abril 28, 2011

Irresponsabilidad política

Carlos Elizondo Mayer-Serra
elizondoms@yahoo.com.mx
Reforma

Por el brutal asesinato de siete jóvenes en Morelos, los diputados locales del PRI pidieron juicio político contra el gobernador panista. Tienen razón. Los jefes de policías corruptos o incompetentes deben pagar un costo político por fallar en sus responsabilidades, aunque a estos diputados sólo les preocupa el gobernador del PAN y no el presidente municipal de Cuernavaca del PRI. Importa atacar al enemigo, no enfrentar el problema de seguridad.

En Tamaulipas o en Durango donde el horror es mucho mayor no parece haber responsables políticos por los más de 250 cadáveres aparecidos en fosas clandestinas. Los priistas no han pedido juicio político contra sus gobernadores, aunque están evidentemente rebasados. En este caso ni marchas de la sociedad civil se han organizado. Los muertos son ciudadanos del montón.

No sólo la dimensión de la tragedia es mucho mayor en Tamaulipas y en Durango que en Morelos, sino que los cadáveres aparecidos en las fosas se fueron perdiendo poco a poco, pero la autoridad nada hacía. Las denuncias de los familiares de los desa- parecidos no fueron atendidas y los dueños de las empresas de autobuses preferían no denunciar los secuestros de sus pasajeros. Tampoco ha pasado nada por esta criminal omisión.

Los medios de comunicación no suelen asignar responsabilidades. Por ejemplo, reportan la colusión de la policía en Reynosa con el crimen organizado, pero no sabemos quién es el presidente municipal de esa ciudad. Mucho menos lo suelen entrevistar.

El presidente Calderón ha cargado con buena parte del costo de la violencia creciente que vivimos. Asumió como propia la bandera de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, por lo que ahora no le es fácil compartir responsabilidades con otros niveles de gobierno que en muchos estados no quisieron asumir los costos que implicaba desafiar a las organizaciones criminales. El Presidente difícilmente podía no hacer nada ante mafias criminales cada vez más poderosas y que tenían en jaque a más de un gobernador. La intervención militar en Michoacán fue por petición expresa del entonces gobernador Lázaro Cárdenas. Sin embargo, no parece haber prioridades en esta lucha y no existe una coordinación eficaz de las distintas agencias federales.

Pero el problema de la violencia no lo puede resolver el gobierno federal por sí mismo. Las policías locales son parte del origen del problema y deben ser el principio de la solución. Si bien la política federal en materia de seguridad es una, la violencia es muy distinta a lo largo del país, desde la tranquilidad de Yucatán al infierno de Tamaulipas. Si la pobreza explicara la violencia, el estado fronterizo con más problemas sería Chiapas y Nuevo León sería de las entidades más seguras. Si el gobierno federal fuera el único culpable del problema, no tendría que haber mayor diferencia entre la relativa mejora de Tijuana y el horror creciente de Ciudad Juárez.

Hay estados casi sin fuerza pública estatal. En Nuevo León hay menos de mil elementos. En otros, además de que son pocos están concentrados en el cuidado de políticos y empresarios notables, como en Quintana Roo, donde al menos 300 policías estatales cumplen esa tarea, incluida la protección de funcionarios que ya dejaron sus responsabilidades.

El grueso de los gobernadores no quiere un mando único federal, por lo que han frenado la reforma del presidente Calderón que busca una policía nacional, pero tampoco quieren hacerse responsables del desastre. Se están saliendo con la suya. La ciudadanía no les está cobrando a los gobiernos locales la violencia creciente. En Chihuahua ganó nuevamente el PRI en el 2010 tanto la gubernatura como la presidencia de Ciudad Juárez.

La estrategia de poner militares como titulares de las secretarías de Seguridad Pública no ha funcionado. En el mejor de los casos son severos y honestos, pero ser policía es un trabajo más sutil que la labor militar. Hay que construir policías efectivas. No se trata de hacer policías a los militares.

Si el problema fueran las políticas del gobierno federal, bastaría retirar a las fuerzas federales. Que lo pida quien así lo desee, pero es fácil imaginar el desenlace, amén de tenerse que hacer responsables de los problemas de seguridad de su entidad.

Por años pensamos que el narcotráfico y el crimen organizado eran un problema de Estados Unidos, ahora creemos que es sólo del Presidente. Ya es hora de ver que es responsabilidad de todos.

No hay comentarios.: