Casa Lamm
Jueves 30 de septiembre de 2010
19:00 horas
septiembre 30, 2010
Invitación a la presentación de el libro "Palabra de Clouthier" en Ciudad de México
Casa Lamm
Jueves 30 de septiembre de 2010
19:00 horas
Ya vasta
Pablo Hiriart (@phiriart)
phl@razon.com.mx
La Razón
La metáfora más certera del estado que guarda la educación en el país la pudimos ver en la Cámara de Diputados. Y no fue durante la comparecencia del titular de la SEP, Alonso Lujambio.
Ocurrió el martes cuando un grupo de maestros de Guerrero acudió a la Cámara de Diputados a exigir aumento salarial (homologación con sueldos de CONALEP), y desplegó bajo la tribuna de la mesa directiva una vistosa manta con el logo del SNTE: “YA VASTA DE SIMULACIONES”.
Contra eso no hay defensa.
Si maestros que lideran a los demás docentes no saben escribir ni lo que exhiben ante la representación nacional, el punto está perdido. O casi.
Casi, porque nos enseña dónde está la gran debilidad del sistema educativo mexicano: en los maestros. Carecen de capacidad para instruir a estudiantes, y por eso el 80 por ciento de los alumnos de secundaria no suma ni lee bien.
Ya sabemos los resultados más recientes de la prueba Enlace: de cinco millones 210 mil estudiantes de secundaria, cuatro millones 626 mil están por debajo de los niveles aceptables. Y no son los niveles aceptables para la OCDE, sino para la SEP.
En primaria, el 61 por ciento de los niños se ubicó por debajo del nivel insuficiente o elemental.
Como sabemos, al frente de la subsecretaría de Educación Básica se encuentra el yerno de la profesora Elba Esther Gordillo, el profesor Fernando González Yáñez.
En cualquier lugar del mundo democrático habrían corrido al subsecretario del ramo con los resultados obtenidos en la prueba Enlace. Aquí no.
Aquí pasa que los maestros (es decir, SNTE), dueños de una parte medular de la SEP, están envalentonados porque son intocables y juegan con el destino de media generación de mexicanos.
Exigen, con todo y manta de “YA VASTA DE SIMULACIONES”, aumento adicional de salarios.
Sin embargo, como lo ha expresado en estas páginas Otto Granados, en México el salario de los maestros está por encima del ingreso del resto de las personas: 1.77 veces en primaria y 2.25 en secundaria.
Gracias a la doble negociación salarial del SNTE (estatal y federal), hoy un maestro gana en promedio más de 500 días al año y disfruta al menos de 90 días de vacaciones al año.
Por donde se le mire estamos ante una profunda crisis educativa, salvo que los números mientan, y no parece ser el caso.
El gobierno y los partidos se disputan el apoyo de la profesora Gordillo, por lo cual es intocable.
Nadie se atreve a reorientar el gasto en educación. A que los gobiernos estatales informen de los comisionados que cobran sin trabajar.
Estamos entrampados. Cada año se le invierten cientos de miles de millones de pesos a educación, y los resultados son malos. Muy malos.
YA BASTA DE SIMULACIONES.
phl@razon.com.mx
La Razón
La metáfora más certera del estado que guarda la educación en el país la pudimos ver en la Cámara de Diputados. Y no fue durante la comparecencia del titular de la SEP, Alonso Lujambio.Ocurrió el martes cuando un grupo de maestros de Guerrero acudió a la Cámara de Diputados a exigir aumento salarial (homologación con sueldos de CONALEP), y desplegó bajo la tribuna de la mesa directiva una vistosa manta con el logo del SNTE: “YA VASTA DE SIMULACIONES”.
Contra eso no hay defensa.
Si maestros que lideran a los demás docentes no saben escribir ni lo que exhiben ante la representación nacional, el punto está perdido. O casi.
Casi, porque nos enseña dónde está la gran debilidad del sistema educativo mexicano: en los maestros. Carecen de capacidad para instruir a estudiantes, y por eso el 80 por ciento de los alumnos de secundaria no suma ni lee bien.
Ya sabemos los resultados más recientes de la prueba Enlace: de cinco millones 210 mil estudiantes de secundaria, cuatro millones 626 mil están por debajo de los niveles aceptables. Y no son los niveles aceptables para la OCDE, sino para la SEP.
