enero 27, 2011

Epílogo, posdata y proemio

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

Cuando Diego Fernández de Cevallos fue puesto en libertad por sus secuestradores, el 20 de diciembre pasado, los "misteriosos desaparecedores" que se lo llevaron el 14 de mayo anterior parecieron cerrar el caso con un boletín titulado "Epílogo de una desaparición". Un mes más tarde, sin embargo, la Red por la Transformación Global, que firmó el comunicado decembrino, ha reaparecido para anunciar de modo explícito que continuará presente, y que "se vale de la violencia, más no como único ni fundamental recurso", sino como instrumento para "la construcción de un proyecto económico, político y social", que reconstituya la "condición humana que la vileza de los poderos nos arrebata".

La importancia del texto difundido el martes no radica sólo en reabrir el expediente Fernández de Cevallos, sino en que contiene un amago dirigido a todos. Por ello el comunicado se llama "Posdata y proemio". Los integrantes del grupo que secuestró a Fernández de Cevallos no son, si nos atenemos a lo que dicen de sí mismos, delincuentes mercenarios que se retirarán a vivir de las rentas que les deje el suponemos cuantioso pago por el rescate del político panista. Avisan que pueden insistir en operaciones como la que concluyó el mes pasado, es decir ejercer la violencia "constructiva" que, para esa Red, es un "recurso legítimo" que se proponen se sostenga en un "proyecto en el que su uso sea sólo un medio necesario".

Además de teorizaciones sociológicas y reflexiones filosóficas, el nuevo comunicado de la Red contiene referencias a dos hechos concretos, uno de los cuales permite validar por primera vez sus boletines. Relatan que su víctima durante más de siete meses fue condenado a muerte, pero que se concedió al sentenciado la ocasión de solicitar la conmutación de la pena. Para ello demandaron de Fernández de Cevallos la redacción de un pedimento para salvar su vida, que el secuestrado efectivamente preparó y firmó.

Tras la lectura al aire de Posdata y proemio, el ex candidato presidencial panista telefoneó el martes por la noche al periodista José Cárdenas para hacer precisiones. Las más importantes son las dos primeras, que se refieren a este punto: "Sí fui condenado a muerte el día anterior a mi liberación", aceptó. Y "sí solicité por escrito y con mi firma, la revocación de la sentencia de muerte", admitió también.

Si los hechos ocurrieron en esa sucesión cronológica, quiere decir que los secuestradores estaban dispuestos a ejecutar a Fernández de Cevallos aun después de haber cobrado por su libertad, lo que revela una sevicia intolerable y contraria a los propósitos humanísticos que proclaman. O la condena a muerte fue un acto meramente ritual, destinado a obtener una carta autógrafa que haga constar el cautiverio y la petición de clemencia de la víctima. No se trató, entonces, de una conmutación en sentido estricto, que es la asignación de una pena diversa de la de muerte, consistente en el pago de una cantidad de dinero que ya había sido recibida. Haber comunicado a la víctima que sería muerta es tal vez una de las "atrocidades" que se le infirieron, según el propio líder y litigante.

Por otro lado, los secuestradores niegan haber cometido el mismo delito en la persona de Eduardo García Valseca, que permaneció en manos de sus captores durante casi tanto tiempo como el panista. El empresario, que residía en San Miguel de Allende, Guanajuato, en el momento en que comenzó su cautiverio y ahora radica en Estados Unidos, ha insistido en que los captores de Diego y quienes lo privaron de la libertad por un lapso levemente mayor son los mismos, aunque los ha identificado por un nombre distinto, Tendencia Democrática Revolucionaria, de la que dice es un desprendimiento del Ejército Popular Revolucionario. En la caracterización del grupo que lo agredió, García Valseca parece estar influido por su abogado, José Antonio Ortega, un figurante que a menudo realiza sus actividades mezclando aspectos jurídicos, políticos y mediáticos. Es el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, una asociación civil desde donde litiga y se presenta como un adalid contra el secuestro y no como un postulante en esa materia, como puede lícitamente ostentarse.

García Valseca fue secuestrado el 7 de junio de 2007 y liberado el 24 de enero de 2008, después del pago de una cantidad menor de la originalmente demandada por sus captores. Desde entonces está en espera de que las autoridades den con los delincuentes que lo mantuvieron en un penoso cautiverio, sometido a maltratos. Su esposa, Jane Reyger, también secuestrada con él, fue devuelta a su vida cotidiana de inmediato para ocuparse de reunir el pago exigido por los captores. No hizo únicamente eso. Fue capaz de reunir valiosa información en torno al lugar donde se hallaba su marido, y tanto ella como él mismo ofrecieron a la Policía Federal información para el esbozo de seis retratos hablados.

Hace ya tres años que concluyó el cautiverio de García Valseca y las averiguaciones sobre ese delito no han rendido fruto alguno. La Procuraduría General de la República se queja de que la Policía Federal no ha presentado a la indagación ministerial el expediente del caso. Y tan enredada está esa corporación con ese asunto, con una dilación que se asemeja mucho a la complicidad, que el comisionado Facundo Rosas viajó la semana pasada a Austin para asegurar, por enésima vez a García Valseca que su asunto está por resolverse. Y a pedirle que no hable con los medios.

Cajón de Sastre

Cuando falta poco más de dos meses para el relevo gubernamental en Hidalgo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está resolviendo recursos de la coalición Hidalgo nos une, que presentó la candidatura de Xóchitl Gálvez. Los desahoga antes de enfrentarse al juicio principal en que se demanda la invalidez de la elección del 4 de julio, tras la cual el candidato priista Francisco Olvera obtuvo mayoría. En una sola sesión, ayer, la sala superior de ese tribunal se contradijo doblemente pues ordena sancionar a la alianza encabezada por el PRI por colocar propaganda en mobiliario urbano de Pachuca (pero deja al margen del proceso sancionador al candidato) y admite como legal la colocación de propaganda en un mercado público y postes de alumbrado, porque no consta quién ordenó colocarla, salida fácil que favorece la impunidad.

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