Abajo la reelección

José Antonio Crespo
cres5501@hotmail.com
Investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas
El Universal

El dictamen de reforma política aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja incluye algunas figuras de democracia participativa, que ya son vigentes en varias legislaciones estatales pero no habían logrado introducirse a nivel federal: referéndum, plebiscito, consulta ciudadana e iniciativa popular. Debe darse la bienvenida a la posibilidad de una mayor participación ciudadana en la toma de ciertas decisiones. Esto equilibra un tanto la democracia representativa con la democracia directa, pero en realidad las condiciones y temas en los cuales pueden ejercerse tales derechos son bastante limitados. No cambiará esencialmente la estructura del poder político ni de la toma de decisiones. Por otro lado, las candidaturas independientes abren nuevos espacios de participación. Me preocupa, como sea, la aplicación de esta figura en el Ejecutivo federal y en los estatales, pues si algún independiente llegara a ganar, por definición, gobernaría sin ningún respaldo en el respectivo congreso (eventualidad que ha sido fuente de fuertes conflictos y rupturas en varios países latinoamericanos).

Pese a la mayor participación ciudadana, una democracia representativa cabal y eficaz exige mecanismos de control ciudadano sobre sus representantes. Y ahí nos quedamos igual, pues la reelección legislativa consecutiva fue rechazada por mayoría del PRI y una titubeante diputada del PRD. La representación en cualquier democracia moderna va en dos sentidos: de ida, al elegir a nuestros representantes, y de regreso, cuando se les exige cuentas y se les premia o castiga con la reelección o revocación de mandato. Todas las democracias modernas (salvo México y Costa Rica) tienen reelección legislativa consecutiva. Muchos de los argumentos que se esgrimen en contra del restablecimiento de la reelección legislativa son bastante arcaicos y no tienen mucho que ver con el México del siglo XXI.

A) Que la no reelección legislativa responde a razones históricas: el reeleccionismo porfirista que provocó una dolorosa revolución social, lo cual no debiera volver a ocurrir. Eso es válido, si acaso, para la reelección presidencial, pero no para la de los legisladores. A Madero no le preocupaba, y por eso era lícito el reeleccionismo en la Constitución de 1917. Fue hasta 1933, aprovechando la restauración del no reeleccionismo tras su violación por Álvaro Obregón, que se eliminó la reelección legislativa, para con ello subordinar al Congreso ante el Ejecutivo a través del partido oficial (del que surgía la gran mayoría de legisladores).

B) Permitir la reelección legislativa es el primer paso para la reelección presidencial. La democracia exige equilibrios; los extremos son perjudiciales, pero si se pasa de un extremo al punto de equilibrio, puede siempre decirse que ése es el primer paso para llegar al otro extremo (el reeleccionismo presidencial ilimitado). Si así fuera, entonces habría que permanecer en el inmovilismo en todos los temas, pues cualquier reforma o mejoría podría ser el primer paso para irse al extremo opuesto de donde se parte.

C) Se afirma que la experiencia y profesionalismo de los que se habla ya pueden lograrse con el salto de cámaras o del nivel federal al estatal. En efecto, hay legisladores que han acumulado experiencia por esa vía, pero no pasan de 15%, cuando la profesionalización tendría que extenderse como posibilidad a todo el cuerpo legislativo. Además, actualmente dichas carreras no dependen en absoluto del electorado, sino de otros actores políticos.

D) Se teme que intereses particulares influirán para reelegir legisladores, que serán los representantes de esos poderes. ¿Y no ocurre eso ya? ¿No dichos intereses manejan a varios diputados y senadores, sin necesidad de reelección? ¿No sería mejor que los legisladores deban tomar en cuenta, al menos en alguna medida, el interés de sus representados?

En tanto no contemos con mecanismos de control y rendición de cuentas sobre nuestros representantes (reelección consecutiva y revocación de mandato), el voto que emitimos por cualquier partido funciona como un aval, un visto bueno a todo lo que hagan o dejen de hacer los legisladores (y los partidos en general), sin que podamos pedirles cuentas de lo que hacen o dejan de hacer. En tales condiciones, el voto se erige como un auténtico “cheque en blanco”. Y luego vienen las quejas sobre los privilegios, los salarios y prestaciones excesivas, la irresponsabilidad legislativa, el incumplimiento de promesas, el ausentismo, las burlas del tipo de “las juanitas”, sin que podamos hacer nada para penalizarlos.