febrero 09, 2011

Caso Aristegui: a confusión de las partes…

José Carreño Carlón
Académico
El Universal

Si la confesión de parte releva a la contraparte de ofrecer pruebas, la confusión aparentemente deliberada de todas las partes parecería hacerlas sentirse relevadas de ofrecer razones, argumentos y evidencias para fundamentar sus filias y fobias.

Confusión combinada con falta de interés por conocer al menos las bases de los temas de discusión, esa parece ser la mezcla explosiva de la ruta a la irracionalidad, los dobles raseros y la descalificación que parecería trazarse con cada tema sometido a la discusión pública.

El caso de la salida de Carmen Aristegui de MVS parece ideal para ilustrar nuestra actual patología mediática y política. Hasta la hora de enviar estas notas la conductora no había hecho comentario alguno sobre la rescisión de su contrato por parte de la empresa. Probablemente estamos ante una estrategia aplicada en circunstancias similares anteriores, de alentar las voces victimadas de sus simpatizantes y las respuestas de sus contrarios para colocar el tema en el centro del debate público y desde allí lograr en su momento el mayor impacto en su reaparición en escena.

Es una estrategia eficaz y válida de la comunicación política, pero muy debatible desde la perspectiva del periodismo, en cuanto a que se está ocultando así la información y la posición de una de las partes con tal de alentar el clima de confusión del que medra la causa política.

Los puntos a debate

Pero esto no debería impedir el análisis de una serie de aspectos: libertades informativas y de opinión frente a impunidad de comunicadores para la ofensa personal, la fabricación de cargos y el daño institucional. Derechos de operadores de medios frente a derechos de empresas mediáticas. Potestades de los periodistas y de las empresas informativas, frente al derecho de escrutinio y de exigir cuentas de esas potestades por parte de los involucrados y los afectados por las decisiones de los periodistas y sus empresas. Todos somos directa o indirectamente afectados por las malas decisiones de comunicación pública.

Una voz tan respetables como la de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), que hizo ayer un llamado a favor de la conductora y en contra de su separación de la empresa, admite que las referencias de Aristegui “a la salud del presidente de la república no estaban sustentadas en hechos sino en apreciaciones subjetivas, a partir de una fuente de muy cuestionada verosimilitud”, pero que fueron manifestadas “en ejercicio de la libertad de expresión”.

Libertad y rendición de cuentas

Las preguntas son obvias. ¿Deben quedar impunes los daños causados por un ejercicio de la libertad de expresión que no se basa en hechos y parte de fuentes de muy cuestionada verosimilitud? ¿Los afectados —independientemente de lo que haya hecho o no la presidencia— tienen derecho o no a pedir una mínima reparación del daño, al menos en forma de disculpa pública? ¿La empresa informativa está atada de manos para aplicar correctivos a sus operadores por no sustentan en hechos sus apreciaciones y partir de una fuente de muy cuestionada verosimilitud?

Nadie debe poner en duda los derechos de los medios y de sus operadores —en cada escala de decisión— a decidir qué publicar y cómo hacerlo, pero nadie debería poner en duda los derechos de los afectados por las decisiones poco profesionales o poco éticas adoptadas.

Tampoco parece conducente negar el derecho de las empresas informativas a corregir a sus operadores, pero deben estar conscientes de que sus decisiones —igual que en toda esta cadena de derechos y responsabilidades— estarán sujetas al escrutinio y al debate públicos, y a la rendición de cuentas. Ojalá esta operación se hiciera en este y en los siguientes casos dejando de lado la confusión de las partes sin relevo de razones y pruebas.

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