En primaria, el 61 por ciento de los niños se ubicó por debajo del nivel insuficiente o elemental.
Como sabemos, al frente de la subsecretaría de Educación Básica se encuentra el yerno de la profesora Elba Esther Gordillo, el profesor Fernando González Yáñez.
En cualquier lugar del mundo democrático habrían corrido al subsecretario del ramo con los resultados obtenidos en la prueba Enlace. Aquí no.
Aquí pasa que los maestros (es decir, SNTE), dueños de una parte medular de la SEP, están envalentonados porque son intocables y juegan con el destino de media generación de mexicanos.
Exigen, con todo y manta de “YA VASTA DE SIMULACIONES”, aumento adicional de salarios.
Sin embargo, como lo ha expresado en estas páginas Otto Granados, en México el salario de los maestros está por encima del ingreso del resto de las personas: 1.77 veces en primaria y 2.25 en secundaria.
Gracias a la doble negociación salarial del SNTE (estatal y federal), hoy un maestro gana en promedio más de 500 días al año y disfruta al menos de 90 días de vacaciones al año.
Por donde se le mire estamos ante una profunda crisis educativa, salvo que los números mientan, y no parece ser el caso.
El gobierno y los partidos se disputan el apoyo de la profesora Gordillo, por lo cual es intocable.
Nadie se atreve a reorientar el gasto en educación. A que los gobiernos estatales informen de los comisionados que cobran sin trabajar.
Estamos entrampados. Cada año se le invierten cientos de miles de millones de pesos a educación, y los resultados son malos. Muy malos.
YA BASTA DE SIMULACIONES.
Godoy Toscano, la duda permanece
Alfonso Zárate Flores (@alfonsozarate)
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal
De prófugo a diputado, ni duda cabe: uno la supo hacer y otros no. El jueves pasado terminó el suspenso y Julio César Godoy Toscano, la pieza más emblemática del proceso contra funcionarios del gobierno michoacano y diversos municipios de la entidad por presuntos nexos con el grupo criminal La Familia, rindió protesta como representante popular ante el Congreso de la Unión.
Lo que ocurre con Godoy —medio hermano de Leonel, gobernador del estado— reitera una constante: ni siquiera en aquellos asuntos que concentran la atención pública, la autoridad tiene la capacidad, la contundencia, para llevar ante los jueces a los presuntos implicados y lograr una sentencia condenatoria. Quizás no sea cierto, pero el flamante legislador que permaneció escondido desde mayo del año pasado respondió a la pregunta sobre dónde anduvo en estos 16 meses: “Estuve en mi casa… estuve de ocioso y visité a muchos amigos”. ¿No lo encontraron o no quisieron encontrarlo?
Burlando el cerco policial que se proponía cumplir una orden judicial de aprehensión, y gracias a la complicidad de legisladores perredistas que gozaron su travesura, Godoy ingresó hasta el salón de plenos y protestó como diputado federal, goza ya de fuero y, en consecuencia, como reza el Artículo 61 de la Constitución, es inviolable por las opiniones que manifieste en el desempeño de su cargo, y jamás podrá ser reconvenido por ellas. De inmediato estrenó esta prerrogativa. Durante una conferencia de prensa apenas unos minutos después de haber rendido protesta: “No soy delincuente”, afirmó, sino el objeto de “tonterías que inventó el gobierno federal”. La PGR, sintetizó, ha hecho “acusaciones tontas y pendejas”.
Aunque ganó la elección en el primer distrito de Michoacán, una suspensión de sus derechos políticos le impidió tomar protesta en septiembre del año pasado. Godoy Toscano tiene una orden de aprehensión emitida por un juez por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Pero, al tiempo, otro juez, el primero de distrito en la entidad, resolvió concederle la suspensión definitiva respecto al acto reclamado al juez noveno de distrito en materia penal, consistente en la suspensión de los derechos políticos. Esta resolución le restituye los derechos políticos, no obstante que el artículo 38 de la Constitución establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: “V) Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”.
