agosto 30, 2010

Los muertos de Chávez

Jorge Ramos Ávalos (@jorgeramosnews)
http://jorgeramos.com/

El presidente Hugo Chávez encontró la fórmula perfecta para terminar con el crimen en Venezuela: censurar a los medios de comunicación que reportan sobre la violencia.

El crimen en Venezuela, por supuesto, continúa aumentando. La única diferencia es que ahora los venezolanos no se enteran. Pero, aún con censura, es imposible ocultar la principal falla del chavismo: no puede garantizarle la vida a sus ciudadanos.

Hace poco un tribunal venezolano le prohibió a todos los medios impresos publicar fotografías e informes sobre crímenes violentos. Esto surgió tras la publicación de una fotografía en el diario El Nacional de una morgue repleta de cuerpos.

Los defensores del régimen chavista rápidamente calificaron como “pornografía” la labor de los periodistas que reportan sobre la violencia que domina al país. Pero se equivocan. El problema no está en quienes reportan los crímenes; el problema está en el ineficaz gobierno de Chávez que, lejos de controlar el crimen, lo ha multiplicado.

El gobierno de Hugo Chávez puede censurar al diario El Nacional pero no puede censurar al periódico The New York Times.

La semana pasada el periódico norteamericano publicó un reportaje sobre cómo los asesinatos en Venezuela superan los de la guerra en Irak. Por cierto, la fotografía que publicó el Times en su portada –el ataúd con un niño muerto, el cuarto menor asesinado en esa familia- posiblemente no podría ser reproducida por ningún diario venezolano bajo el actual régimen de censura de prensa.

Estas son las cifras que está tratando de ocultar el gobierno de Venezuela. Desde que Hugo Chávez llegó al poder en 1999 han sido asesinadas 118,541 personas, según reporta The New York Times y el Observatorio Venezolano de la Violencia. Son los muertos de Chávez.

Más datos. El año pasado fueron asesinadas cuatro veces más personas en Venezuela (16,047) que en Irak en guerra (4,644). Reportar crímenes en Venezuela es inútil; más del 90 por ciento de los asesinatos no se resuelven.

Venezuela es, incluso, más violenta que México. Ahí se han reportado 43,792 homicidios desde el 2007 frente a los 28 mil que ha reconocido el gobierno mexicano en la lucha contra el narcotráfico desde la misma fecha.

El problema no es la prensa que reporta crímenes. El verdadero problema es el gobierno que ha perdido el control de las armas en el país; es la policía chavista que no vigila; es el politizado sistema judicial que no detiene, ni enjuicia y ni encarcela criminales; y es un presidente que, como si fuera dictador, controla todos los poderes e instituciones importantes.

El crimen en Venezuela se ha disparado con la llamada “revolución bolivariana”. Si fuera cierto, como asegura el gobierno chavista, que en Venezuela hay menos pobres que antes, que hay mayor igualdad entre las clases sociales, y una mayor satisfacción con sus gobernantes y estilo de vida, entonces ¿cómo se explica esta criminalidad?

Cuando un gobernante, como Chávez, se quiere reelegir, la pregunta obligada que tienen que hacerse los electores es ¿estamos mejor ahora que antes? La respuesta inequívoca en
Venezuela es no. La nación no está mejor que antes. Los venezolanos no viven mejor que antes.

Ahí están las cifras del crimen para probarlo.

Además, Venezuela tampoco es una democracia. Chávez controla el ejército, las cortes, la constitución, la asamblea y hasta el organismo electoral. Eso no es una democracia.

Chávez argumenta que ha ganado muchas elecciones. Pero ¿en qué democracia el presidente controla al organismo que cuenta los votos? ¿Quién puede creer en los resultados de las elecciones?

En Venezuela tampoco hay libertad de prensa. La censura y autocensura se imponen todos los días. Quedan muy pocos medios que valientemente se atreven a reportar con independencia y a enfrentarse al gobierno. Pero esos periodistas son atacados frecuentemente y corren el peligro de terminar en la cárcel o en el exilio.

El principal paso para enfrentar un problema es reconocerlo. Pero Chávez ha decidido culpar a otros del crimen y esconder la cabeza, como el avestruz.

