agosto 28, 2010

El dinosaurio azul

Salvador García Soto
Serpientes y Escaleras
El Universal

Designar a Gustavo Madero al frente del PAN no será problema para el Presidente, que controla a la mayoría de los consejeros nacionales del partido

Si en las pasadas elecciones estatales de julio de este año, el Presidente hizo a un lado su papel de jefe de Estado para asumir el de "jefe de partido", y utilizó el poder y los recursos del Ejecutivo para impulsar las campañas y candidatos del PAN, atropellando y violando la Constitución (Tribunal Electoral Federal dixit), en los comicios que habrá en 2011 en el Estado de México y en su propia sucesión de 2012, que él mismo ya declaró iniciada, Felipe Calderón volverá a hacer a un lado su investidura y la imparcialidad a que lo obliga la ley, para sonar la matraca y echar a andar el aparato de gobierno en busca de evitar a toda costa entregarle el poder al PRI.

En esa lógica es que Calderón ordenó y ejecutó ya el relevo en la dirigencia nacional del PAN que, como lo ha hecho desde el inicio de su gobierno, volverá a ser reducida a una oficina apéndice del despacho presidencial, donde el michoacano colocará a un incondicional que le garantice el control absoluto del proceso para elegir al candidato presidencial de su partido. Ese incondicional ya tiene nombre y ya se apuntó con toda la venia de Los Pinos; se llama Gustavo Madero y será el sucesor de César Nava, quien dejará la presidencia de su partido abandonado de la mano presidencial.

A Nava le negó Calderon el apoyo para que buscara la reelección y cuando acudió a Los Pinos a preguntar si tenía el respaldo para seguir al frente del CEN panista, como respuesta recibió un rotundo “no” y la orden terminante de que anunciara públicamente su renuncia al derecho estatutario que tenía para reelegirse por un periodo más y a cualquier interés en la candidatura presidencial.

Cuando el Presidente decidió retirarle el apoyo a Nava, ya tenía trazado el plan para llevar a la dirigencia al dócil senador Madero, quien será el encargado de dar apariencia estatutaria a la decisión que tome Calderón, llegado el momento, sobre quien será el abanderado panista al 2012.

Procesar la designación ya definida de Madero no será problema para el Presidente, que tiene el pleno control de la mayoría de los consejeros nacionales del PAN que elegirán a su dirigente en noviembre próximo. Así, Calderón, quien ya había tomado el control de su propio relevo con aquella reunión en Los Pinos, en la que convocó a los 11 suspirantes del blanquiazul rumbo al 2012, ocurrida a principios de julio pasado, ahora hace ajustes en el PAN, sacrifica al desgastado Nava y pone a otro incondicional suyo en el CEN para operar lo que viene.

Porque en aquel encuentro no fueron 9 sino 11 los panistas convocados por Calderón: tres gobernadores, Emilio González, Marco Antonio Adame y Juan Manuel Oliva; cinco secretarios deEstado, Ernesto Cordero, Heriberto Felix, Alonso Lujambio, Juan Molinar y Javier Lozano --Fernando Gómez Mont todavía acudió pero sólo en calidad de "testigo"-- y los legisladores panistas Santiago Creel, Francisco Ramírez Acuña y Josefina Vázquez Mota.

Ahí el Presidente les pidió abiertamente que dijeran quiénes tenían la intención de buscar la candidatura. Sólo tres alzaron la mano. A los demás Calderón les dio señales muy claras de por dónde iban sus afectos y proyectos, y les "sugirió", también sutilmente, que deberían mejor enfocarse a buscar la presidencia del PAN. Lo que no les dijo fue que ni siquiera eso soltaría y que el proceso para el relevo panista sería también definido por él.

El "pequeño priísta" que alguna vez Calderón reconoció llevar dentro --como todos los mexicanos, dijo entonces-- ya creció y se ha convertido en un gran dinosaurio panista que, nutrido de los vicios y los modos del más viejo y rancio PRI, hoy tiene garras afiladas, colmillos retorcidos y un grande y vigoroso dedo azul.

