La democracia mexicana

Luis Carlos Ugalde
Director General de Integralia, S.C
El Universal

Ayer se celebró el Día Internacional de la Democracia. Oportunidad para reflexionar sobre la calidad de la nuestra. Para resaltar lo que debe cambiar para migrar de la democracia clientelista en la que hoy vivimos hacia una basada en el estado de derecho, la igualdad ante la ley y la libertad individual, eso es, una democracia liberal.

Somos una democracia clientelista porque la democracia electoral se construyó sobre la base del mismo edificio político que heredamos del siglo XX: intercambio de favores entre “patrones” y “clientes”, negociaciones al margen de la ley, abuso de recursos públicos para ganar popularidad, corrupción como moneda de cambio entre algunos políticos y empresarios; sindicatos y organizaciones agrarias adictas al dinero público en vez de atender a sus agremiados.

En lugar de evolucionar hacia una democracia liberal, la mexicana se parece más a una de tipo clientelista. Hay elecciones pero sin un Estado de derecho que garantice la igualdad ante la ley; los ciudadanos eligen a sus gobernantes, pero algunos rinden pocas cuentas de sus actos; cada voto vale lo mismo en las urnas, pero los vetos de los poderes de facto pueden bloquear los cambios que les afectan. Tenemos más votos, pero no tenemos más ciudadanos.

La culpa de la desviación de la democracia es compartida. Hace 30 años algunos intelectuales predijeron, con pereza mental, que el cambio democrático sólo requería que el PRI saliera de Los Pinos; ex funcionarios electorales que siguen adulando el parto de la democracia electoral en 2000 en lugar de cuestionar la deformación del bebé adolescente; amplios segmentos del empresariado que, como siempre, sólo buscan hacer negocio y contribuyen a la corrupción; algunos medios que siguen viviendo del dinero público y son cómplices del abuso del poder.

Pero la mayor responsabilidad recae en quienes pueden hacer las reformas institucionales para reencauzar el barco desviado, en particular el Presidente de la República y el Congreso de la Unión. El presidente Calderón retó hace unos días a los “líderes” de México para afrontar la prueba del ácido, formar partidos y ser candidatos en 2012. Olvidó que la reforma electoral que él avaló en 2007 limita justamente la participación ciudadana que ahora reclama y hace de la política un cuasi monopolio de los partidos.

Hace dos días la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados retomó el proceso de dictamen de la minuta de reforma política que el Senado aprobó en abril pasado. Si los Diputados la avalan, la reforma sentaría las bases de la mayor transformación política desde los años setenta y ayudaría a combatir la impunidad que yace en el centro del clientelismo mexicano.

Una vez más hay resistencias. Segmentos del PRI y del PRD se oponen a la reelección legislativa y han dado su visto bueno a otras partes de la iniciativa que, aunque positivas, son secundarias frente a la importancia y trascendencia de la reelección. No obstante, la ventana de oportunidad se abrió y durará así hasta el 28 de septiembre, cuando la comisión sesione para votar el dictamen y someterlo al pleno para su aprobación. En el último año del sexenio, el Congreso mexicano tiene una oportunidad histórica para dejar un legado a las siguientes generaciones y recomponer en parte la ruta perdida de la democracia mexicana.

El debate público de cara a las elecciones presidenciales de 2012 muestra qué tan poco hemos cambiado. Seguimos apostando por el cambio de inquilino en lugar de transformar la edificación política del país. Igual que en los 90, cuando “sacar al PRI de los Pinos” era causa suficiente para que las cosas mejoraran, ahora su regreso es la cura que muchos proponen. Para otros, la cura es justamente evitar su retorno. Lo grave del debate es que seguimos siendo rehenes de la “teoría del inquilino” en lugar de transformar la casa para que quien la habite pueda gobernar con eficacia, en nombre de los ciudadanos y no sólo de los clientes organizados.