enero 21, 2011

El “amparo de los intelectuales”. Ayuda de memoria, 2

Héctor Aguilar Camín
acamin@milenio.com
Día con día
Milenio

El amparo promovido por un grupo de ciudadanos contra el artículo 41 de la Constitución, el llamado “amparo de los intelectuales”, que la Suprema Corte revisará en estos días, descansa en cinco argumentos. Uno de procedimiento, cuatro de principio.

El alegato de procedimiento es formal pero sustantivo. Los legisladores simplemente no siguieron todos los pasos legales necesarios para reformar la Constitución.

No hubo iniciativa de ley, ni comisión revisora de la iniciativa, ni dictamen de la comisión, ni debate parlamentario en ambas cámaras. Un grupo de diputados y senadores llevó un “proyecto de dictamen” al Senado y éste lo devolvió aprobado a la Cámara de Diputados, que lo votó también aprobatoriamente. La aprobación de la reforma por los congresos locales estuvo también plagada de irregularidades.

Los alegatos de fondo establecen que la reforma violenta cuatro principios fundamentales de la Constitución:

1. El principio de la libre manifestación de las ideas, contenido en el artículo 6, pues la reforma restringe los derechos de manifestar las propias ideas en espacios comprados a la radio y la televisión.

2. El principio de la no discriminación contenido en el artículo 1, pues la reforma discrimina en la difusión de sus ideas a quienes no pertenecen a un partido político.

3. El principio de libre asociación contenido en el artículo 9, pues la reforma obliga a asociarse a alguno de los partidos para poder emitir el tipo de mensajes en cuestión.

4. El principio de igualdad ante la ley, contenido en los artículos 1 y 13, pues la reforma da trato desigual a quienes pertenecen a un partido político y a quienes no.

Previsiones como las del artículo 41 puestas en una ley reglamentaria dejan abierto el espacio a la defensa de los agraviados. Inscritas en la Constitución son inatacables, pero introducen contradicciones insolubles entre libertades universales y restricciones particulares.

Los principios universales del constituyente originario, y no sus enmiendas coyunturales, son los que deben prevalecer en el código. El amparo plantea restituir su primacía.

Se trata, en el fondo, de una averiguación institucional sobre si el Congreso puede tener un contrapeso a la hora de reformar la Constitución y si la Suprema Corte está dispuesta a ejercerlo.

El alegato completo, hecho por Fabián Aguinaco, con peculiar solvencia de fuentes teóricas y jurisprudenciales, puede leerse en www.amparointelectuales.org.mx

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