agosto 15, 2010
Convencer y ganar
Luis Rubio
Reforma
La guerra sobre el narcotráfico ha paralizado al país. En contraste con Colombia, en México no existe la convicción en la sociedad de que el enemigo tiene que ser derrotado, factor que fue clave allá. Por eso el tema del narco se ha convertido en otro de los muchos temas de controversia y desacreditación del gobierno. Sin embargo, si uno analiza la diversidad de posturas, el problema de fondo yace en la falta de trabajo político.
En las pasadas semanas, el presidente se ha reunido con toda clase de personas y grupos: con analistas, políticos, representantes de los medios, estudiosos y víctimas. En cada una de esas sesiones ha habido debate e intercambios que son por demás rescatables. En un principio, los partidos y los gobernadores rechazaron participar porque, aducían, el presidente está convocando cuando se le atoró el carro y no porque realmente tenga interés por dialogar o replantear su estrategia. Al final ganó la sensatez.
Lo interesante es que si uno quita la paja y las poses, las diferencias de planteamientos no son muy grandes. Eduardo Guerrero dice que el objetivo del gobierno al iniciar el combate a las mafias del narcotráfico era el siguiente: "1. Fortalecer las instituciones de seguridad. 2. Disminuir, detener o evitar el consumo de drogas. 3. Desarticular a las organizaciones criminales. 4. Recuperar los espacios públicos.", objetivos que parecen vinculados lógicamente entre sí pero que "por desgracia, no es el caso". Por su parte, Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI en el Senado, dice que "Felipe Calderón tomó una decisión correcta: ir hasta sus últimas consecuencias en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Es una decisión que hay que apoyar y continuar. Yo solamente digo que hay que replantear la estrategia. No es confrontando la capacidad de fuego entre el Estado y la delincuencia como vamos a resolver el problema: lo único que vamos a generar es más violencia. Debemos actuar con más inteligencia, inteligencia policiaca para dar golpes precisos, detener a los capos, secarlos en donde más les afecta: el dinero".
A todos les preocupan los muertos y con razón. Según Joaquín Villalobos, que luego de pasar más de 20 años en la jungla tiene algo de experiencia en estos temas, responde que "La violencia es parte inherente de una guerra y no es por sí misma una señal de lo mal que va ésta. La demanda de los opositores es razonable si se centra en exigir más eficacia, mejor coordinación interinstitucional, integralidad de los planes y acuerdos políticos en seguridad, pero es ilógica cuando demandan el fin de la violencia a toda costa porque eso es imposible". El argumento esencial de Villalobos es que la violencia no depende del gobierno, sino que es un instrumento que los cárteles de la droga han decidido emplear para defender sus negocios. "Su combate natural es con otros cárteles, no con el Estado". "La violencia de los cárteles contra el Estado mexicano es, por lo tanto, un recurso de última instancia porque atacar al gobierno no ayuda a sus propósitos, algo que se expresa claramente en su regla explícita de evitar 'calentar la plaza', es decir, evitar llamar la atención del Estado".
El problema de fondo no reside en las definiciones sino en las diferencias políticas. Al hacer suya la guerra, exclusivamente suya, el presidente dejó al resto de los actores -políticos y gobernadores-, así como a la sociedad, en una zona de confort, sin responsabilidad alguna y con amplias oportunidades para criticar. Por eso, para que sea exitoso el llamado al diálogo, requiere compromisos y condiciones mínimas de certeza. El presidente debe ser claro de que su propósito no es meramente mediático y que hay un genuino espacio y apuesta de confianza que asegure que todas las posturas serán escuchadas y valoradas e, igualmente importante, que esta agenda no terminará contaminada de asuntos electorales. De particular importancia es construir un consenso detrás del objetivo común, mismo que se ha hecho más relevante luego de los secuestros de periodistas. Sin embargo, ningún diálogo podrá prosperar a menos que concluya con una división de responsabilidades, particularmente entre la federación y los gobernadores.
Stratfor, una institución de profesionales de inteligencia en EUA, afirma que "una de dos cosas tiene que ocurrir para reducir la violencia a niveles políticamente tolerables: una entidad de tráfico de drogas tiene que dominar o una alianza (o entendido) entre las demás organizaciones debe lograr un equilibrio de poder. Cualquiera de los dos resultados tendría por consecuencia el fin de las guerras por territorio, lo que dejaría al ganador o ganadores la posibilidad de enfocarse a su objetivo esencial: generar grandes sumas de dinero".
Gustavo Flores Macías argumenta que la estrategia del presidente no podrá ser exitosa sino hasta que logre dos condiciones previas: fortalecer la posición fiscal del gobierno y sumar a la población detrás de sus esfuerzos. A diferencia de Colombia, dice Flores, el gobierno mexicano no ha llevado a cabo una reforma fiscal significativa, no ha avanzado en la rendición de cuentas ni ha lanzado una campaña contra el consumo de drogas, todos ellos factores clave en la estrategia colombiana. En la medida en que Uribe transparentó las cuentas fiscales, la población comenzó a tener confianza en su proyecto y estuvo dispuesta a apoyarlo. Su principal éxito, dice Flores, residió en el hecho de que la población se sumó detrás del presidente porque se convenció de que el esfuerzo era real y que el combate no tenía una lógica partidista.
Es encomiable que el presidente abra a debate el tema que ha dominado su sexenio y que lo haga con franqueza. Las posturas que escuchó y sus propios argumentos en esos foros muestran que hay una enorme efervescencia en la sociedad mexicana. Y no es para menos: el tema domina los medios y la violencia acosa a la población. En lo más fundamental, la gente quiere saber qué se propone el gobierno en esta guerra y cuál es la medida de éxito. No es mucho pedir.
A juzgar por los expertos, parece evidente que la clave del éxito reside en la fortaleza intrínseca del gobierno y del apoyo popular con que cuente. Ambos son debatibles en la actualidad. No me queda duda de que el mejor legado que el presidente podría dejar tiene menos que ver con su sucesor que con el andamiaje necesario para ganar esta guerra porque la alternativa es peor de lo que cualquiera podría imaginar. Pero la precondición es que éste sea su tema, es decir, que convenza a sus interlocutores de que el objetivo es la seguridad pública y no la sucesión presidencial.
* Nexos, Agosto 2010-08-05
** http://www.stratfor.com/analysis/20100802_mexico_security_memo_aug_2_2010
*** http://www.nytimes.com/2010/07/30/opinion/30flores-macias.html?_r=1&partner=rss&emc=rss&pagewanted=print
Reforma
La guerra sobre el narcotráfico ha paralizado al país. En contraste con Colombia, en México no existe la convicción en la sociedad de que el enemigo tiene que ser derrotado, factor que fue clave allá. Por eso el tema del narco se ha convertido en otro de los muchos temas de controversia y desacreditación del gobierno. Sin embargo, si uno analiza la diversidad de posturas, el problema de fondo yace en la falta de trabajo político.En las pasadas semanas, el presidente se ha reunido con toda clase de personas y grupos: con analistas, políticos, representantes de los medios, estudiosos y víctimas. En cada una de esas sesiones ha habido debate e intercambios que son por demás rescatables. En un principio, los partidos y los gobernadores rechazaron participar porque, aducían, el presidente está convocando cuando se le atoró el carro y no porque realmente tenga interés por dialogar o replantear su estrategia. Al final ganó la sensatez.
Lo interesante es que si uno quita la paja y las poses, las diferencias de planteamientos no son muy grandes. Eduardo Guerrero dice que el objetivo del gobierno al iniciar el combate a las mafias del narcotráfico era el siguiente: "1. Fortalecer las instituciones de seguridad. 2. Disminuir, detener o evitar el consumo de drogas. 3. Desarticular a las organizaciones criminales. 4. Recuperar los espacios públicos.", objetivos que parecen vinculados lógicamente entre sí pero que "por desgracia, no es el caso". Por su parte, Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI en el Senado, dice que "Felipe Calderón tomó una decisión correcta: ir hasta sus últimas consecuencias en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico. Es una decisión que hay que apoyar y continuar. Yo solamente digo que hay que replantear la estrategia. No es confrontando la capacidad de fuego entre el Estado y la delincuencia como vamos a resolver el problema: lo único que vamos a generar es más violencia. Debemos actuar con más inteligencia, inteligencia policiaca para dar golpes precisos, detener a los capos, secarlos en donde más les afecta: el dinero".
