octubre 18, 2010

Godoy confirma la narcopolítica. ¿Cuántos más; hasta dónde?

Ricardo Alemán (@laotraopinion)
aleman2@prodigy.net.mx
Itinerario Político
El Universal

Para casi todos —claro, salvo para medios y políticos que lo solapan—, el caso del diputado Julio César Godoy confirma la existencia de narcopolítica en México. Sin embargo, lo peligroso del asunto no es ratificar lo que era un secreto a voces, sino saber cuántos diputados, gobernadores, senadores o alcaldes estarían involucrados en el crimen organizado y el narcotráfico; hasta dónde están metidos.

Salta el tema por el cinismo y “valemadrismo” con el que antes y después de la revelación de escuchas de Godoy con La Tuta reaccionaron legisladores, alcaldes, gobernadores y servidores públicos de todos los partidos y de todos los niveles —además de cierta prensa—, que a pesar de lo contundente de las evidencias parecen solapar al presunto criminal.

¿Por qué buena parte del PRD, sus presidenciables, AMLO y Marcelo; líderes parlamentarios, gobernadores y hasta su prensa salieron en defensa de Godoy antes de la difusión de las grabaciones y hoy siguen tan campantes? ¿A poco no sabían que Godoy está metido hasta el cuello? Está claro que todos lo sabían. Desde AMLO, pasando por Marcelo, Ortega, Zambrano, Acosta, Navarrete y Encinas, sin olvidar al gobernador Leonel Godoy. Y entonces, ¿qué pasó, por qué antes y hoy lo solapan?

La razón es política, y tiene dos peligrosas vertientes. La primera vinculada con la impunidad que le brindó a Godoy un sector del PAN y del gobierno federal azul, debido a la alianza del PAN y el PRD. Esa casi hermandad electoral contra el PRI hizo florecer la impunidad para el probado narcopolítico que es Godoy. Y la segunda razón, y que involucra a AMLO y a los radicales amarillos, es que sería más que un pecado; sería un verdadero sacrilegio que el gobierno espurio, ladrón, el que se robó la elección, pudiera comprobar que los buenos de la película, los demócratas, prohombres de la izquierda ejemplar y los que defienden al México bueno, son más que ratas, son narcotraficantes metidos a la política. Como Godoy.

Pero no es todo. ¿Por qué en la Cámara de Diputados se hicieron de la vista gorda diputados del PRI, gobernadores del PRI y la dirigencia nacional del PRI? Es elemental, porque no pocos de esos legisladores y gobernadores tricolores tienen cola que les pisen. Está claro, para todo el que quiera verlo, que Godoy llegó a San Lázaro en calidad de narcodiputado, gracias a una extensa y harto compleja red de narcopolítica.

Y en efecto, cuando protestó ante el pleno, en donde fue aplaudido y vitoreado, la narcopolítica se construyó un blindaje casi imbatible, el cual se rompió cuando aparecieron las grabaciones de Godoy y su tío, La Tuta. ¿Cuántos narcopolíticos más? Por lo pronto siguen matando alcaldes.

¿Somos idiotas?

Denise Dresser
Reforma

El ciudadano favorito de las autoridades es el idiota, o sea, quien anuncia con fatuidad "yo no me meto en la política". Así describe Fernando Savater a los desatendidos, a los que dejan las decisiones primordiales del país en manos de otros, a los que reclaman beneficios y protecciones por parte del Estado -incluyendo espectáculos y diversión- pero no participan o exigen eficacia. Y el Estado mexicano, sólo parcialmente democrático, vive feliz atendiendo las necesidades de tantos mexicanos a quienes trata como "feligreses" en vez de ciudadanos. A quienes ofrece los beneficios de pertenencia a una iglesia o a un club, donde se antepone la devoción a una secta y se sacrifican de manera rutinaria los derechos democráticos. A quienes mediante segundos pisos y dádivas diarias y piscinas instaladas sobre el Paseo de la Reforma vuelven a los mexicanos adictos al populismo.