NOTAS INDISCRETAS...Si a los panistas les faltaba un motivo para terminar la expulsión del gobernador de Aguascalientes, Armando Reynoso Femat, ahí les va un dato: fue el único panista que asistió a la reunión en McAllen, Texas, en la que un grupo de gobernadores le dio su apoyo abierto a Enrique Peña Nieto y acordó trabajar por la candidatura del mexiquense y "blindarlo" de los ataques del gobierno calderonista. Al todavía mandatario panista lo vieron de lo más contento y entusiasmado en la reunión de "peñistas", en la que incluso fue recibido con un aplauso de sus colegas del PRI que lo recibieron como uno de los suyos. ¿Será que Reynoso ya tiene nueva camiseta ahora que le prohiban usar la blanquiazul?..El grupo parlamentario del PRI aprobó en su reunión plenaria de esta semana la propuesta de pugnar por un nuevo Reglamento de la Cámara de Diputados. La propuesta es del diputado Jesús Rodríguez, presidente de la Comisión de Prácticas y Régimen Parlamentario. En ese reglamento, que será impulsado por el PRI, se fortalecería el trabajo de las comisiones al dotarlas de más facultades para analizar, dictaminar y presentar iniciativas de ley ya consensuadas, listas para que el pleno sólo las apruebe. Para terminar con el rezago legislativo, se establece que las iniciativas que se presenten en una Legislatura sean todas desahogadas en el lapso que dure esa misma Legislatura, por lo que forzosamente tendrán que darles trámite, ya sea para aprobarlas o desecharlas, pero no podrán dejar iniciativas pendientes a la siguiente Legislatura. El tercer tema es entrarle de lleno al formato del Informe de Gobierno, para llegar con una propuesta ya amarrada para que el próximo año el Informe presidencial se realice ya con un nuevo formato y el Presidente acuda personalmente a explicar su documento... El tristemente célebre "gober precioso" se ha convertido en un auténtico acosador político para la alcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá. Si ya antes de su estrepitosa derrota en los comicios estatales, en los que perdió la gubernatura, Mario Marín había cercado a la presidenta municipal de su propio partido, ahora ha recrudecido sus ataques, grillas y bloqueos contra la alcaldesa, a la que no le perdona su popularidad y aceptación entre los poblanos. Hoy, cuando ya los dos van de salida --ella seguro a alguna posición futura y él a la ignominia de su vergonzosa historia política y de gobierno--, Marín no le perdona a Alcalá, o tal vez no se perdona a sí mismo, el error de haber elegido mal a su candidato y, como lo hiciera con la periodista Lidia Cacho, quiere someter a la primera alcaldesa en la historia de Puebla, a "coscorrones politicos"... Dos priístas presidirán ambas cámaras del Congreso federal. En el Senado, Manlio Fabio Beltrones está firme en la presidencia y prepara su debut con una iniciativa de ley que enfrente el problema de los jóvenes "ni-nis"´. Mientras, en San Lázaro, Jorge Carlos Ramírez Marín será el priísta que presida la Mesa Directiva, aunque sólo por unos meses, pues el plan de Beatriz Paredes es que en marzo, cuando termine como presidenta del PRI, Ramírez le deje la Mesa Directiva. Se reivindican los dados. Escalera doble.

Molinos de viento

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

El narcotráfico se ha fortalecido, ha ampliado su control de territorios, la espiral de la violencia se ha acelerado y no se ve luz al final del túnel. El tiempo corre contra Estado y sociedad

Una imagen, reza el proverbio chino, dice más que mil palabras.

Creel, Chihuahua, 16 de agosto de 2008. El sábado por la tarde arriba un convoy. Alrededor de 15 pistoleros irrumpen en una fiesta y asesinan a 13 personas -entre ellas un bebé de brazos. Corren versiones que policías estatales le abrieron paso a los sicarios y que los agentes municipales se acuartelaron o abandonaron el pueblo para evitar enfrentamientos.

Santiago, Nuevo León, 15 de agosto de 2010. El domingo por la noche un convoy de cinco camionetas llega al domicilio de Edelmiro Cavazos Leal, presidente municipal, y lo secuestran. El miércoles 18 encuentran su cadáver con huellas de tortura y varios balazos. Fue ejecutado por policías municipales vinculados con los Zetas.

El diagnóstico de las corporaciones municipales no es menos alucinante. Más de la mitad de las 2 mil 20 corporaciones existentes cuentan con menos de 20 agentes. El 61 por ciento de los 160 mil efectivos perciben sueldos mensuales de 4 mil pesos o menos. El 70 por ciento no tiene estudio alguno o cuenta con educación básica (primaria y secundaria).

