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Profesor del ITESM-CCM
El Universal
La semana pasada, la Procuraduría del Estado de México logró la detención de un cruel asesino que reconoce haber ejecutado a tres centenares de personas y haber ordenado la muerte de otro tanto. Sin lugar a dudas, esta detención es de gran importancia. Mas, en la búsqueda del asesino, fuerzas de seguridad allanaron varios domicilios. Por fortuna, lo único que causaron fueron daños materiales, pero incluso desaparecieron pertenencias de las familias cuyos domicilios fueron allanados. Lo sabemos gracias a que el escritor y poeta Efraín Bartolomé, una de las personas afectadas, tuvo la posibilidad de expresarse a través de los medios de comunicación.
Este tipo de errores por parte de las fuerzas de seguridad que pueden, incluso, explicarse debido a la peligrosidad de los perseguidos y a la dificultad de detenerlos, han provocado la muerte de personas que nada tenían que ver. Víctimas inocentes, les llaman ahora. En otras ocasiones, mecanismos ideados para reducir la violencia, como retenes en carreteras, han tenido el mismo resultado.
Los allanamientos, detenciones momentáneas o retenes son violaciones a los derechos humanos que no deben ocurrir. Se puede argumentar que estos incidentes son muy pocos, comparados con el número de acciones que militares, marinos y policías federales llevan a cabo. Incluso se puede decir, como en el caso inicial, que a veces son las fuerzas estatales, y no las federales, las que cometen estas violaciones. Todo eso es cierto, pero eso no lo convierte en algo aceptable.
Una de las mayores dificultades de los Estados frente a las nuevas amenazas, llamadas también actores extraestatales, es que las fuerzas de seguridad de los primeros no sólo tienen que enfrentar a los segundos, sino que además tienen que respetar ciertas reglas que los segundos, por definición y naturaleza, no respetan. Pero eso es lo que hace la diferencia entre el monopolio legítimo de la violencia, es decir, el Estado, y la violencia por sí misma, es decir, el crimen organizado.
La dificultad de esta doble actuación (enfrentar al crimen y cumplir la ley) no debe menospreciarse. Hace muchos años se hizo famosa la serie Los Intocables, que se basaba en los orígenes del FBI. Ese grupo se llamaba así, precisamente, porque se construyó para enfrentar al crimen sin hacer demasiado caso de la ley. Y aunque la serie televisiva o las películas acaben siendo versiones heroicas, se trata de un grupo que actúa por fuera de la ley para tener resultados. Más recientemente, las GAL, fuerzas ilegales utilizadas por el gobierno español para enfrentar a los terroristas, llevaron a su fin el gobierno de Felipe González en ese país. Ya en este siglo, Estados Unidos redujo derechos a sus ciudadanos para enfrentar al terrorismo (la ley patriótica, le llamaron), e Inglaterra dio varias muestras del actuar extralegal de sus fuerzas de seguridad.
El equilibrio, pues, no es sencillo. Indudablemente, no hay manera de garantizar los derechos humanos de los habitantes de un país si el Estado no es el monopolio de la violencia. Y esto exige reducir (en el viejo doble sentido de hacer más pequeño y más limitado) al crimen organizado. Es decir, sin enfrentar a los criminales, ningún derecho puede garantizarse. Por otra parte, enfrentar al crimen organizado sin respetar los derechos humanos va transformando al Estado en un grupo criminal más. Reitero, el equilibrio no es fácil.
La discusión acerca de la Ley de Seguridad Nacional en México se ha hecho como si este equilibrio no fuese un problema. De un lado hay quienes sostienen que lo que se requiere es un marco legal claro para la actuación de las Fuerzas Armadas, y tienen razón. Del otro argumentan que éstas no tienen entrenamiento suficiente para evitar serios errores como los mencionados antes, que son violaciones a los derechos humanos. También tienen razón. Pero muy pocos han tratado de encontrar conciliación a las dos razones.
La mejor solución parece ser el establecimiento de un marco legal militar razonable (que no cometa el error de asignar la decisión a los gobiernos locales) y la modificación de los códigos penales militares para promover la reducción, hasta el límite de lo posible, de los errores que son violaciones a los derechos humanos.
¿Podrán los activistas entender la necesidad y dificultad de este equilibrio?
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