El michoacanazo se le ha caído al gobierno federal porque las autoridades ministeriales no pudieron armar una consignación. De los 34 arraigados, sólo uno permanece detenido. El viernes pasado fue liberado Miguel García, ex procurador de Michoacán, y apenas el martes salieron cinco más.
Acusaciones endebles, muchas de ellas derivadas de testigos protegidos, exhiben las penurias de la fiscalía federal para investigar y consolidar un expediente sólido. La lista de descalabros es larga. Sin embargo, el caso Godoy Toscano todavía no termina. La PGR ya informó que prepara la solicitud del juicio de procedencia para desaforarlo, detenerlo y consignarlo ante un juez por delitos contra la salud.
Detrás del desbordamiento delincuencial, de los levantones, extorsiones, secuestros y asesinatos de una ciudadanía desamparada, está la impunidad: casi el cien por ciento de los delitos que se cometen en México permanece sin castigo. El estado de descomposición de los sistemas de procuración y administración de justicia implica que son sólo unos cuantos los delincuentes que reciben sentencias condenatorias y las purgan en las cárceles. La única forma de inhibir la prepotencia criminal es mostrando con hechos que el que la hace la paga.
¿Es inocente Julio César Godoy Toscano de las acusaciones que lo vinculan con el crimen organizado? ¿Es víctima de persecución política o simplemente las autoridades han sido incapaces de probar los cargos? En algún momento tendrá que conocerse la verdad. Por ahora, lo único cierto es que desde la semana pasada tiene fuero y dieta, aunque esto no lo salve de la sospecha pública.
Posdata El editorial que publicó El Diario de Ciudad Juárez el domingo 19 de septiembre no es una capitulación ni una derrota, como se pretende leer desde el gobierno, sino una de las denuncias más terribles y comprometidas que se hayan hecho a los gobiernos federal, estatal y municipal por el estado desastroso de la seguridad pública y el sistema de procuración de justicia.
Presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, SC
El Universal
De prófugo a diputado, ni duda cabe: uno la supo hacer y otros no. El jueves pasado terminó el suspenso y Julio César Godoy Toscano, la pieza más emblemática del proceso contra funcionarios del gobierno michoacano y diversos municipios de la entidad por presuntos nexos con el grupo criminal La Familia, rindió protesta como representante popular ante el Congreso de la Unión.Lo que ocurre con Godoy —medio hermano de Leonel, gobernador del estado— reitera una constante: ni siquiera en aquellos asuntos que concentran la atención pública, la autoridad tiene la capacidad, la contundencia, para llevar ante los jueces a los presuntos implicados y lograr una sentencia condenatoria. Quizás no sea cierto, pero el flamante legislador que permaneció escondido desde mayo del año pasado respondió a la pregunta sobre dónde anduvo en estos 16 meses: “Estuve en mi casa… estuve de ocioso y visité a muchos amigos”. ¿No lo encontraron o no quisieron encontrarlo?
Burlando el cerco policial que se proponía cumplir una orden judicial de aprehensión, y gracias a la complicidad de legisladores perredistas que gozaron su travesura, Godoy ingresó hasta el salón de plenos y protestó como diputado federal, goza ya de fuero y, en consecuencia, como reza el Artículo 61 de la Constitución, es inviolable por las opiniones que manifieste en el desempeño de su cargo, y jamás podrá ser reconvenido por ellas. De inmediato estrenó esta prerrogativa. Durante una conferencia de prensa apenas unos minutos después de haber rendido protesta: “No soy delincuente”, afirmó, sino el objeto de “tonterías que inventó el gobierno federal”. La PGR, sintetizó, ha hecho “acusaciones tontas y pendejas”.
Aunque ganó la elección en el primer distrito de Michoacán, una suspensión de sus derechos políticos le impidió tomar protesta en septiembre del año pasado. Godoy Toscano tiene una orden de aprehensión emitida por un juez por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. Pero, al tiempo, otro juez, el primero de distrito en la entidad, resolvió concederle la suspensión definitiva respecto al acto reclamado al juez noveno de distrito en materia penal, consistente en la suspensión de los derechos políticos. Esta resolución le restituye los derechos políticos, no obstante que el artículo 38 de la Constitución establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: “V) Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal”.
