abril 23, 2011

13 Noes y síes

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

El Ejército no regresará a sus cuarteles cuando haya contenido al crimen organizado, sino cuando existan cuerpos policiacos capaces de sustituirlo en esa batalla

1.¿Se puede sacar al Ejército del combate al narcotráfico? No de un día para otro y ni siquiera en el mediano plazo. No importa de qué color será el próximo presidente de la República. Sea azul, amarillo o colorado deberá mantener el combate al crimen organizado. La ausencia de control de territorios y carreteras es síntoma de un Estado que está perdiendo el monopolio de la violencia física legítima.

2. ¿Se puede esperar que el Ejército se imponga sobre el crimen organizado? Si se entiende por "imponerse" el aniquilamiento de las bandas criminales, la respuesta es: no. Las organizaciones delincuenciales siempre han existido. La cuestión es que no tengan la fuerza para desafiar al Estado y crear situaciones de ingobernabilidad. Y eso es justamente lo que está pasando en México.

3. ¿Se pueden y deben mantener las policías municipales? En teoría sí. La Constitución las contempla como una atribución de los cabildos. En la práctica es una discusión que no tiene sentido. Primero, porque no garantizan la seguridad de los ciudadanos. Segundo, porque los más de 2 mil cuerpos policiacos no son reformables ni homologables. Tercero, porque urge dar una respuesta a la crisis de seguridad que vive el país.

4. ¿Se puede postergar la creación de policías estatales únicas? Todo se puede y, de hecho, es lo que está ocurriendo. Tanto el PRI como el PRD mantienen en la congeladora la iniciativa que envió Felipe Calderón. Pero ese retraso, absolutamente injustificado e irresponsable, no hará más que prolongar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Porque el Ejército no regresará a sus cuarteles cuando haya contenido al crimen organizado, sino cuando existan cuerpos policiacos capaces de sustituirlo en esa batalla.

5. ¿Se debe archivar la estrategia de crear una policía nacional única? No, aunque por el momento está completa y absurdamente politizada. Pero si el deterioro continúa y no se logran avances, como ha venido sucediendo, las mismas circunstancias pueden ponerla como parte de la agenda política nacional. El próximo Presidente, quien quiera que sea, podría verse obligado a replantear la cuestión.

6. ¿Se debe coartar la participación de los ciudadanos en materia de seguridad? No, el caso del municipio de Ascensión, Chihuahua, fue ejemplar. Los vecinos se enfrentaron y detuvieron a un grupo de secuestradores. La Constitución del 57 establecía el derecho de todo ciudadano a portar un arma. Hay que volver a ese espíritu y otorgar a los ciudadanos el derecho elemental de la autodefensa. Sobre todo en los municipios más aislados y vulnerables.

7. ¿Han sido definidos los objetivos con claridad por el presidente de la República? No, no lo ha hecho con precisión. Debe partirse, primero, de que ni el tráfico de drogas -mientras no se legalice- ni el crimen van a desaparecer. Después, se deben plantear metas y objetivos muy precisos. La naturaleza de la violencia y la forma de operar de los cárteles no es idéntica. Y por último, toda estrategia debe establecer prioridades: no se puede golpear a todos al mismo tiempo.

8. ¿Cómo comple- jizar la estrategia? De- finiendo perfiles y geo- grafía. No es lo mismo la violencia que se vive en Michoacán bajo La Familia que la brutalidad de los Zetas en Tamaulipas. O ahí está el caso de El Jabalí, jefe de la plaza de Sonora, que tenía instrucciones de El Chapo, según su testimonio, de impedir los secuestros y el cobro de derecho de piso.

9. ¿Antes de golpear indiscriminadamente hay que evaluar las consecuencias? Sí y no se ha hecho. La muerte de Ignacio Coronel en Guadalajara ilustra a la perfección aquello que no hay que hacer. El mismo día del enfrentamiento en que murió Coronel el gobierno federal reconoció que habría una espiral de la violencia asociada a la disputa por el control de la plaza. El pronóstico se ha cumplido a cabalidad. La pregunta es si valía la pena abrir ese nuevo frente, sabiendo que se saldría de control, cuando Monterrey y la frontera estaban ya ardiendo.

10. ¿Hay que pactar con el crimen organizado? Esa pregunta impone otras dos: ¿cómo y con quién? No es evidente, de entrada, que así haya sido en el pasado. Los gobiernos priistas ejercían una forma de control sobre la delincuencia organizada. Eran otros tiempos e instituciones. El presidencialismo y el partido hegemónico le daban contenido y funcionalidad. No es casual que la transición y la transformación del régimen político hayan corrido parejas a la crisis de seguridad que hoy vivimos.

11. ¿Dónde está entonces el meollo del problema? Por una parte, en el debilitamiento del régimen presidencial. Por la otra, en el fortalecimiento de los gobernadores y los estados. Esto se ha traducido en una actitud oportunista e irresponsable, sin importar la marca de origen, de los ejecutivos locales. De ahí que esquiven el problema de la seguridad en cada una de sus entidades y le endosen la factura al gobierno federal.

12. ¿Por qué no hay un consenso nacional para combatir al crimen organizado? Porque a la clase política aún no le ha llegado la lumbre a los aparejos y está haciendo cálculos políticos hacia el 2012. Así que de ahora a la elección presidencial no hay nada que esperar. Seguiremos siendo rehenes de los delincuentes mientras los partidos y sus candidatos se preparan para la batalla por Los Pinos.

13. ¿Qué se puede hacer hasta entonces? Deslindar responsabilidades y exigir que cada uno asuma la que le corresponde. La campaña No Más Sangre contra Calderón es una cortina de humo que exculpa a los demás. Muy ad hoc, por cierto, para López y sus maraqueros que ya están de regreso.

No hay comentarios.: