diciembre 05, 2010

'Weaky Licks' por Paco Calderón



Sin regreso

Gerardo Galarza (@ggalarzamx)
Excélsior

Desde el 1º de septiembre de 1998, el presidencialismo sufre un gran descalabro y en consecuencia, todo el llamado sistema político mexicano.

En un país acostumbrado por 71 años al control político absoluto del Presidente de la República, las prácticas democráticas encuentran todos los obstáculos posibles, imaginados e inimaginados, de quienes por tener un pequeño poder creen que aquel que era total ahora les sigue perteneciendo en la misma medida o ya accedieron a él.

La decisión de no aceptar el cambio político, por mínimo que sea, puede provocar parálisis en diversas áreas de actividad del país por falta de acuerdos políticos y los perjudicados son siempre, invariablemente, los ciudadanos; quienes, con toda seguridad tendrán la tentación de renegar de la democracia, esa cosa que los políticos presentaron como panacea para todos los males. Y la falta de acuerdos políticos es esencialmente la táctica de una estrategia electoral o electorera, como se quiera; que se basa en el fracaso del contrario con el objetivo de derrotarlo en las urnas, aún cuando ese fracaso signifique el desastre para el país. En el México del 2010 lo vemos todos los días.

Desde el 1º de septiembre de 1998, el presidencialismo sufre un gran descalabro y, consecuentemente, todo el llamado sistema político mexicano. Desde ese día y hasta la fecha, el Presidente de la República no puede reformar a su gusto la Constitución y, desde 1997, no puede ni contando con el apoyo de su partido reformar o crear leyes que tengan impacto en el desarrollo del país. Él y su partido deben negociar; la oposición debe negociar. Ambos tienen la obligación de llegar a acuerdos políticos. Se supone que éste es el mandato de los ciudadanos mexicanos, quienes votan divididos, alejados de la unanimidad, del control total, del partido único que gobernó de 1929 al 2000.

En la semana que recién termina, el conflicto —que no división en el sentido de independencia— entre dos poderes federales (el Ejecutivo y el Legislativo) se ha mostrado otra vez con nitidez, a causa de dos expresiones públicas del Presidente de la República: los discursos conmemorativos del décimo aniversario de la llegada del PAN a la Presidencia de la República y del cuarto año del actual gobierno. Uno, catalogado de partidista y electorero, de "líder de partido y no de estadista", y el otro acremente criticado al considerársele como ofensivo para el Congreso, por el simple hecho que ironizó por el "congelamiento" de la iniciativa que propone la creación del mando único para las policías del país. (En verdad ¿alguien esperaba algo diferente?).

La prevención obvia de quienes presumen de analistas políticos es que los discursos presidenciales impedirán acuerdos en el Congreso de la Unión, bajo el supuesto de que los señores legisladores están muy ofendidos por las presuntas actividades partidistas del titular de Ejecutivo y por sus críticas a su inactividad. La molestia de diputados, senadores y dirigentes de partidos es una sinrazón democrática... a menos que el ejercicio de la titularidad del Poder Ejecutivo limite los derechos individuales y una incongruencia mayúscula de aquellos que siempre dijeron "sí, señor Presidente", al que era llamado líder nato de su partido único.

Al país, a sus ciudadanos, le urge que sus gobernantes maduren, sean del poder o del partido que sean, o el fracaso será monumental. En el 2012, los ciudadanos volverán a votar casi por tercios, es decir nadie obtendrá una mayoría real en el Congreso y es fácil predecir que será otro sexenio perdido.

La democracia es una obra colectiva, pero en la que las responsabilidades son individuales y en la que hay que pagar lo que se deba pagar. Los ciudadanos, contrario a lo que los políticos creen, no son tontos. Esto ya está demostrado. El fracaso de la democracia será esencialmente el de los políticos y el de los partidos, de todos: los que son gobierno y los que son oposición. La desilusión siempre será mala consejera, pero aunque muchos añoren, lo deseen y luchen por la restitución del pasado, el de un país en manos de un monarca sexenal, en México no debe haber camino hacia atrás.