El michoacanazo se le ha caído al gobierno federal porque las autoridades ministeriales no pudieron armar una consignación. De los 34 arraigados, sólo uno permanece detenido. El viernes pasado fue liberado Miguel García, ex procurador de Michoacán, y apenas el martes salieron cinco más.
Acusaciones endebles, muchas de ellas derivadas de testigos protegidos, exhiben las penurias de la fiscalía federal para investigar y consolidar un expediente sólido. La lista de descalabros es larga. Sin embargo, el caso Godoy Toscano todavía no termina. La PGR ya informó que prepara la solicitud del juicio de procedencia para desaforarlo, detenerlo y consignarlo ante un juez por delitos contra la salud.
Detrás del desbordamiento delincuencial, de los levantones, extorsiones, secuestros y asesinatos de una ciudadanía desamparada, está la impunidad: casi el cien por ciento de los delitos que se cometen en México permanece sin castigo. El estado de descomposición de los sistemas de procuración y administración de justicia implica que son sólo unos cuantos los delincuentes que reciben sentencias condenatorias y las purgan en las cárceles. La única forma de inhibir la prepotencia criminal es mostrando con hechos que el que la hace la paga.
¿Es inocente Julio César Godoy Toscano de las acusaciones que lo vinculan con el crimen organizado? ¿Es víctima de persecución política o simplemente las autoridades han sido incapaces de probar los cargos? En algún momento tendrá que conocerse la verdad. Por ahora, lo único cierto es que desde la semana pasada tiene fuero y dieta, aunque esto no lo salve de la sospecha pública.
Posdata El editorial que publicó El Diario de Ciudad Juárez el domingo 19 de septiembre no es una capitulación ni una derrota, como se pretende leer desde el gobierno, sino una de las denuncias más terribles y comprometidas que se hayan hecho a los gobiernos federal, estatal y municipal por el estado desastroso de la seguridad pública y el sistema de procuración de justicia.
Justicia es sólo justicia
Jorge G. Castañeda (@JorgeGCastaneda)
jorgegcastaneda@gmail.com
Reforma
Del desenlace del "michoacanazo" podemos extraer por lo menos tres lecciones ilustrativas del estado que guardan las cosas en México. La primera tiene que ver con la procuración de justicia; la segunda con la administración de justicia; y la tercera con la comentocracia y la justicia.
El que 34 de los 35 inculpados por la PGR -funcionarios municipales y estatales, electos y designados- tuvieran que ser liberados, y que incluso un diputado electo pudiera finalmente tomar posesión a pesar de la Policía Federal (obligando ahora al gobierno federal a intentar su desafuero), muestra que el Ministerio Público federal no hizo una labor espléndida de investigación e integración de las averiguaciones pertinentes. El Poder Judicial rechazó, en los hechos, todos los cargos para los detenidos por falta de pruebas, por vicios de origen, o por otras razones que claramente revelan la inoperancia de la procuración de justicia, o de las leyes existentes para combatir al crimen organizado o de la probidad de los jueces, si es que la responsabilidad es de ellos. Es un evidente fiasco de alguien: del gobierno, de las leyes o de los juzgadores.
Sólo me pregunto si esto último es cierto, pues podría uno ver todo el episodio como algo muy positivo en un sentido muy preciso. Si hace algunos años la PGR y el MP federal hubieran actuado contra alcaldes, regidores, un procurador estatal y asesores de un gobernador de un partido de oposición (suponiendo que todo esto fuera posible), difícilmente habríamos encontrado un juez en México que se negara a acatar las indicaciones jurídicas y, por qué no decirlo, también políticas del presidente de la República. Esta vez, por las razones que se quieran (por la ineptitud del MP, por la audacia o la fuerza del narco, por la ambigüedad de los casos, por lo que se quiera), una operación de esta magnitud fracasó de cabo a rabo. No creo que se pueda considerar como un retroceso de la justicia en México, sino que incluso puede ser visto como parte del proceso de la consolidación de la independencia del Poder Judicial en México. Independen- cia que, quizás, implique también el estar sujeto a muchas presiones y ya no sólo a la del gobierno federal. De ser culpables algunos de los 34 lamento, por supuesto, que no sean encarcelados, pero me congratulo de que ya exista un Poder Judicial en México a nivel federal que no acepte los dictados del Ejecutivo.