Pero lo más grave está en la cooptación. Según el investigador Edgardo Buscaglia, el 72 por ciento de los municipios del país son feudos del narcotráfico. Y según García Luna, secretario de Seguridad Pública: "la delincuencia financia con unos mil 270 millones de pesos cada mes a las policías municipales".

La fuerza de corrupción del narcotráfico, frente a un Estado con estructuras extremadamente débiles, se puede medir por la estimación de García Luna. Al año se invierten 15 mil 240 millones de pesos (mil 219 millones de dólares) sólo para la cooptación de agentes municipales.

A lo que habría que añadir lo que se destina a las policías estatales, a mandos federales y militares (ahí está el general Gutiérrez Rebollo) y por supuesto a jueces y ministerios públicos.

Por razones evidentes resulta imposible modernizar, profesionalizar y homologar 2 mil 20 corporaciones. Pero además, no tendría sentido emprender esa tarea por la composición de esos cuerpos policiacos y por la penetración y cooptación del crimen organizado.

De ahí la propuesta de García Luna: crear una policía nacional única para resolver de cuajo el problema. Liquidar, por una parte, los cuerpos municipales y, por la otra, trabajar en la construcción de una nueva corporación con normas y estándares profesionales.

Pero como siempre ocurre en este país, la iniciativa se politizó y fue satanizada por todo el mundo. Fue así como se llegó a una opción intermedia: crear 32 policías, una por cada entidad, para facilitar la profesionalización de las corporaciones policiacas. Hubieron de pasar casi 12 meses para que, al fin, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) hiciera suya la propuesta y comunicara al gobierno federal su decisión.

Sobra decir que esta estrategia es tardía. Se debería haber adoptado al día siguiente que Calderón declaró la guerra al narcotráfico y decidió emplear las Fuerzas Armadas en labores policiacas. Porque el regreso de Ejército y Marina a cuarteles depende de corporaciones policiacas capaces de enfrentar al crimen organizado y garantizar paz y orden.

Sorprendentemente, la estrategia posible, que no dese- able -para utilizar la expresión de Calderón-, ha suscitado la oposición de alcaldes de todos los colores e incluso de panistas de primer nivel, como el gobernador de Jalisco. Quien ha llevado la voz cantante en ese coro es Azucena Olivares, alcaldesa de Naucalpan y presidenta de la Asociación de Municipios de México, AC (AMMAC), que aglutina a mil 200 alcaldes -multicolores.

La guerra de la AMMAC contra la unificación de las policías es, literalmente, una ofensiva contra molinos de viento. Denuncian el quebrantamiento del municipio como célula básica del sistema federal, pero no explican cómo ni por qué del resquebrajamiento. Inventan falsos riesgos como que la autoridad municipal no recibiese apoyo oportuno de la fuerza estatal por razones políticas. O lamentan la desaparición del policía de barrio.

La Ciudad de México y la zona metropolitana de Guadalajara son ejemplos de mandos policiacos unificados que funcionan con delegaciones o municipios de todos los colores y donde la figura del policía de barrio desapareció irremediablemente.

Pero lo más grave no está en las falsas razones o en la construcción de molinos de viento, sino en el hecho de que la AMMAC no se hace cargo ni de la gravedad de la situación ni del diagnóstico del problema.

Me explico. El país atraviesa por una situación de emergencia. El narcotráfico se ha fortalecido, ha ampliado su control de territorios, la espiral de la violencia se ha acelerado y no se ve luz al final del túnel. El tiempo corre contra Estado y sociedad. Urge avanzar. No hay que quemar pólvora en infiernillos. Las policías municipales no son rescatables.

Pues bien, ante esta emergencia la AMMAC propone tres alternativas: primero, no desaparecer sino coordinar a las corporaciones municipales con las estatales y federales. Segundo, crear un mando único si los municipios deciden sumarse y cooperar con dicha iniciativa. Tercero, crear un comité técnico para estudiar y evaluar la complejidad del problema.

Lo grave del asunto no está, sin embargo, en los delirios de la AMMAC y sus compañeros de viaje, sino en la posibilidad de que le impongan al gobierno federal y a la Conago esa agenda a fin de "crear y preservar consensos". Si ése fuera el caso, posibilidad no descartable, la estrategia fallará irremediablemente y el futuro -que ya está aquí- nos arrasará fatalmente.