A todos les preocupan los muertos y con razón. Según Joaquín Villalobos, que luego de pasar más de 20 años en la jungla tiene algo de experiencia en estos temas, responde que "La violencia es parte inherente de una guerra y no es por sí misma una señal de lo mal que va ésta. La demanda de los opositores es razonable si se centra en exigir más eficacia, mejor coordinación interinstitucional, integralidad de los planes y acuerdos políticos en seguridad, pero es ilógica cuando demandan el fin de la violencia a toda costa porque eso es imposible". El argumento esencial de Villalobos es que la violencia no depende del gobierno, sino que es un instrumento que los cárteles de la droga han decidido emplear para defender sus negocios. "Su combate natural es con otros cárteles, no con el Estado". "La violencia de los cárteles contra el Estado mexicano es, por lo tanto, un recurso de última instancia porque atacar al gobierno no ayuda a sus propósitos, algo que se expresa claramente en su regla explícita de evitar 'calentar la plaza', es decir, evitar llamar la atención del Estado".
El problema de fondo no reside en las definiciones sino en las diferencias políticas. Al hacer suya la guerra, exclusivamente suya, el presidente dejó al resto de los actores -políticos y gobernadores-, así como a la sociedad, en una zona de confort, sin responsabilidad alguna y con amplias oportunidades para criticar. Por eso, para que sea exitoso el llamado al diálogo, requiere compromisos y condiciones mínimas de certeza. El presidente debe ser claro de que su propósito no es meramente mediático y que hay un genuino espacio y apuesta de confianza que asegure que todas las posturas serán escuchadas y valoradas e, igualmente importante, que esta agenda no terminará contaminada de asuntos electorales. De particular importancia es construir un consenso detrás del objetivo común, mismo que se ha hecho más relevante luego de los secuestros de periodistas. Sin embargo, ningún diálogo podrá prosperar a menos que concluya con una división de responsabilidades, particularmente entre la federación y los gobernadores.
Stratfor, una institución de profesionales de inteligencia en EUA, afirma que "una de dos cosas tiene que ocurrir para reducir la violencia a niveles políticamente tolerables: una entidad de tráfico de drogas tiene que dominar o una alianza (o entendido) entre las demás organizaciones debe lograr un equilibrio de poder. Cualquiera de los dos resultados tendría por consecuencia el fin de las guerras por territorio, lo que dejaría al ganador o ganadores la posibilidad de enfocarse a su objetivo esencial: generar grandes sumas de dinero".
Gustavo Flores Macías argumenta que la estrategia del presidente no podrá ser exitosa sino hasta que logre dos condiciones previas: fortalecer la posición fiscal del gobierno y sumar a la población detrás de sus esfuerzos. A diferencia de Colombia, dice Flores, el gobierno mexicano no ha llevado a cabo una reforma fiscal significativa, no ha avanzado en la rendición de cuentas ni ha lanzado una campaña contra el consumo de drogas, todos ellos factores clave en la estrategia colombiana. En la medida en que Uribe transparentó las cuentas fiscales, la población comenzó a tener confianza en su proyecto y estuvo dispuesta a apoyarlo. Su principal éxito, dice Flores, residió en el hecho de que la población se sumó detrás del presidente porque se convenció de que el esfuerzo era real y que el combate no tenía una lógica partidista.
Es encomiable que el presidente abra a debate el tema que ha dominado su sexenio y que lo haga con franqueza. Las posturas que escuchó y sus propios argumentos en esos foros muestran que hay una enorme efervescencia en la sociedad mexicana. Y no es para menos: el tema domina los medios y la violencia acosa a la población. En lo más fundamental, la gente quiere saber qué se propone el gobierno en esta guerra y cuál es la medida de éxito. No es mucho pedir.
A juzgar por los expertos, parece evidente que la clave del éxito reside en la fortaleza intrínseca del gobierno y del apoyo popular con que cuente. Ambos son debatibles en la actualidad. No me queda duda de que el mejor legado que el presidente podría dejar tiene menos que ver con su sucesor que con el andamiaje necesario para ganar esta guerra porque la alternativa es peor de lo que cualquiera podría imaginar. Pero la precondición es que éste sea su tema, es decir, que convenza a sus interlocutores de que el objetivo es la seguridad pública y no la sucesión presidencial.
* Nexos, Agosto 2010-08-05
** http://www.stratfor.com/analysis/20100802_mexico_security_memo_aug_2_2010
*** http://www.nytimes.com/2010/07/30/opinion/30flores-macias.html?_r=1&partner=rss&emc=rss&pagewanted=print
Cubanito
Juan Manuel Asai
jasaicamacho@yahoo.com
Códice
La Crónica de Hoy
Metiche. ¿El comandante Fidel Castro tiene autoridad moral para hablar sobre elecciones democráticas? ¿Tiene derecho a calificar los comicios en México cuando en su isla ni elecciones hay? O bueno, si hay elecciones algunas veces, pero por algún extraño fenómeno de masas siempre gana el mismo partido político, que es el de Fidel, el barbón líder que, sano o enfermo, joven o anciano, usando guayabera blanca, pants deportivos o casaca militar verde olivo, no ha perdido la proclividad de meterse en los asuntos internos de México. El caso del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, turbio a más no poder, es un ejemplo reciente, irrebatible.
Jineteras. Los diversos gobiernos mexicanos no han sabido o podido impedir su intromisión. No digo, que conste, que las elecciones del “haiga sido como haiga sido” rechinen de limpias, nada de eso, sostengo que Fidel, de cinismo colosal, se muerde la lengua al hablar de comicios arreglados por la cúpula en el poder, cuando eso es precisamente lo que han hecho los cubanos por décadas y décadas, desde mediados del siglo pasado. En lugar de meterse donde no lo llaman, el viejo debería dedicar sus reflexiones a los muchos y muy graves problemas de su isla, desde las jineteras de Varadero hasta los presos de conciencia, que deberían ponerlo rojo, pero de vergüenza no de ideología. Aunque la Cancillería mexicana lo niegue, lo cierto es que la grosera irrupción de Fidel afecta el proceso de normalización de las relaciones entre nuestro país y Cuba. Haber para cuándo.
En el país hay agravios sin saldar, resentimientos, desencuentros, cuentas pendientes, que un extranjero le de un escobazo al avispero nada más porque está aburrido y cree que no tiene nada mejor qué hacer, es inadmisible. Debido a su prolongada enfermedad, que lo tuvo a un paso de la tumba, a la que se resiste a meterse, es probable que Fidel no se haya enterado que hoy en día, a escasos cuatro años de esa maligna elección, por los milagros del pragmatismo electoral, PAN y PRD son uno mismo. Los antagonistas de ayer son los socios de hoy. La izquierda y la derecha mexicanas han formado coaliciones en algunos casos ganadoras, incluso con la bendición del mismísimo López Obrador, como en Oaxaca. Que las fuerzas del mal, los oscuros dueños de México, que combatieron a rabiar al PRD en el 2006; ahora, en el 2010, patrocinan sus campañas en varios estados de la República. Ojalá que para la próxima vez reflexione mejor.
Nadie se rinde. ¿Cómo habrá recibido el Ejército la decisión de Calderón, su jefe supremo, de abrir la discusión sobre una eventual legalización de las drogas? Seguramente les cayó mal, pésimo. No porque esa discusión no pueda o deba darse, en los claustros académicos o incluso en el Congreso, sino porque el titular del Poder Ejecutivo tiene que emitir, de cara a las Fuerzas Armadas, un mensaje claro, nítido, que no se preste a confusión o malos entendidos, pues hay en la calle miles de soldados, agentes y marinos arriesgando la vida, confrontando a los sicarios del narco, que están armados hasta los dientes y tiran a matar. Por lo pronto, “te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro”, el general Roberto García declaró que nadie entre los involucrados en la batalla anticrimen, tiene derecho a rendirse ni a desviar el rumbo. Añadió que la guerra contra el crimen, así la llamó “guerra”, también se está ganando porque “nos asiste la ley, la razón”. El mensaje de las fuerzas armadas es: no es momento de claudicar. Más claro, ni el agua.
jasaicamacho@yahoo.com
Códice
La Crónica de Hoy
Metiche. ¿El comandante Fidel Castro tiene autoridad moral para hablar sobre elecciones democráticas? ¿Tiene derecho a calificar los comicios en México cuando en su isla ni elecciones hay? O bueno, si hay elecciones algunas veces, pero por algún extraño fenómeno de masas siempre gana el mismo partido político, que es el de Fidel, el barbón líder que, sano o enfermo, joven o anciano, usando guayabera blanca, pants deportivos o casaca militar verde olivo, no ha perdido la proclividad de meterse en los asuntos internos de México. El caso del empresario de origen argentino Carlos Ahumada, turbio a más no poder, es un ejemplo reciente, irrebatible.Jineteras. Los diversos gobiernos mexicanos no han sabido o podido impedir su intromisión. No digo, que conste, que las elecciones del “haiga sido como haiga sido” rechinen de limpias, nada de eso, sostengo que Fidel, de cinismo colosal, se muerde la lengua al hablar de comicios arreglados por la cúpula en el poder, cuando eso es precisamente lo que han hecho los cubanos por décadas y décadas, desde mediados del siglo pasado. En lugar de meterse donde no lo llaman, el viejo debería dedicar sus reflexiones a los muchos y muy graves problemas de su isla, desde las jineteras de Varadero hasta los presos de conciencia, que deberían ponerlo rojo, pero de vergüenza no de ideología. Aunque la Cancillería mexicana lo niegue, lo cierto es que la grosera irrupción de Fidel afecta el proceso de normalización de las relaciones entre nuestro país y Cuba. Haber para cuándo.
