noviembre 02, 2011

¿Defienden a la gente o a los criminales?

Jorge Fernández Menéndez (@jorgeimagen)
Razones
Excélsior

El encontronazo del lunes entre el presidente Calderón y varios de los gobernadores en la reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública trasciende el tema de la seguridad. Refleja por una parte el hartazgo en el que está comenzando a caer el gobierno federal por la lentitud de los estatales y los municipales en implementar los acuerdos de seguridad, pero también la decisión de muchos mandatarios locales de no mover las cosas, aunque ello implique costos, hasta después de las elecciones, suponiendo que esos costos los van a pagar el gobierno federal y su partido.

Hay aspectos que son incontrovertibles. Los principales acuerdos en seguridad, los que ahora se debaten, se adoptaron hace más de tres años, en agosto de 2008. Nadie se lo impuso a los gobernadores y al jefe de Gobierno: lo aceptaron ellos y los firmaron en aquella famosa reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública celebrada en Palacio Nacional poco después del asesinato de Fernando Martí. La enorme mayoría de los compromisos adoptados entonces, que tenían fecha de cumplimiento, no se han verificado. Y el mayor rezago, en todo, es de las autoridades estatales, desde la implementación de la reforma penal y de todo el sistema de juicios orales hasta la depuración de las policías, desde proporcionar la información al Sistema Nacional de Seguridad Pública de sus elementos y de los delitos cometidos hasta la colocación de bloqueadores de la señal de celulares en los reclusorios.

Primero se dijo que era una cuestión de recursos, pero desde hace tiempo lo que hay es dinero para implementar esas reformas, ahora se dice que es un problema técnico, y faltan, por ejemplo, operadores para los polígrafos o equipos destinados a los centros de control de confianza. Pero no es verdad, o por lo menos una verdad a medias: se necesitan más poligrafistas, es un hecho, pero el polígrafo no es lo más importante, ya que allí puede haber errores, aunque el margen de confianza, si la prueba está bien aplicada, es muy alto. La prueba más importante de los procesos de control de confianza es la del nivel socioeconómico de los policías.

Obviamente, si un policía estatal que gana unos seis mil o siete mil pesos mensuales vive muy por encima de su capacidad económica, eso no se puede ocultar. Y para eso las autoridades tienen acceso a información bancaria, a cuentas, a la simple visita domiciliaria que permite saber si algo no checa entre los ingresos y los gastos, entre el salario y las prestaciones que se reciben y el tren de vida que se lleva. Y para eso no se necesitan ni poligrafistas ni técnicos especializados. Y tampoco se hace.

Pero hay algo más grave: no se hacen ni siquiera todas las pruebas de control de confianza en los altos mandos de las áreas de seguridad en los estados. Se podrá argumentar que no hay tiempo para que pasen todos los policías, pero tendrían que haber pasado, hace tiempo ya, todos los mandos. Y no llegamos ni a la mitad. Y de esa mitad que sí concurrió a los controles de confianza, muchos los reprobaron, pero la mayoría se han quedado en sus puestos por el respaldo que les dieron sus jefes. No hay interés y sí una terrible, para la gente, ideologización y politización en el tema de la seguridad.

Pero no se trata sólo de los gobernadores. Si resulta lamentable que haya policías que protegen a los delincuentes, resulta mucho más triste aún que instituciones como las comisiones de derechos humanos entren en esa dinámica. Son inaceptables las declaraciones del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Luis González Placencia, contra la criminalidad, en el sentido de que hay “víctimas encumbradas con derecho de picaporte en Los Pinos”, a quienes identificó con Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, que buscan “imponer —dice nada menos que el supuesto ombudsman capitalino— una respuesta punitiva”. Claro que después se lanzó luego a un desmedido elogio de Javier Sicilia, un “alumbrado”, según González Placencia.

Ahora resulta que pedir que haya respuestas “punitivas” para los criminales (o sea, que los delitos se castiguen y no se proteja a los delincuentes sino a las víctimas) es un abuso, y eso se dice en un país donde 98% de los delitos quedan impunes. Pero además lo dice un ombudsman que nunca ha sido víctima de nada, para descalificar a las verdaderas víctimas y, además, clasificarlas, según su parecer, entre buenas y malas, entre “encumbrados” e “iluminados”. El lunes en el programa Todo Personal, de Proyecto 40, Isabel Miranda me dijo que pedirá ante la ALDF la remoción de González Placencia por ésas y otras declaraciones que discriminan a las víctimas de delitos. Cuando menos tiene todo mi apoyo, no merecemos en el DF un ombudsman mezquino y discriminador.

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