Pregunta ¿se puede publicar esto en Venezuela?

A dos años de la firma del ANSJL los resultados siguen siendo reprobatorios: Evaluación MUCD

UN MILLÓN DE MEXICANOS CONTRA LA DELINCUENCIA

• Reprueban Instituciones del Gobierno Federal el ANSJL
• Los Poderes Legislativo y las entidades federativas obtienen calificaciones apenas aprobatorias

A dos años de la firma del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (ANSJL), México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD), lamenta el escaso cumplimiento de los compromisos asumidos por los tres Poderes de la Unión y las autoridades estatales.

La metodología utilizada para la medición del ANSJL y el avance de los objetivos , consistieron en revisar:

a) las acciones programadas para alcanzar las metas establecidas en cada objetivo (ruta crítica)
b) las actividades realmente realizadas; y
c) la oportunidad y calidad de la información proporcionada por las instancias responsables de dar cumplimiento a los objetivos.

Entre los principales resultados obtenidos destaca que sólo 5 objetivos fueron cumplidos al 100 por ciento a dos años de la firma del acuerdo y 4 no tienen ninguna calificación.

Las dependencias del Gobierno Federal obtuvieron una calificación de 5.

Entre los objetivos que no se cumplieron destaca la falta de una estrategia nacional contra el lavado de dinero, el mejorar la capacidad institucional del MP, fortalecer las redes de atención a víctimas del delito, regular la telefonía móvil y fija, así como crear campañas para promover la cultura de la legalidad y fortalecer la atención a personas con problemas de adicciones.

El Poder Legislativo Federal disminuyó su calificación en medio punto, al pasar de 7 -de acuerdo con los resultados de la evaluación del primer año- a 6.5 en este segundo aniversario.

A la fecha, ha cumplido al 100 por ciento en 3 de 7 objetivos firmados en el acuerdo: asignar presupuestos que fortalezcan los programas de seguridad pública, otorgar mayores recursos a estados y municipios, y realizar auditorías a las 32 entidades federativas.

Entre los objetivos que no muestran avances se encuentra el crear una ley de ejecución de sanciones penales, la cual no muestra avance alguno y mantiene una calificación de cero. De igual forma se encuentra la Ley general del delito del secuestro, que si bien fue aprobada en la Cámara de Senadores, presenta una serie de errores y omisiones que vuelve inviable cumplir su objetivo.

El Poder Judicial Federal obtiene una calificación de 7.0

En estos dos años, el Poder Judicial ha mostrado uno de los mayores avances en el cumplimiento del Acuerdo Nacional, sin embargo, bajó medio punto su calificación anterior (7.5) al registrar retrocesos en algunos de los compromisos, uno de los más significativos al registrar una calificación de cero en el objetivo de favorecer la celeridad en los procesos.

Los Gobiernos de los Estados alcanzaron 6.2 de calificación

En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, las entidades federativas se comprometieron a dar cumplimiento a siete acuerdos que se refieren a: la depuración de la policía estatal, compromiso que implica la creación o en su caso, fortalecimiento de un Centro de Control de Confianza; la reasignación presupuestal, acompañada de mecanismos transparentes; la creación de Unidades Especializadas en Combate al Secuestro; la presentación de una iniciativa de Ley de Seguridad Pública Estatal: la incorporación del Sistema Único de Información Criminal de Plataforma México; la creación de indicadores de desempeño coincidentes con la nacional; y el sistema de información pública en materia de seguridad pública.

Si bien la mayoría de las entidades presenta un aumento en las calificaciones asignadas, respecto a las obtenidas el año anterior, la evaluación que MUCD realizó en esta ocasión, incluye datos sobre incidencia delictiva en general, sobre la incidencia de los delitos de alto impacto (secuestro y homicidio) y sobre el porcentaje de denuncia que cada uno de los estados tiene, para poder medir la repercusión real que, el cumplimiento o no de los compromisos, ha tenido en la situación que guarda la seguridad pública de cada una las entidades. En este sentido, si bien algunos estados reportan un alto cumplimiento de los compromisos asumidos, la situación de inseguridad y la falta de confianza en las instituciones de seguridad locales que presentan, no refleja dicho avance.