¿Eran culpables? Aquí interviene la discusión en el seno de la comentocracia. Muchos colegas han lamentado que personas acusadas de ligas con el narco sean liberadas. El presidente Calderón en Monterrey hace unas semanas, hablando en general, y en abstracto, se lamentó de que un altísimo porcentaje (como 75%) de los detenidos en su guerra terminen libres por deficiencias en la ley o por el desempeño del MP. Amigos en Chihuahua, por ejemplo, nos dijeron a Héctor Aguilar Camín y a mí hace unos meses, que resultaba preferible abandonar el esfuerzo de los juicios orales, ya que, según ellos, gracias ese procedimiento un culpable de homicidio y/o violación fue exonerado por vicios de forma y de origen en su juicio. Y, obviamente, la inmensa mayoría de la opinión pública considera que Florence Cassez debe permanecer eternamente encerrada por su complicidad con los secuestros de los que se le acusa, con independencia del llamado montaje de García Luna.
Huelga decir que yo no sé si esta gente es culpable o no. Pero mis amigos comentócratas tampoco. Lo que es más, sólo hay una persona que puede saber y decidir si alguien es culpable o no: un juez. Mientras eso no suceda son inocentes, no sólo porque la Constitución mexicana ya lo estipula explícitamente, sino que es el espíritu de cualquier sistema judicial. Lamentar la liberación de un culpable por un juez es un contrasentido: si el juez lo libera, por definición no es culpable. Sé bien que esto en México no se entiende; pero también sé que de otra forma no se entiende que es la justicia.
jorgegcastaneda@gmail.com
Reforma
Del desenlace del "michoacanazo" podemos extraer por lo menos tres lecciones ilustrativas del estado que guardan las cosas en México. La primera tiene que ver con la procuración de justicia; la segunda con la administración de justicia; y la tercera con la comentocracia y la justicia.El que 34 de los 35 inculpados por la PGR -funcionarios municipales y estatales, electos y designados- tuvieran que ser liberados, y que incluso un diputado electo pudiera finalmente tomar posesión a pesar de la Policía Federal (obligando ahora al gobierno federal a intentar su desafuero), muestra que el Ministerio Público federal no hizo una labor espléndida de investigación e integración de las averiguaciones pertinentes. El Poder Judicial rechazó, en los hechos, todos los cargos para los detenidos por falta de pruebas, por vicios de origen, o por otras razones que claramente revelan la inoperancia de la procuración de justicia, o de las leyes existentes para combatir al crimen organizado o de la probidad de los jueces, si es que la responsabilidad es de ellos. Es un evidente fiasco de alguien: del gobierno, de las leyes o de los juzgadores.
Sólo me pregunto si esto último es cierto, pues podría uno ver todo el episodio como algo muy positivo en un sentido muy preciso. Si hace algunos años la PGR y el MP federal hubieran actuado contra alcaldes, regidores, un procurador estatal y asesores de un gobernador de un partido de oposición (suponiendo que todo esto fuera posible), difícilmente habríamos encontrado un juez en México que se negara a acatar las indicaciones jurídicas y, por qué no decirlo, también políticas del presidente de la República. Esta vez, por las razones que se quieran (por la ineptitud del MP, por la audacia o la fuerza del narco, por la ambigüedad de los casos, por lo que se quiera), una operación de esta magnitud fracasó de cabo a rabo. No creo que se pueda considerar como un retroceso de la justicia en México, sino que incluso puede ser visto como parte del proceso de la consolidación de la independencia del Poder Judicial en México. Independen- cia que, quizás, implique también el estar sujeto a muchas presiones y ya no sólo a la del gobierno federal. De ser culpables algunos de los 34 lamento, por supuesto, que no sean encarcelados, pero me congratulo de que ya exista un Poder Judicial en México a nivel federal que no acepte los dictados del Ejecutivo.
