febrero 21, 2011

Feminicidios en Edomex

Miguel Ángel Granados Chapa
miguelangel@granadoschapa.com
Plaza Pública
Reforma

Hace una semana el gobernador Enrique Peña Nieto anunció una reforma administrativa, ministerial y judicial en torno de la violencia de género. Con cursilería que revela su mentalidad convencional, escogió el Día del amor y la amistad para dar a entender que es sensible a una de las deficiencias más acusadas de su gobierno, que se manifiesta en el crecimiento de las agresiones contra mujeres, que ha producido casi un millar de feminicidios en el término en que ha ocupado el Palacio de Gobierno en Toluca.

No lo hizo todavía. Sólo anunció intenciones. Dijo que presentará al Congreso estatal -que abre en marzo su periodo de sesiones ordinarias- un paquete de enmiendas y adiciones legales para tipificar delitos contra las mujeres. En el mismo sentido, anunció la apertura de una subprocuraduría especializada en ese tipo de ilícitos y la creación de juzgados dedicados a los procesos correspondientes. La subprocuraduría contará con oficinas en las diversas regiones de la entidad, y con un cuerpo de 200 agentes ministeriales especialmente entrenados. Actualmente funcionan 17 agencias especializadas en violencia sexual y familiar.

Con ese anuncio Peña Nieto parece perseguir tres propósitos. Por un lado, mostrarse sensible al fenómeno de la violencia de género: "Valoro y me sumo a las preocupaciones expresadas por los diversos actores sobre el tema". En segundo lugar, establecer en sus propios términos, sin intervención y mucho menos supervisión externa, las acciones que se le han demandado. Y en tercer lugar, lavarse la cara después de su actitud en sentido contrario expresada exactamente un mes atrás. Entonces minimizó la importancia de los feminicidios en el Estado de México, con argumentos zafios como que se trataba de politizar en su perjuicio un fenómeno social de alcance nacional y que el caso mexiquense no era el peor.

El gobierno mexiquense ha de calcular que con estas medidas (por ahora sólo anunciadas) elude la posibilidad de que se emita una alerta de violencia de género como se pretendió hacer al comenzar el año. Esa figura jurídica se halla establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Es un mecanismo cuyo objetivo es "ubicar las zonas del territorio nacional con mayor índice de violencia hacia las mujeres (a fin de) detectar en qué órdenes de gobierno no se cumple la ley, además de la zona en que más se violentan los derechos de la mujer, y de esa manera sancionar a quienes las transgredan".

Puesto que sería vano poner en manos de la autoridad infractora la adopción de medidas que desalienten la violencia, se hace necesaria la intervención de un consejo nacional de integración "que asuma la responsabilidad de la violencia de género en una zona determinada". No se trata, en modo alguno, de una lesión a la condición soberana de las entidades, ni de suplir el cumplimiento de las responsabilidades atribuidas por ley. Se trata de un mecanismo que impida la elusión de esas responsabilidades mediante la supervisión social.

El 8 de diciembre pasado dos organismos civiles, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio demandaron que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) iniciara la investigación tendiente a establecer, si el caso lo ameritara y cumplidas las formalidades del procedimiento, una alerta de violencia de género en el Estado de México. Apoyaron su petición en un sólido estudio doctrinal y legal sobre el fenómeno, y en información oficial sobre la creciente privación de la vida de mujeres en esa entidad. Entre enero de 2005 y agosto de 2010 se habían registrado 922 casos de homicidios dolosos de mujeres. Los casos se concentraron (en un porcentaje de 54 por ciento) en 10 municipios, todos de la zona conurbada con el Distrito Federal. Ecatepec de Morelos ocupa el deplorable primer lugar en la lista con 118 asesinatos violentos. Casi sobra decir que la alta frecuencia de esos crímenes no va seguida de los castigos correspondientes, pues no se identifica y detiene a los perpetradores de tales delitos. Mujeres migrantes cuentan de manera relevante entre las víctimas. Y en todos los casos se echa de ver una misoginia que impide poner atención en las investigaciones y en casos extremos lleva a la criminalización de las víctimas: ellas se lo buscaron.

El SNPASEVM está compuesto por ocho dependencias federales y por las oficinas de atención a las mujeres de las entidades federativas, que en los hechos representan a los gobernadores. El pleno del Sistema se reunió el 11 de enero y por mayoría de votos -formada por las delegaciones de los gobiernos priistas- se rechazó iniciar el procedimiento que debería culminar con la emisión de la alerta por violencia de género.

A pesar de que salió beneficiado por esa decisión, Peña Nieto descalificó el intento: "Despierta cierta sospecha que se quiera hacer esto en el Estado de México, justamente en el año de su proceso electoral, cuando no es la entidad con la mayor incidencia de estos casos, sin dejar de reconocer que este es un problema social que hay que atender bajo distintos enfoques y aristas".

Pretende hacerlo ahora, tras el disimulo inicial. Aguardemos a conocer sus proyectos y a medir la eficacia de las medidas que no requieren reformas legales, para saber si se trata de acciones genuinas o son meramente cosméticas conforme su culto a la apariencia obliga a suponer.


Cajón de Sastre

Nacido el 11 de abril de 1934, Humberto Murrieta Necoechea tuvo cuatro vidas. La primera y perdurable fue su vida familiar, su unión con su esposa María Eugenia Romo, de que brotaron cinco hijos y 17 nietos. Tuvo una vida profesional como miembro del principal despacho de contaduría de México, del que llegó a ser presidente, como también presidió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación Latinoamericana de Contabilidad, amén de haber enseñado durante 20 años en su alma mater, la Facultad de Contaduría de la UNAM. Tuvo una vida pública, como oficial mayor de la Cámara de Diputados, cuando el PRI perdió allí la mayoría, y consejero del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Y tuvo una vida de servicio social como consejero de Transparencia Mexicana y de la Fundación Este País y la revista del mismo nombre.

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