noviembre 15, 2011

El cómo

Federico Reyes Heroles
Reforma

La semana pasada se presentó un informe especial de Human Rights Watch, HRW, sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país. Se trata de una investigación en cinco entidades que muestra un severo deterioro en la materia. A pesar de los buenos modos desplegados por José Miguel Vivanco y su equipo que buscaron no personalizar la postura de HRW, los hechos no permiten evasiones. La lectura de nuestra realidad, hecha para legos, por momentos sorprende por el profundo sentido común que hemos perdido en la discusión. Resumo.

Después de dos décadas de disminución, la violencia se ha incrementado brutalmente en los años recientes; la tasa de homicidios aumentó 260% entre 2007 y 2010; en cifras oficiales del 2006 al 2010 rondamos las 35,000 muertes relacionadas con la delincuencia organizada; el incremento en la violencia ha sido consecuencia en gran parte de la rivalidad entre cárteles muy poderosos, incluidos aquellos vinculados a otras actividades ilícitas como la trata de personas; esas actividades han afectado prácticamente todas las esferas de la vida pública con modalidades delictivas como la extorsión, los secuestros en masa, el asesinato de servidores públicos y otras encaminadas a infundir terror entre rivales y entre la población en general.

HRW no cuestiona la decisión presidencial que está en el origen: "Cuando Calderón asumió la presidencia en el 2006, heredó un país donde los cárteles consolidaban... su presencia y las fuerzas de seguridad -militares y civiles- tenían extensos antecedentes de abusos e impunidad...". Pero la obligación del gobierno es "asegurar que el sistema de justicia penal funcione de manera adecuada...". Viene la crítica de fondo: "En lugar de adoptar las medidas necesarias para reformar y fortalecer las deficientes instituciones de seguridad pública... Calderón decidió emplearlas para llevar adelante una 'guerra'...". Hay así alrededor de 50,000 soldados asignados a operativos en los cuales se asumen responsabilidades propias de la policía y del MP: patrullaje de zonas, intervenir en los enfrentamientos y, muy relevante, investigar y obtener datos de inteligencia.

A la presencia del Ejército y la Armada, se "sumaron" más de 2,200 fuerzas policiales, estatales y municipales. Es muy cuestionable la "suma". Lo demás el lector seguramente lo ha escuchado: tortura, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y un etcétera muy largo y doloroso. "La evidencia sugiere que habría participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en todo el país". Basado en información oficial, de la CNDH y la propia, HRW no evade conclusiones condenatorias muy severas: el retroceso de los derechos humanos es innegable, "la guerra desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, caos y temor en muchas partes del país".

A partir del informe y de las entrevistas en el más alto nivel, los directivos de HRW ratificaron un punto medular: la ausencia casi absoluta de investigación sobre los crímenes cometidos. De los 35 mil homicidios oficiales sólo 997 casos han sido investigados por la PGR. De ahí se derivaron 22 condenas por homicidios y lesiones. Del 94 al 2010 sólo hay dos sentencias por tortura a nivel federal. Ni las autoridades federales ni las locales dan un mínimo seguimiento de los hechos. ¿Rebasadas o negligentes? Como sea simplemente no sabemos nada de la gran masa de muertos habidos en esta "guerra". De ahí se deriva una conclusión no macabra pero sí espeluznante. Esa cifra que corre en el sentido de que más del 90% de los muertos eran parte de las bandas es insostenible. Nadie sabe bien a bien quiénes eran y en qué andaban. Afirmar que eran delincuentes es pura especulación. Quizá si, quizá no.

Regreso al origen. Es ocioso especular sobre si Calderón acertó o erró al entrar en esta "guerra". Nunca conoceremos la versión contra factual, nunca sabremos qué hubiera ocurrido de no haber actuado. Ése será el argumento central de su defensa. Lo que sí sabemos es que las incautaciones y destrucción de plantíos han disminuido; que el consumo aumenta, que la violencia se dispara, que el número de muertos es monumental y ahora que el respeto a los derechos humanos va en picada. En el horizonte se forman nubarrones. La ausencia de investigación abre un flanco institucional que quita el sueño. Ya hay quien incluso pretende la intervención -creo que insostenible- de la Corte Penal Internacional en contra de las cabezas del actual régimen. Lo cierto es que más allá de qué se hizo, está el cómo. Simples ciudadanos o narcos todos somos sujetos de derechos inalienables. Ésa es la esencia de una convivencia civilizada.



Una llamada. "Señor secretario, el piloto consideró que no hay condiciones para volar a Cuernavaca. Ya procedí a cancelar su asistencia al acto". Así debió ser. Nada hubiera ocurrido. El costo personal, laboral e institucional de nuestra excesiva solemnidad es enorme. Mi más sentido pésame.

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