octubre 31, 2011

Reformas sin argumentos

Jesús Silva-Herzog Márquez (@jshm00)
Reforma

Los poderes públicos no son, en democracias, meras palancas de decisión. Deben ser acción pero también argumento. Por ello, los espacios parlamentarios no son simples fábricas de leyes: son el ámbito esencial de la deliberación. Se legisla debatiendo. Antes de promulgar es necesario ofrecer razones. No es que el Poder Legislativo sea un foro científico donde la verdad termina imponiéndose naturalmente como creyeron, con ingenuidad, algunos liberales. La mayoría manda. Pero aún la mayoría debe pasar la prueba del argumento. Toda norma general necesita descansar en una plataforma de racionalidad. La instrucción del líder, el favor a un grupo, el beneficio de unos cuantos no podría pasar la prueba de la discusión en público. Si la democracia encuentra justificación más allá de la aritmética es por ser un resguardo racional contra la arbitrariedad.

El Congreso mexicano ha dedicado sus sesiones recientes a discutir una reforma política. Se ha considerado una serie de propuestas para modificar importantes reglas constitucionales. Cambios que se insertan en una nueva etapa. Empezamos a dejar atrás el debate electoral para debatir la mecánica democrática. ¿Cómo combinar una mayor representatividad con mejor gobernación? La reforma aprobada recientemente por la Cámara de Diputados tiene elementos de mucho valor. Se modera el imperio de los partidos políticos insertando en nuestro régimen mecanismos de acción política por fuera de esas cápsulas. Podrán iniciarse leyes fuera del Congreso, podrán presentarse candidaturas sin el patrocinio de un partido político. Los grupos parlamentarios, por otra parte, no podrán seguir refrigerando iniciativas enviadas por el Ejecutivo sin siquiera presentarlas a votación. El bloqueo de las propuestas presidenciales ha sido muy barato para las oposiciones. La propuesta se archiva y nada pasa. Con la reforma reciente los partidos políticos no tienen ninguna obligación de aprobar los proyectos del Ejecutivo, pero tendrán el deber de pronunciarse públicamente sobre ellos. Si se rechaza una propuesta preferente, tendrá que hacerse mediante una votación en la que los legisladores expresen públicamente sus razones.

No se aprobaron dos medidas que concentraron la atención pública: la reelección inmediata de legisladores y la revocación del mandato. Lamento el rechazo a la primera propuesta y celebro la derrota de la segunda. La reelección habría tenido beneficios para el funcionamiento de la democracia que superarían sus costos y riesgos. Habría ayudado a la profesionalización de la legislatura, habría modificado la cadena de lealtad de los legisladores, habría flexibilizado nuestro hermético régimen de partidos. En contraste, la revocación de mandato le habría arrancado al poder la estabilidad que requiere para tomar decisiones riesgosas que son necesariamente impopulares. Habría sometido al gobierno al veleidoso imperio de la encuesta. La reelección es un dispositivo sólido de rendición de cuentas precisamente porque obedece un calendario. La confianza entre ciudadanos y representantes puede renovarse o cancelarse después de un lapso razonable. Se requiere el respeto de un término para permitir el equilibrio del juicio ciudadano y la maduración de las políticas. Colocar a los gobernantes ante el peligro de ser removidos de su cargo en cualquier momento es llamarlos al cortejo perpetuo de la opinión pública y a la abdicación definitiva del riesgo.

Necesitamos una política que rinda cuentas pero también requerimos una política que asuma los peligros de la impopularidad. El riesgo del castigo debe existir para ceñir democráticamente a los gobiernos pero también debe imperar la certeza de que, si el gobierno cumple con la ley, podrá concluir la encomienda temporal. Por eso, de la misma manera que lamento la prolongación de nuestra anomalía antirreeleccionista, celebro que se haya rechazado la propuesta de instaurar aquí la revocación del mandato.

Pero mi punto no es tanto examinar el mérito o el defecto de las propuestas sino la pobreza de los argumentos para defenderlas. Ya he hablado de la miseria de las razones priistas para rechazar la reelección inmediata de legisladores. Lo mismo podría decir ahora de la falta de argumentos en el PAN para sostener de pronto el principio de revocación del mandato. Por supuesto, la idea de arrojar a la calle a un mal gobernante se arropa con la verborrea del democratismo elemental. Si el Pueblo pone, que el Pueblo quite... Entiendo que los lopezobradoristas promuevan esta idea de democracia efervescente pero, ¿los panistas? ¿De veras creen que la democracia mexicana ganaría con la colocación de una navaja en el cuello de los gobiernos? ¿Cuál es su modelo? ¿Venezuela? ¿Creen que la democracia californiana es un modelo a seguir? ¿Cuáles son las razones por las cuales de pronto defienden con entusiasmo este mecanismo inusual en las democracias establecidas? Los priistas serán la inercia pero los panistas, en su despiste, se han convertido en el arrebato.

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