En relación al primer año de la evaluación, el comparativo fue el siguiente:

Compromisos
Calificación 2009
Calificación 2010
Poder Ejecutivo
28
5.2
5.0
Poder Legislativo
7
7.0
6.5
Poder Judicial
10
7.5
7.0
Entidades Estatales
7
3.0
6.2


Consulta la evaluación en la página de México Unido Contra la Delincuencia, A.C.

http://mucd.org.mx/assets/files/pdf/ansjl/2do%20aniversario/RESUMEN%20EJECUTIVO%20ANSJL2.pdf

El engaño de bajar impuestos

Otto Granados
og1956@gmail.com
Heterodoxias
La Razón

Algunos de nuestros políticos son muy propensos a soltar, de tarde en tarde, la engañifa de querer bajar impuestos. Desde el punto de vista de las finanzas públicas tal formulación es insostenible. Pero políticamente, más que una pésima idea, puede ser algo peor: un balazo en el pie. Veamos por qué.

La primera razón es que la disfuncionalidad del sistema fiscal mexicano consiste en su ineficiencia recaudatoria, la enorme cantidad de agujeros fiscales en la forma de excepciones y exenciones, y la evasión, no en sus tasas.

Esto ha provocado que un mecanismo, que debería ser altamente redistributivo en términos de equidad social, termine por beneficiar a los más ricos (claramente es el caso del IVA) y por profundizar la anemia financiera del Estado para atender necesidades de política pública más sofisticadas y, por ende, más caras.

México es uno de los peores ejemplos en este tema. Mientras que en los países de la OCDE el promedio de ingresos públicos, cuya principal fuente son los impuestos, es de 42% del PIB y en América Latina de 25%, en México la proporción es de 21%. En suma, hay un doble problema: los gobiernos en México —federal, estatales y municipales— recaudan poco y mal y gastan mucho y mal.

Segundo alegato: dicen que bajar impuestos, digamos el IVA, “ayuda a los pobres”. Falso.

Hay ya suficiente evidencia que prueba que la combinación de ingresos inadecuados, servicios de baja calidad y mala focalización explica por qué la desigualdad se ha mantenido tan alta: mientras que en la zona OCDE los ingresos del 10% más ricos son en promedio nueve veces superiores a los del decil más pobre, en México ese abismo es de 25 veces.

Más aún: ¿dicen que esto es ser “progresista”? Pues vean el ejemplo del siempre citable Felipe González: cuando el Partido Socialista Obrero Español llegó al poder, en 1982, la recaudación fiscal era del 23% del PIB y cuando salió, catorce años después, era del 36%. Y, pese a la coyuntura actual, España, diría el sucesor de Felipe, va bien.

Por último, ¿es medianamente cuerdo querer reducir los ingresos fiscales en un país con tantas carencias y que crece al 2% anual? Si el PRI gana la Presidencia en 2012 las expectativas van a ser desmesuradas y el gobierno estará bajo presión para responder al votante con resultados concretos, tangibles y rápidos en las áreas más sensibles: salud, educación, servicios y seguridad. Y eso cuesta mucho dinero.

Para proveerlo, ¿los recién llegados reducirán burocracia, corrupción o subsidios improductivos? No, porque la actual estructura de gasto público está diseñada precisamente para el desperdicio.

Entonces ¿bajar ahora el IVA para ganar elecciones y subirlo después? Tampoco: nadie se atreverá a decepcionar al electorado que los perdonó, resucitó y reinstaló en la Presidencia.

Diputados y senadores ninis

José Contreras
expedientepolitico@yahoo.com.mx
Expediente político
La Crónica de Hoy

El próximo miércoles, el Congreso de la Unión inicia el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la LXI Legislatura, con un rezago acumulado de aproximadamente 300 iniciativas.

El rezago legislativo es importante no sólo en términos cuantitativos, sino cualitativos, pues entre las iniciativas que permanecen en la congeladora se encuentran las relacionadas con las reformas estructurales.

La reforma laboral está atorada desde hace aproximadamente 15 años, pues las primeras iniciativas para modificar el marco jurídico en forma integral datan del sexenio de Ernesto Zedillo.

