octubre 13, 2011

Los nuevos anarquistas

Carlos Elizondo Mayer-Serra (@carloselizondom)
elizondoms@yahoo.com.mx
Reforma

El chofer que me recogió en el aeropuerto de Monterrey está preocupado por la violencia. Pero tiene una esperanza: el fin de esta administración en el 2012 y con ello la retirada del Ejército, Marina y Policía Federal. Si la violencia empezó en este sexenio, si llegó a Nuevo León con la llegada de las fuerzas federales, debiera terminar con el regreso de los federales a sus cuarteles.

Este argumento enfrenta dos posibles problemas lógicos. El primero, suponer que la secuencia de dos eventos, llegada de las fuerzas federales e incremento en la violencia, implica una relación de causalidad. Antes no había este nivel de violencia y en los estados donde hay fuerzas federales hay más violencia que en aquellos donde no se ve un soldado en las calles, como sucede en Yucatán. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el gobierno federal ha intervenido, de Michoacán a Veracruz, a petición del gobernador, cuando se encuentra desbordado por el crimen organizado.

Este chofer no está solo en su argumento de causalidad. Muchos ubican en la intervención de las fuerzas federales el incremento en la violencia. Unos argumentan que el descabezamiento de las bandas criminales ha llevado al surgimiento de muchas bandas pequeñas que hoy se encuentran sin control. Otros dicen que fue el intervenir a los policías municipales lo que rompió el equilibrio existente. ¿Cuál es la implicación de esto? ¿No había que enfrentar a la Familia de Michoacán? ¿Había que dejar al gobernador Lázaro Cárdenas, sitiado en su Palacio de Gobierno? ¿Se podía seguir con la policía municipal de Tijuana en manos del crimen organizado? Hay un problema de operación del gobierno federal. Se debió actuar con más precisión e inteligencia, ¿pero se puede dejar a su suerte a un estado?

El segundo problema lógico es que, suponiendo que la violencia sí se incrementó por la entrada de fuerzas federales, ¿se resuelve el problema retirándolas? Ya no. En Nuevo León bandas armadas secuestran, extorsionan y asesinan a la población. Ciudades pequeñas, tradicionalmente tranquilas y seguras, están siendo abandonadas por quienes pueden hacerlo. Unos se van a Monterrey, otros tratan de cruzar la frontera. Las policías locales de varios municipios de distintos estados parecen estar al servicio del crimen organizado, y el presidente municipal o es cómplice o prefiere no meterse en "problemas". ¿En qué ayudaría la salida de las fuerzas federales? Si bien éstas también se corrompen y pueden ser también violentas con la ciudadanía, el reto es construir policías locales más eficaces, como se está haciendo en Tijuana y Ciudad Juárez, y entonces sí retirar a las fuerzas federales.

Dejar a la población sin fuerzas federales sería el triunfo del crimen. Su única esperanza sería tener una sola banda criminal, la cual, con la perspectiva de controlar el territorio por un tiempo largo, no tuviera los incentivos para asustar a la población con más recursos y no destruir así su capacidad productiva para poder cobrar regularmente una parte de su riqueza. Así sucedía anteriormente en Tamaulipas, sin embargo es un equilibrio no permanente. El grupo armado del cártel del Golfo, los Zetas, optó por independizarse y buscar el control directo del territorio y expandirse a lo largo del país.

Son absurdas las llamadas de no más violencia, como si fueran lo mismo criminales y autoridad federal, que hace el poeta Sicilia o la anunciada demanda de un grupo de académicos contra el gobierno de Calderón ante la Corte Penal. En las palabras de su comunicado de prensa, esta demanda es "para denunciar a Felipe Calderón, a sus altos mandos militares y civiles, así como a los narcotraficantes que atacan a nuestra sociedad, por crímenes de guerra y de lesa humanidad". Estos críticos parecen anarquistas del siglo XIX, para quienes el origen de la violencia era el gobierno y la forma de terminar con ella era desaparecer al gobierno.

La administración del presidente Calderón es responsable por no tener una estrategia eficaz. Pero el problema son los criminales. Contenerlos y derrotarlos requiere instituciones federales y locales más fuertes y confiables, así como con una sociedad que participe activamente denunciando y presionando a la autoridad en cuanto se incrementa la violencia en su localidad. Sí, ayuda que haya empleo y oportunidades educativas. Pero si los grupos criminales no enfrentan una sanción por extorsionar y secuestrar, seguirán haciendo lo mismo, por más universidades que inauguremos.

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