septiembre 11, 2010

9/11



11 de septiembre y la seguridad extraviada

Mauricio Meschoulam (@maurimm)
Internacionalista
El Universal

Un 5 de noviembre, en el 2001, tuve el privilegio de correr el maratón de Nueva York. La ciudad estaba conmovida por los terribles atentados que acababa de sufrir. Algo olía diferente. Giuliani nos agradecía haber acudido a pesar de las circunstancias. Aquel 11 de septiembrem, EU había experimentado la realidad brutal del terrorismo. El mundo —lo sabíamos al ver las imágenes de las torres— había cambiado por siempre. El país de “ensueño” ya no era igual de seguro. Las causas de los ataques estaban ahí mucho antes de que estos ocurrieran. Lo interesante, no obstante, no es sólo eso, sino las consecuencias y la manera como los estadunidenses intentaron enfrentar la nueva amenaza, tanto dentro como fuera de su territorio.

Los estados existen porque los seres humanos hemos pensado que son una buena herramienta para garantizar nuestras libertades y seguridad, para ello les concedemos el poder. A lo largo de su historia, sin embargo, los estadounidenses han sacrificado parte de sus libertades en favor de su seguridad. El día del maratón, la Patriot Act había sido aprobada de forma acelerada. Poderes excesivos, espionaje de sus propios ciudadanos, vigilancia desmedida, maltrato a los extranjeros y violación de derechos constitucionales, son sólo algunas de las acusaciones que se vertían sobre esta legislación apresurada. Ciertamente el terrorismo no es un crimen común. Pero el asunto puede profundizarse aún más. Según Vogt (2004), tras los atentados del 9/11 hubo un aumento significativo en los “crímenes por odio”. Esto, dice el autor, es generado a raíz de un sentimiento de pérdida de poder. Cuando la gente siente que no tiene control de su entorno, el miedo aumenta. Esa incertidumbre puede producir odio y violencia. Quizás cabe preguntarse si no es que ello explica a su vez la actitud agresiva de EU no ya en su interior, sino hacia afuera, en pos de la seguridad extraviada. Hacía falta poner rostro, nombre y apellido concreto, a la amenaza etérea de un enemigo sin faz. La superpotencia tardó en comprender que el mundo había cambiado, no sólo porque el contrario no era ya un estado tradicional con fronteras y ejércitos claros. Ahora la amenaza venía de una entidad distinta y, por lo tanto, hubiese requerido ser combatida de manera no tradicional. No se entendió. La respuesta fue reducida a las dos categorías que la más sofisticada lógica bushiana pudo inventar: los buenos y los malos. Al interior, en medio de la histeria colectiva, corrió la idea de que todo lo que se pareciera a musulmán era equiparable al Eje del Mal. Al exterior, el grupo neoconservador en el poder podía justificar sus ataques preventivos y el aumento en el presupuesto militar. Todos los ciudadanos debían caminar al mismo ritmo. Los símbolos patrios inundaron las calles. Los ejércitos marcharon hacia el otro lado del mundo a buscar la certeza que un día se les traspapeló.

Han pasado nueve años. Irak tuvo que ser abandonado por la puerta trasera con cientos de miles de muertos en la cuenta. Afganistán no podrá ser controlado, según expertos, sin un incremento adicional en el número de tropas. Bin Laden nunca fue capturado. Al Qaeda se debilitó, pero su transformación en varias células descentralizadas sigue representando un peligro inminente. Impactada en buena medida por la lucha antiterrorista, la potencia se encuentra sin poder salir de la crisis financiera y fiscal. La que nunca apareció fue la seguridad extraviada. A falta de ella, el pensamiento categórico, el del choque de las civilizaciones que, incapaz de diferenciar, sigue buscando culpables en el Islam. Ayer, la discusión era acerca del híper-espionaje, la legislación excesiva o el monstruoso tamaño de la agencia encargada de la seguridad interna (DHS). Hoy, la polémica es acerca de la construcción de una mezquita aledaña a la Zona Cero. El sentimiento de pérdida de poder no se curó. El odio, en algunos, permanece. El neoconservadurismo buscaba el New American Century, una era que retornara a la potencia a sus tiempos de gloria y liderazgo planetario. No parecen haberlo conseguido. Sus ideas, eso sí, han tenido costos inaceptables para el planeta entero, a pesar de los esfuerzos de Obama por recoger los escombros. Va siendo hora de que comencemos a entender los significados reales del 11 de septiembre: Siquiera nueve años después.