En el país hay agravios sin saldar, resentimientos, desencuentros, cuentas pendientes, que un extranjero le de un escobazo al avispero nada más porque está aburrido y cree que no tiene nada mejor qué hacer, es inadmisible. Debido a su prolongada enfermedad, que lo tuvo a un paso de la tumba, a la que se resiste a meterse, es probable que Fidel no se haya enterado que hoy en día, a escasos cuatro años de esa maligna elección, por los milagros del pragmatismo electoral, PAN y PRD son uno mismo. Los antagonistas de ayer son los socios de hoy. La izquierda y la derecha mexicanas han formado coaliciones en algunos casos ganadoras, incluso con la bendición del mismísimo López Obrador, como en Oaxaca. Que las fuerzas del mal, los oscuros dueños de México, que combatieron a rabiar al PRD en el 2006; ahora, en el 2010, patrocinan sus campañas en varios estados de la República. Ojalá que para la próxima vez reflexione mejor.
Nadie se rinde. ¿Cómo habrá recibido el Ejército la decisión de Calderón, su jefe supremo, de abrir la discusión sobre una eventual legalización de las drogas? Seguramente les cayó mal, pésimo. No porque esa discusión no pueda o deba darse, en los claustros académicos o incluso en el Congreso, sino porque el titular del Poder Ejecutivo tiene que emitir, de cara a las Fuerzas Armadas, un mensaje claro, nítido, que no se preste a confusión o malos entendidos, pues hay en la calle miles de soldados, agentes y marinos arriesgando la vida, confrontando a los sicarios del narco, que están armados hasta los dientes y tiran a matar. Por lo pronto, “te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro”, el general Roberto García declaró que nadie entre los involucrados en la batalla anticrimen, tiene derecho a rendirse ni a desviar el rumbo. Añadió que la guerra contra el crimen, así la llamó “guerra”, también se está ganando porque “nos asiste la ley, la razón”. El mensaje de las fuerzas armadas es: no es momento de claudicar. Más claro, ni el agua.
Realidad que vence a las palabras
Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma
Está pendiente la anunciada y luego aplazada reunión, en los Diálogos por la Seguridad, del Presidente con los coordinadores parlamentarios, única sesión de que podrían desprenderse consecuencias concretas
El diálogo sobre seguridad a que convocó el presidente de la República, con la mira evidente de que voces diversas a las del gobierno cohonesten y mejoren la estrategia de combate al crimen organizado no ha sido estéril. Se han conocido diagnósticos, posiciones, propuestas de solución, algunas de ellas importantes o por lo menos interesantes. Pero no han dejado de ser monólogos en que el gobierno ha llevado la mejor parte, porque el presidente Calderón intervino una y otra vez en cada sesión, sin ofrecer la posibilidad de réplica a sus interlocutores.
Nadie dudará de la relevancia y aun de la trascendencia de las palabras. Pero esas dimensiones del verbo se achican cuando la realidad les opone un sólido muro en que se estrellan los dichos, por brillantes, promisorios y solidarios que sean. La primera semana de los diálogos -con distintas porciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones religiosas y los directivos y dueños de los medios de comunicación- cerró con el motín de Ciudad Juárez, que reveló graves dolencias en la Policía Federal, la principal de las cuales es que no es la corporación nueva y ejemplar que se nos dice haber construido, como no lo fue en su momento la Agencia Federal de Investigación -cuerpos ambos de la autoría de Genaro García Luna- a la que se equiparó con el FBI y con Scotland Yard, y que hubo de ser suprimida por corrupción e ineficacia.
Y la segunda semana de diálogos -esta vez con los partidos políticos, con el Poder Judicial, con los gobernadores- concluyó con la recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el asesinato de los dos ingenieros que estudiaban posgrados en el Tecnológico de Monterrey. Según la CNDH, no sólo fueron ultimados por militares, sino que para evadir su responsabilidad los soldados alteraron la escena del crimen e imputaron a las víctimas un carácter que no tenían, el de sicarios que atacaron a la patrulla que los privó de la vida.
El motín de Ciudad Juárez y sus secuelas, así como el esclarecimiento de lo ocurrido en Monterrey el 19 de marzo muestran graves deficiencias de las fuerzas encargadas de contener a la delincuencia organizada. Esos hechos son parte del catálogo de insuficiencias, abusos y hasta actos delictivos que debieron ser parte de los diálogos, si en ellos hubiera habido espacio para la autocrítica. Ciertamente lo hubo para que algunos participantes cuestionaran la estrategia gubernamental, pero el señalamiento de las fallas de diversa naturaleza hecho por algunos interlocutores debió favorecer el autoexamen, no el de tono encomiástico que Calderón practicó respecto de sí mismo, sino el que en verdad condujera a rehacer el camino que permita un nuevo modo de enfrentar las diversas modalidades de la delincuencia, particularmente la violencia criminal.
En vez de la autocrítica, el autorregodeo insistió en que es un problema de percepción asegurar, como se hace aun en los seleccionados espacios desde donde hablaron los invitados a los diálogos, que el gobierno va perdiendo la guerra contra el crimen. Calderón negó que eso ocurra y citó una cifra, una suerte de marcador futbolístico: "En los enfrentamientos, por ejemplo, aunque hay lamentablemente bajas del Ejército y de las fuerzas federales, las bajas del lado de los criminales son considerablemente mayores. Estoy hablando de proporciones quizá de 8 a 1, o más. Indefectiblemente, la victoria, digamos, de ese enfrentamiento corresponde al gobierno. De tal manera que no es dable hablar de que esa guerra o esa batalla se va perdiendo".
Esas expresiones -y las complementarias como la de que "sí se puede vencer a los criminales"- muestran la estrechez de mira con que fue concebida la lucha contra la inseguridad. El avance de una política pública de esa naturaleza no puede medirse por el número de bajas. Aunque así la haya concebido Calderón al responsabilizar al Ejército de su desarrollo principal, ésta no es una guerra, porque en ella se trata simplemente de exterminar al enemigo y aquí el objetivo es distinto. El propósito es someter a infractores de la ley mediante los procedimientos legales previamente establecidos. Y ese fin no pue- de alcanzarse únicamente por medio de las balas.
Si bien Calderón habló de las fragilidades institucionales, su moderado modo de hacer autocrítica, afuera del Campo Marte, donde se desarrollaron los diálogos -o sucesión de monólogos, en que el Presidente tomó ventaja de su calidad de anfitrión para comentar o refutar los dichos de sus invitados-, no ocurrían hechos que corroboraran la promesa implícita de fortalecer los órganos policiacos mediante su depuración.
Por ejemplo, los cuatro comandantes denunciados en Ciudad Juárez por sus subordinados estaban en libertad una semana después del motín suscitado por sus abusos. No se les había consignado al Ministerio Público federal -no obstante que el director de asuntos internos de la Policía Federal dijo lo contrario- y por lo tanto no se había iniciado la averiguación previa que permitiera a la PGR solicitar arraigo u órdenes de aprehensión. Parecía que se les diera la oportunidad para huir antes de que su situación traspasara los límites de la corporación a que pertenecen. En cambio, los agentes amotinados están siendo interrogados a fondo para que expliquen por qué denunciaron a sus jefes. Es que la corrupción se instala en la Policía Federal con tal naturalidad que resulta sorprendente, anómalo, que alguien no se avenga a sus reglas no escritas y haga públicos desmanes que deben permanecer discretos, soterrados, productivos. Conforme a ese código, los denunciantes se convierten en sospechosos, cuyos móviles conviene determinar en defensa de la corporación.
