considera, sólo por mencionar un ejemplo, que el consumo de cocaína es el de más rápido crecimiento en nuestro país, por lo que la demanda de esta droga muy probablemente alcanzaría, de seguir su prohibición, para mantener la viabilidad del negocio ilegal de su producción, distribución y venta.

A lo anterior debe agregarse que el mercado de Estados Unidos es infinitamente grande y que allá el debate sobre la legalización difícilmente avanzará, por lo que la persistencia de ese mercado seguiría alentando la disputa por el control de la producción y distribución de todo el catálogo de drogas ilícitas que existen.

Ahora bien, tampoco se han considerado suficientemente los efectos sociales del consumo. Debido al deficiente sistema de estadística social que tenemos, no sabemos bien a bien cuántos suicidios, accidentes, homicidios y otras acciones violentas tienen como origen el consumo de drogas, y en este campo deben incluirse las que son lícitas, como el alcohol.

Una cuestión adicional sobre la que valdría la pena reflexionar seriamente es si los niveles de violencia que se han generado por los grupos delincuenciales no están relacionados también con el control que han asumido en ámbitos como la piratería, el tráfico de indocumentados y la trata de personas.

Un elemento más que debería ponerse sobre la mesa de discusión es si puede darse el paso hacia la legalización de las drogas en una sociedad en la que en el fondo el más profundo problema es el del incumplimiento de los derechos humanos y sociales, particularmente de la población joven.

Me pregunto si en México habría tales niveles de violencia y consumo de sustancias adictivas, si tuviésemos un modelo de desarrollo incluyente, con un sistema de cobertura universal en salud y educación, con empleos dignos para todos, y en el que pudiera realmente pensarse que el consumo o no de drogas es siempre producto del ejercicio de la libertad y no como una salida ante la frustración y la desesperanza social. Creo que, en este contexto, legalizar la producción, distribución y venta de drogas, puede resultar en un salto al vacío de peligrosas consecuencias.

Legalizar...

José Antonio Álvarez Lima
alvalima@yahoo.com
Heterodoxia
Milenio

Después de machacar cuatro años con una ajena e incomprensible guerra contra el narco, el gobierno transformó el concepto en: lucha por la seguridad pública, para tratar de conseguirle apoyo popular.

¿Cuántos años se perderán para que el controvertido y escandaloso propósito de legalizar las drogas, al que se ha invitado a discutir, se transforme en algo menos tremendista y más preciso, como el de lograr un mercado controlado de sustancias insalubres.

Porque nadie, en su sano juicio, ha propuesto que la cocaína, la heroína o las metanfetaminas se expendan en los supermercados, o que la tele transmita una nueva telenovela titulada: La ejemplar familia Pacheca. No, lo que algunos premios Nobel, intelectuales y líderes políticos han manifestado es:

1. La simple prohibición y persecución de traficantes y adictos que se viene practicando no ha dado resultado. Cada vez hay más tráfico y más consumo.

2. El enorme negocio del narcotráfico está sustentado en esa prohibición ineficiente que crea un gigantesco mercado negro.

3. Es lógico que se busquen, con responsabilidad e inteligencia, nuevos enfoques para resolver una tragedia que causa miles de muertos, propicia el crecimiento de mafias poderosísimas, contamina la vida política y económica de la sociedad y disminuye dramáticamente la calidad de vida de millones de personas.

4. Una solución parcial que debe discutirse en foros científicos, académicos, religiosos, intelectuales, periodísticos y comunitarios es la de buscar una nueva reglamentación de la producción y venta de la mariguana, por ser la sustancia más consumida y traficada, así como la menos dañina y de más fácil producción.

5. Todo este esfuerzo es con el propósito, aún por comprobar, de reducir el poder financiero y operativo del narcotráfico, y deberá estar acompañado de acciones para prevenir y rehabilitar las
adicciones.

Estas propuestas, bien meditadas, han sido combatidas con descalificaciones que apelan al miedo, la histeria y la frivolidad por burócratas y políticos inmovilistas sin autoridad, ni moral ni científica, que sólo buscan el aplauso fácil de las galerías prejuiciosas.

Parece claro entonces que en México la reflexión sobre el narcotráfico, y un eventual mercado controlado de sustancias insalubres, sólo tiene futuro fuera de los ámbitos político-electorales. Ubicándola en los recintos científicos, intelectuales y analíticos serios, a partir de lo que ya se ha discutido en los foros multilaterales desde hace años.

Ya se sabe que el uso ocasional o adictivo de sustancias peligrosas es un asunto de salud, educación pública y derechos humanos. Que ha sido abordado, sin conclusión todavía, por filósofos, líderes espirituales, terapeutas y médicos.

Se conoce también que el fenómeno del tráfico de narcóticos es un asunto propio de estrategas de seguridad, justicia, finanzas y política.

Es obvio también que el tema de la delincuencia organizada cae en el espacio natural de los expertos en inteligencia policiaca y en seguridad pública.

¿Llegará nuestra inteligencia nacional y nuestra clase política a desagregar el problema tal como se ha logrado en otros sitios y dar la talla para abordar estos temas con tiempo, seriedad y profundidad?

¿O, como en otros casos, manosearán estos delicados asuntos con prisa y sin rigor, sólo para crear más confusión y frustración?

Pronto lo sabremos…