Responder combatiendo o legalizando

Julio Faesler
Consultor
juliofelipefaesler@yahoo.com
Excélsior

La discusión acerca de la legalización se aviva de nuevo. Se supone que con abrir el mercado se abaratarán las drogas y se desactivará el factor económico del siniestro negocio.

La inseguridad que tiene a nuestro país en diaria zozobra es la repercusión de los miles de muertos que la guerra antidrogas ha cobrado. La terrible muerte que los 72 infelices inmigrantes latinoamericanos encontraron en Tamaulipas se relaciona con el tráfico de drogas. Esto constituye la más penosa vergüenza nacional, no sólo por enseñarles a los inmigrantes de Centro y Sudamérica nuestros tortuosos caminos hacia el norte, sino por el oprobio de ofrecérselos infestados de criminales asaltantes.

La discusión acerca de la legalización se aviva de nuevo. Se supone que con abrir el mercado se abaratarán las drogas y se desactivará el factor económico del siniestro negocio. El crimen que provoca se reduciría así a niveles policíacos manejables. Poniéndolas más al alcance de los adictos, éstos no tendrán que cometer actos ilícitos para costear su adicción. Lo que es seguro, empero, es que el consumo se multiplicaría.

No es necesariamente cierto que la legalización abarate la droga. Hay artículos que se mantienen artificialmente caros para asegurar exorbitantes ganancias al productor o comerciante. Es cuestión que depende de la amplitud del nicho de mercado y cuán "elástica" es la demanda. En el caso de los diamantes, por ejemplo, la clientela no es extensa comparada con la de los artículos de consumo, pero al contrario de éstos, el productor-vendedor no necesita reducir el precio para atraer clientes.

La demanda real de las drogas es extremadamente inelástica. Por obtener una dosis el comprador desesperado está dispuesto a los mayores esfuerzos siempre punibles. Al vendedor le interesa maximizar su ingreso manteniendo el precio tan alto como sea posible. Esto le permite asegurar anchos márgenes para cubrir costos de estructura, intermediarios, agentes, gratificaciones a funcionarios y armas.

Estando tan férreamente controlada la oferta de las drogas por las bandas mafiosas, también lo están sus precios. Un rival que pretendiera reducirlos para ampliar su mercado, se las tendría que ver con una inevitable reacción para eliminarlo. En adición a la guerra por ganar territorios que hoy presenciamos, tendremos la revancha sangrienta contra el que se atreviera a romper la estructura de precios prevaleciente.

Hablamos aquí especialmente de las drogas sintéticas y no de la mariguana que hoy está legalizada en algunos Estados de la Unión Americana y donde la producción doméstica se extiende cada vez con mayor sustento. La reglamentación de la hierba está realizándose a su propio paso en ese país que, con el tiempo, verá si esa promoción reduce o incrementa el nivel del crimen callejero. Podemos prever que la producción industrial de drogas como el éxtasis, hielo, crack, las metanfetaminas, etcétera, se irá concentrando en Estados Unidos, más cerca de su mercado. Las mafias actualmente presentes en sólo 200 ciudades norteamericanas, extenderán sus redes en ese país llevándoles la pavorosa violencia que ahora tenemos en México.

Nuestra guerra en México se encuentra en su punto más intenso. Hay que continuarla con milicias bien preparadas y armadas, una policía única, estricta disciplina administrativa, bloqueos financieros y una draconiana represión de la corrupción en las procuradurías, juzgados y servicios de gobierno. A medida que lo hagamos, transferiremos el horrendo problema a los vecinos del norte, ahí donde se originó el mal y donde corresponde padecerlo. Es éste el futuro que les espera al no reducir su consumo doméstico que es el principal motor del narcotráfico que arrastra no sólo a México, sino a muchos otros países.

Lecciones colombianas: la autonomía del MP y el dinero en las campañas

Carlos Puig
masalla@gmail.com
Historias del Más Acá
Milenio

Bogotá, Colombia. No se ha enfriado del todo la silla presidencial que ocupó Álvaro Uribe, y quien fuera su ministro del Interior, Sabas Pretelt, a quien con prisas lo habían enviado como embajador de Italia, ha tenido que renunciar por que fue indiciado por la fiscalía de la nación como presunto responsable de haber sobornado a legisladores para que votaran por autorizar constitucionalmente la reelección del presidente Uribe hace seis años.

