abril 02, 2011

Desamparados

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

La ley de amparo en México protege a quien lo solicita, pero deja en el desamparo a quien no efectuó el trámite correspondiente. La contradicción es legal porque la ley está mal diseñada

¿Por qué en la elección presidencial de 2012 Elba Esther Gordillo tendrá todo el derecho y el tiempo en medios electrónicos -confiscado y otorgado por el Estado- para bombardearnos con spots edulcorados y cursis del Partido Nueva Alianza?

¿Por qué los ciudadanos que estamos hartos de los abusos de "la maestra", que literalmente saquea las arcas de la SEP y el IFE, no tendremos derecho a denunciarla ni hacer una campaña contra del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y su partido Nueva Alianza?

Respuesta: porque así lo marca el artículo 41 de la Constitución. ¿A partir de cuándo? De 2007 cuando fue aprobada la reforma (perdón, contrarreforma) electoral. ¿Quién y cómo la aprobó? Todos los partidos políticos. ¿Incluyendo al PAN, el partido de Gómez Morin? Sí, y con la anuencia del presidente de la República.

¿Y no hay manera de detener y reparar este atentado contra la libertad de expresión? Algunos pocos supusieron que sí. Quince ciudadanos -intelectuales y periodistas- se ampararon para proteger su derecho a expresar sus ideas. El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La Corte tardó mil 183 días en emitir un fallo definitivo, que no fue favorable a los intelectuales. El ministro Jorge Pardo, recién electo miembro de la SCJN, fue el encargado de redactar la resolución. Según Pardo, "de concederse el amparo solicitado, sería para que a los quejosos no se les aplicara el régimen constitucional vigente... y al resto de los habitantes... les aplicaría el artículo 41 constitucional vigente".

El novel ministro Pardo no se equivoca. Describe lo que es. La ley de amparo en México protege a quien lo solicita, pero deja en el desamparo a quien no efectuó el trámite correspondiente. La contradicción es legal porque la ley está mal diseñada. Si una ley secundaria o una reforma constitucional viola los derechos de uno(s) es que viola los derechos de todos y, por lógica elemental, debería hacerse universalmente extensiva.

El principio y el espíritu que fundamenta la contradicción de la ley de amparo y que obliga a una reforma a fondo es muy simple: a) la ley es la misma para todos; b) si la ley viola los derechos de uno o varios, viola los derechos de todos; c) el derecho de amparo para uno no puede traducirse sino en el derecho de amparo para todos, porque ante la ley todos los ciudadanos somos iguales y gozamos de los mismos derechos.

El ministro Pardo subestimó, además, los efectos sociales y jurídicos de cualquier resolución, pero en particular de una que enfrentaba a un grupo de ciudadanos al poder de la partidocracia. Dicho de otro modo, un fallo favorable a los quejosos hubiera deslegitimado la contrarreforma electoral 2007 y hubiera obligado al Congreso a revisarla.

Pero el fondo de problema no se agota allí. Los ministros están divididos ante una cuestión fundamental. La mayoría considera que la Suprema Corte tiene por función vigilar que no se viole la Constitución. Nada más. De manera tal que cuando un artículo es incorporado a la Carta Magna por el Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados ya no hay nada que hacer.

Esta visión deja a los ciudadanos inermes frente a los abusos del legislador. Pon- go un ejemplo: si mañana los señores diputados y senadores aprueban -por mayo- ría calificada (2/3 de los legisladores) y luego ratificada por la mayoría de las legislaturas estatales- una ley que prohiba el trabajo femenino o discrimine por el color de la piel o las preferencias sexuales, la mayoría de los ministros guardaría silencio y acataría el mandato.

La contradicción es mayor y obliga a formular una pregunta muy sencilla: si la SCJN no tiene otra función que acatar y callar frente al Poder Legislativo, ¿para qué diablos sirve y la queremos? La historia tiene, al respecto, varias lecciones. Me concentro en una.

Primero de septiembre de 1982. José López Portillo decide estatizar la banca. Lo hace mediante un decreto. Él mismo reconoce que adolece de fallas. Posteriormente, elabora y manda al Congreso una reforma constitucional. El Congreso y las 32 legislaturas, todas priistas, aprueban la reforma. Los banqueros afectados interponen un juicio de amparo ante la SCJN.

La reforma, que pretendía salvar las lagunas legales del decreto expropiatorio, estaba llena de contradicciones porque violaba otra serie de artículos constitucionales. Sin embargo, la mayoría de los ministros -que entonces eran 19- votaron en contra. Su razonamiento fue idéntico al que priva hoy. Una vez reformada la Constitución la Corte no tenía nada que decir. Por eso jamás examinó el fondo de la cuestión.

En aquel entonces hubo dos notables excepciones: Alfonso González Aparicio y Atanasio Martínez. Sus votos quedaron como testimonio, honorable para ellos y vergonzoso para sus pares, de cómo el poder presidencial supeditaba al Poder Judicial.

Hoy, a 29 años de distancia, muchas cosas han cambiado en este país. El poder discrecional y absoluto de la Presidencia de la República ya no existe. La Suprema Corte tiene independencia y en el Congreso no manda una sola fuerza. Y sin embargo, sin embargo, han aparecido constelaciones -y confabulaciones- nuevas de poder que, como la partidocracia, atentan contra libertades esenciales.

Que ante tales abusos la Suprema Corte no tenga nada que hacer ni decir es espeluznante y desmoralizante. La única opción que nos queda a los ciudadanos en esta circunstancia es recurrir a las instancias internacionales -como anunciaron los 15 ciudadanos quejosos- para revertir los atentados contra las libertades. ¿Ésa es la justicia a la que tenemos derecho?

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