noviembre 11, 2011

Esperando un milagro

Macario Schettino (@macariomx)
schettino@eluniversal.com.mx
Profesor de Humanidades del ITESM-CCM
El Universal

Por ya 15 años, los mexicanos han mantenido dos preocupaciones: seguridad y economía. Tal vez se pudiesen rastrear estos mismos dos temas otros 15 años más en el pasado, pero entonces no se hacían muchas encuestas. Sin duda desde 1982 la economía fue una preocupación constante, que sólo perdió importancia un par de años al inicio de los 90, para luego regresar con más fuerza en la crisis de 1995. La inseguridad no se medía con tanto ánimo como hoy, pero indudablemente en 1993, con el asesinato del cardenal Posadas, y en 1994, con el de Colosio y después el de Ruiz Massieu, vivíamos preocupados.

Tengo también la impresión de que a fines de los 90 la sensación de inseguridad era mucho mayor en el centro del país de lo que es hoy, aunque posiblemente el fenómeno era inverso en el norte. Puesto que entonces no había tantas mediciones de opinión como las que tenemos hoy, ni a los medios les interesaba tanto la violencia, se hace difícil comparar.

Puede uno intentar algo con las cifras oficiales, pero el margen de error es elevadísimo. Hoy mismo, con tanta atención pública y tanto énfasis gubernamental, la mayoría de homicidios en México no se están documentando adecuadamente. Los necrofílicos conteos son meras aproximaciones: no coinciden entre sí. En orden de magnitud, no hay duda de que a partir de 2008 hubo un incremento considerable en enfrentamientos armados, pero es difícil hacer cálculos exactos. El ritmo de crecimiento, por cierto, parece haberse reducido durante este año, e incluso hay indicios de que hemos alcanzado una meseta ligeramente inferior al máximo alcanzado a fines del año pasado. Pero no podemos saberlo con certeza porque no se documentan los homicidios adecuadamente.

Y si en ese crimen no tenemos certezas, en los demás menos. Los asaltos, extorsiones, secuestros, no suelen denunciarse siempre, y las averiguaciones tampoco suelen tener fruto. Ha habido, además, abusos y violaciones a derechos humanos, como se ha documentado, aunque difícilmente se pueden extraer conclusiones políticamente cargadas como las que suelen llegar a 8 columnas.

La esencia del problema no son esas violaciones a derechos humanos, con todo lo grave que sean. La esencia es que no sabemos exactamente qué está pasando. No tenemos información de los crímenes que se cometen en México porque los ciudadanos no quieren denunciar, porque no confían en las instituciones responsables, y tienen razón, porque ni siquiera en los casos de oficio más graves, los homicidios, funcionan.

Es decir, el problema radica en que las fuerzas de seguridad pública local no funcionan, como tampoco quienes deberían procurar, impartir y administrar justicia. Las policías locales, débiles, mal preparadas y armadas, con sueldos miserables, no sirven. La propuesta de construir policías de verdad, aunque sea a nivel estatal, no avanza como debería, y los gobernadores dicen que no pueden hacer más (como ya lo comentamos aquí). Las procuradurías estatales tampoco sirven de mucho, según lo evidencia su incapacidad para siquiera documentar los homicidios, ya no diga resolverlos. Los jueces, en los que nunca reparábamos, tampoco parecen hacer bien su trabajo, pero siempre tienen la posibilidad de culpar a las procuradurías, que según ellos entregan malos expedientes. Entiendo que ya se van a investigar cuentas bancarias de jueces, información indispensable en este corrupto país. De los reclusorios no hay ni qué hablar, cada semana nos enteramos de drogas, prostitución, privilegios, todo tipo de anomalías en esas universidades del crimen.

Entonces está claro: las instituciones no funcionan. Lo que ya no es claro es entonces qué hacemos. La respuesta “correcta” es que hay que construir instituciones que funcionen, pero como se ha visto, no es sencillo ni rápido. Con sus dificultades, parece que la Policía Federal medio funciona, pero hay que vigilar que no abusen, como tradicionalmente ocurría con la Judicial, que finalmente acabó trabajando para los criminales. El uso de las Fuerzas Armadas implica más riesgos de derechos humanos, por la misma preparación militar. Por eso la insistencia de retirarlos, pero también por eso la insistencia en saber quién va a hacerse cargo del problema si ellos no.

Queremos un país seguro y también queremos evitar violaciones a derechos humanos. El camino para ello es reconstruir las instituciones de seguridad y justicia. Hacerlo cuesta mucho dinero, mucho trabajo y mucho tiempo. No le asignamos los recursos que necesita, los gobernadores no le dedican el trabajo que exige, y la población no quiere esperar el tiempo necesario. Bueno.

No hay comentarios.: