Casino Royale

Jaime Sánchez Susarrey
Reforma

El asunto de inteligencia debe entenderse como una definición de estrategias y objetivos muy precisos. Felipe Calderón declaró la guerra a ciegas, sin tener un diagnóstico

1. Felipe Calderón se precipitó en su definición. El incendio del Casino Royale fue un acto bárbaro, pero no puede definirse como terrorista. Las primeras declaraciones de los detenidos son claras: pretendían escarmentar a los propietarios del Casino y no calcularon las consecuencias de sus actos. Dicho en sus propias palabras, "se les pasó la mano".

2. Imposible, sin embargo, minimizar el hecho y no mencionar los antecedentes: las granadas que estallaron en Morelia el 15 de septiembre de 2008, los coches bomba contra instalaciones policiacas, el asesinato masivo de indocumentados. Amén de la brutalidad de la violencia que se utiliza en las ejecuciones, que va desde la decapitación hasta el descuartizamiento.

3. Estamos, en suma, ante una banalización del crimen y la violencia. La espiral no es sólo cuantitativa (los más de 40 mil muertos), sino cualitativa. Los primeros decapitados fueron obra de La Familia en Uruapan, Michoacán, en 2006. De entonces a la fecha ha habido un verdadero "contagio" o "efecto de demostración". Las formas de violencia que estamos presenciando constituyen un retroceso civilizatorio.

4. El caso Royale muestra la complejidad del problema y la responsabilidad que tiene cada nivel de autoridad. Por una parte, es un crimen de delincuencia organizada. Pero, por la otra, se trata de un delito de orden común: la extorsión (derecho de piso). Eso significa que en Nuevo León, como en otros estados, no está fallando la autoridad federal, sino la local -gobiernos estatales y municipales.

5. No todos los cárteles son iguales ni representan el mismo peligro para la ciudadanía. Los Zetas incurren en delitos como el derecho de piso, el secuestro, la trata y asesinato de migrantes, la piratería y, por supuesto, el trasiego de drogas. Donde han sentado sus reales han sembrado pavor entre la población. El ejemplo más claro son las regiones del estado de Tamaulipas bajo su control.

6. En el extremo opuesto está el cártel de Sinaloa que se concentra en el tráfico de drogas, pero no incursiona en otro tipo de delitos. El testimonio de El Jabalí, jefe de plaza de El Chapo en Sonora, detenido el 23 de febrero de 2010 lo ilustra cabalmente: "Un día hablé por teléfono con él (El Chapo)... Me dijo que todo (estuviera) en paz, que se portara uno bien, que en esa área no se permitía que nadie cobrara por la plaza, secuestrara, robara ni asaltara, que a la gente que hiciera eso había que sacarla".

7. Y por si faltara evidencia basta comparar lo que pasa en tres estados fronterizos: Tamaulipas, Nuevo León y Sonora. En el primero, los Zetas y el cártel del Golfo se disputan el control del territorio a sangre y fuego. En el segundo, los Zetas también disputan el control del territorio, y la violencia en Monterrey ha alcanzado niveles sin precedente. En contraste, la población de Sonora no sufre ni remotamente los padecimientos de los regiomontanos y los tamaulipecos.

8. Si se admite que no todos los delitos del crimen organizado lastiman por igual a la población (no es lo mismo secuestrar y extorsionar que transportar y vender droga), se debe admitir, también, que hay cárteles que representan un peligro mayor para la ciudadanía y para la seguridad nacional. Y si ése es el caso, hay que concluir que no se debe ni se puede combatir a todos por igual.

9. Con un agravante adicional. Los cinco años de guerra al crimen organizado han puesto en evidencia que el Estado mexicano, considerado en su totalidad, es decir, refiriéndose a todos los poderes y a los diferentes niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- no tiene los elementos suficientes y necesarios para imponer el orden y contener la violencia.

10. Es más, para que eso pueda ocurrir pasará un largo tiempo. Baste pensar en los años que llevará montar cuerpos policiacos estatales profesionales y modernos. Amén de que no existe siquiera consenso entre las fuerzas políticas para adoptar el mando único. Y si nos referimos al Poder Judicial, donde impera la corrupción y la ineficiencia, la situación se torna mucho más complicada. ¿O qué decir del sistema carcelario repleto de primodelincuentes por delitos menores de 500 pesos?

11. El combate de todos los cárteles al mismo tiempo tiene un efecto nocivo adicional. La detención indiscriminada de capos ha generado, una y otra vez, una suerte de tierra de nadie que deriva en enfrentamientos entre los integrantes que restan y se disputan la jefatura o, peor aún, entre ese cártel y otro(s) que busca adueñarse de la plaza.

12. Felipe González, el bueno, advirtió que el combate al crimen organizado supone 85 por ciento de labores de inteligencia y 15 por ciento de operativos. Pero el asunto de inteligencia debe entenderse, también, como una definición de estrategias y objetivos muy precisos. Felipe Calderón declaró la guerra a ciegas, es decir, sin tener un diagnóstico del Estado Mexicano y de la fuerza real y potencial de los cárteles.

13. La firma estadounidense de seguridad Stratfor advirtió hace unos meses que el gobierno de Calderón se vería obligado a celebrar una especie de pacto con El Chapo para lograr una forma de pacificación del país. Poco después, El Vicentillo (hijo de El Mayo Zambada) declaró en Estados Unidos la existencia de un pacto entre la DEA y El Chapo.

14. La hora de rectificar ha llegado. Sin embargo, es muy improbable que Calderón decida hacer un corte de caja y reorientar la estrategia. Le quedan por delante sólo 15 meses. Y si tomamos como referencia la elección presidencial, el plazo se reduce aún más. Habrá, pues, que esperar. Ojalá y no reviente.