San Martín: otro infierno provocado por el crimen

Ricardo Alemán (@laotraopinion)
Excélsior

Hasta antes de la tragedia de la madrugada de ayer, en la Estación de Bombeo de Texmelucan se habían detectado más de 80 tomas clandestinas.

Todos los indicios apuntan a que la explosión en la periferia de San Martín Texmelucan se produjo a causa de la toma clandestina en un ducto de Petróleos Mexicanos. Es decir, que las mafias del crimen organizado que “ordeñan” combustible, son responsables del infierno de San Martín Texmelucan, que costó la vida a 27 personas, dejó 52 lesionados de gravedad e inservibles 83 viviendas.

Sin embargo, y a reserva de que científicos forenses determinen las causas de la explosión, lo cierto es que ninguna autoridad ha sido capaz de prevenir e impedir el creciente robo de combustible en todas las entidades del país por donde se localiza la red de ductos que transportan distintos combustibles para toda la nación.

Es decir, que si bien la dirección de Petróleos Mexicanos considera el robo de combustible como uno de los problemas de mayor gravedad y complejidad de la paraestatal, lo cierto es que ninguna autoridad ha sido capaz de desarrollar un protocolo efectivo para detener el delito, sancionar a los responsables y para impedir que —como en el caso de la tragedia de San Martín Texmelucan— se ponga en riesgo a los habitantes de las zonas aledañas a la “ordeña” de ductos.

El problema es tal que se tiene documentado que trabajadores de Pemex, en complicidad con bandas del crimen organizado, han desarrollado todo un operativo para saquear los distintos combustibles que se transportan a través de la red de ductos de Pemex de todo el país. Si no es suficiente, vale recordar que las investigaciones que han realizado Pemex y dependencias como la PGR, han documentado, probado y denunciado que refinerías instaladas en Estados Unidos adquieren de manera frecuente combustible robado a Pemex. ¿Y qué ha pasado? Nada.

Más aún, hasta antes de la tragedia de la madrugada de ayer, en la Estación de Bombeo de Texmelucan se habían detectado más de 80 tomas clandestinas en los meses recientes, luego que en 2008 se realizó una obra mayor de mantenimiento, precisamente por los daños provocados por la frecuente ordeña de ductos de Pemex en la zona donde se produjo la tragedia. En todo el país, sólo en 2010 se detectaron 550 tomas clandestinas de combustible. ¿Y qué pasó? Nada.

Es decir, que en el gobierno federal todos saben que en los años recientes se ha organizado toda una industria criminal en torno al robo de combustibles; todos saben que es un negocio que reporta a los criminales por lo menos diez mil millones de pesos anuales —desde 2005 a la fecha—, pero todos le dan la vuelta al problema. ¿Por qué? Porque nadie ha hecho nada para castigar a los responsables.

Hoy, robar una televisión en casa habitación es más grave que robar combustible a los ductos de Pemex. ¿Por qué? Porque en el Senado de la República duerme el sueño de los justos una iniciativa ya aprobada por la Cámara de Diputados, para tipificar como delito grave el robo de combustible de ductos de Pemex. ¿Por qué legisladores federales se niegan a tipificar ese delito como grave, para tratar de detener y acabar con esas mafias? Porque las mafias del robo de combustible tienen un poder infinito. Y, para no variar, la respuesta también la conocen todos.

Es decir, que en no pocos casos los presuntos implicados están en los gobiernos municipales y en los partidos políticos. Y es que la nueva expresión del crimen organizado —el robo de combustible— tampoco es posible sin la complicidad de autoridades municipales y estatales. Acaso por eso vecinos de la zona siniestrada en San Martín Texmelucan señalaron como presunto culpable del robo de combustible al alcalde de ese municipio, Noé Peñalosa.

En San Martín Texmelucan era un secreto a voces que las autoridades municipales conocían la ordeña de ductos, que nada hicieron para impedirlo y que —por si no fuera suficiente—, el alcalde prácticamente se escondió la mañana de la tragedia. Y es que no podía pasar por alto a los ojos de la autoridad municipal el tamaño de un robo como el registrado en la Estación de Bombeo de San Martín. ¿Por qué? Porque era toda una industria, que no era vista sólo por los que cerraron los ojos. Por lo pronto, parece que nadie aprende, sean gobiernos municipales, estatales y el federal. Y es que primero fue San Juan Ixhuatepec, luego el sector Reforma en Guadalajara. Y ahora San Martín Texmelucan. ¿Hasta cuándo?

EN EL CAMINO.

