Entre la libertad y la calumnia

Alberto Begné Guerra
abegne.guerra@gmail.com
Socio consultor de Consultiva
Excélsior

Hay quienes prefieren ignorar la frontera entre la libertad de expresión y la calumnia. Es cómodo. Ofrece licencias ilimitadas. Pero al hacerlo niegan el salto a la modernidad que, contra la intolerancia y los juicios morales, significaron el pensamiento liberal y el constitucionalismo. ¿Con qué derecho una persona daña la reputación de otra sin tener pruebas? Si las constituciones liberales tienen como razón fundamental —ética, política y jurídica— la defensa de la libertad y la vida privada de las personas, y establecen procesos que limitan la intromisión del poder público y de otros particulares en la esfera individual, ¿con qué autoridad alguien, en nombre de la libertad de expresión, vulnera esta esfera vital para la convivencia en la diversidad?

El despido de Carmen Aristegui de MVS ha desatado una polémica que debe ser examinada por encima de las pasiones y los juicios sumarios de las buenas conciencias que, con más odio que argumentos, jamás admiten un error ni dan cabida a la autocrítica. La destacada trayectoria de Aristegui no merece esta reducción de la inteligencia y la razón. Menos aún ser usada para alentar acusaciones y sentencias infundadas en contra de un empresario como Joaquín Vargas, quien se ha distinguido invariablemente por su honestidad, compromiso con la libertad y principios éticos en la conducción de sus empresas.

Un ejemplo lamentable: Denise Dresser, con el encono y la soberbia propios de su talante inquisitorial, puso a circular una carta dirigida al presidente de MVS que, en una de sus frases, retrata nítidamente los excesos de quienes asumen sin rubor una superioridad fuera de dudas: “Será tu versión de los hechos contra la de ella. Y en esa confrontación llevas todas las de perder…” Así, a priori, hay una versión buena, ganadora; y una versión mala, perdedora. No tiene desperdicio.

Creo, si los cruzados me permiten el derecho a diferir, que Aristegui se equivocó y transgredió un código ético. Basada en un rumor de autoría e intención confesas, sin un solo elemento informativo, ya no digo pruebas, hizo eco de la inaceptable calumnia de los diputados del PT contra el presidente Calderón. Incurrió en una práctica periodística sesgada y ambigua, contraria a los principios del constitucionalismo liberal, al exigir pronunciamientos o pruebas de inocencia ¡al acusado! Nada a los acusadores. Lo hizo, además, sin estar ante un asunto de interés público, pues en más de cuatro años de gobierno no ha habido un solo indicio o evidencia de una afectación al desempeño del Presidente por un supuesto problema con el alcohol. Sea el Presidente o cualquier persona, la falta es grave. ¿Es mucho pedir el reconocimiento de un error? Al parecer sí. La pureza no admite equivocaciones.