Pésimo remedio

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

La nueva ley asigna a los eslabones más débiles del Estado mexicano -los municipios y los estados- la iniciativa y la responsabilidad de preservar la seguridad interna

El Senado de la República aprobó en el pasado periodo la Ley de Seguridad Nacional. Ahora se discutirá en la Cámara de Diputados. Manlio Fabio Beltrones y otros han urgido su aprobación a partir de los últimos hechos en los que un convoy del Ejército victimó "por equivocación" a dos miembros de una familia en Nuevo León.

La pregunta obligada es si esta ley contribuirá a proteger los ciudadanos y si constituye, por otra parte, un mecanismo efectivo para regular la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico.

La respuesta a la primera pregunta suscita más dudas que certezas. La aportación importante de la nueva ley es que sujeta a los militares y marinos -que participen en los operativos- a tribunales civiles en caso que cometan delitos o abusos contra la población. Un paso, sin duda, en la dirección correcta.

Pero esa acotación del fuero militar no garantiza que no habrá más abusos ni que no se cometerán errores o que los daños colaterales se reducirán a cero. La única manera de garantizarlo sería regresar las Fuerzas Armadas a sus cuarteles. Cosa que no sucederá por el momento.

Por otra parte, la nueva ley introduce el concepto de seguridad interna y establece que ésta se ve afectada cuando existan actos que pongan en peligro la estabilidad, seguridad, paz u orden de un estado, municipio, delegación o región, y que las instancias competentes sean ineficaces o insuficientes para restablecer la normalidad.

A partir de esa definición, la ley crea un procedimiento complicado y burocrático para decidir la participación de las Fuerzas Armadas en la restauración de la paz y el orden.

Sintetizo: a) el gobernador -o el Congreso- de un estado se declara incompetente para garantizar la paz y el orden (o admite y canaliza la petición de un determinado municipio);

b) solicita al Consejo Nacional de Seguridad (integrado por el presidente de la República, el gabinete de seguridad, los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades y el secretario ejecutivo del CNS) el auxilio federal;

c) el secretario ejecutivo convoca al CNS e integra el expediente;

d) el mismo secretario elabora una declaratoria que turna al presidente de la República -y al Senado para que revise su legalidad;

e) el Presidente dispone, si lo considera conveniente, la participación de las Fuerzas Armadas.

Esa intervención está acotada tanto en el tiempo como en el espacio. El despliegue de militares y marinos se circunscribe al municipio, estado o región que haya solicitado su intervención por un tiempo determinado. Además que sujeta las Fuerzas Armadas a las autoridades legalmente constituidas en ese estado o municipio.

Los talones de Aquiles de ese procedimiento son varios.

Mete en un brete a gobernadores y presidentes municipales. Cualquier autoridad que reconozca que es incapaz de garantizar la paz y el orden incurre en una falta grave. La responsabilidad por el vacío de poder es de orden constitucional y constituye un motivo para abrir un juicio político.

De hecho, hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia al respecto. El fallo sobre lo ocurrido en Oaxaca en 2006, cuando la APPO tomó la capital por varios meses, responsabilizó al gobernador Ulises Ruiz no por haber cometido abusos, sino por haber sido incapaz de proteger los bienes y la seguridad de las personas.

Así que cualquier autoridad que solicitase la intervención de las fuerzas federales se estaría exponiendo automáticamente al riesgo de un juicio político. Pero además, la ley excluye explícitamente los conflictos de carácter político, electoral o social.

