noviembre 29, 2011

Persecución política

Ricardo Pascoe Pierce (@rpascoep)
Especialista en análisis político
ricardopascoe@hotmail.com
Excélsior

El PRD en el DF ha desatado una feroz campaña de persecución política en contra del jefe delegacional en Miguel Hidalgo, Demetrio Sodi. La más reciente expresión de esta campaña contra Sodi se articuló la semana pasada con la aprobación, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de un punto de acuerdo que exhorta a la Contraloría General del Distrito Federal a que “practique una auditoría integral a los recursos presupuestales, a los contenidos y alcances de los medios promocionales y al ámbito de difusión de los mismos… (utilizados) para la difusión de su II Informe de labores al frente de la Delegación Miguel Hidalgo”.

El problema no es la realización de una auditoría más a la administración delegacional (se han efectuado tantas que los auditores pidieron tener una oficina permanente en la Miguel Hidalgo, desde el inicio de la actual administración, como simple reflejo de la intención del GDF de estar auditando permanentemente a Sodi). Lo que sorprende es la rapidez de la respuesta de la Contraloría General al punto de acuerdo de la ALDF, además del cuestionable alcance del mismo.

En lo que se refiere a la rapidez de la actuación de la Contraloría General, en este caso con una intencionalidad evidentemente política y no profesional, la delegación ya tenía en su poder la exigencia de entregar todo lo referente a gastos de difusión antes de que se votara en la ALDF, en un plazo no superior a las 72 horas. De manera “extraoficial”, y a pocas horas de la votación, se presentaron los auditores para pedir información específica, dirigida a conocer particularmente todo lo referido a la contratación de tiempos en los medios electrónicos y sobre el uso del espacio del Campo Marte para la presentación del Informe. La Contraloría General nunca había actuado con tal celeridad, excepto, puede razonablemente presumirse, cuando existe un interés político de fondo.

Pero el punto de acuerdo va más lejos y establece un antecedente político peligroso. Exige “auditar” los contenidos y los alcances (se entiende, políticos) de los anuncios. Que recuerde, es la primera vez que la ALDF asume el papel de censor de los planteamientos políticos de un funcionario, debido a su origen partidista. Se puede discrepar pero, ¿pretender censurar? Además, queriendo aplicar todo el peso de la ley, dando “vista a las autoridades correspondientes” por expresar opiniones contrarias a las de la mayoría perredista en la ALDF, habla del asomo de un rostro autoritario izquierdista que se confirma con esta intentona golpista. ¿Así empieza la campaña de López Obrador en la capital?

Por otro lado, se pretende auditar, también, “al ámbito de difusión de los mismos”, cuando la labor delegacional nunca se circunscribe a un único ámbito territorial. Si así fuera, no se habrían realizado giras con otros jefes delegacionales para atender inquietudes comunes de sus delegaciones, como Iztapalapa y Azcapotzalco. Además, no veríamos el rostro de todos los diputados perredistas o funcionarios del GDF por toda la ciudad. El debate sobre el desarrollo urbano y sus problemáticas concierne a todos los ciudadanos, y no sólo a unos cuantos entre tales o cuales calles y avenidas. Lo que se pretende establecer, con este punto de acuerdo, son lineamientos de una auditoría que, con sus contenidos definidos por la ALDF, es claramente inconsistente y con fuertes atisbos de ilegalidad.

Obviamente, el PRD le teme a Demetrio Sodi. ¿Será que lo quiere bajar, desde ahora, de la competencia por la Jefatura de Gobierno del DF? Además, lo que queda claro es el hecho de que el PRD no haya podido apoderarse del gobierno delegacional de la Miguel Hidalgo desde 2000 y que sigue siendo considerada, en la percepción perredista, una roca en su zapato. Los buenos gobiernos panistas han impedido que ello suceda, y una vez más el GDF-PRD diseña una estrategia para la toma por asalto, virulenta y a toda costa, del gobierno delegacional. El primer paso para lograr ese propósito es iniciar una persecución política en contra del jefe delegacional. No dudo en afirmar que una mayoría sólida de votantes conscientes y democráticos impedirán que ese proyecto perverso fructifique.

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