Diputado Federal del PAN
El Universal
Invitado por la Universidad del Mayab en Mérida, en febrero pasado tuve con los estudiantes de Comunicación un diálogo esperanzador sobre el tema del poder y las redes sociales. El encuentro se puede ver en mi canal de YouTube.La inquietud fundamental era si se debían o no regular las redes sociales en internet. Mi respuesta fue un contundente no. Las redes sociales son muchas veces la única opción de comunicación que tienen los movimientos sociales frente a la concentración de la televisión y el control informativo, un contexto en el que se tiene hundida a la población mexicana gracias a la cobardía de algunos políticos que no se han atrevido a modernizar la legislación de telecomunicaciones por miedo a ser borrados de la pantalla.
Es cierto que los delincuentes han aprovechado las redes sociales para cometer sus bestialidades, pero una cosa es regular las redes sociales y otra muy distinta sería hablar de proteger a los usuarios, lo cual, en parte, ya ha hecho la Ley Federal de Protección de Datos Personales que aprobó el Congreso en esta legislatura a propuesta de la Comisión de Gobernación.
Traigo a propósito este tema porque en esta semana se produjo una Declaración Conjunta muy importante sobre la libertad en internet por parte de los relatores especiales de libertad de expresión de las Américas, Europa, África y las Naciones Unidas, que se puede encontrar íntegra en mi página de internet: www.javiercorral.org.
En la Declaración Conjunta, los cuatro relatores sostienen que los Estados tienen la obligación de promover el acceso universal a internet, y no pueden justificar bajo ninguna razón la interrupción de ese servicio a la población, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. Acciones como el bloqueo de sitios web constituyen un acto extremo que sólo podría ser justificado conforme a estándares internacionales, como proteger del abuso sexual a menores de edad.
Los intermediarios de servicios de internet, dice el documento, sólo serán responsables cuando omiten la exclusión de un contenido, en cumplimiento de una orden judicial legítima, así como se les debe exigir ser transparentes acerca de las prácticas en la gestión de la información, y no aplicar ningún tipo de discriminación en su tratamiento. Finalmente, los relatores recomiendan a los Estados adoptar planes de acción detallados para garantizar el acceso universal a internet, especialmente para los sectores excluidos como las personas pobres, con discapacidad o que habitan en zonas rurales alejadas.
Soy un convencido de que la prioridad del gobierno y legisladores, reitero, no sería regular las redes, sino incentivar que más población en México pueda tener acceso a estos instrumentos. Si ya está claro que el gobierno federal no abrirá nuevas opciones en televisión de paga al negarle a Telmex la modificación de su título de concesión para poder entrar a ese mercado —en abierta protección de Televisa—, pues por lo menos que democraticemos al final del periodo el acceso a internet.
Hoy se convierte en una preocupación real el acceso a internet de los ciudadanos, de acuerdo con un estudio de Octavio Islas de 2009-2010: en México, sólo 24.6% de las personas tienen acceso a internet, 5.6% inferior al promedio regional y 0.1% menor al promedio mundial.
Esto nos permite reflexionar en torno a la necesidad de poner en marcha una verdadera política pública de disminución de la brecha digital. Uno de los proyectos más estructurados y sólidos desde varios puntos de vista, técnico, jurídico y económico, lo formuló el hoy ex comisionado de la Cofetel, doctor Rafael del Villar, denominado Necesidad de despliegue de una nueva red de banda ancha en México.
Este proyecto propone, para acelerar el desarrollo y penetración de la banda ancha, en particular en poblaciones de entre 500 y 30 mil habitantes, y lograr un balance competitivo en el sector de telecomunicaciones, “otorgar a un consorcio privado una concesión en la banda 2.5 GHz con obligaciones de cobertura específicas a cambio de facilitar el espectro y otros recursos del Estado (infraestructura CFE, derechos de vía, fibra óptica, con participación accionaria de gobierno)”.
El proyecto menciona que tanto WIMAX como LTE permiten la posibilidad de desplegar una red de alcance de cobertura nacional en tres años del 89% de la población en el país, esto es, 95 millones de habitantes, de los cuales 21 millones habitan en zonas rurales.
El acceso a banda ancha otorga a la población la posibilidad de utilizar servicios de salud y educación, entre otros, a menor costo que el actual. La penetración de banda ancha incide directamente en el crecimiento del PIB: un nuevo consorcio concesionario es un incentivo que generará competencia y mejora en los servicios de forma inmediata. Insisto, si ya se decidió que el servicio de televisión en México siga siendo tan pobre y tan corto, pues por lo menos que el internet se haga ancho.
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