Se dice fácil.

Esa misma fiscalía es la que en los últimos años ha puesto en la cárcel o bajo proceso a, literalmente, cientos de legisladores, alcaldes y otros funcionarios públicos por haber colaborado en distintos grados con los narcos-narcos, los narcos-paramilitares, o los narcos-guerrilleros. Porque aquí, todo ha sido manchado por el narco.

Es innegable progreso colombiano hacia la reducción de la violencia producto del crimen organizado ligado con el narcotráfico, y ese avance es producto de una combinación de acciones, políticas y cambios en el mercado de la droga; pero aquí nadie se imaginaría lo que ha sucedido sin un Ministerio Público independiente del Poder Ejecutivo, cambio que se dio en la Constitución de 1991.

En México, esa discusión no existe. Nuestros ministerios públicos y procuradurías son absolutamente dependientes del Ejecutivo y tienen absoluta discreción en la aplicación de la acción penal, a pesar de que la experiencia internacional reciente dice que no sólo en asuntos de narcotráfico y delincuencia organizada, sino de corrupción en el gobierno han resultado herramientas indispensables.

Desde hace tres décadas, la mayoría de los países latinoamericanos han dado independencia del Ejecutivo a sus ministerios públicos y fiscalías; actualmente, sólo República Dominicana, México y Uruguay no han realizado modificaciones en esta dirección.

Una investigación del CIDE, coordinada por Gabriel L. Negretto y que en los próximos días se presentará como libro, llega a las siguientes conclusiones: “Si el Ministerio Público reside en el Ejecutivo —esto es, si el jefe de todos los investigadores, agentes o fiscales obtiene y mantiene su puesto dependiendo de la discrecionalidad del Presidente—, el procurador general tiene un incentivo para servir a los intereses de su jefe político y ejercer esta misma presión sobre sus subordinados”.

“En este sentido, en la medida en que la tarea realizada por cada uno estos actores pueda ser revisada por otro que sea independiente del primero, mejor garantizados estarán los derechos de los individuos involucrados en un crimen, tanto víctimas como sospechosos. Así por ejemplo, si el procurador puede examinar el trabajo de la policía, el juez puede verificar la labor del procurador y los superiores jerárquicos de ambos pueden revisar su trabajo si el individuo afectado apela su decisión, entonces los actores tendrán mejores incentivos institucionales para realizar su trabajo respetando los derechos de los individuos involucrados.

“En conclusión, si el Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo donde los mecanismos de selección, remoción y duración en el cargo del procurador general aseguren que no esté subordinado ni a los intereses del Ejecutivo ni a los del Poder Judicial, entonces es más probable que esta institución ejerza correctamente sus funciones en el sistema de frenos y contrapesos.”

La experiencia colombiana señala, por ejemplo, que la autonomía del Ministerio Público no es directamente responsable en la disminución de la violencia, sino indirectamente, porque ha resultado un muy efectivo instrumento contra la corrupción y, por ende, de la asociación entre crimen organizado y políticos.

Otra lección colombiana en el mismo sentido se refiere a las campañas políticas. Buena parte de los representantes populares en prisión están ahí porque se ha comprobado que recibieron dinero del crimen organizado para sus campañas. En Colombia los narcos compraban políticos desde antes de la elección y, según una nueva investigación académica hecha libro —“…Y refundaron la patria”, de Claudia López—, fueron los políticos quienes buscaron a los delincuentes para que los financiaran. Las campañas han resultado buena manera para lavar dinero del narco.

Quedará para la historia la petición del expresidente Álvaro Uribe a los legisladores de que se apuraran a votar sus reforma antes de que los llevaran presos.

¿Está nuestro IFE preparado para prevenir, localizar, hacer judicializable y sancionar a quienes en México así lo hagan? ¿Están nuestras procuradurías, la federal y las estatales, listas?

Hay una especie muy mexicana que tiende a pensar que “México no es Colombia”. Cierto. Y no. Cuando uno repasa la violenta y complicada historia reciente colombiana, suena conocida, cercana, de los mismos colores que la nuestra. Sería de una arrogancia peligrosa no mirarla con cuidado.

El libro que se presenta en unos días es: Debatiendo la reforma política. Claves del cambio institucional en México. Gabriel L. Negretto, editor. CIDE 2010.