Una actitud similarmente protectora de los excesos en que incurren mi- litares encargados de acciones de seguridad pública está desplegada de nuevo en torno al caso del Tecnológico. Hace poco habíamos visto una posición igual en torno a la recomendación de la CNDH relativa al ataque castrense a un vehículo cerca de Ciudad Mier, Tamaulipas, en que viajaba una familia entera y en que murieron los niños Martín y Brayan Almanza. En ese asunto, mucho antes de que formalmente se produjera la aceptación o rechazo de la recomendación, se filtraron presuntas opiniones autorizadas tendientes a disminuir la credibilidad del documento de la oficina del ombudsman. En lo que toca al Tec, el viernes nada menos que el director del Colegio de la Defensa Nacional, la mayor institución educativa del Ejército, apareció defensor del apego militar a la ley, para contradecir de ese modo los señalamientos contra quienes ultimaron, ilegalmente, a los estudiantes de posgrado hace cinco meses.
No hubo en los diálogos mención siquiera y menos análisis de situaciones como ésas. Está pendiente la anunciada y luego aplazada reunión, en los Diálogos por la Seguridad, del Presidente con los coordinadores parlamentarios, única sesión de que podrían desprenderse consecuencias concretas de ese intercambio de palabras. Entre los varios reproches que Beatriz Paredes asestó a Calderón se incluyó el no haber fundado su estrategia bélica en el Plan Nacional de Desarrollo y los mecanismos de consulta que hacen posible modificarlo, como lo recordaron los diputados priistas la semana pasada. Más allá de la retórica, en la cita con los líderes de las bancadas en el Senado y la Cámara pueden hallarse coincidencias que permitan la actuación conjunta del Congreso y el Ejecutivo.
Por lo pronto, las sesiones a que citó el Presidente permitieron dibujar el panorama político nacional, no sólo en materia de seguridad. El Partido del Trabajo se abstuvo de asistir debido a que no reconoce el mandato de Calderón. Lo admitió, en cambio y aunque de un modo vergonzante, Jesús Ortega, cuyo partido tiene vigente una declaración de su congreso nacional de agosto de 2007 en sentido contrario. Tampoco asistió, por irresponsable, el líder del PVEM, el niño verde, que envió un representante. Por su amistad y semejanzas pudo haber nombrado a Jorge Kahwagi, del Panal, partido incondicional del Presidente. Y en ese foro se encontraron cara a cara Beatriz Paredes y César Nava, tan cercanos en octubre pasado que firmaron un convenio de alianza y tan distantes hoy, por lo menos si atendemos la acritud resabiosa y la suspicacia con que se presentó la presidenta del comité nacional priista.
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma
Está pendiente la anunciada y luego aplazada reunión, en los Diálogos por la Seguridad, del Presidente con los coordinadores parlamentarios, única sesión de que podrían desprenderse consecuencias concretas
El diálogo sobre seguridad a que convocó el presidente de la República, con la mira evidente de que voces diversas a las del gobierno cohonesten y mejoren la estrategia de combate al crimen organizado no ha sido estéril. Se han conocido diagnósticos, posiciones, propuestas de solución, algunas de ellas importantes o por lo menos interesantes. Pero no han dejado de ser monólogos en que el gobierno ha llevado la mejor parte, porque el presidente Calderón intervino una y otra vez en cada sesión, sin ofrecer la posibilidad de réplica a sus interlocutores.Nadie dudará de la relevancia y aun de la trascendencia de las palabras. Pero esas dimensiones del verbo se achican cuando la realidad les opone un sólido muro en que se estrellan los dichos, por brillantes, promisorios y solidarios que sean. La primera semana de los diálogos -con distintas porciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones religiosas y los directivos y dueños de los medios de comunicación- cerró con el motín de Ciudad Juárez, que reveló graves dolencias en la Policía Federal, la principal de las cuales es que no es la corporación nueva y ejemplar que se nos dice haber construido, como no lo fue en su momento la Agencia Federal de Investigación -cuerpos ambos de la autoría de Genaro García Luna- a la que se equiparó con el FBI y con Scotland Yard, y que hubo de ser suprimida por corrupción e ineficacia.
Y la segunda semana de diálogos -esta vez con los partidos políticos, con el Poder Judicial, con los gobernadores- concluyó con la recomendación 45/2010 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el asesinato de los dos ingenieros que estudiaban posgrados en el Tecnológico de Monterrey. Según la CNDH, no sólo fueron ultimados por militares, sino que para evadir su responsabilidad los soldados alteraron la escena del crimen e imputaron a las víctimas un carácter que no tenían, el de sicarios que atacaron a la patrulla que los privó de la vida.
El motín de Ciudad Juárez y sus secuelas, así como el esclarecimiento de lo ocurrido en Monterrey el 19 de marzo muestran graves deficiencias de las fuerzas encargadas de contener a la delincuencia organizada. Esos hechos son parte del catálogo de insuficiencias, abusos y hasta actos delictivos que debieron ser parte de los diálogos, si en ellos hubiera habido espacio para la autocrítica. Ciertamente lo hubo para que algunos participantes cuestionaran la estrategia gubernamental, pero el señalamiento de las fallas de diversa naturaleza hecho por algunos interlocutores debió favorecer el autoexamen, no el de tono encomiástico que Calderón practicó respecto de sí mismo, sino el que en verdad condujera a rehacer el camino que permita un nuevo modo de enfrentar las diversas modalidades de la delincuencia, particularmente la violencia criminal.
En vez de la autocrítica, el autorregodeo insistió en que es un problema de percepción asegurar, como se hace aun en los seleccionados espacios desde donde hablaron los invitados a los diálogos, que el gobierno va perdiendo la guerra contra el crimen. Calderón negó que eso ocurra y citó una cifra, una suerte de marcador futbolístico: "En los enfrentamientos, por ejemplo, aunque hay lamentablemente bajas del Ejército y de las fuerzas federales, las bajas del lado de los criminales son considerablemente mayores. Estoy hablando de proporciones quizá de 8 a 1, o más. Indefectiblemente, la victoria, digamos, de ese enfrentamiento corresponde al gobierno. De tal manera que no es dable hablar de que esa guerra o esa batalla se va perdiendo".
Esas expresiones -y las complementarias como la de que "sí se puede vencer a los criminales"- muestran la estrechez de mira con que fue concebida la lucha contra la inseguridad. El avance de una política pública de esa naturaleza no puede medirse por el número de bajas. Aunque así la haya concebido Calderón al responsabilizar al Ejército de su desarrollo principal, ésta no es una guerra, porque en ella se trata simplemente de exterminar al enemigo y aquí el objetivo es distinto. El propósito es someter a infractores de la ley mediante los procedimientos legales previamente establecidos. Y ese fin no pue- de alcanzarse únicamente por medio de las balas.
Si bien Calderón habló de las fragilidades institucionales, su moderado modo de hacer autocrítica, afuera del Campo Marte, donde se desarrollaron los diálogos -o sucesión de monólogos, en que el Presidente tomó ventaja de su calidad de anfitrión para comentar o refutar los dichos de sus invitados-, no ocurrían hechos que corroboraran la promesa implícita de fortalecer los órganos policiacos mediante su depuración.
Por ejemplo, los cuatro comandantes denunciados en Ciudad Juárez por sus subordinados estaban en libertad una semana después del motín suscitado por sus abusos. No se les había consignado al Ministerio Público federal -no obstante que el director de asuntos internos de la Policía Federal dijo lo contrario- y por lo tanto no se había iniciado la averiguación previa que permitiera a la PGR solicitar arraigo u órdenes de aprehensión. Parecía que se les diera la oportunidad para huir antes de que su situación traspasara los límites de la corporación a que pertenecen. En cambio, los agentes amotinados están siendo interrogados a fondo para que expliquen por qué denunciaron a sus jefes. Es que la corrupción se instala en la Policía Federal con tal naturalidad que resulta sorprendente, anómalo, que alguien no se avenga a sus reglas no escritas y haga públicos desmanes que deben permanecer discretos, soterrados, productivos. Conforme a ese código, los denunciantes se convierten en sospechosos, cuyos móviles conviene determinar en defensa de la corporación.
Una actitud similarmente protectora de los excesos en que incurren mi- litares encargados de acciones de seguridad pública está desplegada de nuevo en torno al caso del Tecnológico. Hace poco habíamos visto una posición igual en torno a la recomendación de la CNDH relativa al ataque castrense a un vehículo cerca de Ciudad Mier, Tamaulipas, en que viajaba una familia entera y en que murieron los niños Martín y Brayan Almanza. En ese asunto, mucho antes de que formalmente se produjera la aceptación o rechazo de la recomendación, se filtraron presuntas opiniones autorizadas tendientes a disminuir la credibilidad del documento de la oficina del ombudsman. En lo que toca al Tec, el viernes nada menos que el director del Colegio de la Defensa Nacional, la mayor institución educativa del Ejército, apareció defensor del apego militar a la ley, para contradecir de ese modo los señalamientos contra quienes ultimaron, ilegalmente, a los estudiantes de posgrado hace cinco meses.