Esto significa que de reeditarse el caso Oaxaca, el gobernador en turno no podría solicitar el auxilio federal por tratarse de un conflicto político teñido de protesta social. El hecho de que la anarquía y la violación de la ley se enseñorearan de nuevo en ese estado sería irrelevante. Los oaxaqueños serían dejados a su propia suerte.

Pero las inconsistencias y las contradicciones van más allá. La delegación de la iniciativa en gobernadores y presidentes municipales tendrá consecuencias muy graves. Cómo confiar en los cabildos cuando, según la estimación del propio Senado de la República, 6 de cada 10 están infiltrados por el narco.

Por si fuera poco, la experiencia confirma que la mayoría -por no decir la totalidad- de los gobernadores de todos los partidos se mantiene al margen y tiene pavor de enfrentarse al crimen organizado. Amén que hay pruebas, como en el caso de Mario Villanueva en Quintana Roo, de colusión con cárteles.

Dicho de otro modo, la nueva ley asigna a los eslabones más débiles del Estado mexicano -los municipios y los estados- la iniciativa y la responsabilidad de preservar la seguridad interna. Y esto ocurre en el contexto de más de 12 alcaldes ejecutados en los últimos 26 meses y del asesinato del virtual gobernador de Tamaulipas.

Por último, es evidente que el crimen organizado no respeta fronteras estatales ni municipales. Su implantación y fuerza son, por definición, regionales. Cómo enfrentar esa realidad cuando el gobernador de un estado solicite el auxilio de las fuerzas federales pero su vecino no. Qué pasará en el momento que los convoyes de sicarios pasen, por ejemplo, de Chihuahua a Sonora.

Concluyo. La estrategia para contener al crimen organizado ha fallado y no hay idea ni método alternativo para enfrentar el problema. Pero no hay duda que la nueva Ley de Seguridad Nacional complicará y dificultará aún más el combate al narcotráfico. El remedio, lejos de curar al enfermo, empeorará el tratamiento. ¿Es lo que quieren los legisladores?

Los sistemas gastados

Julio Faesler
Consultor
juliofelipefaesler@yahoo.com
Excélsior

Mucho ha cambiado desde que en 1959 el modelo socialista cubano respondía a las necesidades del momento.

Las etapas que se ensartan para hacer historia se suceden ahora con creciente rapidez. En la mayoría de los países son cada vez más acelerados los cambios en términos de crecimiento y recomposición demográfica, adelantos tecnológicos y ajustes sociopolíticos.

Aunque al día siguiente Fidel Castro aclaró que fue con ironía que le dijo al periodista Jeffrey Goldberg, que no valía la pena exportar el sistema cubano en que él invirtió su vida entera en montar "ya ni siquiera funciona para nosotros", su comentario quedó grabado para siempre. Efectivamente, mucho ha cambiado desde que en 1959 el modelo socialista cubano respondía a las necesidades del momento.

Muchas voces en México dicen lo mismo respecto del sistema socioeconómico, que desde hace tiempo seguimos y que antes llamábamos "mixto", como el cubano, y que hoy nos parece ya gastado. Ha dado de sí. Un sentimiento de frustración se extiende sembrando inquietud y decepción en nuestra desorientada clase política que no acierta el paso.

Los viejos referentes que inspiraron los dos sistemas desaparecieron. El pesado aparato de la URSS se desplomó en 1989, incapaz, tras de innombrables sacrificios populares, de realizar la utopía del comunismo marxista. Rusia se ha entregado al capitalismo que sólo premia al vencedor, mientras en Estados Unidos la brecha entre ricos y pobres se ahonda desmoronando el sueño americano que fue el paradigma de oportunidades para todo el mundo.

El dinamismo de los cambios es inexorable.

En Cuba el sólo desmontar la estructura de apoyos que cubren las necesidades básicas de salud y educación de sus habitantes, podría abrir un inesperado salto al feroz capitalismo liberal como el que domina a grandes sectores de las economías de China y Rusia. La vecindad con Estados Unidos podría transformar a Cuba en un emporio de turismo y unidades maquiladoras.