¿Eran culpables? Aquí interviene la discusión en el seno de la comentocracia. Muchos colegas han lamentado que personas acusadas de ligas con el narco sean liberadas. El presidente Calderón en Monterrey hace unas semanas, hablando en general, y en abstracto, se lamentó de que un altísimo porcentaje (como 75%) de los detenidos en su guerra terminen libres por deficiencias en la ley o por el desempeño del MP. Amigos en Chihuahua, por ejemplo, nos dijeron a Héctor Aguilar Camín y a mí hace unos meses, que resultaba preferible abandonar el esfuerzo de los juicios orales, ya que, según ellos, gracias ese procedimiento un culpable de homicidio y/o violación fue exonerado por vicios de forma y de origen en su juicio. Y, obviamente, la inmensa mayoría de la opinión pública considera que Florence Cassez debe permanecer eternamente encerrada por su complicidad con los secuestros de los que se le acusa, con independencia del llamado montaje de García Luna.
Huelga decir que yo no sé si esta gente es culpable o no. Pero mis amigos comentócratas tampoco. Lo que es más, sólo hay una persona que puede saber y decidir si alguien es culpable o no: un juez. Mientras eso no suceda son inocentes, no sólo porque la Constitución mexicana ya lo estipula explícitamente, sino que es el espíritu de cualquier sistema judicial. Lamentar la liberación de un culpable por un juez es un contrasentido: si el juez lo libera, por definición no es culpable. Sé bien que esto en México no se entiende; pero también sé que de otra forma no se entiende que es la justicia.
Santa María Tlahuitoltepec... ¿el simulacro?
Adela Micha (@Adela_Micha)
Desde Cabina
Excélsior
Es la crónica de una hecatombe que derivó en un infortunio. Porque desde la madrugada del martes hubo comunicación telefónica del secretario del comisariado de bienes comunales Donato Vargas y del presidente municipal de Santa Maria Tlahuitoltepec, en la sierra mixe con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y el presidente Felipe Calderón. La información que se manejó inicialmente supuso un cataclismo.
Desde que amaneció: diarios, estaciones de radio y televisión, portales electrónicos de todo el mundo, advertían en titulares: 200 metros de un cerro sepultan 300 casas se habla de mil muertos. La emergencia fue nacional. Movilizó a las Fuerzas Armadas, Policía Federal, estatal, Protección Civil, bomberos. Se habló de que un avión Hércules llevaría maquinaria pesada. El gobernador Ulises Ruiz no pudo estar ahí, luego de dos intentos en helicóptero, por la bruma y la intensa lluvia. El presidente Calderón, que trató de llegar a Tabasco, desistió de ir a la zona de desastre en la sierra mixe de Oaxaca. Los reporteros de distintos medios no lograban al lugar, debido a caminos bloqueados, por desborde de ríos, con comunidades aisladas. Hasta la noche se supo la verdadera dimensión de la catástrofe: cuatro casas sepultadas, 11 personas desaparecidas, tres adultos y ocho niños. Lo que se anunció como la virtual desaparición de un poblado, con ocho mil damnificados, no pasó de un alud, de los que son tan frecuentes en época de lluvias en esa zona de sierra. Laura Gurza salió al paso justificando: "Fue un simulacro que demostró la capacidad de respuesta del sistema de Protección Civil".
Pero lo que hay que decir es que sí hubo negligencia, irresponsabilidad, por no corregir a tiempo. Por hacer llegar, a un costo muy elevado: aviones, helicópteros, agentes federales, estatales, bomberos, ambulancias y concentrar la movilización nacional en el aeropuerto de Oaxaca, sobre todo en momentos de una emergencia en otras comunidades del mismo estado, y además en otros: Veracruz, Tabasco, Chiapas. No podemos ni debemos usar recursos para emergencias informando sobre dimensiones de una tragedia que no lo era. Es cierto, no hubo mala fe, pero nadie ha dicho que la hubiera. Y no, no es suficiente argumento. Sí me dijo Laura Gurzay, ya ayer en la tarde, en una entrevista por televisión que "efectivamente no es la manera adecuada para atender una emergencia, pero no hubo, en ese momento, elementos de confirmación y por eso se actuó como se actuó".
Sin embargo ayer, otra vez, hubo el desgajamiento de un cerro en Amatán, Chiapas. El presidente Felipe Calderón, a través de Twitter, informó de 12 muertos hasta ese momento. El impacto de esta tragedia, que seguramente sí tiene otras dimensiones, es ahora distinto. No se habla de un desplazamiento de urgencia de todos los servicios. Pero ya hay, como en Oaxaca, brigadistas removiendo escombros, por desgajamiento de cerros que, según prevé Protección Civil, debido a la intensidad de las lluvias, por el reblandecimiento del terreno, seguirán ocurriendo.