No hubo en los diálogos mención siquiera y menos análisis de situaciones como ésas. Está pendiente la anunciada y luego aplazada reunión, en los Diálogos por la Seguridad, del Presidente con los coordinadores parlamentarios, única sesión de que podrían desprenderse consecuencias concretas de ese intercambio de palabras. Entre los varios reproches que Beatriz Paredes asestó a Calderón se incluyó el no haber fundado su estrategia bélica en el Plan Nacional de Desarrollo y los mecanismos de consulta que hacen posible modificarlo, como lo recordaron los diputados priistas la semana pasada. Más allá de la retórica, en la cita con los líderes de las bancadas en el Senado y la Cámara pueden hallarse coincidencias que permitan la actuación conjunta del Congreso y el Ejecutivo.
Por lo pronto, las sesiones a que citó el Presidente permitieron dibujar el panorama político nacional, no sólo en materia de seguridad. El Partido del Trabajo se abstuvo de asistir debido a que no reconoce el mandato de Calderón. Lo admitió, en cambio y aunque de un modo vergonzante, Jesús Ortega, cuyo partido tiene vigente una declaración de su congreso nacional de agosto de 2007 en sentido contrario. Tampoco asistió, por irresponsable, el líder del PVEM, el niño verde, que envió un representante. Por su amistad y semejanzas pudo haber nombrado a Jorge Kahwagi, del Panal, partido incondicional del Presidente. Y en ese foro se encontraron cara a cara Beatriz Paredes y César Nava, tan cercanos en octubre pasado que firmaron un convenio de alianza y tan distantes hoy, por lo menos si atendemos la acritud resabiosa y la suspicacia con que se presentó la presidenta del comité nacional priista.
La vieja historia
Rafael Pérez Gay
El Universal
Busqué entre el polvo de revistas viejas. Encontré un cordel. Si lo seguía llegaba a una parte del pasado. Así recordé que el debate sobre la legalización de las drogas echó raíces en México hace años, el asunto estaba en el aire, en el clima de la vida pública. Nada importante aparece de la noche a la mañana. Hace 15 años, en junio de 1995, Luis Miguel Aguilar se hizo cargo de la dirección de Nexos y yo de la subdirección editorial de la revista. El primer número de esa nueva época se llamaba “Viaje al país de las drogas” y la parte central la ocupaba un sondeo: “¿Legalizar o no?”. Un grupo de personajes respondían a la pregunta sobre la despenalización. Encabezaba la encuesta realizada por Néstor Ojeda el escritor José Agustín, desde luego a favor de la legalización, y podía leerse la respuesta de Gloria Trevi, que se oponía a la despenalización, ¿quién lo diría?, un año antes de los delitos probados que la llevaron a la prisión. El embajador del Vaticano en México era Girolamo Prigione y respondió así: “La droga no se debe legalizar. La droga es un mal y al mal no se le debe combatir con el mal, como lo consigna el Apocalipsis”.
Cuento esta vieja anécdota porque yo mismo había olvidado que al menos hace 15 años el narcotráfico era uno de los enemigos más organizados y poderosos de la sociedad mexicana, una presencia inevitable de la que desde ese entonces no podíamos librarnos. A través de los años he cambiado muchas veces de opinión acerca de tantas cosas que he olvidado cuáles, pero sostengo todavía que las drogas deben ser legalizadas. No soy ingenuo, sé que la despenalización no terminará de golpe y porrazo con el narcotráfico, pero evitará al menos criminalizar de la misma forma a un asesino y a quien ha decidido hacer con su salud un papalote. La alteración de la conciencia no es un delito.
Entre los mismos papeles viejos y amarillentos encontré un suplemento Crónica Cultural al que dediqué mis esfuerzos editoriales durante varios años. Corría el año 2000 y un colaborador me trajo a la mesa dos textos, uno de Milton Friedman y otro de George Soros, publicados en la revista El Malpensante que dirigía Andrés Hoyos. Para mí, Friedman y Soros eran unos cerdos capitalistas, dos bandidos que se habían enriquecido enseñando maldades económicas y robando al frente de empresas dudosas. Por lo menos en aquella ocasión tuve que tragarme mis palabras. Resultó que Friedman era mucho más libre e inteligente que los santones de la izquierda mexicana y que Soros mostraba ser menos rapaz y cerril que nuestros empresarios. Los dos personajes defendían la legalización. Hicimos una portada con esos textos: “¿Qué hacemos con las drogas?”.
Friedman afirmaba que si se despenalizaran las drogas, Estados Unidos tendría la mitad de prisiones, la mitad de reclusos, 10 mil homicidios menos al año, zonas urbanas marginales donde existiría alguna posibilidad de que los pobres vivieran sin temer por sus vidas, ciudadanos adictos que se harían respetables, que no tendrían que convertirse en delincuentes para conseguir drogas de cuya calidad nadie está seguro. Vuelvo a leer aquella entrevista y otra vez me parece una postura sensata. Friedman recordaba entonces el ensayo clásico de John Stuart Mill, Sobre la libertad, en el cual sostiene que cada uno es el guardián natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La humanidad, escribió Stuart Mill, ganará más consintiendo a cada cual vivir a su manera que obligándolo a vivir a la manera de los demás.
En el mismo espacio, Soros sostenía esto que 10 años después y a la luz de nuestra realidad parece más convincente que la sola prohibición: “Hay indicios de que nuestras políticas prohibicionistas han aumentado las enfermedades y las muertes relacionadas con las drogas, y hay evidencias del impacto que han tenido sobre el índice de los delitos. Al concentrar los recursos de manera desproporcionada sobre la interdicción del suministro de drogas, se ignoran los principios básicos de la economía”.
Fui demasiado lejos y terminé lleno del polvo que guardan las publicaciones viejas. Como he dicho, estoy a favor de la despenalización. Mientras me lavo las manos en el sentido literal de las palabras considero que sé mejor que hace 10 o 15 años que nadie podrá salvarnos de nosotros mismos, como lo demuestran las adicciones.
El Universal
Busqué entre el polvo de revistas viejas. Encontré un cordel. Si lo seguía llegaba a una parte del pasado. Así recordé que el debate sobre la legalización de las drogas echó raíces en México hace años, el asunto estaba en el aire, en el clima de la vida pública. Nada importante aparece de la noche a la mañana. Hace 15 años, en junio de 1995, Luis Miguel Aguilar se hizo cargo de la dirección de Nexos y yo de la subdirección editorial de la revista. El primer número de esa nueva época se llamaba “Viaje al país de las drogas” y la parte central la ocupaba un sondeo: “¿Legalizar o no?”. Un grupo de personajes respondían a la pregunta sobre la despenalización. Encabezaba la encuesta realizada por Néstor Ojeda el escritor José Agustín, desde luego a favor de la legalización, y podía leerse la respuesta de Gloria Trevi, que se oponía a la despenalización, ¿quién lo diría?, un año antes de los delitos probados que la llevaron a la prisión. El embajador del Vaticano en México era Girolamo Prigione y respondió así: “La droga no se debe legalizar. La droga es un mal y al mal no se le debe combatir con el mal, como lo consigna el Apocalipsis”.Cuento esta vieja anécdota porque yo mismo había olvidado que al menos hace 15 años el narcotráfico era uno de los enemigos más organizados y poderosos de la sociedad mexicana, una presencia inevitable de la que desde ese entonces no podíamos librarnos. A través de los años he cambiado muchas veces de opinión acerca de tantas cosas que he olvidado cuáles, pero sostengo todavía que las drogas deben ser legalizadas. No soy ingenuo, sé que la despenalización no terminará de golpe y porrazo con el narcotráfico, pero evitará al menos criminalizar de la misma forma a un asesino y a quien ha decidido hacer con su salud un papalote. La alteración de la conciencia no es un delito.
Entre los mismos papeles viejos y amarillentos encontré un suplemento Crónica Cultural al que dediqué mis esfuerzos editoriales durante varios años. Corría el año 2000 y un colaborador me trajo a la mesa dos textos, uno de Milton Friedman y otro de George Soros, publicados en la revista El Malpensante que dirigía Andrés Hoyos. Para mí, Friedman y Soros eran unos cerdos capitalistas, dos bandidos que se habían enriquecido enseñando maldades económicas y robando al frente de empresas dudosas. Por lo menos en aquella ocasión tuve que tragarme mis palabras. Resultó que Friedman era mucho más libre e inteligente que los santones de la izquierda mexicana y que Soros mostraba ser menos rapaz y cerril que nuestros empresarios. Los dos personajes defendían la legalización. Hicimos una portada con esos textos: “¿Qué hacemos con las drogas?”.