Están igualmente atoradas las reformas energética, fiscal y judicial, y la confección del nuevo marco jurídico en materia de radio, televisión y telecomunicaciones.

La grave parálisis en que se encuentra sumido el Congreso de la Unión está directamente relacionada con un marco jurídico obsoleto que rige el funcionamiento del Poder Legislativo y con la gran opacidad que caracteriza al Senado y a la Cámara de Diputados.

Esa falta de transparencia hace difícil que los ciudadanos accedan a las estadísticas de asistencia de diputados y senadores a las sesiones, a las bitácoras de las reuniones de las comisiones legislativas y al listado de dictámenes discutidos y de iniciativas congeladas.

Y al no conocerse esa información, resulta complicado que la ciudadanía reclame a los legisladores por los malos resultados en su desempeño.

Esta situación fue puesta en evidencia el pasado jueves por el investigador del CIDE Khemvirg Puente, durante la Séptima Semana Nacional de la Transparencia organizada por el IFAI.

El especialista en temas legislativos dijo que sólo en 30 de las 60 comisiones que tiene el Senado se conocen las actas de trabajo y que se desconoce la información sobre el gasto ejercido por los grupos parlamentarios.

En cuanto a la Cámara de Diputados, Khemvirg Puente señaló que no hay acceso a la información financiera y tampoco la hay sobre los recursos ejercidos por los grupos parlamentarios.

El investigador del CIDE se quedó corto. En las dos cámaras del Congreso hay una muy abultada burocracia, un ejercicio discrecional de los recursos, una muy lamentable opacidad y muy poco trabajo legislativo.

En el Senado hay 60 comisiones ordinarias, más 12 comisiones especiales o grupos de trabajo.

Existen comisiones cuya existencia difícilmente se justificaría y que fueron creadas cuando llegó la pluralidad para cubrir las cuotas partidistas, como las de Asuntos Fronterizos Sur y Asuntos Fronterizos Norte, que prácticamente nunca se han reunido.

Hay tantas comisiones, que faltan senadores para llenarlas. La Comisión de Límites de Entidades Federativas sólo cuenta con un integrante, que es a la vez “presidente”, el perredista Jesús Garibay García.

En el mismo caso se encuentra la Comisión de Población y Desarrollo, en donde el único integrante y “presidente” es el panista Humberto Andrade Quezada.

Si estas comisiones tuvieran que reunirse para dictaminar algún asunto, bastaría con que los presidentes se citaran a sí mismos y ellos solos redactaran y firmaran los dictámenes. Absurdo, pero así es.

En la Cámara de Diputados hay 44 comisiones ordinarias, 40 comisiones especiales, 8 comités, 9 grupos de trabajo y 87 “grupos de amistad”.

Existen además cinco comisiones bicamerales, entre ellas la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), un elefante blanco que no tiene materia de trabajo desde hace aproximadamente siete años.

Todas estas comisiones reciben recursos económicos para su funcionamiento, pero sus integrantes no rinden cuentas ni de su trabajo ni de la forma en que gastan los recursos.

De acuerdo con la página de transparencia del Senado, las comisiones de esta cámara reciben en conjunto 14 millones 375 mil pesos al mes. La Cámara de Diputados no ha hecho pública la cifra de recursos que es entregada a las comisiones de ese órgano legislativo.

A juzgar por los datos expuestos, el Congreso de la Unión está integrado por diputados y senadores ninis: ni legislan, ni trabajan ni rinden cuentas a nadie.

OFF THE RECORD

**PRESIDENCIABLES

No habrá ningún problema para que este lunes el pleno del Senado elija al priista Manlio Fabio Beltrones como presidente de la Mesa Directiva para el próximo año.

En donde las cosas aún no se definen, pero ya casi, es en la Cámara de Diputados.

Este lunes se reunirá la Junta de Coordinación Política para tratar de formalizar el ungimiento del priista Jorge Carlos Ramírez Marín.

