marzo 10, 2011

¿Narquito Agúndez?

Yuriria Sierra (@YuririaSierra)
Nudo Gordiano
Excélsior

Al parecer el gobierno de Baja California Sur ayer tuvo sus líneas muy ocupadas, pues no hubo quien nos contestara la llamada...

Mi compañero Raúl Flores realizó una investigación en Baja California Sur de la que ayer Excélsior dio cuenta en su primera plana: el todavía gobernador del estado, Narquito, digo, Narciso Agúndez Montaño, asistió y cortó el listón del remodelado aeródromo Las Arenas. Esto no tendría nada de extraño si habláramos de una inversión impulsada por el gobierno y cuyos beneficios estuvieran dirigidos a una industria privada plenamente identificada como... “derecha”, digamos. El escándalo está en que dicha terminal cayó en manos de Joseph Angelo Bravo... y él, ¿quién es? Un “empresario” estadunidense que, en 1994, una corte de ese país lo sentenció a 87 meses de prisión por estar involucrado en el tráfico de cocaína.

En la misma investigación, se agrega que la Ley de Aeropuertos dice que nadie con antecedentes penales que incluyan una sentencia mínima de un año por un delito de tipo doloso puede ser titular de un permiso, en este caso, concesión, para operar un aeródromo. También dice esta ley que todas las concesiones deben notificarse a la Secretaría de Comunicaciones y, si en un plazo de 30 días no se encuentran razones para objetar la decisión, se da por aprobada.

Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que un reportero, que sustenta su investigación en documentos hoy en su propiedad, puede concluir y dar estos datos y ganarle a las autoridades, quienes en teoría deberían estar al tanto?

Y digo en teoría, porque ayer, para la Segunda Emisión de Cadenatres Noticias, intentamos hacer contacto con las autoridades correspondientes. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos remitieron con el gobierno estatal, pues, según nos comentaron, ese tipo de concesiones son única y exclusiva responsabilidad de las autoridades locales, ellos, la SCT, sólo tienen injerencia en el tráfico de los cielos, mas no de los operadores de puertos aéreos concesionados, aeródromos, en este caso.

Pero, al parecer, el gobierno de Agúndez Montaño en Baja California Sur tuvo ayer sus líneas muy ocupadas, pues no hubo quien nos contestara la llamada para darnos razón o, al menos, para reflejar sorpresa. Intentamos entonces acercarnos a Marcos Covarrubias, el gobernador electo que se encuentra a nada de tomar posesión, pero tampoco tuvimos suerte. Y es que será en manos de su gestión en donde quedará la responsabilidad de la que, hasta estos momentos, no hemos tenido noticias o aclaraciones de fuentes oficiales.

Porque es difícil no seguir la nota sin sospechosismos que nos dirijan al narcotráfico. No sólo es su acusación per se, sino el hecho de que el que defendió a Angelo Bravo en su proceso legal en Las Vegas fue David Z. Chesnoff, uno de tantos abogados del diablo, conocido en nuestro país por defender a Chin Shu Lana, Zhenli Ye Gon.

Además, tal aeródromo fue cerrado en 2008, por las denuncias que había sobre una actividad irregular constante en sus terrenos y en los alrededores, como presencia de hombres armados y demás...

¿Qué debemos esperar si ninguna autoridad, entrante o saliente, es capaz de darnos una explicación? Muy presente estuvo el gobernador en esta “inversión”, pues decía que para su gobierno era importante fomentar la inversión privada que resultara en mejores empleos para los ciudadanos. Sólo le faltó aclarar si estos empleos e inversiones, eran o no, de carácter legal...

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