Pena de muerte: ¿castigo o simple limpieza?

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
Interludio
Milenio

A muchos ciudadanos de este país —a una mayoría, tal vez— nos gustaría que a los secuestradores, y a otros sanguinarios delincuentes, les aplicaran la pena de muerte. Pero el Estado no nos hace caso. Y tiene razón. Debe estar por encima de nosotros, es decir, encarnar una condición moral superior que asegure, en toda su magnitud, la preservación de ciertos valores esenciales y, a estas alturas del proceso civilizatorio, absolutamente irrenunciables.

La soberanía del individuo es uno de los fundamentos de la sociedad abierta pero no todas las aspiraciones individuales son legítimas, así sea que las compartan millones de personas.

Las mayorías mandan, es cierto, pero no siempre tienen la razón. En un mundo soñado por algunos, no pagaríamos impuestos ni aceptaríamos tampoco la mayor parte de las restricciones que nos impone la autoridad. En la realidad más inmediata, si llegara un encuestador y nos preguntara, justamente, si deseamos pagarle menos tributos a Hacienda, una enorme mayoría responderíamos que sí. Pues ahí tenemos un ejemplo muy clarificador de que nuestros deseos no son órdenes, de que no siempre pueden, o deben, ser atendidos y de que ni siquiera significan iniciativas recomendables.

Naturalmente, las cuestiones morales son más elusivas porque no pueden ser representadas en cifras pero, aun así, un país como Noruega, donde las políticas públicas de combate al delito se encaminan mucho más a la rehabilitación de los criminales que a su castigo, tiene tasas —o sea, números— de criminalidad mucho más bajas que Estados Unidos, un lugar donde a los delincuentes los ejecutan legalmente en muchos de sus estados.

En todo caso, antes que un castigo deberíamos hablar de una estrategia de limpieza: la eliminación pura y simple, sin consideración moral alguna, de individuos antisociales que representan un serio peligro para la sociedad. Pero ese, con perdón, es otro asunto.