Desde Cabina
Excélsior
Es la crónica de una hecatombe que derivó en un infortunio. Porque desde la madrugada del martes hubo comunicación telefónica del secretario del comisariado de bienes comunales Donato Vargas y del presidente municipal de Santa Maria Tlahuitoltepec, en la sierra mixe con el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, con el secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, y el presidente Felipe Calderón. La información que se manejó inicialmente supuso un cataclismo.Desde que amaneció: diarios, estaciones de radio y televisión, portales electrónicos de todo el mundo, advertían en titulares: 200 metros de un cerro sepultan 300 casas se habla de mil muertos. La emergencia fue nacional. Movilizó a las Fuerzas Armadas, Policía Federal, estatal, Protección Civil, bomberos. Se habló de que un avión Hércules llevaría maquinaria pesada. El gobernador Ulises Ruiz no pudo estar ahí, luego de dos intentos en helicóptero, por la bruma y la intensa lluvia. El presidente Calderón, que trató de llegar a Tabasco, desistió de ir a la zona de desastre en la sierra mixe de Oaxaca. Los reporteros de distintos medios no lograban al lugar, debido a caminos bloqueados, por desborde de ríos, con comunidades aisladas. Hasta la noche se supo la verdadera dimensión de la catástrofe: cuatro casas sepultadas, 11 personas desaparecidas, tres adultos y ocho niños. Lo que se anunció como la virtual desaparición de un poblado, con ocho mil damnificados, no pasó de un alud, de los que son tan frecuentes en época de lluvias en esa zona de sierra. Laura Gurza salió al paso justificando: "Fue un simulacro que demostró la capacidad de respuesta del sistema de Protección Civil".
Pero lo que hay que decir es que sí hubo negligencia, irresponsabilidad, por no corregir a tiempo. Por hacer llegar, a un costo muy elevado: aviones, helicópteros, agentes federales, estatales, bomberos, ambulancias y concentrar la movilización nacional en el aeropuerto de Oaxaca, sobre todo en momentos de una emergencia en otras comunidades del mismo estado, y además en otros: Veracruz, Tabasco, Chiapas. No podemos ni debemos usar recursos para emergencias informando sobre dimensiones de una tragedia que no lo era. Es cierto, no hubo mala fe, pero nadie ha dicho que la hubiera. Y no, no es suficiente argumento. Sí me dijo Laura Gurzay, ya ayer en la tarde, en una entrevista por televisión que "efectivamente no es la manera adecuada para atender una emergencia, pero no hubo, en ese momento, elementos de confirmación y por eso se actuó como se actuó".
Sin embargo ayer, otra vez, hubo el desgajamiento de un cerro en Amatán, Chiapas. El presidente Felipe Calderón, a través de Twitter, informó de 12 muertos hasta ese momento. El impacto de esta tragedia, que seguramente sí tiene otras dimensiones, es ahora distinto. No se habla de un desplazamiento de urgencia de todos los servicios. Pero ya hay, como en Oaxaca, brigadistas removiendo escombros, por desgajamiento de cerros que, según prevé Protección Civil, debido a la intensidad de las lluvias, por el reblandecimiento del terreno, seguirán ocurriendo.
Si la rabia dura, cambia el mundo
Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio
Increíbles los desahogos de la prensa deportiva contra los seleccionados mexicanos de futbol por haber puesto en una carta a los directivos de la federación de ese deporte una clara relación de sus molestias.
He dicho ya en este espacio que el castigo a los seleccionados por hacer una fiesta sería cosa de risa si no fuera también un atentado contra la libertad y la privacidad.
La carta de marras hace pública la queja de los jugadores contra la Federación de Futbol, precisamente por no proteger la confidencialidad de sus concentraciones.
La molestia básica de los de los jugadores, repetida una y otra vez en la carta, es contra el manejo de los medios por parte del director de selecciones nacionales, Néstor de la Torre. Por un lado, usándolos para su lucimiento. Por el otro, dejándolos entrar de más a la intimidad de las concentraciones del equipo.