Friedman afirmaba que si se despenalizaran las drogas, Estados Unidos tendría la mitad de prisiones, la mitad de reclusos, 10 mil homicidios menos al año, zonas urbanas marginales donde existiría alguna posibilidad de que los pobres vivieran sin temer por sus vidas, ciudadanos adictos que se harían respetables, que no tendrían que convertirse en delincuentes para conseguir drogas de cuya calidad nadie está seguro. Vuelvo a leer aquella entrevista y otra vez me parece una postura sensata. Friedman recordaba entonces el ensayo clásico de John Stuart Mill, Sobre la libertad, en el cual sostiene que cada uno es el guardián natural de su propia salud, sea física, mental o espiritual. La humanidad, escribió Stuart Mill, ganará más consintiendo a cada cual vivir a su manera que obligándolo a vivir a la manera de los demás.
En el mismo espacio, Soros sostenía esto que 10 años después y a la luz de nuestra realidad parece más convincente que la sola prohibición: “Hay indicios de que nuestras políticas prohibicionistas han aumentado las enfermedades y las muertes relacionadas con las drogas, y hay evidencias del impacto que han tenido sobre el índice de los delitos. Al concentrar los recursos de manera desproporcionada sobre la interdicción del suministro de drogas, se ignoran los principios básicos de la economía”.
Fui demasiado lejos y terminé lleno del polvo que guardan las publicaciones viejas. Como he dicho, estoy a favor de la despenalización. Mientras me lavo las manos en el sentido literal de las palabras considero que sé mejor que hace 10 o 15 años que nadie podrá salvarnos de nosotros mismos, como lo demuestran las adicciones.
Autoridades en retirada
Pascal Beltrán del Río
twitter.com/beltrandelriomx
Bitácora del director
Excélsior
En lugar de transmitir confianza a los habitantes -en medio de la "guerra" declarada al crimen organizado-, han ido abdicando de sus obligaciones.
El 4 de septiembre de 1939, un día después de que el Reino Unido declaró la guerra a la Alemania nazi, el gobierno británico creó el Ministerio de Información (MOI), un departamento que se haría responsable de la publicidad y la propaganda oficiales durante la Segunda Guerra Mundial.
Faltaba más de un año para que el ejército alemán alcanzara Londres y otras ciudades con su campaña de bombardeo intensivo conocido como The Blitz, pero las autoridades ya preveían que iba a ser necesario mantener en alto la moral de la población.
El estoicismo de los londinenses, que soportaron 76 días continuos de bombardeos de la Luftwaffe, probablemente no habría sido posible sin el carisma y el liderazgo del primer ministro Winston Churchill -quien alentaba a su pueblo mediante sus famosos discursos como el de "pelearemos en todos lados y nunca nos rendiremos"-, pero tampoco sin las campañas de propaganda del MOI.
Una de ellas consistía en la producción de lemas y pósters, que los británicos llegaron a conocer como weapons on the wall (armas en los muros), destinados a crear conciencia en la población sobre cómo mantenerse a salvo, cómo alimentarse bien a pesar de la precariedad, cómo acostumbrar la vista a la oscuridad durante los apagones, etcétera.
Uno de los pósters más famosos creado por el equipo de artistas del MOI, fue uno que simplemente recomendaba: keep calm and carry on (mantenga la calma y siga su rutina).
Ese póster no llegó a fijarse en los muros, pero quedó como testimonio del espíritu británico en medio de la destrucción. La mejor manera de mantener en alto la moral -algo necesario para prevalecer en tiempos de guerra-es continuar con las actividades diarias.
¡Cómo contrasta esa actitud con la de muchas de las autoridades actuales en México! En lugar de transmitir confianza a los habitantes -en medio de la "guerra" declarada al crimen organizado-, han ido abdicando de sus responsabilidades y obligaciones.
Esas autoridades han pasado de ser garantes de la seguridad a simples fedatarios de la inseguridad que asuela a los mexicanos.
Los ejemplos sobran, pero mencionaré tres que ocurrieron recientemente y que fueron publicadas por este diario:
El primero son las declaraciones del aún gobernador de Chihuahua, el priista José ReyesBaeza, quien viajó a Ciudad Juárez el 26 de julio -once días después de la explosión de un coche bomba en esa urbe fronteriza- para pedir a sus habitantes que cambien sus rutinas.
El mandatario pidió a la ciudadanía que se resguarde al terminar la jornada laboral y que transite sólo por avenidas principales.
El consejo del gobernador a los juarenses, asolados por repetidos actos de violencia en la vía pública, fue que extremaran sus precauciones y tener "permanentemente activado" un código o protocolo de seguridad.
¿Cómo habrá recibido ese mensaje la familia del doctor José Guillermo Ortiz Collazo, quien hizo a un lado sus temores por la inseguridad y acudió de prisa a la esquina de las calles Bolivia y 16 de Septiembre cuando escuchó que habían abatido a un policía?
¿Acaso estaba el gobernador infiriendo que el médico actuó de manera irresponsable al colocarse en un sitio donde, segundos después, el estallido del coche bomba lo dejó herido de muerte?
Ante tal recomendación de José Reyes Baeza de "cambiar de rutinas y adoptar medidas de seguridad", ¿alguien más se animará a socorrer a un herido o mostrar otro tipo de humanidad en Ciudad Juárez?
El segundo fue la sugerencia que hizo la delegación de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en el estado de Sinaloa, el 30 de julio pasado, a fin de que los ciudadanos viajen en convoy por las carreteras de la entidad para que no sean víctimas de falsos retenes.
La delegación de Capufe, a cargo de Luis Roberto Loaiza Garzón, ex dirigente estatal del PAN, afirmó que se han multiplicado los ataques a automovilistas en los caminos de la entidad sin que las autoridades hayan podido frenarlas.
Uno de ellos ocurrió unos días atrás, cuando una familia originaria de Nayarit y residente en Estados Unidos, fue atacada a balazos tras evitar un falso retén, y en su huida, volcó el vehículo en que viajaban, con saldo de un muerto y dos menores heridos.
Los hechos ocurrieron en la autopista Benito Juárez, tramo Culiacán-Los Mochis, a la altura del kilómetro 53, en las proximidades de la sindicatura de Pericos, municipio de Mocorito, según reportó la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Dicho de otra manera, la delegación no se hace responsable de lo que le pueda ocurrir a usted si transita por las carreteras de Sinaloa, y, por lo visto, tampoco las demás autoridades. De nada le servirá alegar que usted pagó peaje para viajar de manera más segura. Así que si va a Sinaloa, aténgase, y, de preferencia, viaje en caravana, como solían hacer los colonizadores del viejo Oeste para defenderse de los indios.
El tercer ejemplo nos llega de Durango. Allá, el secretario estatal de Seguridad Pública, el general retirado Valentín Romano López, reconoció que la entidad se ha llenado de miedo por el crimen organizado. "Todos estamos atemorizados", declaró el hombre al que el contribuyente paga para sentirse seguro y no tener que defenderse solo.
"Yo acepté ser secretario de Seguridad Pública y al mes -el 5 de junio pasado- sufrí un atentado. Me dispararon dos mil 500 cartuchos de cuernos de chivo y 20 granadas, y tengo miedo, pero hay necesidad de que alguien haga algo, y por eso sigo ahí", declaró el funcionario, quien en el pasado cuidó de la seguridad del presidente Carlos Salinas de Gortari, como jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor Presidencial.
En entrevista con Excélsior (9/VIII/2010), Romano aseguró que, ante la ola de violencia que se ha desatado en Durango, los ciudadanos "están esperando que alguien haga algo (pero) ¡todos corremos, todos corremos, todos estamos atemorizados!"
Probablemente sólo le faltó decir: "No me vean a mí, al cabo que yo sólo soy el secretario de Seguridad Pública".
No se trata de no tener miedo, un sentimiento totalmente entendible en estas circunstancias. Tampoco se trata de no tener dudas en la estrategia contra el crimen organizado, pues la duda permite rectificar cuando uno anda errado. Sin embargo, una autoridad no puede exponer una cosa ni otra, de manera tan obvia, ante una ciudadanía indefensa y una delincuencia dispuesta a todo.
Por muy despiadados que sean, los cárteles mexicanos palidecen ante la maquinaria genocida nazi. Sin embargo, las autoridades británicas de la Segunda Guerra Mundial, probablemente tan poco preparadas como las nuestras actuales ante la amenaza que les tocó enfrentar, tuvieron una actitud totalmente distinta a la hora de pelear con el enemigo.
"Keep calm and carry on" quizá sea la antítesis de las declaraciones de funcionarios mexicanos que usted acaba de leer. Se vale tener miedo y estar desorientado. Lo que no se vale es hacérselo sentir a la población que está esperando que la autoridad le dé respuestas frente a lo que sucede y le señale el camino para volver lo más pronto posible a la normalidad.