El terror en el teléfono

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
La semana de Román Revueltas Retes
Milenio

Personas muy cercanas a mí —familiares, amigos, compañeros de trabajo— han vivido, sin más, la aterradora experiencia de recibir la llamada telefónica de un tipo que, de entrada, les dice que sabe perfectamente quiénes son, dónde viven, cuántos hijos tienen, cuáles son los hábitos y horarios de dichos hijos, qué profesión desempeñan, en fin, conocen presuntamente esos datos personales que lo convierten a uno en un sujeto vulnerable y, sobre todo, absolutamente indefenso ante las amenazas con que se cierra la comunicación telefónica.

Esta gente, confrontada de manera brutal e inesperada a la realidad de la violencia, sufre un auténtico ataque de pánico y, en un primer momento, no sabe siquiera qué responder, qué hacer y adónde ir. ¿A la policía? ¿A otra ciudad, para comenzar una especie de vida nueva con una identidad, si no diferente, por lo menos un tanto más anónima? O, tal vez, ¿plegarse a las amenazas del extorsionador y apoquinar, cada quincena, el dinero de la caja registradora o la paga del patrón?

Luego, pasada la primera impresión, llega un sentimiento de rabia y de impotencia, más allá del miedo o, precisamente, derivado del terror. Y, desde luego, la sensación de que todo esto —las amenazas a los seres queridos, la perspectiva de tener que pagar una cuota a unos canallas para recibir “protección”, la incertidumbre, el espanto, la intimidación— resulta de un orden de las cosas completamente distorsionado y, sobre todo, injusto. ¿Se puede vivir así? ¿Merecemos vivir así los mexicanos? ¿En este país ya no se puede trabajar honradamente y tener, en lo términos utilizados por Vicente Fox, un “changarro” —es decir, la tiendita de la esquina, la farmacia, la ferretería o la óptica— porque los delincuentes te van a decomisar cualquier ganancia, cualquier beneficio y cualquier provecho?

La acometida ya no es perpetrada contra unos “ricos y poderosos” que serían biológicamente culpables de tener dinero y cuyos bienes merecerían ser expropiados siguiendo los postulados de la trasnochada “lucha de clases” sino que ahora un tendero de un pequeño poblado de la costa de Michoacán, obligado a soltar 15 mil pesos al mes —monto que le es imposible de juntar— sale huyendo y pierde, de un golpe, el patrimonio logrado luego de una vida entera de trabajo; el patrón de un puesto de tacos en Mazatlán, tras denunciar a los extorsionadores, aparece decapitado y con huellas de tortura (es evidente la ruin complicidad de unos cuerpos policíacos que no sólo no nos aseguran —ni a ustedes ni a mí ni a nadie— los derechos más esenciales sino que trabajan al lado de los criminales); el dueño de un negocio de coches usados en Aguascalientes recibe la visita de unos zetas que le birlan el auto más costoso del lote… Esto, ¿qué es? ¿Ésta es una sociedad donde podemos vivir? ¿Éstas son acaso las reglas que debemos seguir de ahora en adelante? Por Dios…

La primera pregunta que te viene a la cabeza es la siguiente: ¿qué clase de sistema de justicia tenemos? Es decir ¿qué jueces, qué policías, qué detectives, qué fiscales y, en general, qué autoridades? Uno pensaría, por ejemplo, que un acto de extorsión resulta, fatalmente, en un encuentro, así sea indirecto, entre el extorsionado y el extorsionador. La transacción económica debe ocurrir, tarde o temprano. Y, a partir de ahí, uno imaginaría que, con un trabajo de investigación adecuado, el criminal va a ser sorprendido en algún momento (a propósito de esto, lo que más extraño le resultaría a un observador externo —en el caso de don Alejo Garza, por citar un suceso reciente— es que no hubiera dado aviso a la policía sabiendo, mira tú, la hora de la llegada de los sicarios porque, justamente, le habían avisado que se presentarían en su propiedad 24 horas después de la advertencia; digamos que ocurrió lo opuesto al desembarco de Normandía, cuando los Aliados guardaron el máximo secreto para sorprender a las tropas alemanas). Pues no. Dar aviso a la policía puede ser una suerte de condena de muerte. Y, en todo caso, la eficiencia de los cuerpos de seguridad es más que dudosa. ¿La prueba? Los casos de extorsión no estarían tan generalizados si el Estado mexicano cumpliera con su primerísima obligación de proteger a los ciudadanos.

No estamos hablando de un asunto menor. Este infierno es una auténtica amenaza para la nación. ¿Ya se habrán enterado nuestros gobernantes?