“¿Dónde está la ayuda y conservación de la privacidad ante los medios en todo momento que dura nuestra permanencia en los hoteles contratados por la federación”, preguntan los 13 seleccionados que firman la carta. “¿Cómo es que los medios están tan enterados de todo lo que sucede en el interior de cada concentración. Nos sentimos desprotegidos y blanco perfecto de los comentarios y chismes baratos de estos medios” (La Afición, 29/10/10).
La carta de Márquez y los seleccionados da en el blanco en muchas cosas y acaso por eso molesta tanto. La prensa deportiva se hace la invitada de piedra en el conflicto, pero en realidad es la invitada que tira las piedras.
En la genuina búsqueda de exclusivas y novedades, termina utilizando, con frecuencia, los peores recursos de la prensa de escándalo.
La carta anuncia también una aparición largamente diferida en el futbol: la de la voz inconforme y crítica de los jugadores.
El futbol profesional es un mundo que tiene sus propias reglas laborales, financieras y políticas. Un mundo aparte de los negocios y la política. En muchos sentidos es una reminiscencia del antiguo régimen.
La reacción de algunos dueños de equipo ante las críticas de los jugadores y ante su exigencia de un cambio en la Federación Mexicana de Futbol, se parece a la indignación de autoridades de otros tiempos ante la exigencia de elecciones libres.
Entre la prensa, los dueños y los jugadores, me quedo con la posición de los jugadores. No soy al fin sino un villamelón que disfruta viendo jugar a los jugadores, no a los periodistas ni a los dueños.
Si la rabia durara, el mundo cambiaría, dijo algún personaje de Brecht. Espero que la inconformidad de los seleccionados dure y haga el efecto que desean.
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio
Increíbles los desahogos de la prensa deportiva contra los seleccionados mexicanos de futbol por haber puesto en una carta a los directivos de la federación de ese deporte una clara relación de sus molestias.He dicho ya en este espacio que el castigo a los seleccionados por hacer una fiesta sería cosa de risa si no fuera también un atentado contra la libertad y la privacidad.
La carta de marras hace pública la queja de los jugadores contra la Federación de Futbol, precisamente por no proteger la confidencialidad de sus concentraciones.
La molestia básica de los de los jugadores, repetida una y otra vez en la carta, es contra el manejo de los medios por parte del director de selecciones nacionales, Néstor de la Torre. Por un lado, usándolos para su lucimiento. Por el otro, dejándolos entrar de más a la intimidad de las concentraciones del equipo.
“¿Dónde está la ayuda y conservación de la privacidad ante los medios en todo momento que dura nuestra permanencia en los hoteles contratados por la federación”, preguntan los 13 seleccionados que firman la carta. “¿Cómo es que los medios están tan enterados de todo lo que sucede en el interior de cada concentración. Nos sentimos desprotegidos y blanco perfecto de los comentarios y chismes baratos de estos medios” (La Afición, 29/10/10).
La carta de Márquez y los seleccionados da en el blanco en muchas cosas y acaso por eso molesta tanto. La prensa deportiva se hace la invitada de piedra en el conflicto, pero en realidad es la invitada que tira las piedras.
En la genuina búsqueda de exclusivas y novedades, termina utilizando, con frecuencia, los peores recursos de la prensa de escándalo.
La carta anuncia también una aparición largamente diferida en el futbol: la de la voz inconforme y crítica de los jugadores.
El futbol profesional es un mundo que tiene sus propias reglas laborales, financieras y políticas. Un mundo aparte de los negocios y la política. En muchos sentidos es una reminiscencia del antiguo régimen.
La reacción de algunos dueños de equipo ante las críticas de los jugadores y ante su exigencia de un cambio en la Federación Mexicana de Futbol, se parece a la indignación de autoridades de otros tiempos ante la exigencia de elecciones libres.
Entre la prensa, los dueños y los jugadores, me quedo con la posición de los jugadores. No soy al fin sino un villamelón que disfruta viendo jugar a los jugadores, no a los periodistas ni a los dueños.
Si la rabia durara, el mundo cambiaría, dijo algún personaje de Brecht. Espero que la inconformidad de los seleccionados dure y haga el efecto que desean.
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