Estimado lector, lo invito a que compartamos información e ideas sobre los temas de interés público en twitter.com/beltrandelriomx
twitter.com/beltrandelriomx
Bitácora del director
Excélsior
En lugar de transmitir confianza a los habitantes -en medio de la "guerra" declarada al crimen organizado-, han ido abdicando de sus obligaciones.
El 4 de septiembre de 1939, un día después de que el Reino Unido declaró la guerra a la Alemania nazi, el gobierno británico creó el Ministerio de Información (MOI), un departamento que se haría responsable de la publicidad y la propaganda oficiales durante la Segunda Guerra Mundial.Faltaba más de un año para que el ejército alemán alcanzara Londres y otras ciudades con su campaña de bombardeo intensivo conocido como The Blitz, pero las autoridades ya preveían que iba a ser necesario mantener en alto la moral de la población.
El estoicismo de los londinenses, que soportaron 76 días continuos de bombardeos de la Luftwaffe, probablemente no habría sido posible sin el carisma y el liderazgo del primer ministro Winston Churchill -quien alentaba a su pueblo mediante sus famosos discursos como el de "pelearemos en todos lados y nunca nos rendiremos"-, pero tampoco sin las campañas de propaganda del MOI.
Una de ellas consistía en la producción de lemas y pósters, que los británicos llegaron a conocer como weapons on the wall (armas en los muros), destinados a crear conciencia en la población sobre cómo mantenerse a salvo, cómo alimentarse bien a pesar de la precariedad, cómo acostumbrar la vista a la oscuridad durante los apagones, etcétera.
Uno de los pósters más famosos creado por el equipo de artistas del MOI, fue uno que simplemente recomendaba: keep calm and carry on (mantenga la calma y siga su rutina).
Ese póster no llegó a fijarse en los muros, pero quedó como testimonio del espíritu británico en medio de la destrucción. La mejor manera de mantener en alto la moral -algo necesario para prevalecer en tiempos de guerra-es continuar con las actividades diarias.
¡Cómo contrasta esa actitud con la de muchas de las autoridades actuales en México! En lugar de transmitir confianza a los habitantes -en medio de la "guerra" declarada al crimen organizado-, han ido abdicando de sus responsabilidades y obligaciones.
Esas autoridades han pasado de ser garantes de la seguridad a simples fedatarios de la inseguridad que asuela a los mexicanos.
Los ejemplos sobran, pero mencionaré tres que ocurrieron recientemente y que fueron publicadas por este diario:
El primero son las declaraciones del aún gobernador de Chihuahua, el priista José ReyesBaeza, quien viajó a Ciudad Juárez el 26 de julio -once días después de la explosión de un coche bomba en esa urbe fronteriza- para pedir a sus habitantes que cambien sus rutinas.
El mandatario pidió a la ciudadanía que se resguarde al terminar la jornada laboral y que transite sólo por avenidas principales.
El consejo del gobernador a los juarenses, asolados por repetidos actos de violencia en la vía pública, fue que extremaran sus precauciones y tener "permanentemente activado" un código o protocolo de seguridad.
¿Cómo habrá recibido ese mensaje la familia del doctor José Guillermo Ortiz Collazo, quien hizo a un lado sus temores por la inseguridad y acudió de prisa a la esquina de las calles Bolivia y 16 de Septiembre cuando escuchó que habían abatido a un policía?
¿Acaso estaba el gobernador infiriendo que el médico actuó de manera irresponsable al colocarse en un sitio donde, segundos después, el estallido del coche bomba lo dejó herido de muerte?
Ante tal recomendación de José Reyes Baeza de "cambiar de rutinas y adoptar medidas de seguridad", ¿alguien más se animará a socorrer a un herido o mostrar otro tipo de humanidad en Ciudad Juárez?
El segundo fue la sugerencia que hizo la delegación de Caminos y Puentes Federales (Capufe) en el estado de Sinaloa, el 30 de julio pasado, a fin de que los ciudadanos viajen en convoy por las carreteras de la entidad para que no sean víctimas de falsos retenes.
La delegación de Capufe, a cargo de Luis Roberto Loaiza Garzón, ex dirigente estatal del PAN, afirmó que se han multiplicado los ataques a automovilistas en los caminos de la entidad sin que las autoridades hayan podido frenarlas.
Uno de ellos ocurrió unos días atrás, cuando una familia originaria de Nayarit y residente en Estados Unidos, fue atacada a balazos tras evitar un falso retén, y en su huida, volcó el vehículo en que viajaban, con saldo de un muerto y dos menores heridos.
Los hechos ocurrieron en la autopista Benito Juárez, tramo Culiacán-Los Mochis, a la altura del kilómetro 53, en las proximidades de la sindicatura de Pericos, municipio de Mocorito, según reportó la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Dicho de otra manera, la delegación no se hace responsable de lo que le pueda ocurrir a usted si transita por las carreteras de Sinaloa, y, por lo visto, tampoco las demás autoridades. De nada le servirá alegar que usted pagó peaje para viajar de manera más segura. Así que si va a Sinaloa, aténgase, y, de preferencia, viaje en caravana, como solían hacer los colonizadores del viejo Oeste para defenderse de los indios.
El tercer ejemplo nos llega de Durango. Allá, el secretario estatal de Seguridad Pública, el general retirado Valentín Romano López, reconoció que la entidad se ha llenado de miedo por el crimen organizado. "Todos estamos atemorizados", declaró el hombre al que el contribuyente paga para sentirse seguro y no tener que defenderse solo.
"Yo acepté ser secretario de Seguridad Pública y al mes -el 5 de junio pasado- sufrí un atentado. Me dispararon dos mil 500 cartuchos de cuernos de chivo y 20 granadas, y tengo miedo, pero hay necesidad de que alguien haga algo, y por eso sigo ahí", declaró el funcionario, quien en el pasado cuidó de la seguridad del presidente Carlos Salinas de Gortari, como jefe de la Sección Quinta del Estado Mayor Presidencial.
En entrevista con Excélsior (9/VIII/2010), Romano aseguró que, ante la ola de violencia que se ha desatado en Durango, los ciudadanos "están esperando que alguien haga algo (pero) ¡todos corremos, todos corremos, todos estamos atemorizados!"
Probablemente sólo le faltó decir: "No me vean a mí, al cabo que yo sólo soy el secretario de Seguridad Pública".
No se trata de no tener miedo, un sentimiento totalmente entendible en estas circunstancias. Tampoco se trata de no tener dudas en la estrategia contra el crimen organizado, pues la duda permite rectificar cuando uno anda errado. Sin embargo, una autoridad no puede exponer una cosa ni otra, de manera tan obvia, ante una ciudadanía indefensa y una delincuencia dispuesta a todo.
Por muy despiadados que sean, los cárteles mexicanos palidecen ante la maquinaria genocida nazi. Sin embargo, las autoridades británicas de la Segunda Guerra Mundial, probablemente tan poco preparadas como las nuestras actuales ante la amenaza que les tocó enfrentar, tuvieron una actitud totalmente distinta a la hora de pelear con el enemigo.
"Keep calm and carry on" quizá sea la antítesis de las declaraciones de funcionarios mexicanos que usted acaba de leer. Se vale tener miedo y estar desorientado. Lo que no se vale es hacérselo sentir a la población que está esperando que la autoridad le dé respuestas frente a lo que sucede y le señale el camino para volver lo más pronto posible a la normalidad.
Estimado lector, lo invito a que compartamos información e ideas sobre los temas de interés público en twitter.com/beltrandelriomx
Legalizar no servirá de nada
Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
La Semana de Román Revueltas Retes
Milenio
Hagamos algunos razonamientos utilizando el método de reducción al absurdo: el asesinato es ilegal; pues bien, supongamos, por un momento, que se legalizara y que pudieras matar a quien te diera la gana sin tener problema alguno con la justicia. ¿Esa circunstancia nos convertiría a todos en homicidas? Pero, me he adelantado: he dicho que “pudieras matar a quien te diera la gana” presuponiendo que la gente, por lo general, tendría ganas de matar a alguien. En realidad es al contrario: la gran mayoría de nosotros no tiene la menor intención de cometer un asesinato. Luego entonces, podemos decir, para empezar, que la posibilidad de matar impunemente no te despierta siquiera el deseo de hacerlo. En segundo término, ese permiso otorgado no se trasmuta obligadamente en una oportunidad aprovechada, es decir, la perspectiva de poder consumar cierto acto no significa, necesariamente, su ulterior consumación. Para mayores señas, en gran parte del territorio nacional no contamos con una policía eficaz ni con un aparato de justicia efectivo y, sin embargo, la tasa de homicidios es más reducida en México que en otros países. Esto significa que los mexicanos, tomados como una colectividad, administran ellos mismos sus responsabilidades y se encargan de vivir en paz por su cuenta. No reaccionan obligadamente a las advertencias previas de la autoridad —la amenaza de una pena de prisión o, inclusive, la perspectiva de que les fuera administrada esa pena de muerte que proponen algunos como la última medida disuasoria— sino que actúan correctamente de manera espontánea. Es el caso, toda proporción guardada, del automovilista que se detiene ante una luz roja de madrugada en una calle desierta: lo hace porque se lo dice su conciencia y no porque pueda salir un policía de tránsito, digamos, de una coladera. Por último, los asesinos por vocación se dedicarían, ahí sí, a matar de manera imparable y sin reserva alguna. Ése sería precisamente el problema: viviríamos rodeados de fieras sueltas y salvajes descontrolados; peor aún, estaríamos enteramente a su merced. Terminaríamos, tal vez, por querer matarlos nosotros mismos para asegurar nuestra supervivencia. Algo de esto hay ya en la fantasía de poder ejecutar a los secuestradores: su eliminación es una especie de promesa de que vamos a vivir seguros.
