marzo 12, 2011

Pre-sun-tos

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

Si el agente Jaime Zapata hubiese sido mexicano, la situación sería otra. Habría pasado a formar parte de la lista de las 30 o 35 mil víctimas, y a la fecha no habría responsables de su muerte

No hay sistema de impartición de justicia perfecto. Basta recordar el affaire Dreyfus en Francia, Sacco y Vanzetti en Estados Unidos y, más recientemente, en los años ochenta, el caso de una familia (hijo y madre) en California que fue injustamente encarcelada durante siete años por un supuesto abuso sexual masivo de niños.

Sin embargo, lo que ocurre en México es grave e inaceptable porque los excesos y las aberraciones del sistema judicial no son la excepción sino la regla. Eso es lo que la película Presunto culpable ilustra contundentemente.

Nuestro sistema de justicia no detiene ni procesa a los delincuentes -la tasa de impunidad ronda el 99 por ciento-, fabrica presuntos culpables. Pero, además, funciona -cuando lo hace efectivamente- a dos velocidades. El asesinato de Jaime Zapata, agente de inmigración de Estados Unidos, fue resuelto en una semana. Tiempo récord, y más tratándose de una banda de narcotraficantes los detenidos.

Si Zapata hubiese sido mexicano, la situación sería otra. Habría pasado a formar parte de la lista de las 30 o 35 mil víc- timas, y a la fecha no habría responsables de su muerte. Es más, con un poco de "suerte", como ocurrió con el caso de los jóvenes en Tijuana, podría haber sido señalado como integrante de alguno de los cárteles, es decir, como responsable de su propia ejecución.

Sin embargo, todos somos Jaime Zapata. Si la versión de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Procuraduría General de la República es correcta, el "contacto visual" y la confusión -los sicarios creyeron identificar a dos integrantes de otro cártel- fue accidental. Los agentes estadounidenses se detuvieron en el momento y lugar equivocados.

Ese riesgo es el que ahora corremos todos potencialmente. El lugar equivocado puede ser un bar, un centro comercial o una carretera. Y no sólo una carretera perdida. Porque la súper Monterrey-Ciudad de México es una de las más transitadas y vigiladas de la República.

Pero las malas noticias vienen, además, del otro lado de la frontera. ¿Cómo se explica que una de las armas que dispararon los sicarios haya sido parte de la operación encubierta "Rápido y furioso" de las autoridades estadounidenses? O peor aún, ¿Por qué sólo en ese momento, y no antes, se efectuó una redada que condujo a la detención de 500 personas vinculadas al tráfico de drogas?

El agente de operaciones especiales de la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), Louis Garcia, fue franco: "Éste es un asunto personal en honor de Jaime Zapata". Y bueno, no está mal que así sea. Conservar el espíritu de cuerpo de una corporación no es pecado. Pero, ¿no se trata también de una estrategia de cooperación con un país vecino, donde el número de asesinatos supera ya los 30 mil?

El asunto se torna más grave por el contexto. El tráfico de armas no ha sido controlado del otro lado de la frontera. Y, ahora, la detención del alcalde, Eddie Espinoza, y del jefe de la policía, Angelo Vega, de Columbus, Nuevo México, viene a poner sobre la alfombra lo que muchos denuncian. El negocio de la droga y de las armas implica organizaciones y complicidades del otro lado de la frontera.

La reacción inmediata de las diferentes instancias del gobierno federal estadounidense, particularmente el FBI, no son sospechosas, más bien confirman que tienen información y conocimiento de esas redes, pero que se habían guardado de actuar contra los responsables. Lo que los deja y nos deja en una situación inaceptable. Porque no se puede exigir al vecino que eche toda la carne al asador, cuando en casa no se hace lo propio.

La gran pregunta es, ¿hasta dónde ha penetrado y se ha desarrollado el crimen organizado en torno al tráfico de drogas en Estados Unidos? ¿Se trata sólo de algunos condados en los estados fronterizos que han sido "contaminados" por los cárteles mexicanos? ¿O estamos hablando, dado el volumen multimillonario de ese tráfico, de un fenómeno extendido por todo el país?

Si lo cierto es lo segundo, es decir, si se trata de un fenómeno extendido y con un alto poder de corrupción, se pueden inferir dos cosas: a) las autoridades federales, estatales y los condados mantienen ciertas reglas no escritas y acuerdos implícitos con las organizaciones criminales; b) eso implicaría "tolerancia" para el tráfico de drogas a cambio de que no se violente la seguridad y la paz, mediante otro tipo de delitos (secuestros, asaltos, extorsión).

Si esa hipótesis es correcta, de este lado estamos en el peor de los mundos. De entrada, porque los capos de la droga se han convertido ya en un poder que desafía al Estado y adquiere control sobre territorios y vidas. Pero además, porque la ofensiva contra los cárteles no se ha traducido en una contención de los mismos.

Antes bien, y para nuestra desgracia, se ha cumplido la vieja sentencia de Niétzsche: lo que no te mata, te fortalece. La declaratoria de guerra de Calderón, independientemente de si no había otra posibilidad, ha generado una especie de metástasis del crimen organizado.

La cuestión está en que no hay una salida fácil ni rápida. Algunos cálculos, prudentes, estiman un periodo de 10 años para solucionar el problema. Y no sólo eso. Desde finales de 2006 a la fecha, las fuerzas políticas en su conjunto, incluidos los partidos de oposición más fuertes, no han querido avanzar en una estrategia para fortalecer al Estado y posibilitar el retiro de las Fuerzas Armadas del frente de batalla.

En otras palabras, mientras de este lado de la frontera el futuro de la guerra se ve complicado, sangriento y largo, del otro no parece haber mayor urgencia. Así que o salimos nosotros o nadie nos salva.

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