Pronto aparecerá todo lo que hay detrás del secuestro de Diego Fernández de Cevallos. Pero lo primero es lo primero, regresar a su casa.

Derogar la “toma de nota”

Luis González de Alba
La Calle
Milenio

Una intervención legalizada del gobierno en asuntos sindicales es la llamada “toma de nota”, equivalente al reconocimiento que se hace de un gobierno extranjero que envía sus embajadores. La maltrecha doctrina Estrada sostiene que México no reconoce gobiernos, sólo “toma nota” de sus cartas credenciales.

El trabajador está encadenado al sindicato, que dice defenderlo del patrón, por tres candados legales que fueron pensados para construir el Estado post-revolucionario y no para protección del cantado y alabado proletario, presente en los murales pero no en las decisiones de su propia organización: el primero es el ingreso exclusivo por el sindicato y el lanzamiento a la calle por la cláusula de exclusión; segundo, el descuento de la cuota sindical por la empresa contratante y su entrega a la dirección del sindicato; y tercero, la llamada “toma de nota” que es el reconocimiento, por el gobierno, de una dirigencia sindical.

Los tres candados fueron creación de tiempos en los que no se concebía la libertad sindical por la que en una misma empresa sus trabajadores pudieran organizarse bajo diversas reglas de diversos sindicatos. La teología revolucionaria decía que el partido en el poder era el pueblo mismo y que los trabajadores mostraban absoluta unanimidad hacia la fortaleza construida contra la maldad del patrón. Aún lo vemos en Cuba: ¿Para qué diversos diarios si tenemos Granma que dice la verdad certificada? ¿Cómo pueden aceptarse otros partidos políticos, si en el comunista está todo buen cubano? Crear otros es prueba de traición al pueblo.

Así fue como se ideó, para México, un sistema corporativo que exigía la unidad de todos en torno al gobierno revolucionario. La cláusula de exclusión, por la que la empresa se compromete a despedir al trabajador expulsado del sindicato, fue pensada para evitar la infiltración del organismo proletario por el enemigo de clase: descubierto por los ojos expertos de la dirección sindical no debía ser sólo expulsado del sindicato, porque eso sería aceptar la convivencia con no sindicalizados, sino echado del trabajo. Imaginar un trabador que rechazara esta defensa eran tan estrafalario como suponer que rechazaría asistencia médica gratuita. Y punto. Llegó el PAN al gobierno de la República y la cláusula de exclusión siguió allí como en sus mejores y cardenistas tiempos. Con seguridad Fox aún no sabe qué es eso. Nomás pregunten.

Luego estaba el asunto, nada menor, de los dineros: los trabajadores debían aportar cuotas para el sostenimiento de sus defensores profesionales, los que recibían licencia sindical para trabajar de tiempo completo en los altos asuntos de la unidad proletaria; pero ya sabemos que la carne es débil y el más firme de los trabajadores podía, en caso de urgencia solamente, retener el pago de su cuota si ese dinero lo consideraba necesario para otro asunto. Pero no podía haber otro asunto porque la dirección sindical cuidaba de que tuviera casa, medicinas y sustento. Así que para no permitir la distracción de cuotas en frivolidades, la empresa debía descontar de la nómina el porcentaje que la dirección sindical acordara.

Así, de paso, se impedía que el obrero destinara su cuota a otra organización que no podía ser sino el enemigo embozado.

Pero ya se sabe que el peligro acecha al trabajador ingenuo. Así que, en caso de que cayera en la trampa de formar otro sindicato, el gobierno daba el visto bueno al bueno, y eso se llama “toma de nota”. Como el registro de un partido en Gobernación (antes del IFE), de la toma de nota se deriva la entrega de cuotas al “anotado”, el derecho a poner candidatos a diputados y senadores así como, por supuesto, la vigilancia de la puerta de entrada a la empresa.

Todo este esperpento sovietizante ha sobrevivido en México a la caída del Muro de Berlín y de las “repúblicas populares”. Así es porque el PAN no tiene ya conducción ideológica. El PRD, al fin priista, conoce las ventajas de las franquicias que entregan clientes atados al gobierno. Esos lazos son corporativos y quedan en manos del gobierno en turno. Pero ni eso ha sabido hacer el PAN: el PRD, más hábil y conocedor del sistema, ha sabido atraer clientelas del PRI, como ambulantes, taxistas piratas y otras joyas del régimen corporativo. El PAN le dejó esas riendas al PRI sin darse cuenta siquiera.

Encinas y cía.

¿Y los secuaces de Godoy el Pequeño, tras de esconderlo en la propia Cámara de Diputados, quedarán impunes como nuestros millares de crímenes impunes?

