Eduardo R. Huchim
omnia08@gmail.com
Reforma
Hace algunos años, durante un foro en el Senado de la República, planteé la conveniencia de estudiar la legalización de la producción, transporte, comercio y consumo de las drogas hoy prohibidas, comenzando por la mariguana, como un medio eficaz para derrotar a los narcotraficantes.
La mayor parte de los asistentes al foro, organizado por el entonces senador David Jiménez, eran magistrados federales, algunos de los cuales son hoy ministros de la Corte y magistrados comiciales, y la concurrencia se completaba con legisladores y consejeros electorales. Aproximadamente seis de los presentes reaccionaron ante mi propuesta y su rechazo fue unánime. Al final del acto, uno de los concurrentes, de prestigio notable, me comentó con sinceridad que agradecí: "Tiene usted razón, pero no me atrevo a expresarlo públicamente".
Era entendible esa actitud porque prevalece en México y otros países un dogma según el cual la represión es la única forma de evitar que los estupefacientes estén al alcance de la población. Un ejemplo de los efectos de ese dogma es el caso de Gustavo de Greiff, ex fiscal general de Colombia que fue perseguido y calificado como amigo de los narcos, cuando en los noventa propuso esa legalización.
Varios de los argumentos que sustentaron la posición de De Greiff figuran ahora en el reciente Informe de la Comisión Global sobre Políticas de Drogas (http://www.globalcommissionondrugs.org/Report), un sólido y razonado documento que comienza planteando lo que algunos hemos sostenido desde tiempo atrás: "La guerra global a las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo... Los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas... han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo".
Esta afirmación se sustenta en las propias estimaciones de la ONU sobre el consumo de drogas, que va a la alza: en 1998 el uso de opiáceos se calculaba en 12.9 millones de toneladas y en 2008 fue de 17.35 millones (34.5% más); las cifras de cocaína son de 13.4 y 17 millones, respectivamente (27% más), y las de cannabis de 147.4 y 160 millones (8.5% más).
La Comisión Global ha amplificado los trabajos de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por los ex presidentes Cardoso, Gaviria y Zedillo, y entre sus integrantes figuran personajes de relevancia internacional como Kofi Annan, George Papandreou, George P. Shultz, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa.
El Informe de la Comisión Global, que exhorta a los gobiernos a "experimentar con modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimen organizado", ofrece estudios de los casos de Suiza, Reino Unido, Países Bajos, Portugal y Australia, que han instrumentado políticas basadas más en un enfoque de salud que en uno delincuencial, y prueban -contra lo que sostiene el dogma- que la "descriminalización", así sea incipiente, no genera aumentos significativos del uso de drogas. Un ejemplo: en Zurich, los nuevos adictos a la heroína fueron 850 en 1990, pero sólo 150 en 2005.
Se incluyen también gráficas que evidencian la necesidad de revisar la clasificación de las drogas, pues la actual resulta desfasada, como lo acreditan estudios de los últimos años a cargo de científicos independientes que llegaron a la conclusión de que el cannabis, el LSD y el éxtasis (todos clasificados como muy peligrosos por la ONU) representan menos riesgos para la salud que el alcohol y el tabaco. Por supuesto, no se trata de estimular el uso de drogas -la legalización debe incluir una intensa campaña de prevención-, pero sí de buscar nuevas vías ante el fracaso del esquema represivo.
El informe de la Comisión Global exige análisis serenos y desprejuiciados y no reacciones precipitadas como las del gobierno mexicano por conducto de Alejandro Poiré. No se pretende que la sola despenalización y regulación de las drogas vaya a resolver todos los problemas del crimen organizado. Tampoco sería prudente establecerlas de la noche a la mañana, sino como colofón de una serie de acciones y programas que deben tener como punto de partida un real combate anticorrupción a todo nivel y sin blindaje para nadie. Pero, insisto, el asunto debe discutirse con seriedad y, sobre todo, sin dogmas de ninguna índole.
Omnia
Si Fox postulaba un gobierno de empresarios y para empresarios, su sucesor lo ha superado. Vía SCT y similares, intenta un gobierno de una empresa para una sola empresa.
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