diciembre 17, 2011

5 años

Jaime Sánchez Susarrey (@SanchezSusarrey)
Reforma

No se puede combatir a todos los cárteles al mismo tiempo. No sólo porque el Estado no cuenta con los recursos para hacerlo, sino también porque en toda ofensiva se deben fijar objetivos y prioridades

Hace cinco años Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. De entonces a la fecha han sucedido muchas cosas y hemos aprendido otras. Enumerarlas resulta indispensable para hacer un balance y, también, para trazar las coordenadas de una nueva estrategia.

Los casi 50 mil muertos y la espiral de violencia confirman que la estrategia falló o resulto inadecuada. El Estado no ha recobrado los espacios sobre los que había perdido control. Peor aún, la violencia y el crimen organizado han sentado sus reales en entidades que, al principio del sexenio, no tenían mayores problemas.

En estos cinco años no ha habido un decremento en el consumo de drogas. Tampoco se ha reducido el poder económico y de fuego de los capos. De hecho, como consecuencia de la ofensiva, se han multiplicado los cárteles y han emergido formas de violencia más brutales y sanguinarias.

De lo anterior ha derivado una enseñanza fundamental: no todos los cárteles son iguales. Hay unos que resultan más peligrosos y violentos que otros. Los Zetas, sin duda, encabezan la lista porque han incursionado de manera sistemática en delitos, como el secuestro y la extorsión, que lastimandirectamente a la población.

De ahí la pertinencia de la estrategia propuesta por Mark Kleiman: concentrar toda la fuerza del Estado en la organización más violenta y peligrosa hasta aniquilarla para, así, trazar una línea divisoria entre lo que se puede tolerar y lo que es inaceptable. El mensaje, para el resto, sería muy simple: si se rebasa esa frontera, la destrucción será inevitable.

Este principio tiene otro corolario fundamental: no se puede combatir a todos los cárteles al mismo tiempo. No sólo porque el Estado no cuenta con los recursos para hacerlo, sino también porque en toda ofensiva se deben fijar objetivos y prioridades para obtener resultados tangibles.

El expediente que vincula violencia y pobreza es un falso lugar común. En México siempre han existido pobres, pero los niveles de violencia no eran, ni remotamente, los que hoy vivimos. El problema de la violencia tiene que ver con los recursos económicos y el poder de fuego del crimen organizado.

Pero si ese diagnóstico fuera cierto, habría que perder toda esperanza porque la erradicación de la pobreza llevará no una sino varias generaciones.

Resulta muy grave que Felipe Calderón haya declarado que el narcotráfico inclinó la balanza en las elecciones de Michoacán perjudicando a su partido y favoreciendo al PRI. No hay evidencia ni un patrón que permitan sostener esa afirmación.

Ahora sabemos que Estados Unidos no juega limpio. Primero nos enteramos de la operación Rápido y Furioso. Y, después, que la DEA lava dinero en México desde 1984. La pregunta es qué otros archivos secretos y operaciones encubiertas desconocemos.

Este es un elemento adicional de algo que se torna cada vez más evidente: las prioridades e intereses de Estados Unidos y México no son idénticos. Allende la frontera el problema es el consumo y la demanda. De este lado, la violencia que pone en riesgo al Estado y atenta contra ciudadanos inocentes.

Dicho crudamente: Estados Unidos pone los consumidores y nosotros los cadáveres.

Estas evidencias han llevado al presidente Calderón a cambiar el enfoque y modificar su discurso. Ha pasado, así, de la negativa a abrir un debate sobre la legalización de las drogas, a la exigencia de que si Estados Unidos no puede controlar la demanda, busque medidas alternativas para evitar que el crimen organizado obtenga ganancias exorbitantes.

La postura de Calderón, en castellano claro, plantea la legalización de las drogas del otro lado de la frontera, como el mecanismo que permitiría abatir las rentas extraordinarias del mercado ilegal y, de ese modo, cortar el enorme flujo de recursos que reciben los cárteles.

Esta idea la plantearon para México un grupo de empresarios y académicos de la ciudad de Monterrey en un desplegado. El argumento es consistente y apareció originalmente en el reporte que publicó este año la Global Comissión On Drug Policy.

Este organismo está integrado por tres expresidentes latinoamericanos (Zedillo, México; Cardoso, Brasil, y Gaviria, Colombia), además de personajes como George Shultz, ex secretario de Estado, y Paul Volcker, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos.

A lo que hay que agregar que la encuesta anual de Gallup en Estados Unidos este año arrojó un resultado sorprendente: el 50 por ciento se manifestó a favor de la legalización de la marihuana.

De modo tal que, a pesar de la derrota del referéndum P19 que se realizó en California para legalizar la marihuana el 2 de noviembre de 2010, el sentimiento y la percepción de que debe haber legalización va ganando cada vez más adeptos en Estados Unidos.

Visto en una perspectiva de largo plazo, y a la luz de los 14 estados en EU que han legalizado el consumo de marihuana con fines medicinales, es posible pronosticar que más temprano que tarde la legalización se volverá una realidad.

Las percepciones y los prejuicios de una sociedad cambian con el tiempo y las generaciones. Baste pensar, por ejemplo, en la conquista del derecho a votar por las activistas feministas. Lo que en el siglo XIX parecía un despropósito se materializó como una realidad en el siglo XX.

Ese tipo de avances se fundamentan en principios racionales y morales. Así como resultaba absurdo impedir el voto femenino en el siglo XIX, resulta aberrante hoy prohibir el consumo de drogas cuando se tolera el uso y abuso del alcohol y el tabaco.

Por todas estas razones el combate al narcotráfico debe ser repensado y replanteado como una estrategia más compleja.

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