Diputado Federal del PAN
El Universal

Su decisión la ha dado a conocer este sábado tras poner en operación una campaña de autopromoción personal en una serie de actos de apoyo a su gestión, entre ellos varias consultas privadas para, presumiblemente, tomar el pulso de la población. “No puedo tomar una decisión que permita que el chantaje triunfe. Soy el alcalde de Monterrey por mandato de mis ciudadanos, por eso digo que continuaré al frente del cargo”, dijo.
Larrazabal fue incapaz de responder a un llamado tan simple y tan trascendente para la salvaguarda de su imagen y la del partido al que pertenece, separarse ¡30 días de su cargo!; incapaz de comprender la oportunidad que representaba —en medio del ruido, el oportunismo político y la confusión— despejar el camino de cualquier investigación sin el fuero constitucional de munícipe, para privilegiar la transparencia e independencia de las indagatorias. En cambio se enroló en una defensa de la democracia, en una inusitada reivindicación sobre su legitimidad y legalidad que ni Acción Nacional ni nadie ha puesto en entredicho. No era una litis jurídica sobre su origen, ni tampoco si mantenía el apoyo popular que lo llevó a la alcaldía, era un gesto de carácter ético el que se le pedía, una posición de moral política, un acto de solidaridad con su partido, para contrastarlo con toda claridad y contundencia no sólo con relación al cínico desempeño del gobernador Rodrigo Medina, sino frente al escándalo de la corrupción que ha envuelto ni mas ni menos que al socio principal de Enrique Peña Nieto: el dirigente nacional del PRI Humberto Moreira, al que se le había sumado por esos días del incendio al Casino Royale su directa responsabilidad en la falsificación de documentos para contratar la multimillonaria e irresponsable deuda del estado de Coahuila.
No sólo ser distintos al PRI, sino distinguibles en esa diferencia, era uno de los motivos de la petición. Ese es el reto fundamental por el que el PAN puede y debe reconstruir el vínculo de confianza perdida entre un buen número de ciudadanos que antes lo apoyaban. Cuando vieron cómo se aflojaban los resortes éticos y se flexibilizaba el rigor contra evidentes conductas ilegales o corruptas, se apartaron de nuestras filas.
Este fue el espíritu con el que actuamos en el CEN del PAN para solicitar esa licencia. Nadie dijo que Fernando Larrazabal era culpable de algo ilegal o irregular en estricto sentido; no se prejuzgó su responsabilidad. Analizamos, sí, un conjunto de elementos puestos en la opinión pública que merecen una explicación mayor a la de envolverse en la bandera de la democracia y el municipio libre, elementos que siembran una duda razonable frente a argumentos y formas tan inverosímiles como el comercio de quesos y la sui generis manera de cobrarlos en una mesa de black jack.
Como todos los elementos que vinculan a su hermano Jonás y a Miguel Ángel García, secretario de Desarrollo Humano municipal, nacen de tres videos que nadie sabe tampoco de dónde salieron y con qué propósito, la licencia era también el mejor instrumento para que esa investigación no estuviera atrapada en la sospecha de una negociación entre niveles de gobierno, e incluso que si alguien tenía en efecto una acusación que hacerle al alcalde se la imputara formalmente y éste exigiera al Ministerio Público deslindar responsabilidades inmediatamente, para poner fin a la especulación mediática, en la que obviamente tampoco podemos descartar el propósito de golpeteo político. Creo sinceramente que Larrazabal ha dejado pasar una oportunidad, y no una trampa como parece calificar a la solicitud que le hicimos en el CEN.
El partido actuó correctamente e hizo su parte, me enorgullezco de esa discusión esperanzadora que duró poco más de cuatro horas y de la decisión que se produjo; dije en Twitter que no me arrepiento ni un milímetro al haber votado por la licencia. Y más allá de Larrazabal y sus medios mirajes, el antecedente es fundamental: deben saber todos nuestros alcaldes, desde el más importante que ahora tenemos —en Monterrey— hasta el más modesto de ellos, que el partido hará los deslindes necesarios cuando su actuación se aleje de nuestras normas, valores y principios.
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