Si todo sale bien, o por lo menos no tan mal, el yucateco será electo mañana por el pleno presidente de la Mesa Directiva

**CORRAL, AL PATÍBULO

Casi nadie se dio cuenta, pero el diputado del PAN, Javier Corral, afirmó públicamente el pasado viernes que el presidente Felipe Calderón se ha convertido en un problema para su partido.

A Manuel Espino lo quieren expulsar por sus declaraciones en contra del Presidente de la República.

¿Harán lo mismo con el controvertido diputado Corral?

**MUCHA GALLETA

Hay quienes dicen que el Instituto Politécnico Nacional tiene el remedio para eliminar la comida chatarra de las escuelas.

Estudiantes de la casa de estudios elaboraron galletas enriquecidas con hierro, a base de hígado de res.

Distribuir estas galletas en las escuelas, dicen los expertos, contribuiría a reducir los índices de anemia infantil.

México se encuentra entre los 15 países de América Latina con mayor índice de anemia.

En las galletas politécnicas puede estar la solución al problema.

¿Tropas de EU en México?

Andrés Oppenheimer
El Informe Oppenheimer
Reforma

La escalada de la violencia en México -incluyendo la reciente ejecución en masa de 72 migrantes por la banda de narcotraficantes conocida como Los Zetas- está llevando a un pequeño pero cada vez mayor número de gente de los sectores más derechistas de Estados Unidos a proponer una solución radical: enviar el Ejército estadounidense.

No estoy bromeando. Al principio, creí que era una broma, o un fenómeno propio de la nueva cultura de reacciones impulsivas y desmedidas que domina las secciones de "comentarios de lectores" en el internet. Pero cada vez más funcionarios municipales y estatales populistas en Estados Unidos están hablando en serio de enviar tropas estadounidenses para acabar con la violencia relacionada con el narcotráfico que ha costado 28 mil vidas en México durante los últimos cuatro años, y que ocasionalmente se desborda al lado estadounidense de la frontera.

La reciente decisión del presidente Obama de destinar mil 200 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera con México obviamente no ha logrado apaciguarlos.

Cuando entrevisté la semana pasada al sheriff Joe Arpaio, del condado de Maricopa, Arizona, que con sus 4 millones de habitantes es uno de los más poblados del país, estaba preparado para escuchar una ola de diatribas del funcionario contra los inmigrantes indocumentados, pero no esperaba escuchar un llamado al envío de tropas estadounidenses a México.

Arpaio, un ídolo de los sectores más derechistas del país, se enorgullece de haber encarcelado a 40 mil inmigrantes indocumentados, y de ser conocido como "El sheriff más duro" del país. En la entrevista, despotricó contra las leyes mexicanas que prohíben a las tropas estadounidenses realizar labores de combate en territorio mexicano. Según me relató, durante sus años como agente antinarcóticos de la DEA en México luchó activamente contra los carteles de narcotráfico.

"Cuando fui director allá, mis agentes operaban de manera encubierta. Se involucraban en combates con armas de fuego. Trabajaban con los militares, con los federales (la Policía) Eramos operativos. Estábamos aprobados por el Gobierno mexicano", me dijo el sheriff. "¿Por qué no podemos hacer lo mismo ahora?".

"No propongo que el Ejército de Estados Unidos se meta en labores policiales. Pero en este momento tenemos tropas en Afganistán, en Iraq. Vamos a otros países. ¿Por qué no podemos ir a México con la cooperación de los mexicanos?", dijo, aclarando que tendría que haber un pedido de ayuda del Gobierno mexicano.

El Embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarukhán, me dijo que enviar tropas de combate estadounidenses a México es "una idea inviable".

Otro funcionario mexicano me dijo que en México todavía están frescas las heridas de las intervenciones militares estadounidenses que llevaron a las anexiones de Texas y California en el siglo 19, y que la presencia de tropas estadounidenses sería políticamente explosiva.

"Estados Unidos puede continuar jugando un rol constructivo aumentando sus esfuerzos para detener el flujo de armas pequeñas que ingresan en México -el 80 por ciento de todas las armas cuya procedencia ha sido rastreada en México provienen de Estados Unidos-, y acelerando el desembolso de los mil 400 millones de dólares en equipos policiales de la Iniciativa de Mérida", dijo Sarukhán.

