octubre 16, 2011

La insalvable distancia entre Sicilia y Martí

Román Revueltas Retes
revueltas@mac.com
La Semana de Román Revueltas Retes
Milenio

Sorprende mucho que un movimiento de personas afectadas por la violencia exhiba demandas que parecieran ser formuladas desde lo “social” —en el sentido más contaminado de la palabra, es decir, aduciendo causas que suelen servir a intereses de ciertos grupos políticos e invocando arbitrariedades del “poder”— en lugar de presentar propuestas más puntuales y prácticas...

¿Una “comisión de la verdad”, para que el Gobierno —cual régimen represivo que trabaja en la sombra para perseguir a sus opositores, afianzar su autoritarismo y ocultar deliberadamente información sobre sus prácticas antidemocráticas— nos diga a todos, ahora sí, qué crímenes ha cometido y, sobre todo, cuáles han sido sus torvos propósitos?

Lo exige el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, liderado por Javier Sicilia. Muy bien. ¿No sería mejor, por lo pronto, pedir que se construyan más cárceles, de manera urgentísima y acelerada, para encerrar —en condiciones, justamente, de “justicia y dignidad”— a los delincuentes que son detenidos todos los días? ¿No es también mucho más apremiante fortalecer a las instituciones del Estado mexicano encargadas de impartir justicia y de garantizar la seguridad de los ciudadanos?

Me sorprende mucho que un movimiento de personas afectadas por el fenómeno de la violencia criminal exhiba demandas que parecieran ser formuladas desde lo “social” —en el sentido más contaminado de la palabra, es decir, aduciendo causas que suelen servir los intereses de ciertos grupos políticos e invocando arbitrariedades que, desde luego, serían perpetradas obligadamente por el “poder”— en vez de presentar propuestas mucho más puntuales y de orden práctico.

No es lo mismo hablar de una “visión militarizante”, tal y como denuncia Miguel Concha, que reclamar al Congreso más prontitud en sus acciones (sus dilaciones “están costando vidas), como lo hace Alejandro Martí. En un caso se trata de una apreciación sesgada: porque, señoras y señores, el Gobierno de México no pretende militarizar la vida nacional sino que recurre, simplemente, al Ejército y la Marina para llevar a cabo una tarea que las policías del país, corrompidas y sobornadas por las mafias criminales, no pueden desempeñar de manera mínimamente eficaz. El pecado de Calderón, en todo caso, es no haber advertido que carecía de los medios para lanzar su ofensiva. Y, encima, no estamos hablando solamente de las fuerzas de seguridad sino de la estructura entera de un aparato de justicia podrido desde sus entrañas mismas: el problema no se reduce a los miembros de las corporaciones policiacas sino que tiene que ver con los jueces, los agentes del Ministerio Público, las leyes, los procedimientos legales y las condiciones de las prisiones. No hay aquí ninguna “visión militarizante”, por favor. Hay, simplemente, una circunstancia de aplastante precariedad de medios que, a las primeras de cambio, te obliga a una cirugía mayor, por así decirlo: la utilización, pues sí, de las fuerzas de seguridad del Estado.

En lo que se refiere a la reclamación que hace Alejandro Martí, por el contrario, estamos hablando de un asunto —el perverso inmovilismo del Congreso, la grosera indiferencia que muestra ante los problemas más apremiantes de la nación y la preeminencia de la politiquería en todas sus determinaciones— que afecta, de forma directísima, la vida pública de este país. No en balde hemos calificado de “generación del no” a nuestros politicastros.

Entre una postura y la otra —la de Concha, o la del propio Sicilia, y la de Martí y otros activistas, digamos, menos “politizados”— podemos advertir la distancia, casi insalvable, entre quienes promulgan unas reivindicaciones dirigidas a un Estado autoritario que ya no existe en los hechos, y quienes promueven simplemente el avance del ejercicio institucional. Es la diferencia, diría yo, entre la trasnochada oratoria antisistema y el saludable pragmatismo del ciudadano que está dispuesto a participar en un movimiento reconociendo que tiene, del otro lado, a un interlocutor válido, legítimo y bienintencionado.

No significa esto que se pueda eximir al Gobierno de sus responsabilidades y absolverlo de sus tremendos yerros. Después de todo, el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su primerísima encomienda: brindar seguridad a sus ciudadanos. Pero ha pecado de omisión y nada más. Porque, como bien dijo Felipe Calderón en respuesta a la exigencia de crear la tal comisión de la verdad, “no es el Estado el que reprime o el que asesina”.

Es muy desalentador, justamente, constatar que el tema de la seguridad, tan punzante y dramático, se ha vuelto un botín para los activistas de declarada, e interesada, filiación antigobiernista.

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