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Calle Mexico
Es cuestión de tiempo para que se oficialice la ruptura entre los proyectos políticos de Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard Casaubón.

Ebrard, a diferencia de López Obrador, goza del reconocimiento internacional, como quedó de manifiesto cuando fue designado representante de los alcaldes del mundo en la Cumbre sobre el cambio climático que se realiza en Cancún.
Ayer, el jefe de gobierno del DF fue electo Alcalde del Año, reconocimiento que otorga la asociación internacional de alcaldes World Mayor“por su liberalismo’’.
Mientras que López Obrador tiene el respaldo de cuestionados líderes como Hugo Chávez o Fidel Castro, el reconocimiento de Ebrard es más generalizado; es decir, genera muchas más simpatías que enemistades, como le ocurre al tabasqueño.
El flamante Alcalde del Año se ha posicionado muy rápidamente como el principal candidato presidencial del PRD; ni en su mejor momento, López Obrador tuvo el reconocimiento que hoy tiene Ebrard, su carnal, que dejará de serlo en cuanto el tabasqueño entienda que va perdiendo, por varios cuerpos, la carrera.
El viernes pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envió un comunicado para negar que Juan Molinar Horcasitas haya incurrido en desacato al entregar a Nextel los títulos de concesión que se le asignaron en la controvertida licitación 21.
El comunicado explicaba que no había desacato porque la notificación del amparo concedido a Iusacell fue entregada a Molinar 6 días después de su expedición.
Ayer, el abogado de la empresa de Ricardo Salinas, Salvador Rocha Díaz, explicó que la juez decimosexta de Córdoba, Naela Márquez Hernández, concedió la suspensión provisional y definitiva a Iusacell para que no se entregara el título de concesión a Nextel.
Rocha aseguró que independientemente de que Molinar no hubiera recibido inmediatamente la notificación del amparo concedido a Iusacell, si violó la suspensión al entregar los títulos.
Rocha explicó que si el secretario de Comunicaciones no detiene los efectos administrativos y jurídicos de la suspensión obtenida por Iusacell, entonces podría ser sujeto de una sanción que incluye destitución y cárcel.
Este asunto dará todavía para mucha tinta.
Javier Lara Caballero envió una aclaración a este espacio para precisar que él es el secretario particular de la senadora Claudia Corichi y no Cruz Cárdenas, como se escribió aquí la semana pasada.
Efectivamente, Lara Caballero ha sido por 10 años secretario particular de Corichi; Cárdenas es, o al menos así se presentaba, “secretario privado’’ de la senadora cuando ésta fungió como presidenta honoraria del DIF zacatecano.
Con este título, Cárdenas recibió un “préstamo’’ de cinco millones de pesos de la Secretaría de Finanzas estatal, que no ha devuelto. Lara Caballero no hace referencia a ese asunto, que es el de fondo, en su carta.