Adictos a pensar que el mejor político es el que más obra política construye, el que más sacos de cemento regala, el que más subsidios garantiza, el que mejores promesas hace. Adictos a la simplificación de la complejidad mediante la cual un partido ofrece "vales para medicinas", la eliminación de la tenencia unos días antes del proceso electoral, el dinero en efectivo entregado de camino a la urna, la disminución del IVA, los subsidios a la gasolina. Desde la fundación del PRI, el populismo siempre nos ha acompañado, pero hoy en día parece aún más en boga. El PRI tiene a Enrique Peña Nieto, el PRD/PT/Convergencia a Andrés Manuel Obrador y a Marcelo Ebrard, el PAN a Felipe Calderón quien suele caer en la tentación populista en cada Informe de Gobierno o antes de cualquier contienda electoral.

Y no es difícil entender por qué recurren al populismo como instrumento para gobernar. El populismo hace que todo sea tan simple, tan claro, "haiga sido como haiga sido". Divide al mundo en "fanáticos" o "gente decente que trabaja y lleva a sus hijos a la escuela". Clasifica a los mexicanos en los puros y los que generan "asquito". Separa a México en el "pueblo bueno" y "la mafia que se ha adueñado del país". Algo tan complejo como la crisis post-electoral del 2006 se atribuye al odio y al rencor generado por López Obrador. Algo tan complicado como las razones detrás de nuestro crónico subdesempeño económico se atribuye a "el pillaje neoliberal". Cada bando busca organizar sus odios, generar sus propios adictos, dividir conforme a sus principios impolutos. Peor aún, el populismo absuelve a los ciudadanos de la responsabilidad para encarar los problemas del país.

Como señala Savater en su Diccionario del ciudadano sin miedo a saber, el vicio del populismo va acompañado del vicio del paternalismo. El vicio de los gobiernos y las autoridades públicas de empeñarse en salvar a los ciudadanos del peligro que representan para sí mismos. Los políticos mexicanos de todas las estirpes se ofrecen solícitamente para dispensar a los ciudadanos de la pesada carga de su autonomía. Su lema es "Yo te guiaré: confía en mí y te daré lo que quieres". Un desfile multimillonario para festejar el Bicentenario: allí está. Una pista de hielo en el Zócalo: allí viene. Pena de muerte para los secuestradores; el Partido Verde apoya la iniciativa. Un hombre con pantalones capaz de imponer cambios aunque sea de forma autoritaria: allí está Carlos Salinas, otra vez. Una popular novia actriz de telenovelas: aparece en cada "spot" de Peña Nieto. México carga con uno de los mayores peligros de las democracias: una casta de "especialistas en mandar" que se convierten en eternos candidatos. En cada elección asistimos -y contribuimos- al reciclaje de pillos.

Y el problema es que alcanzan esa posición gracias a la flojera o al desinterés del resto de los ciudadanos, que dimiten del ejercicio continuo de vigilancia y supervisión que les corresponde. Los idiotas mandan porque otros idiotas los eligen. Los idiotas mandan porque logran erigirse en una especie de diosecillos que siempre tienen la razón, dado que los apoya el pueblo y el pueblo nunca se equivoca. El populismo ya sea de derecha o de izquierda sobrevive porque no hemos alcanzado la educación que premie la disidencia individual sobre la unanimidad colectiva. Que recompense el mérito en lugar del compadrazgo. Que nutra nuestra capacidad de luchar contra lo peor para que venga lo mejor. Que construya ciudadanos autónomos, libres, de carne y hueso. Que institucionalice la desconfianza en los líderes y la vigilancia sobre ellos por diferentes medios.

Según un estudio reciente del encuestador Alejandro Moreno, 66 por ciento de los mexicanos piensa que "personas como yo no tenemos influencia sobre lo que el gobierno hace". Si eso no cambia, México seguirá siendo un terreno fértil para quienes quieren mantener a sus habitantes en una permanente minoría de edad, ajenos a la política y residentes permanentes del lugar mental donde faltan la resolución y el valor para participar en el espacio público. Y seguirá siendo un país gobernado por proto-populistas y ciudadanos idiotizados que los celebran.