Mi opinión: La idea de enviar tropas de combate estadounidenses a México es un disparate. Al día siguiente, veríamos manifestaciones estudiantiles antiestadounidenses, seguidas por la muerte de algún manifestante que se convertiría inmediatamente en un mártir nacional e internacional, seguida por el resurgimiento de grupos guerrilleros mexicanos, lo que daría inicio a un ciclo de violencia política que se sumaría a la actual violencia relacionada con el narcotráfico. Al final, habría mas violencia que ahora.

¿Qué debería hacer Washington, entonces? En primer lugar, respirar hondo y pensar con tranquilidad. El índice de asesinatos en México aumenta rápidamente, pero tal como informamos en esta columna del 24 de marzo, según las cifras de Naciones Unidas aún es cinco veces menor que la tasa de homicidios de Honduras, Jamaica o Venezuela, y significativamente inferior a la de Washington D.C.

En segundo lugar, sería una buena idea que tanto México como Estados Unidos aumenten significativamente sus fuerzas militares en sus respectivos lados de la frontera: en el caso de México, para detener el flujo de drogas hacia el norte, y en el caso de Estados Unidos para detener el flujo de armas y dinero hacia el sur.

Y en tercer lugar, es hora de empezar a pensar en ampliar la Iniciativa de Mérida. Washington debería proporcionarle a México más helicópteros, más asistencia en inteligencia y -sobre todo- más asistencia técnica y entrenamiento para crear academias de Policía en México. Eso ayudaría enormemente a que México pueda desmantelar sus actuales 2 mil 200 cuerpos policiales, la mayoría de los cuales están corroídos por la corrupción, y reemplazarlos por un grupo mucho menor y más fiable de fuerzas policiales. Cualquier cosa, salvo enviar tropas estadounidenses.

Migrantes: la cadena de culpabilidad

Cecilia Soto (@ceciliasotog)
ceciliasotog@gmail.com
Analista política
Excélsior

Los Zetas se encargan de amedrentar y torturarlos hasta que terminan por dar los teléfonos de sus familiares.

Los testimonios de migrantes que secuestrados por el crimen organizado salvaron la vida gracias al pago de recate son unánimes: agentes de Migración y de la Policía Federal se coordinan con Los Zetas, informan de la presencia de un convoy de transmigrantes a los criminales y se ponen de acuerdo para entregarlos en puntos cercanos a la frontera. Por su parte, Los Zetas se encargan de amedrentar y torturar a los migrantes hasta que éstos terminan por dar los teléfonos de sus familiares. Quienes logran conseguir el dinero son identificados y separados del grupo, para ser pasados por la frontera. El control es riguroso de tal manera que, si los coyotes o algunos migrantes quieren hacerse pasar por personas que pagaron el rescate, son identificados y brutalmente torturados. Un testimonio escuchado por investigadores sociales en Sásabe, Sonora, habla de migrantes que mintieron al decir que habían pagado el rescate, a quienes se golpeó con tablas y con bats de beisbol hasta quebrarles las piernas.

El crimen organizado encuentra en estos grupos oportunidades diversificadas de negocios: dinero de los familiares que logran pagar el rescate, mujeres que pueden ser esclavas sexuales o esclavas que cocinan y limpian en las casas de seguridad, migrantes que se ven obligados a ser burros de pequeñas cantidades de drogas, modalidad que parece un tanto riesgosa dado los percances a que están expuestos al cruzar la frontera. El testimonio del ciudadano ecuatoriano que con valentía denunció la tragedia difícilmente puede ser la explicación completa del salvaje asesinato de 72 personas. El testimonio dice que los mataron por negarse unirse a Los Zetas. Pero personas que no conocen el territorio, hablan con un acento extranjero, no conocen manejo de armas, no saben los nombres de las ciudades y pueblos, desconocen las rutas, etcétera, no podrían ser útiles como sicarios.