Vemos, entonces, que muchos seres humanos matan aunque sea ilegal, matan a pesar de que saben que van a ser castigados, matan sin problemas de conciencia y —he aquí lo más aterrador del asunto— matan más de lo que debieran porque la escandalosa impunidad que existe en este país casi equivale, en los hechos, a una facultad concedida por un aparato de justicia corrompido e inepto: los asesinos, desgraciadamente, andan sueltos. Y seguirán sueltos.
Pero, el problema de la inseguridad en México no sólo se manifiesta en los asesinatos. La ausencia de un verdadero Estado de derecho —aunada a una pavorosa crisis de valores morales— ha desatado una descomunal oleada de robos. Todo se roba: el mobiliario urbano, los equipamiento de los gimnasios públicos, las tapas de las atarjeas, las señales de tránsito, los materiales de la oficina, el menaje de las casas, la mercancía de los supermercados, los coches, los cables de la electricidad, el petróleo que fluye por las tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Los mexicanos, al parecer, no somos un pueblo de asesinos; pero sí somos un pueblo de rateros. Robar está menos penado que matar. Y, nuevamente, la mayoría de los robos no merecen otra cosa que la más absoluta inacción de las autoridades. Pero, a diferencia de la descomunal dimensión de un asesinato —en todos los sentidos— el robo no parece sacudir demasiado nuestras conciencias: es más, significa, muchas veces, una revancha legitimada por la desigualdad social.
Tenemos así un panorama de lo que podríamos llamar la “delincuencia común” (y corriente): no matamos demasiado y robamos muchísimo. Existe, sin embargo, la otra delincuencia, la que lleva el nombre de “crimen organizado” y que ha merecido la más descomunal respuesta del Gobierno a pesar de que nosotros, las personas de a pie, padecemos mucho más los embates de los ladrones, los extorsionadores y los secuestradores que de los narcos. La solución, según dicen, estaría en la legalización de las drogas. Pues bien, formalizar la utilización de las sustancias ilegales no disminuiría en lo absoluto el imperio de unos cárteles que matan, degüellan, ahorcan, queman, estrangulan, decapitan, torturan, ejecutan y mutilan sin pedirle permiso a nadie, sea legal o ilegal, esté permitido o no lo esté. Es más, cuando les quiten su negocio, se seguirán dedicando a lo mismo de la misma manera como el asesino mata en abierto desafío al juez, a sus víctimas, a las Escrituras, a la Constitución, al Código Penal, a Dios y a los hombres. Estas organizaciones criminales no existen porque las drogas estén prohibidas ni dejarán de existir cuando las vendan en la farmacia de la esquina. Están ahí porque no funciona la justicia en México.
revueltas@mac.com
La Semana de Román Revueltas Retes
Milenio
Hagamos algunos razonamientos utilizando el método de reducción al absurdo: el asesinato es ilegal; pues bien, supongamos, por un momento, que se legalizara y que pudieras matar a quien te diera la gana sin tener problema alguno con la justicia. ¿Esa circunstancia nos convertiría a todos en homicidas? Pero, me he adelantado: he dicho que “pudieras matar a quien te diera la gana” presuponiendo que la gente, por lo general, tendría ganas de matar a alguien. En realidad es al contrario: la gran mayoría de nosotros no tiene la menor intención de cometer un asesinato. Luego entonces, podemos decir, para empezar, que la posibilidad de matar impunemente no te despierta siquiera el deseo de hacerlo. En segundo término, ese permiso otorgado no se trasmuta obligadamente en una oportunidad aprovechada, es decir, la perspectiva de poder consumar cierto acto no significa, necesariamente, su ulterior consumación. Para mayores señas, en gran parte del territorio nacional no contamos con una policía eficaz ni con un aparato de justicia efectivo y, sin embargo, la tasa de homicidios es más reducida en México que en otros países. Esto significa que los mexicanos, tomados como una colectividad, administran ellos mismos sus responsabilidades y se encargan de vivir en paz por su cuenta. No reaccionan obligadamente a las advertencias previas de la autoridad —la amenaza de una pena de prisión o, inclusive, la perspectiva de que les fuera administrada esa pena de muerte que proponen algunos como la última medida disuasoria— sino que actúan correctamente de manera espontánea. Es el caso, toda proporción guardada, del automovilista que se detiene ante una luz roja de madrugada en una calle desierta: lo hace porque se lo dice su conciencia y no porque pueda salir un policía de tránsito, digamos, de una coladera. Por último, los asesinos por vocación se dedicarían, ahí sí, a matar de manera imparable y sin reserva alguna. Ése sería precisamente el problema: viviríamos rodeados de fieras sueltas y salvajes descontrolados; peor aún, estaríamos enteramente a su merced. Terminaríamos, tal vez, por querer matarlos nosotros mismos para asegurar nuestra supervivencia. Algo de esto hay ya en la fantasía de poder ejecutar a los secuestradores: su eliminación es una especie de promesa de que vamos a vivir seguros.Vemos, entonces, que muchos seres humanos matan aunque sea ilegal, matan a pesar de que saben que van a ser castigados, matan sin problemas de conciencia y —he aquí lo más aterrador del asunto— matan más de lo que debieran porque la escandalosa impunidad que existe en este país casi equivale, en los hechos, a una facultad concedida por un aparato de justicia corrompido e inepto: los asesinos, desgraciadamente, andan sueltos. Y seguirán sueltos.
Pero, el problema de la inseguridad en México no sólo se manifiesta en los asesinatos. La ausencia de un verdadero Estado de derecho —aunada a una pavorosa crisis de valores morales— ha desatado una descomunal oleada de robos. Todo se roba: el mobiliario urbano, los equipamiento de los gimnasios públicos, las tapas de las atarjeas, las señales de tránsito, los materiales de la oficina, el menaje de las casas, la mercancía de los supermercados, los coches, los cables de la electricidad, el petróleo que fluye por las tuberías, etcétera, etcétera, etcétera. Los mexicanos, al parecer, no somos un pueblo de asesinos; pero sí somos un pueblo de rateros. Robar está menos penado que matar. Y, nuevamente, la mayoría de los robos no merecen otra cosa que la más absoluta inacción de las autoridades. Pero, a diferencia de la descomunal dimensión de un asesinato —en todos los sentidos— el robo no parece sacudir demasiado nuestras conciencias: es más, significa, muchas veces, una revancha legitimada por la desigualdad social.
Tenemos así un panorama de lo que podríamos llamar la “delincuencia común” (y corriente): no matamos demasiado y robamos muchísimo. Existe, sin embargo, la otra delincuencia, la que lleva el nombre de “crimen organizado” y que ha merecido la más descomunal respuesta del Gobierno a pesar de que nosotros, las personas de a pie, padecemos mucho más los embates de los ladrones, los extorsionadores y los secuestradores que de los narcos. La solución, según dicen, estaría en la legalización de las drogas. Pues bien, formalizar la utilización de las sustancias ilegales no disminuiría en lo absoluto el imperio de unos cárteles que matan, degüellan, ahorcan, queman, estrangulan, decapitan, torturan, ejecutan y mutilan sin pedirle permiso a nadie, sea legal o ilegal, esté permitido o no lo esté. Es más, cuando les quiten su negocio, se seguirán dedicando a lo mismo de la misma manera como el asesino mata en abierto desafío al juez, a sus víctimas, a las Escrituras, a la Constitución, al Código Penal, a Dios y a los hombres. Estas organizaciones criminales no existen porque las drogas estén prohibidas ni dejarán de existir cuando las vendan en la farmacia de la esquina. Están ahí porque no funciona la justicia en México.
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