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La Crónica de Hoy

La Constitución Española, aprobada en referéndum en 1978, coronó una transición modélica de la dictadura a la democracia, pero implantó un reparto electoral de escaños que benefició enormemente a los dos principales partidos. Desde hace tres décadas y media, el péndulo se ha movido a derecha o izquierda, siempre beneficiando al conservador PP o al progresista PSOE y perjudicando a partidos minoritarios por culpa del voto útil.
A diferencia de Estados Unidos, en España no hay elecciones legislativas a mitad de cada mandato, que hubieran servido para castigar (o premiar) al gobierno por su gestión. Quien gana las elecciones en España forma gobierno y dispone de mayoría parlamentaria durante cuatro años, sin preocuparse de someterse al “plebiscito” de las urnas.
Este fue el comienzo de un bipartidismo absolutista, donde presidentes como Felipe González y José María Aznar gozaron de mayorías en el Congreso que abrieron la puerta a la impunidad, a escándalos de corrupción o a gobernar de espaldas a la opinión pública.
Un ejemplo de cada caso: el prestigio de González y su cuatro victorias consecutivas, dos de ellas con mayoría absoluta —que sumaron un total de 13 años y medio de hegemonía socialista— quedó gravemente manchado por la creación, bajo el amparo de su gobierno, de la organización parapolicial GAL, creada para combatir a ETA con las mismas armas. Además de este caso de terrorismo de Estado, estallaron otros de corrupción por financiamiento ilegal del PSOE o enriquecimiento ilícito de altos cargos. Por su parte, Aznar abusó de su mayoría absoluta para meter a España en la guerra de Bush contra Irak, haciendo oídos sordos a los millones de españoles que salieron a la calle para protestar, y mintió a la población cuando culpó a ETA del atentado del 11-S, cometido por un comando islamista en venganza por la alianza bélica de España con EU. La desastrosa gestión de Aznar del peor ataque terrorista de la historia en España causó la primera gran revuelta de indignados: tres días después de la matanza fueron a las urnas y castigaron al PP otorgando al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero una inesperada victoria el 14 de marzo de 2001.
Pero si tuviera que poner una fecha concreta al momento que se jodió la marcha del país fue el 26 de marzo de 1998. Ese día, el gobierno de Aznar sacó adelante una nueva Ley de Suelo que eliminó todos los candados que el anterior gobierno socialista había puesto para controlar la oferta y la demanda en la construcción de viviendas. Además, la nueva ley cedió a los ayuntamientos el poder de decir qué suelo era urbanizable o no, dando así vía libre a la corrupción de gobernantes locales, deseosos de enriquecerse rápidamente mediante la cesión abusiva de terrenos a las inmobiliarias, especialmente en las zonas costeras turísticas.
La combinación de bajos tipos de interés y una gran demanda por segunda vivienda, especialmente de europeos deseosos de vacacionar en la soleada España, disparó el precio del metro cuadrado y empezó a inflar una burbuja inmobiliaria que duró casi una década. En los años de mayor expansión, como en 2005, llegaron a construirse 800 mil viviendas, más que en Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas. La necesidad de mano de obra bajó el desempleo a mínimos. La juerga parecía interminable: a más empleo más consumo desbocado y mayor crecimiento del PIB, que a su vez permitía una mayor renta per cápita.
Este círculo virtuoso se frenó en seco en 2008, cuando estalló la burbuja financiera e inmobiliaria en EU. El impacto en España fue demoledor. Como un castillo de naipes, la industria de la construcción se vino abajo y aplastó a los que habían invertido en viviendas, a los que habían pedido una hipoteca, a los promotores y a cientos de miles de trabajadores. Los bancos, que antes daban créditos a cualquiera a partir de entonces lo negaron a casi todos, el desempleo se disparó y el consumo se desplomó. Las agencias de riesgo empezaron a castigar la deuda española y Zapatero, que durante dos años estuvo negando la evidencia e insistía en que no había crisis, anunció el 12 de mayo de 2010 el mayor recorte social de la historia para impedir el desplome del sistema financiero español. Ese día se terminó de joder España.
Un año después la destrucción de empleo ya afecta a cinco millones de personas y los jóvenes se enfrentan a un futuro negro, sin trabajo digno ni posibilidad de comprarse una casa para independizarse. Llegados a este extremo, el levantamiento juvenil y la toma de la Puerta del Sol ha sido la reacción lógica a la indignación causada por esta falta de democracia real.
El 15 de mayo es, por tanto la otra fecha a marcar en la historia reciente de España, el día que los jodidos españoles se indignaron y se rebelaron.
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