Difícilmente podrían resistirse a aceptar cooperar con Los Zetas personas que han visto caer asesinados en su presencia a otros migrantes. Por ello, creo que la masacre de San Fernando se trata de una modalidad de "crimen dentro del crimen". No es sólo un castigo al grupo en el que algunos de sus integrantes pudieron haberse negado a cooperar o cuyos familiares carecieron de recursos para pagar el rescate. La masacre probablemente sea un mensaje a socios coyotes que no pagaron cierta cuota de extorsión y un mensaje también a los familiares de próximos migrantes. Una masacre como "efecto demostración" para futuras víctimas.

La masacre exhibe tristemente al gobierno mexicano, que no podía desconocer los informes presentados, por ONG y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre esta modalidad de secuestro de migrantes, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los resultados prueban que se toleró la corrupción del personal de Migración y de la Policía en su jugosa alianza con Los Zetas en el tráfico de personas. En los corredores de los aeropuertos internacionales en México, los agentes de Migración hacen el mismo "perfilamiento racial" que denunciamos en la ley S B1070 de Arizona, mientras que en las carreteras y en las vías de ferrocarril entregan a las víctimas a sus victimarios.

La masacre también exhibe una profunda división en la Iglesia católica: sacerdotes profundamente comprometidos con la suerte de los más vulnerables, como aquellos que mantienen la red de casas de migrantes que operan en la frontera norte, cuyo representante más conocido es el obispo Raúl Vera, de Saltillo, y el exhibicionismo mediático trivial y absurdo del cardenal Sandoval.

El gobierno ha fallado y su falla es más grave porque había sido sistemáticamente advertido sobre este modus operandi del crimen organizado. Es indispensable una reorganización y un fortalecimiento del sistema migratorio, que mande un mensaje al mundo, de que esta masacre no quedará impune. Nos vemos en Twitter @ceciliasotog.

Reducir la violencia

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

La violencia crece sin que el narcotráfico descienda. Crece también la brutalidad de la violencia. Hace dos semanas, en Reynosa, un desesperado empresario nos decía: “Con cada hecho violento pensamos que la cosa tocó fondo. Al día siguiente, hay uno peor”.

Esto empieza a suceder en la República. La violencia da saltos cualitativos, y la vesania y el encanallamiento de los hechos violentos parecen no tener límite, alcanzan cada vez un nuevo fondo.

La masacre de 72 migrantes en Tamaulipas es un nuevo más allá de la violencia, un más allá que linda con el Mal.

A estas alturas, la prioridad del país en materia de seguridad pública debiera ser no combatir el narcotráfico, sino reducir la violencia, regresarla de los linderos que empieza a tener.

La pregunta es si esto es posible o si debemos resignarnos a que la violencia, y la violencia sin límites, sea parte inevitable del ciclo de combate al narcotráfico.

Hay prácticas del combate al narcotráfico que multiplican la violencia. Por ejemplo, los tiroteos en medio de las ciudades entre bandas del narco y la fuerza pública.

Esta práctica es el origen, por ejemplo, de la muerte de los estudiantes del Tec de Monterrey, cuya responsabilidad ha asumido por fin el Ejército. Dos niños heridos dejó el viernes un tiroteo entre narcos y marinos frente a escuelas de Ciudad Madero, Tamaulipas.

La decisión de agarrar a tiros a los narcos donde los encuentren, así sea en medio de la gente, produce una violencia que puede y debe evitarse. Basta con no dispararles ni perseguirlos en medio de la población civil.

Eduardo Guerrero prepara para Nexos una reflexión sobre cómo reducir la violencia en la persecución del crimen organizado.

En su ensayo del mes anterior en la misma revista (“Los hoyos negros de la estrategia contra el narco”), identificó y cuantificó acciones contra el narco que generan violencia y acciones que la disminuyen. (nexos. com.mx/?P=leerarticulo &Article=248547).

1. La captura o la muerte de un capo importante provoca una ola de violencia subsecuente, por ver quién ocupa su lugar.

2. En cambio, la captura o muerte de un jefe de sicarios o una banda de sicarios disminuye la violencia.

3. La captura o decomiso de grandes cargamentos de droga genera violencia posterior por las represalia asociadas a la pérdida, atribuida casi siempre, con razón, a pitazos de bandas contrarias.

4. La captura de armas o dinero, en cambio, disminuye la violencia.

Saque cada quien sus conclusiones.