¿Encarcelar a los narcopolíticos?

Leo Zuckermann
Juegos de Poder
Excélsior

En la guerra contra el crimen organizado, el Estado tiene dos pendientes. Uno está relacionado con el lavado de dinero. Si bien el gobierno ha requisado cuantiosas sumas de efectivo durante este sexenio, todavía estamos esperando que caiga una red sofisticada de delincuentes, empresarios, banqueros y autoridades involucrados con el blanqueo de recursos de procedencia criminal. El segundo pendiente es el descubrimiento, procesamiento y encarcelamiento de políticos que ofrecen protección a la delincuencia organizada. No ha caído ni un solo “pez gordo” de la política. Ni siquiera un “charalito” como Julio César Godoy Toscano, un político de poca monta del estado de Michoacán.

Su historia es paradigmática de la falla del Estado mexicano para combatir la infiltración de la criminalidad en la política. En vísperas de las elecciones intermedias de 2009, el gobierno federal anunció la detención de diversos políticos presuntamente vinculados con el cártel de La Familia Michoacana. Uno de ellos, sin embargo, se fugó. Era Godoy Toscano, medio hermano del gobernador de Michoacán.

Desde su escondite, Godoy ganó la elección de diputado federal. Gestionó, entonces, un amparo para poder tomar posesión de su cargo y tener, así, fuero constitucional. Un juez le dio la razón y obligó a la Cámara de Diputados que así procediera. Pero el fugitivo de la justicia primero tenía que llegar al Palacio de San Lázaro. Lo hizo escondido en una camioneta de un diputado de su bancada. Durmió, esa noche, en la oficina del coordinador del PRD en la Cámara baja. Al día siguiente, protestó y adquirió la inmunidad que le otorga el fuero. Diversos medios lo entrevistaron. Godoy negó tajantemente que tuviera vínculos con el crimen organizado. Afirmó desconocer a Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, uno de los capos michoacanos. En todo este proceso, su partido, el PRD, lo apoyó.

Mientras tanto, el gobierno de Calderón quedó en ridículo y pidió, entonces, desaforar a Godoy para llevarlo a la justicia por presuntos vínculos con el cártel de La Familia Michoacana. La Procuraduría General de la República comenzó el juicio de desafuero. El asunto se turnó a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Apareció, entonces, una conversación telefónica entre Godoy y La Tuta en los medios. La grabación no dejó dudas: el diputado federal conoce perfectamente al capo quien lo trata como “mi hijo” y “compadre”; el presunto narcotraficante tuvo gente suya trabajando en la campaña del entonces candidato a legislador, le ofreció todo tipo de apoyos y le aseguró que ganaría la elección; Godoy, además, le solicitó que le quitara de encima a un periodista local que andaba publicando notas adversas; el capo prometió arreglar este asuntito.

La grabación resultó ser una bomba mediática. El PRD no supo cómo reaccionar ante el descubrimiento de que Godoy es un mentiroso y presunto delincuente. Algunos insistieron en la inocencia del michoacano; otros pidieron que el caso se ventilara en los tribunales y no en los medios; algunos, los más sensatos, recomendaron que el diputado renunciara para enfrentar a la justicia. Mientras tanto, Godoy no se presentó a declarar a la Sección Instructora. Adujo que tuvo que regresar a su tierra “por razones familiares”. A ver si esta semana aparece.

Por donde se vea, se trata de un caso vergonzoso. Varias instituciones del Estado mexicano, de alguna manera u otra, quedaron mal. El Ejecutivo federal por no haber capturado a Godoy para enjuiciarlo antes de que ganara la elección, tomara protesta y adquiriera el fuero. El Poder Judicial por haber otorgado un amparo para darle posesión a un fugitivo de la justicia. La Cámara de Diputados, no obstante que estaba obligada jurídicamente a darle posesión a Godoy, por haberlo acogido hasta con entusiasmo. Y el PRD por defender a un político que cuenta con el padrinazgo de uno de los cárteles más violentos del país.