Muerte en Palacio

Lydia Cacho (@lydiacachosi)
Plan B
El Universal

El jueves recibí un mensaje telefónico: “Es 16 de diciembre, asesinaron a Marisela Escobedo, ¿ahora qué hacemos, Lydia?”. El shock fue inmenso; conocí a Marisela, una mujer admirable, como lo son las madres y hermanas de las mujeres que a lo largo de más de una década han dedicado su vida a esclarecer los crímenes que les arrebataron un ser amado.

El día que su hija Rubí, de 16 años, apareció muerta, Marisela y su familia supieron que el asesino era su novio, Sergio Rafael Barraza Bocanegra. Él mismo admitió haberla matado “por celos”. Desde entonces, Marisela dedicó sus días y noches, como la mejor criminóloga (que no era), a obtener evidencia; como el mejor ministerio público (que no era), a conseguir testigos y corroborar hechos. Como una fuerza de la naturaleza ante cada falla del sistema judicial, Marisela y sus abogadas tocaron puertas que nunca se abrieron. Y así, con la puerta cerrada como un símbolo de lo que le sucede a la sociedad mexicana, a Marisela un asesino le pegó tres balazos frente al Palacio de Gobierno. Dos días después, mientras el gobernador Duarte daba discursos vacuos de indignación, delincuentes incendiaron el negocio del esposo de Marisela y secuestraron al cuñado.

¿Cómo se atreven a asesinar a una reconocida defensora frente al Palacio de Gobierno donde hay cámaras? ¿Quién se atreve, en un caso tan sonado, a ir a por el esposo? Se atreven delincuentes comunes que hace tiempo entendieron que la ineficacia del Estado está siempre a su favor. Se atreve un hombre que fue dejado en libertad y que había amenazado de muerte a la madre de Rubí. Se atreve ese que sabía que ni siquiera había orden de aprehensión en su contra. Se atreven los que intuían que el gobernador estaría distraído hablando, en lugar de proteger de inmediato a la familia de Marisela.

Tal vez la gran tragedia para este país es que una buena parte de la sociedad civil: activistas y defensoras de los derechos humanos, trabajan creyendo que ésta es una labor de colaboración con el Estado, que a pesar de las críticas hay una coincidencia en la meta: un país mejor. Pero en realidad las grandes coincidencias las tienen los delincuentes y el crimen organizado con el Estado mexicano. Ellos saben que mientras la sangre corre por las calles, los políticos, entretenidos en sus juegos de dimes y diretes, tras la puerta cerrada, enviarán condolencias mediáticas o por Twitter. Mientras que los delincuentes consideran una amenaza a las defensoras de derechos humanos, pero no al Estado.

Las madres y los padres van dejando la vida por ir tras la memoria de sus muertas, van siguiendo las huellas de violadores, asesinos, sicarios, narcotraficantes, tratantes o policías que, previendo su impunidad, se atreven a exterminar a sus novias, esposas, amigas, empleadas, esclavas o desconocidas. Y las matan porque quieren y porque pueden hacerlo. Porque, durante décadas, el gobierno de Chihuahua y sus procuradores ignoraron la creciente violencia, se coludieron con los victimarios, tiraron a locas a las madres que gritaban por la vida de sus hijas, descalificaron y cerraron la puerta en las narices a las activistas de derechos humanos que exigían que el Estado hiciera su trabajo, que creara las condiciones para abatir la pobreza, para promover la educación, para crear una ciudad segura.

Hace 15 años que viajo a Chihuahua; he documentado la ignominia de los malos y el poder de la sociedad civil, marché cruzando el puente y los parques al lado de mujeres valientes como Marisela. Aprendí a seguir creyendo a pesar de todo; descubrí de lo que es capaz una madre cuando su hija ha desaparecido, y aprendí que todas somos un poco madres de todas las niñas mexicanas. Nunca, en toda mi vida, he visto a una comunidad tan capaz de sobrevivir al dolor, tan unida a pesar de sus diferencias, tan fuerte para no darse por vencida, como Chihuahua y su Ciudad Juárez. En esa tierra he conocido a las mujeres más valientes, a los hombres más solidarios, poetas y académicos, periodistas y obreros. Secando las lágrimas con periódicos, con las manos unidas, nadie se dará por vencido en Chihuahua, eso quedó claro durante el sepelio de Marisela. Más allá de la indignación, de la ira, de la desesperación de este caso, la pregunta es: ¿cuándo los gobernantes de México tendrán la valentía y fortaleza de estas mujeres?