junio 09, 2011

Abuso e impunidad

Carlos Elizondo Mayer-Serra (@carloselizondom)
elizondoms@yahoo.com.mx
Reforma

¿Cuáles son las razones detrás de la detención de Jorge Hank? Quedan muchas interrogantes, pero es dudoso que las armas hayan sido sembradas, aunque la memoria del quinazo nos lleve fácilmente a ello. En el caso del ex alcalde de Tijuana, quien entra y catea su casa es el Ejército, el cual tiene mayor autonomía respecto al presidente Calderón que la Policía Federal o la PGR, por lo que no es fácil creer que se prestaría a ese montaje. Además, el enredo aumenta ante la primera reacción de la esposa de Hank, que fue decir que las armas estaban registradas. La autoridad ha confirmado que una parte sí estaba, el problema para Hank es que muchas no y entre ellas hay 49 de uso exclusivo del Ejército.

Ahora bien, suponiendo que ahí estaban las armas y alguien dio el pitazo o el Ejército sabía de su existencia, la autoridad tiene la obligación de hacer cumplir la ley, por más que se enojen los de uno u otro partido. Si el miedo a la reacción de los partidos de oposición es razón para no actuar, se genera impunidad, pero es quizás este miedo el que esté detrás de la inacción en casos de ex gobernadores donde parece haber razones suficientes para actuar. La cercanía con sus propios partidarios quizás explique la inacción con respecto a casos similares del PAN.

Para creer que se trata de un castigo político habría que suponer que muchos ex presidentes municipales de todos los colores guardan armas de ese calibre en su casa, pero seleccionaron a Jorge Hank por razones políticas. Sin embargo, parece que es una peculiaridad de Jorge Hank guardar armas, como lo es su peculiar forma de ver el mundo, aunque eso no es ilegal. Tener armas de alto calibre sí lo es y puede ser motivo suficiente para pasar varios años en prisión.

Mientras sabemos con qué evidencia adicional se cuenta, lo que vamos a enfrentar es un debate jurídico-técnico respecto a la legalidad de la acción contra Jorge Hank. Acciones que el Ejército hace cotidianamente ahora van a ser vigiladas bajo la lupa de la legalidad porque el detenido no es un ciudadano común y corriente.

Los detalles procesales de la ley no son triviales es parte de lo que nos da certidumbre jurídica. Por ello urge regular cómo y para qué pueden estar los militares en la calle. Hoy no podemos simplemente regresarlos al cuartel. Sería dejar en tierra de nadie a la sociedad, donde hoy ellos hacen una labor tipo policía, aunque no tienen ni el entrenamiento ni las bases jurídicas para ello.

El reto del gobierno de Calderón será mostrar que la detención es legal y que tiene en esta ocasión un caso sólido en contra de Jorge Hank por acopio de armas. De lo contrario, si el juez así lo determina, tendrá que sufrir la humillación de liberar a alguien que se supone carga con un largo historial de violaciones a la ley.

Sin embargo, muchas veces es un uso torcido de la ley lo que permite todo tipo de actos legales formalmente, aunque contrarios a la ley, como el amparo a un desarrollador, que le permite construir una torre en donde está prohibido hacerlo. En caso de que Jorge Hank saliera de la cárcel por un tecnicismo, abonaría en la percepción pública de que con un buen abogado (y con muchos billetes) todo se consigue. Aunque, si así fuera, sería en buena medida responsabilidad de un gobierno que no hizo las cosas como se debía.

Sin embargo, aun queriendo actuar con todo cuidado contra los abusos de ex gobernantes, no es nada fácil. La manipulación de la ley, como lo hizo el gobierno saliente de Ulises Ruiz en Oaxaca, pone todo tipo de cotos legales, pero abusivos. Antes de irse hizo investigaciones a modo para exonerar presuntos desvíos que ya no pueden ser investigados otra vez. Luego hizo cambios legales de última hora para acortar los términos de prescripción de delitos para que aun siendo alguien imputado de robo de recursos públicos quede impune.

La política es competencia y las elecciones son el momento donde se da con mayor intensidad. Incluso, si la motivación central detrás del caso Hank fuera electoral, me parece que mucho ganaríamos si sistemáticamente todos los partidos compitieran por procesar los abusos reales del adversario. Que el gobierno de Chiapas haya escogido este momento para emprender la detención del ex gobernador Pablo Salazar puede ser la señal de que inicia esa competencia. Bueno sería para el país si es a partir de violaciones reales a la ley y con casos o argumentos jurídicamente bien sustentados.

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