Una vergüenza. Un enredo, propio de una mala comedia, para atrapar a un “charalito” de la política mexicana. Imaginemos lo que sería tratar de arrestar a un “pez gordo”, un gobernador o un secretario de Estado, por ejemplo.

La semana pasada, el ex presidente de Colombia César Gaviria criticó que en México “creen que los únicos que están corruptos es la policía, y están totalmente equivocados, aquí con absoluta seguridad todos los estamentos de la justicia, y el poder regional, y del poder político deben estar ‘retecontaminados’ del narcotráfico, porque esa es la realidad, eso es lo que nosotros hemos descubierto con nuestra justicia”.

Tiene toda la razón. La población así lo percibe: en México debe haber políticos encumbrados que protegen a los delincuentes organizados. Sin embargo, en este rubro el Estado ha fallado. No hemos visto en México, como sí ocurrió en Colombia, el descubrimiento, procesamiento y encarcelamiento de políticos pesados vinculados con el crimen organizado. Queda, pues, ese pendiente. Y si lo ocurrido en el vergonzoso caso de Godoy Toscano es una muestra de lo difícil que es atrapar a un político presuntamente corrompido por el narcotráfico, tampoco esperemos mucho.

El carro presidencial

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

Estuve el viernes en el muy hospitalario Congreso mexiquense para dar una charla sobre Un futuro para México, el ensayo, ahora pequeño libro, que escribimos Jorge Castañeda y yo.

La nota de MILENIO Diario del sábado reportó en su cabeza que, según yo: Los panistas “no han sabido manejar el carro presidencial”.

No. Lo que dije es que el carro presidencial no sirve y por eso nadie puede manejarlo bien. El problema de nuestra parálisis política nace del diseño institucional, no sólo de la torpeza de los políticos.

Para ejemplificar esto, suelo decir que el problema no son los choferes, sino el coche, o que el problema de la casa presidencial no es el inquilino, sino la casa, que tiene goteras.

De por sí es mala la fórmula de un sistema presidencial como el de México, con tres partidos fuertes, donde ninguno de los tres puede ganar la mayoría absoluta en el Congreso (50+1). Un presidente sin posibilidad de mayoría absoluta en el Congreso es un presidente paralítico. Está siempre bloqueado por el Congreso.

La reforma del 96 agravó las cosas, porque en lugar de corregir esa debilidad la institucionalizó. Desde las elecciones intermedias de 1997 la oposición es siempre mayoría absoluta en el Congreso, pero no es una mayoría que decide, pues está dividida a su vez: la forman los dos partidos que perdieron la elección presidencial.

De esa mayoría dividida salen bloqueos pero no acuerdos de mayoría —salvo el acuerdo de bloquear al partido en el poder para limitar sus éxitos, con miras a las próximas elecciones.

La reforma del 96 venía huyendo, con toda razón, de las mayorías abusivas del PRI y de sus presidentes sin rienda. La reforma de aquel año se hizo pensando en que nadie tuviera la mayoría absoluta, para que to-
dos tuvieran que ponerse de acuerdo.

La primera parte de la fórmula se cumplió, la segunda no: desde entonces nadie tiene mayoría absoluta pero nadie se pone de acuerdo. Desde entonces, en la búsqueda de acuerdos serios con el Congreso, han fracasado todos los presidentes: Zedillo, Fox y Calderón.

Si no cambia el diseño fracasarán también los que vengan. Porque lo que no sirve es el diseño institucional del presidencialismo.

Los presidentes mexicanos manejan un coche que no tiene volante y viven en una casa con goteras. Por eso se estrellan a cada rato y se mojan con cualquier chubasco.

Hay quienes dicen que así está mejor, que de eso se trata la democracia. Otros pensamos que la parálisis acaba desprestigiando a la democracia y enajenando la confianza de los ciudadanos en la vida pública.