En Estados Unidos la crítica recesión actual está demandando nuevas metas nacionales para amalgamar clases sociales polarizadas y suspicacias étnicas. Sin una renovada visión y sin ajustar mecanismos para lograr equidad económica, ese país, todavía el más poderoso del mundo, perderá capacidad para enfrentar sus acuciantes problemas internos como la drogadicción o sus vastas responsabilidades externas.

La ola de frustración y desencanto que existe en Cuba, México y Estados Unidos, también se expresa en otros países con inquietudes existenciales. En Europa hay múltiples señales de pérdida de confianza en las instituciones que antes animaban energías sociales. Las frecuentes manifestaciones callejeras piden cambios.

Por doquier se proponen y discuten vías de posible solución, muchas veces sólo para rejuvenecer sistemas vigentes. Por nuestra parte, podríamos pretender sortear nuestro momento actual obstinándonos en el sistema de comercialismo empresarial que hace varios años importamos y que ha restado capacidad y competitividad al país en casi todos los órdenes.

Hay, empero, experiencias muy distintas en países emergentes como India, Brasil, Sudáfrica, Sudcorea, o Vietnam que están a la vista. Ellos han trazado rutas claras con metas que han cumplido metódicamente aplicando los recursos oficiales necesarios y reclutando esfuerzos privados inteligentemente apoyados.

En México, también podemos perfilar y emprender un camino equilibrado entre libertades personales y sociales por una parte, y una inteligente rectoría del estado que sepa orientar todas nuestras actividades productivas y culturales sin sofocarlas.

Las exigencias sociales no esperan y para responder a ellas los cambios tienen que darse a pasos cada vez más acelerados. Es ésta la etapa histórica que vivimos y que en México estamos llamados a realizar... siempre que realmente lo queramos.

189 años de Independencia

Hugo García Michel (@hualgami)

hgarcia@milenio.com
Cámara Húngara
Milenio

Porque eso es lo que va desde la entrada del Ejército Trigarante a la entonces llamada Ciudad de México, hoy Distrito Federal. Era el 27 de septiembre de 1821 y con ello se daba la consumación de la guerra de Independencia, lo que nos situaba (para no decir, en horrendo español tecnocrático, “nos posicionaba”) como una nación políticamente libre. Es decir: somos un país soberano desde hace 189 años, por lo que en sentido estricto tendríamos que celebrar nuestra independencia dentro de once años, en 2021, cuando el Presidente de la República no sea el actual o el que lo suceda, sino el que le siga a éste y quien estará a la mitad de su mandato, en el sexenio 2018-2024.

Pero bueno, la cosa es festejar en fechas cabalísticas y los años cero lo son. Por eso también se conmemora el centenario de la Revolución, aunque el triunfo de la misma (si es que alguna vez se produjo) podría colocarse en 1917, con la promulgación de la Constitución Política, o en 1929, con el establecimiento del Partido Nacional Revolucionario (lo cual nos daría un centenario de 93 o de 81 años).

Lo más grave, sin embargo, no es esta confusión de fechas, sino el hecho de que ya estamos en septiembre, 2010 casi se nos fue y se ha echado por la borda la oportunidad de aprovechar esta cosa del Bicentenario para hacer un verdadero examen de conciencia sobre lo que hemos sido como Nación, lo que hoy somos y hacia dónde vamos. En lugar de ceremonias como de escuelita primaria a fin de cursos, debió darse un análisis profundo de nuestra circunstancia como país y no necrofílicos desfiles de osamentas, aburridas mesas redondas televisivas que casi nadie ve, solemnes telenovelas con personajes acartonados y demás fuegos de artificio.

Pronto llegará 2011 y el Bicentenario quedará en el olvido. Algo que quizá sea lo ideal para nuestra actual clase política, tan poco dada al heroísmo.

En fin, esperemos a ver qué sorpresa (Alonso Lujambio dixit) nos tiene deparada la ceremonia del Grito del próximo miércoles.