marzo 09, 2011

Presunta censura

Sergio Sarmiento
Jaque Mate
Reforma

"En México, ser inocente no basta para ser libre".
Lema de Presunto culpable

Si al final los tribunales mexicanos determinan que los realizadores de Presunto culpable -un trabajo periodístico con imágenes grabadas en un juicio público- debían haber obtenido para su exhibición autorización de una de las personas que aparece en el trabajo, el resultado sería un golpe brutal a la libertad de expresión en nuestro país.

¿Habría algún político dispuesto a dar su permiso para que se le exhibiera en un trabajo periodístico crítico? ¿Se imagina usted a René Bejarano otorgando a Brozo su autorización para difundir imágenes suyas en el momento de recibir fajos de dólares del contratista Carlos Ahumada? ¿Cree usted que un policía a quien se grabara subrepticiamente recibiendo una mordida daría su bendición para que se exhibiera su imagen?

Inquieta que una juez de distrito en materia administrativa, Blanca Lobo Domínguez, haya ordenado a la Secretaría de Gobernación ejercer una censura contra un trabajo periodístico. El temor se multiplica ante la posibilidad de que el fallo definitivo proponga el criterio de que un trabajo periodístico debe tener para su exhibición la autorización previa de las personas que muestra. Esto acabaría con la posibilidad de tener un periodismo independiente en nuestro país.

Hay razones para pensar que la Secretaría de Gobernación ni siquiera tiene las facultades para censurar un trabajo periodístico, como lo ordenó la juez Lobo. En los regímenes autoritarios el gobierno decide qué películas, impresos u otros instrumentos de información pueden difundirse públicamente. En un país de libertades la autoridad puede autorizar la clasificación de una cinta pero no permitir o prohibir su exhibición.

No coinciden los juzgadores sobre si es legal o no decretar una suspensión provisional que despoje a terceros del derecho de ver una película o un trabajo periodístico. En contraste con la censura ordenada por la juez Lobo, otra juez de distrito desechó una suspensión provisional en un juicio promovido por familiares de la víctima del homicidio del que surge el caso. Ayer mismo, por otra parte, el sexto tribunal colegiado en materia administrativa revocó por unanimidad la suspensión provisional ordenada por la juez Lobo.

Un elemento paradójico de la suspensión es que sólo detenía las exhibiciones de Presunto culpable en salas comerciales. Dejaba en cambio el camino abierto a la piratería. Si usted quería ver Presunto culpable ayer, podía comprar la película por 10 pesos en el Metro o verla en YouTube.

La decisión del tribunal colegiado, sin embargo, no resuelve la amenaza contra la libertad. El juicio del falso testigo para imponer una censura a Presunto culpable continúa y la libertad de expresión en nuestro país depende del resultado.

Los productores de Presunto culpa- ble, Layda Negrete y Roberto Hernández, han logrado ya uno de los objetivos de su trabajo: generar una discusión amplia sobre el disfuncional sistema de justicia de nuestro país, en el cual quien nada debe todo teme. Pero la película está produciendo además una sana discusión sobre la libertad de expresión en nuestro país.

En eso la moneda está todavía en el aire, a pesar de que los artículos sexto y séptimo de la Constitución y el 13ero de la Convención de San José supuestamente garantizan este derecho. Si el proceso administrativo en contra de Presunto culpable lleva a la aplicación de una censura definitiva, México será un país con una muy disminuida libertad de expresión.

LUNA RAMOS

La ministra Margarita Luna Ramos de la Suprema Corte ha cometido una grave falta ética al defender públicamente la posición de la juez Blanca Lobo Domínguez en su censura a Presunto culpable. Los ministros deben ser neutrales ante un caso que puede llegar a su consideración. El "pre-juicio" de Luna Ramos debería descalificarla de participar en cualquier sesión de la Corte en que se considere el caso.

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